Cristina Kirchner hizo hoy una defensa política de la acusación que recibió ayer en el juicio oral de parte de los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola, pero no hubo referencias a las pruebas que presentaron en su contra para pedir que sea condenada a 12 años de prisión y a una inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por considerarla jefa de una asociación ilícita y por fraude en perjuicio de la administración pública.

Ayer, tanto CFK como su abogado, Alberto Beraldi, dijeron que la Vicepresidenta queria declarar en una audiencia porque los fiscales habían introducido prueba que no estaba en la causa. El Tribunal Oral Federal rechazó el pedido y la ex mandataria hizo su presentación a través de sus redes sociales.

Sin embargo, en su hora y media de exposición no objetó la prueba que utilizaron los fiscales. Solo dijo que “en la última audiencia de prueba” el tribunal autorizó a que se analice el celular del ex secretario de Obras Públicas José López. La Fiscalía pidió ver el celular de López en 2018 y fue autorizado por el Tribunal y todas las partes tienen su contenido desde noviembre del año pasado.

El celular de López fue el eje central de lo que habló Cristina Kirchner y lo había sido de los fiscales. Luciani señaló que a través del celular del ex funcionario se pudo comprobar lo que llamó el “plan limpiar todo”: reuniones de López y Báez con Cristina Kirchner pocos días antes de terminar en 2015 su segundo mandato para pagarle al empresario 537 millones de pesos que se le adeudaban por obras que no iban a terminarse.

José López y Julio De Vido, otros dos de los acusados (NA)

La Vicepresidenta no hizo mención sobre esos mensajes. Pero dijo que en el celular de López había mensajes entre él y Nicolás Caputo, empresario de la construcción y amigo íntimo del ex presidente Mauricio Macri. “El trato de familiaridad con Nicky Caputo y con Eduardo Gutiérrez no la veo con ningún otro. Yo no considero que la amistad sea un pecado, pero quien ha considerado que esto es delito son los fiscales Luciani y Mola. ¿No les llamó la atención esta familiaridad a los fiscales y a los jueces?”, se preguntó Cristina Kirchner.

En varios tramos de su presentación, la titular del Senado apuntó a los fiscales por no investigar o exponer los mensajes de Caputo con López. Los fiscales en la audiencia del juicio de ayer pidieron que se investigue en una nueva causa penal el contenido del celular del ex funcionario. “Vamos a solicitar la extracción de testimonios acerca de las posibles ilicitudes de las mismas características que las que han sido señaladas en este alegato en relación con el hospital materno infantil de Río Gallegos, lo que surgiría de las conversaciones que han sido expuestas por José López y Abel Fatala, como así también de todos los posibles ilícitos que surgen de los mensajes del teléfono de José López, en el que habrían participado diferentes funcionarios y particulares”, dijo Luciani.

El fiscal Diego Luciani

Cristina Kirchner no hizo referencia a otras pruebas que expusieron los fiscales, lo que seguramente quedará para cuando su defensa comience sus alegatos en el juicio oral.

En sus alegatos, la Fiscalía señaló que Báez, ocho días antes de que Néstor Kichner asumiera en mayo de 2003 como presidente de la Nación, fundó Austral Construcciones. Báez, amigo de Néstor Kirchner, pasó de ser monotributista y empleado bancario a dueño de una empresa constructora, dijo el fiscal. Además, el empresario compró otras compañías del rubro de la provincia, como Kank y Costilla y Gotti.

También apuntó a que entre 2003 y 2015 las empresas de Báez recibieron 51 obras públicas para Santa Cruz. Se trata del 78% de obras que se asignaron a esa provincia en ese período. El fiscal detalló en su alegato que solo tres fueron finalizadas en tiempo y forma y no eran obras viales. Solo 27 de las 51 fueron culminadas, de las cuales 24 tuvieron demoras severas con retrasos injustificados. “Lo peor, inexplicable, 24 obras adjudicadas al grupo Báez fueron abandonadas, quedaron inconclusas. Esto deja al descubierto la falta de capacidad técnica de las compañías”, describió.

La Fiscalía explicó que el encargado de elaborar los presupuestos nacionales, que contienen las obras, es el Poder Ejecutivo. “Durante las presidencias de Néstor y Cristina Kirchner se remitieron proyectos al Poder Legislativo de presupuestos subestimados, con información insuficiente, con incongruencias de las obras plurianuales para las empresas de Báez. El Poder Ejecutivo habilitó por medio de decretos de necesidad y urgencia, de decisiones administrativas, de permanente modificaciones, de ampliaciones o compensaciones de partidas cuantiosos fondos a las empresas de Báez. El control interno se caracterizó por la absoluta ineficiencia”, dijo sobre una de las pruebas en contra de Cristina Kirchner.

Lázaro Báez

El fiscal puso como ejemplo que en 2020, con Cristina Kichner como titular del Senado, la Cámara alta devolvió el presupuesto para ese año porque las planillas de las obras públicas no contenía el monto total y porque no estaban incluidas todas las obras. “Esta rigurosidad que tuvo Cristina Kirchner en el Senado nos muestra el conocimiento real que tenia de esas planillas, lo que no hizo cuando era Presidenta con las obras que ganó Báez”, sostuvo.

Otro tramo de la prueba fue que los Kirchner y Báez eran socios. El empresario se hizo cargo de “Hotesur”, la compañía de hoteles de la familia presidencial, y le alquilaba propiedades. Luciani señaló que así hubo una etapa posterior a la asignación de las obras que consistió en “apropiarse de dichos fondos, a través de distintos mecanismos, con el fin de disimular su apariencia ilícita, lo que constituye el objeto de las causas conocidas ‘Los Sauces’ y ‘Hotesur´’”.

Cristina Kichner sí habló de eso: dijo que no tenía una relación societaria con Báez, sino que firmaron contratos de alquiler. Del resto de las pruebas no hizo referencia.

El presidente Alberto Fernández estuvo en la residencia de Olivos hasta poco antes de la 1 del mediodía y desde allí siguió por televisión el discurso de más de una hora y media que difundió la vicepresidenta para defenderse en la causa por asociación ilícita por presuntas irregularidades en la concesión de obra pública a Lázaro Báez en la provincia de Santa Cruz.

“Estuvo espléndida en su discurso”, les dijo a sus allegados. Muy cerca suyo estaban sentados, el secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello, y el intendente de la localidad bonaerense de José C. Paz. Mario Ishii, quien había ido a desayunar con el jefe de Estado y se quedó un rato más para no perderse detalle de la exposición de CFK.

Voceros de la Casa Rosada confiaron más tarde que el Presidente “está muy pendiente” de la causa que se tramita en el Tribunal Oral Federal 2. Además, agregaron que ambos se comunicaron antes y después del descargo público y que quedaron en verse personalmente “pronto”. Nadie se atreve a confirmar en que fecha se producirá este encuentro, pero el avance en el juicio acercó a los dos referentes del Frente de Todos.

Argentine Vice President Cristina Fernandez de Kirchner greets supporters gathered outside the National Congress, after she gave a speech via social media, defending herself from allegations against her in a corruption case, in Buenos Aires, Argentina, August 23, 2022. REUTERS/Agustin Marcarian

Desde la Casa de Gobierno sostienen que la causa que involucra a la ex presidenta “se trata de una persecución” y que están dispuestos a “respaldarla y acompañarla”, todo lo que sea necesario. Una característica que resaltan es que “el peronismo, en estos casos, se une”. Al menos por ahora está descartada una movilización masiva para aumentar el respaldo.

Advierten en los pasillos de Balcarce 50 que aún falta mucho para que se conozca el fallo definitivo. “Hay que ver qué hace el Tribunal, no tienen ni una prueba fuerte”. aseguran. Que los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola hayan pedido una pena de 12 años de prisión para la Vicepresidenta, además de la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, les pareció “exagerado”. Otro punto que destacan es que haber expresado la posición del Frente de Todos a través de un comunicado en la red social Twitter fue “positivo, ordenado”.

Sobre la posibilidad de que se dicte un indulto ante la eventualidad de una condena a Cristina, sostienen que “no es hora de hacer futurología”. No lo descartan ya que se trata de una causa en el ámbito de la justicia federal.

Alberto Fernández quedó “impresionado” por la cantidad de datos que volcó CFK en su exposición. Alguien que lo conoce bien contó que varios de esos detalles se los había revelado en una charla que mantuvieron anoche. “Hizo muy bien en desmarcarse de (José) López”, subrayaron desde su entorno.

El Presidente se instaló en la Rosada a las 13. Lo esperaba para almorzar el jefe de la Agencia Federal de Inteligencia, Agustín Rossi. La conversación acerca de lo que acababa de ocurrir abarcó otros temas de actualidad. Rossi es uno de los funcionarios más cercanos al primer mandatario, a quien escucha con atención y con quien suele sentarse a analizar el panorama político argentino con asiduidad.

Durante la tarde Fernández pidió hablar con varios de los integrantes de su gabinete de ministros. Con Juan Manzur, el ministro coordinador, de viaje por Jujuy donde mantuvo una reunión con los gobernadores del denominado Norte Grande, les solicitó a sus colaboradores hablar en persona o por teléfono con los encargados de varias áreas de gobierno. Este miércoles no habrá reunión de Gabinete ya que por la agenda nutrida de varios de ellos se postergó para el 31 de agosto.

Mañana es probable que el jefe de Estado viaje a la provincia de Catamarca donde recorrería una fábrica recuperada. Todavía restan algunos detalles que permitan confirmar esa visita.

El fiscal federal Diego Luciani no miró la transmisión que realizó la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, por sus redes sociales para responder el pedido de condena a 12 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos que hizo ayer en el juicio por las presuntas irregularidades en la obra pública que recibió el empresario Lázaro Báez para Santa Cruz.

Fuentes allegadas a la Fiscalía informaron a Infobae que Luciani no seguió la transmisión que hiza la vicepresidenta. “Para él, como fiscal, importa lo que pasa en las audiencias del juicio que es donde se desarrolla la causa, por fuera del juicio no le corresponde”, le dijo a este medio una persona allegada al fiscal.

Luciani concluyó ayer su alegato y acusó a Cristina Kirchner de jefa de una asociación ilícita y de administración fraudulenta agravada en perjuicio de la administración pública. Pidió que sea condenada a 12 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. La misma pena solicitó para Báez y 10 años para el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido y para el ex secretario de Obras Públicas José López.

Cristina Kirchner pidió ayer ampliar hoy su declaración indagatoria pero el Tribunal Oral Federal 2 rechazó el planteo. Los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso señalaron que el momento para que vuelva a hablar será lo que se conoce como últimas palabras, previa al veredicto que se prevé para antes de fin de año. Tras el rechazo, la vicepresidenta anunció que desde las 11 horas iba a hablar por sus redes sociales.

“Hoy más que nunca la sociedad reclama justicia y ustedes, señores jueces, son los encargados de dar a cada uno lo que corresponde -dijo Luciani ayer-. Una sentencia ejemplar puede ser el primer paso para restaurar la confianza de la sociedad en las instituciones”. Y añadió: “nuestro único objetivo fue buscar la verdad”. “Señores jueces, este es el momento. Es corrupción o justicia. Y ustedes tienen la decisión”.

El fiscal tuvo en cuenta una serie de agravantes para pedir la condena a Cristina Kirchner: CFK: la magnitud de los delitos cometidos, que su aporte fue principal, su poder de dirección para el resto de los acusados, los medios empleados, la extensión en el tiempo de daños. También la calidad de los motivos de la maniobra (“el lucro personal buscado”) y el “apartamiento de cualquier tipo de escrúpulos”.

Cristina Kichner

Luciani también ponderó “el desprecio a la ciudadanía en general por dilapidar fondos públicos, a los ciudadanos de Santa Cruz en particular que no tuvieron las rutas construidas y a los empleados de las empresas que se quedaron sin trabajo”. El fiscal dijo que la ex presidenta “defraudó a los ciudadanos que la votaron”.

“No tuvo arrepentimiento y ostentaba el cargo máximo del estado nacional y empleó su poder sobre el resto de los imputados para alcanzar la finalidad de lucro tan anhelada”, concluyó el fiscal. En los juicios hay situaciones que atenúan la pena para los acusados. “No encuentro ni un solo atenuante para Cristina Kirchner ante los crímenes cometidos”, sostuvo el fiscal.

Junto con los pedidos de condena de prisión e inhabilitación, la Fiscalía pidió el decomiso para los acusados por 5.321 millones de pesos, el perjuicio al estado sobre las obras públicas.

Tras el alegato de la Fiscalía, el juicio continuará el próximo 5 de septiembre cuando se inicien los alegatos de las defensas. La primera será la de Héctor Garro, ex titular de la Administración General de Vialidad Provincial de Santa Cruz. La de Cristina Kirchner será la sexta.