La batalla dentro de la Familia Etchevehere por la posesión de un campo en la zona de Santa Elena se libra en la Justicia y también en los medios.
Las Margaritas SA, propietaria de Nuestra Casa, el campo que es objeto de una dura disputa desde el jueves 15, planteó una demanda y apuró a la Justicia para que resuelva el desalojo, encabezado por una de la familia, Dolores Etchevehere, a través de una ONG de reciente surgimiento, Proyecto Artigas.
El testimonio de Mariano Rubiolo, coadminsitrador del campo, que los Etchevehere presentaron como ampliación de la denuncia por usurpación, da cuenta de la presencia de la única hija mujer de la familia en la toma. “Una vez terminada la charla con los operarios de campo, les hago entrega de insumos varios y procedo luego a retirarme del casco del establecimiento. Cuando llego al guardaganado interior, la reconozco allí a Dolores Etchevehere con un grupo de personas, que habrán sido alrededor de diez o doce. Los mismos rodean mi vehículo y Dolores me pide, con tono autoritario y voz fuerte que me identifique, lo cual, sinceramente, me pareció gracioso, ya que la conozco desde hace más de 30 años, ante lo cual, ingratamente sorprendido, le hice mención también y como para que todos los allí presentes escucharan, que ella me acompañó en mi casamiento. Nuevamente me pide, en imperativo y sin tutearme, de modo distante, que me identifique, ante lo cual y sintiéndome claramente ninguneado y provocado, les pedí que me dejaran seguir circulando. Destaco también, que procedió a sacar foto del vehículo y mi chapa patente, para hacerlo luego con mi propio rostro».
El conflicto familiar, que se arrastra desde hace tiempo, eclosionó el jueves 15 cuando Dolores hizo público un video con tono escandaloso en el que acusó a su propia familia de cometer una serie de delitos.
En ese video, Dolores sostuvo que cedió un 40% de un campo familiar, ubicado en el Paraje El Quebracho al Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE Rural) para que realicen allí un proyecto agroecológico. El grupo es liderado por Juan Grabois, quien, junto a Facundo Taboada, se constituyó como abogado de Dolores.
También desde los demandados, Proyecto Artigas, han hecho un reclamo a la Justicia -la Unidad Fiscal de La Paz tramita el pleito- para que no se deje «presionar» por la familia Etchevehere. Dolores mantiene una descarnada batalla legal contra su madre, Leonor Marcial de Etchevehere, y sus tres hermanos, Luis Miguel, Arturo Sebastián y Juan Diego: los acusa de evasión fiscal, vaciamiento de empresas y trabajo esclavo.
Las Margaritas ha planteado cierta belicosidad desde el grupo que sostiene la toma de Casa Nuestra, y se lo han hecho saber a la Justicia a través de sucesivas presentaciones. El sábado presentaron el testimonio del coadministrador de la estancia, Mariano Rubiolo, que denunció una serie de hechos intimidatorios cuando acudió al campo para cumplir con su labor.
Y este domingo, entre las 9 y las 12, entre las 9 y las 12, declararon como testigos Luis Miguel y Juan Diego Etchevehere, y «pudieron explicar todo muy bien ante los fiscales Oscar Sobko y Constanza Bessa», dijeron fuentes judiciales ligados a Las Margaritas SA.
La discusión principal gira en torno a la propiedad de la estancia Casa Nueva, ubicada en el Paraje El Quebracho, cerca de Santa Elena. El jueves 15, Dolores dio a conocer el Proyecto Artigas, mediante el cual acusó a su familia de diferentes delitos y anunció la cesión de una porción de su herencia y el desarrollo de un proyecto agroecológico en tierras adquiridas por la familia en 2007, según dijo, a precio vil.
En las últimas horas, la familia Etchevehere dio a conocer una ampliación de denuncia con el testimonio de un empleado, Mariano Rubiolo, quien dio cuenta de cómo fue tratado al llegar a la estancia a trabajar.
Ante ello, el Proyecto Artigas acercó su respuesta a Entre Ríos Ahora. «Le solicitamos al Poder Judicial provincial y federal que no se deje corromper ni intimidar una vez más, detenga la conducta delictiva continua de los Etchevehere contra su hermana Dolores y evite que puedan seguir ejerciendo su violencia permanente contra ella, ahora extendida a sus nuevos compañeros de trabajo. Asimismo, esperamos que la verdad pueda salir a la luz para exponer los múltiples crímenes de Luis Miguel Etchevehere y sus hermanos y de una vez la justicia actúe conforme a derecho, se castigue a los culpables y se repare a las víctimas», resaltaron.
Al respecto, señalaron que «días atrás Dolores Etchevehere regresó a su hogar, la estancia Casa Nueva en el departamento La Paz, Provincia de Entre Ríos. El ingreso se produjo con absoluta normalidad y sin incidente alguno: Dolores simplemente volvió a su casa para iniciar un nuevo proyecto. En este momento, Dolores se encuentra labrando la tierra junto a los integrantes del Proyecto Artigas haciendo uso legítimo de sus derechos hereditarios».
Y agregaron: «La estancia Casa Nueva forma parte del acervo hereditario de la familia Etchevehere que aún se encuentra indiviso y corresponde a todos los hermanos por igual, sin distinción de género. Las maniobras societarias que alegan los Etchevehere son nulas, fraudulentas o directamente inexistentes. Plantean situaciones jurídica y fácticamente inverosímiles que no resisten ningún análisis sensato. La exclusión de Dolores hasta la fecha fue únicamente cuestión del poder y la coerción ejercida sobre ella por sus hermanos varones».
Enseguida, también cuestionaron los dichos del exministro de Agroindustria, quien el jueves afirmó que «un grupo armado» vinculado al dirigente social y abogado Juan Grabois ingresó a la estancia. «El exministro Luis Miguel Etchevehere intentó construir un relato fantasioso buscando la criminalización de su propia hermana, sus abogados y otros integrantes del proyecto. En pocas horas, el fiscal Oscar Sobko echó por tierra esta versión afirmando expresamente que ‘el ingreso no fue violento’. Actualmente, el Sr Etchevehere intenta presionar a la justicia para que vuelva a jugar el papel de escribanía suya».
Tras ello, agradecieron «el apoyo recibido por organizaciones feministas, organizaciones ambientales, movimientos sociales, damnificados de la familia Etchevehere, dirigentes provinciales y nacionales».
Y defendieron las acciones de Dolores Etchevehere y el proyecto en la estancia. «La propiedad privada es un derecho fundamental consagrado en nuestra constitución, no un privilegio de una élite corrupta. La propiedad privada de Dolores Etchevehere y los integrantes del Proyecto Artigas debe ser respetada. Los hermanos Etchevehere ya intentaron despojar a Dolores de sus derechos hereditarios ejerciendo extorsión y violencia económica. Han desposeído a entidades públicas y personas de su propiedad con actos de violencia graves que les han valido condenas judiciales. Que no se repita».
Y solicitaron «al Poder Judicial provincial y federal que no se deje corromper ni intimidar una vez más, detenga la conducta delictiva continua de los Etchevehere contra su hermana Dolores y evite que puedan seguir ejerciendo su violencia permanente contra ella, ahora extendida a sus nuevos compañeros de trabajo». Asimismo, dijeron que esperan que «la verdad pueda salir a la luz para exponer los múltiples crímenes de Luis Miguel Etchevehere y sus hermanos y de una vez la justicia actúe conforme a derecho, se castigue a los culpables y se repare a las víctimas».
Entre Ríos Ahora
