El Ministerio Público Fiscal de Entre Ríos difundió más listas de causas en las que se investigan supuestos delitos contra la Administración Pública. En una primera parte, el organismo había publicado tres planillas con 48 investigaciones que tramitan en Paraná, 8 en La Paz y 19 en Concordia.
Ahora, Fiscalía agregó más causas que tramitan por corrupción: hay 4 causas en Chajarí; 5 en Colón; 6 en Concepción del Uruguay; 5 en Diamante; 10 en Gualeguaychú; 2 en Rosario del Tala; 5 en Victoria; 3 en Villaguay; y 2 en Nogoyá.
En total, son 117 investigaciones por presuntos delitos de corrupción. Los delitos que se investigan en las diferentes causas, son: peculado, fraude a la Administración Pública, malversación de caudales públicos, asociación ilícita, falsedad ideológica, violación de los deberes de funcionario público, cohecho (coimas), negociaciones incompatibles con la función pública y enriquecimiento ilícito.
A continuación, algunas de las investigaciones más relevantes:
CONCORDIA
El intendente de Concordia, Enrique Cresto, quedó envuelto en un escándalo judicial y político tras la imputación por el supuesto delito de peculado en la contratación de cooperativas de trabajo de barrido y limpieza por parte de la Municipalidad.
La causa está caratulada “Cresto Enrique Tomas; Francolini Alfredo Daniel, Mendieta Jorge; Santana Oscar Alberto; Subeldía Héctor; y Von Zelleheim s/Peculado y otros”, y se abrió tras la denuncia de Juan Adolfo González, un puntero del PJ, que se presentó en Tribunales el 25 de octubre de 2018 para denunciar que, después de estar contratado por la Municipalidad de Concordia para realizar tareas de desmalezado –“me pagaban $100 mil por mes, yo tenía 32 personas a mi cargo”-, en noviembre de 2017 “me dejaron de pagar y tuve que dejar de trabajar”.
En la justicia, habló de irregularidades en las contrataciones de las cooperativas de trabajo como la suya con la Municipalidad de Concordia.
Otra de las causas de relevancia es la caratulada “Mazurier, Luis Alberto y otros s/peculado”. Aquí se investigaron presuntos hechos de corrupción en la Codesal (Corporación para el Desarrollo de Salto Grande) y en el Hotel Ayuí. El empresario y extitula de la Codesal, Luis Mazurier –también dueño del diario El Sol- es acusado de la sustracción de fondos recaudados por la explotación del camping La Tortuga Alegre, las Termas del Ayuí y el Camping Las Palmeras. También le endilgan haber «omitido recibir la administración del Hotel Ayuí con la finalidad de apoderarse de manera ilegítima de los montos percibidos por su explotación comercial». La investigación ya fue concluida y el organismo acusado pidió que sea llevada a juicio.
LA PAZ
En la Unidad Fiscal de La Paz tramitan ocho causas por presunta corrupción. Allí tienen causas pendientes el actual intendente de Santa Elena, Domingo Daniel Rossi; su concuñado Silvio Moreyra, que estuvo en el cargo en el periodo 2015-2019; y Asunción Olmedo, que lo fue entre 2007 y 2011.
Rossi tiene en esa jurisdicción la causa por supuesto sobreprecio en la obra de 20 cuadras en 2014, en su anteúltima gestión. La misma se abrió por una denuncia de Moreyra. Actualmente se espera conocer si es elevada a juicio o no.
Moreyra, en cambio, está siendo investigado por en el legajo N° 6119, caratulado “Moreyra Silvio Alejandro/ Peculado”. La investigación se abrió en 2014 tras una denuncia del abogado de Rossi, Carlos Reggiardo. Se investiga el uso que se le dio a dinero enviado por el Instituto Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (IOSPER) –que dirigía Moreyra- para el sponsoreo de los carnavales. En el expediente están involucrados familiares.
A su vez, en otro legajo se investiga por presunto enriquecimiento ilícito y en un tercero se busca determinar si la obra de acceso a la ciudad fue realizada con sobreprecios. Ambas se abrieron por denuncias de Rossi.
La exintendente Olmedo, en tanto, está involucrada en una investigación por presuntos delitos de asociación ilícita e incumplimientos de deberes de funcionario público por el uso de fondos del Iosper que realizó una comisión organizadora del carnaval.
Además, hay tres expedientes con investigaciones sobre dirigente de La Paz. Uno fue abierto en 2013 a raíz de una denuncia de la entonces concejal radical y ahora exdiputada provincial María Alejandra Viola (UCR); el otro caso se abrió en 2016, durante la primera gestión del intendente Bruno Sarubi (UCR); y el tercero es la investigación por presunto enriquecimiento ilícito del exsenador y actual director del Ente Portuario La Paz, Aldo Ballestena.
El legajo N° 808, caratulada “Viola María Alejandra s/su denuncia”, se trata de una denuncia formulada a fines de 2013 por la dirigente radical María Alejandra Viola, cuando era concejal de la ciudad.
Viola denunció a los responsables de la Secretaría de Desarrollo de la Municipalidad de La Paz por la supuesta malversación de fondos que eran girados desde Provincia para los comedores municipales y provinciales que funcionaban allí. Entonces, la intendencia estaba en manos del peronista José Nogueira y su esposa Maru Seib estaba al frente del área cuestionada. Antes estuvo como responsable Claudio Quintana.
El expediente N° 5484, se trata de la causa que se abrió a mediado de 2016, cuando el intendente de La Paz, Bruno Sarubi, denunció al ingeniero Cristian Galván, quien fuera su secretario de Obras y Servicios Públicos, por presuntas irregularidades en la certificación de obra de la firma constructora El Peruano, de Sergio Winitzky, conocido en la zona por integrar Puerto Buey. Galvan, antes de ser funcionario, fue ingeniero del empresario.
Por otra parte, también figura el expediente N 10677 caratulado “Agente fiscal s/investigación de oficio”. Se trata de la investigación por supuesto enriquecimiento ilícito contra el exsenador del departamento La Paz, Aldo Ballestena. La misma se abrió en 2018 tras la publicación de un informe periodístico de Daniel Enz, director de la revista Análisis, en la que indicó que el entonces legislador es un “nuevo millonario de la clase política”.
CHAJARÍ
En la Fiscalía de Chajarí se informa que está a la espera de juicio la causa caratulada “Lalosa Pablo Matías y otros s/ malversación de caudales públicos y fraude en perjuicio del Estado”. El fiscal es Matías Arguello de la Vega y María Verdura Pons. Se trata de un legajo en el que se investigó al exsecretario de Obras y Servicios Públicos de la ciudad, Pablo Lalosa por una obra de veredas y la Pasarela Peatonal del barrio Salto, que fue certificada como concluida en un 100%, siendo que, según la investigación de Fiscalía, habría alcanzado una ejecución del 50%.
También espera fecha de juicio la causa N° 9083, iniciada en 2016, caratulada “Panozzo José Luis y otros-abuso de autoridad y otros”. La investigación comenzó por una denuncia formulada por el exviceintendente Chajarí, Avelino Pezzini ; Gabriela Lena (hoy diputada nacional) y Rubén Alberto Dalmolin (hoy senador provincial), todos integrantes de la UCR.
Los dirigentes denunciaron la venta de terrenos a particulares en forma irregular en el predio termal de la ciudad. La venta se produjo entre 2013, en la gestión de José Panozzo – también exsenador provincial y expresidente del Consejo General de Educación (CGE)-. Los denunciantes dijeron que los lotes del predio termal habrían sido adquiridos a 150 pesos por metro cuadrado por el hijo de la exsecretaria de Gobierno y Hacienda, Alicia Peliquero; el padre y la prima de la ahora exconcejal Julieta Racigh; la pareja del exsecretario de Obras y Servicios Públicos, Pablo Lalosa y la hermana del exdirector de Obras Públicas, Matías Díaz, entre otros.
ROSARIO DEL TALA
Una de las casas principales que está en trámite está caratulada “Ríos María Inés y otros s/ denuncia”. La misma aún no tiene imputados. Se trata de la denuncia que formularon en 2019 los concejales del Frente para la Victoria (FpV) contra el intendente Hugo Pitura (Cambiemos) por la entrega de un terreno municipal destinado al área de la Mujer a una asociación civil, denominada Talita Kum, de la que fue presidenta la esposa del jefe comunal.
VICTORIA
Tramita una causa contra el exintendente Rubén Darío Garcilazo (PJ) por supuesto enriquecimiento ilícito. La investigación se abrió en 2016 por una denuncia formulada por el dirigente radical César Zuccotti.
En la lista de causas, también figura un legajo de investigación abierta en 2018 contra el intendente de Victoria, Domingo Maiocco (Cambiemos), por presuntas irregularidades en la concesión del balneario denominado “Playa Alta” para la realización de una fiesta de Navidad. La denuncia la realizó el abogado Carlos Guillermo Reggiardo.
VILLAGUAY
En la ciudad sigue abierta la investigación por supuestas irregularidades en la ejecución de un plan de viviendas con fondos provenientes del Programa Federal de Vivienda y Mejoramiento del Hábitat de Pueblos Originarios y Rurales.
La denuncia la realizó en 2018 Luis Uriona (Cambiemos), que era delegado en Entre Ríos de la Secretaría de Vivienda de la Nación. En el escrito presentado en la Fiscalía, acusó al exministro de Planificación Federal, Julio De Vido; al exsecretario de Obras Públicas de la Nación, José López; al exsubsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Nación, Germán Nivello; al excoordinador de la Unidad Ejecutora de Programas Especiales de la provincia, Daniel Irigoyen, al exintendente de Villaguay, Adrián Fuertes y al arquitecto Mario Lemes, inspector y certificador de las obras.
Uriona aseguró que se construyeron menos metros cuadrados que los financiados por la Nación y que hubo un desvío de más de 25 millones de pesos.
GUALEGUAYCHÚ
La principal investigación que Gualeguaychú es en la que se investigó el supuesto sobreprecio en la obra de asfaltado de 14 cuadras, durante la gestión de Raúl Riganti (PJ), exintendente y ahora exdiputado provincial. Además del exdiputado, también están imputado el exsecretario de Obras Públicas, Juan Carlos Rochelle; el exsecretario de Hacienda, Norberto Marchesini; exsecretario de Gobierno y actual intendente Leonardo Hassel; y Néstor Hereñú, directivo de la constructora OICSA, que realizó la obra de asfaltado en 2015. La causa se inició por una denuncia del ahora exintendente Darío Benedetti (Cambiemos).
GUALEGUAY
En la ciudad tramita el expediente N° 8672, caratulado “Caminos, Carolina y Otros s/ defraudación a la administración pública”. La investigación penal se abrió a partir de una denuncia formulada en febrero de 2013 por el exintendente local Héctor Jaime. Aquí se cuestiona la contratación directa de espuma marca Nashville por una suma de $10 mil pesos de ese entonces.
En la misma están acusados el exintendente Luis Erro (PJ); el exsecretario de Turismo, Cultura y Deporte, Mariano Dunat; al secretario de Gobierno, Mariano Iturbe; el exsecretario de Hacienda, Pablo Figueroa y Carolina Lorena Camino, una comerciante que ganó la licitación para proveer de espuma a los carnavales de 2013.
En el listado del organismo acusador, también figura, entre otros, la investigación por el uso del medidor de luz por la que fue condenado en 2016 el exintendente Erro y su exsecretario de Obras Públicas, Alfredo Dellagiustina.
La Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) revocó la condena el 11 de marzo de 2019 y, según detalla la Fiscalía, “se presentó un recurso extraordinario ante la Corte Suprema”.
CONCEPCIÓN DEL URUGUAY
Tramita el legajo N° 2358/16. Se trata de una denuncia del exintendente de Basavilbaso y hoy diputado nacional, Gustavo Hein (Cambiemos), que a días de asumir, en enero de 2016, denunció irregularidades en una obra de cloacas en el barrio Estrada, que demandó 6,4 millones de pesos. Los trabajos habían sido financiados con recursos nacionales durante el gobierno de su antecesor, Silvio Valenzuela (FpV).
También está en etapa de investigación otra denuncia de Hein, realizada en 2017, que tiene que ver con presuntas irregularidades en la refacción de la residencia socioeducativa para niños Enrique Berduc.
Otra causa de peso que figura en el listado es la que se abrió en 2016, en Concepción del Uruguay, en la que se investiga el delito de coimas y en la que están acusado exfuncionarios y empresarios.
La investigación se abrió por una casualidad. Fue cuando la justicia federal de esa ciudad investigaba el crecimiento económico de una empresa en el marco de una causa por presunto lavado de dinero del narcotráfico. En la intervención de llamadas, se detectó la maniobra.
Según el legajo publicado, los acusados son el exJefe del área de Comercio de la Municipalidad, Gustavo «Cocoa» Saboredo; el exinspector de Comercio Carlos «Canario» Mangia; y Abel Diosdado, Fabián Delsart y el empresario Fernando Ramat, cuya empresa tiene domicilio fiscal en Colón.
El sitio elentrerios.com informó, en una nota publicada en 2016, que la operatoria consistía en que a cambio de la coima, los encargados de controlar las acciones de la empresa contratada para tareas de obra pública registraban un número mayor de horas/máquina trabajadas y las partes se repartían el excedente. (https://www.elentrerios.com/actualidad/el-circuito-de-las-coimas-en-el-municipio-de-concepcian.htm )
En el detalle publicado por la Fiscalía se indica que la investigación está lista “para elevar a juicio a la brevedad”.
COLÓN
En la planilla publicada por la Fiscalía de esta jurisdicción aparece el legajo N° 641, abierto en marzo de este año por una denuncia formulada por el intendente de San José (departamento Colón), Gustavo Bastián (PJ).
El juefe comunal denunció irregularidades en obras públicas realizadas en la gestión vecinalista que le antecedió, a cargo de la exintendenta Irma Monjo, por la empresa concordiense Galvani Construcciones SRL. La causa aún no tiene imputados.
NOGOYÁ
En la Fiscalía de Nogoyá figuran dos investigaciones por corrupción. La más importantes es la que se abrió en febrero de este año y que investiga la presunta retención ilegal de sueldos de empleados y el desvío de ayuda social. Actualmente, el caso fue derivado a la Unidad Fiscal de Victoria.
Se trata de una investigación delicadísima porque que al poco tiempo de iniciada tuvo un doloroso capítulo: el suicidio de la Jefa de Área de Limpieza, que había sido denunciada.
Aquí, tres funcionarios del intendente Rafael Cavagna (Cambiemos) y una empleada tuvieron que designar abogados porque están bajo la lupa judicial. Los funcionarios que se pusieron a derecho son el secretario de Gobierno, Marcelo Barreto; Gustavo Gabriel Aga, tesorero; Gerardo Beltramino, director de Servicios Públicos; y a una asistente social, del área de Acción Social, Carina Gómez.
Fuente: Entre Ríos Ahora
