El Gobierno oficializó el protocolo para el «ciberpatrullaje», en el que se habilita el rastreo en redes sociales de «posibles delitos» como violación a la cuarentena, comercialización de medicamentos apócrifos o que drogas que aseguren «curar el coronavirus».
A través de la Resolución 144 publicada en el Boletín Oficial, el Ministerio de Seguridad puso en vigencia el «Protocolo general para la prevención policial del delito con uso de fuentes digitales abiertas».
«El objetivo es regular las tareas de prevención del delito que desarrollan en el espacio cibernético los cuerpos policiales y fuerzas de seguridad», pero en «medios y plataformas de información y comunicación digital de carácter público, no sensible y sin clasificación de seguridad, cuyo acceso no implique una vulneración al derecho a la intimidad de las personas», detalla el texto oficial.
¿Cuáles son los delitos que buscará rastrear el Ministerio de Seguridad con la utiización del ciberpatrullaje?
De esta forma, y a partir del nuevo concepto de «ciberpatrullaje», las tareas de las fuerzas de seguridad apuntarán a evitar la comercialización y distribución de medicamentos truchos y de insumos sanitarios críticos; la venta de presuntos remedios con referencias al covid-19, y los ataques informáticos a infraestructura crítica, especialmente a hospitales y a centros de salud.También tratará de determinar posibles violaciones a la emergencia sanitaria.
Además, si bien en un primer paso se habilita la identificación de eventuales delitos en el marco de pandemia, el accionar también podrá establecerse para otras situaciones como trata de personas; narcotráfico; lavado de dinero; terrorismo; violencia de género; grooming; y pornografía infantil.
«Las tareas de ciberpatrullaje cuidarán de no implicar una afectación a la libertad de expresión» y buscarán «evitar el autocontrol discursivo y la autocensura» para así preservar «el debate plural y el intercambio democrático de las ideas», remarca la resolución de este martes.
¿Qué pasará con la información?
De acuerdo a lo especificado en el protocolo oficializado, se establece que el material que no haya sido utilizado para realizar denuncias a la Justicia será destruido, mientras que se garantizará «la publicación regular de la información relacionada con la cantidad de casos y personas prevenidos junto con la duración de dichas actividades; las redes sociales y sitios web en general que fueron relevados; y las herramientas y las metodologías utilizadas».
¿Qué no podrán hacer las fuerzas de seguridad a través del ciberpatrullaje?
El texto publicado establece las siguientes inhabilitaciones en donde no se podrán hacer seguimientos:
Sobre personas o usuarios por el sólo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, así como por la actividad lícita que desarrollen en cualquier esfera de acción.
Tampoco se podrán «utilizar fuentes digitales abiertas para monitorear y observar detenidamente individuos o asociaciones, como así también para obtener información sobre cualquier acción que implique el ejercicio de los derechos a la protesta social y a la disidencia política».
La puesta en vigencia del nuevo protocolo ya había sido anticipado en abril por la Ministra de Seguridad, Sabina Frederic, en una teleconferencia con la Comisión de Seguridad Interior de la Cámara de Diputados.
«Las fuerzas de seguridad monitorean las redes sociales, para ver el humor social y prevenir situaciones», deslizó en aquella oportunidad, lo que le valió cuestionamientos del ala opositora y alertaron que «auscultar el humor social desde el Estado como así también la opinión pública es una actividad expresamente prohibida por la Ley Nacional de Inteligencia».
Una resolución de Seguridad hizo legal el «ciberpatrullaje»
Según se destacó, sólo se utilizarán «fuentes digitales abiertas». Hay polémica.
El Ministerio de Seguridad de la Nación creó un «Protocolo General para la Prevención Policial del Delito con Uso de Fuentes Digitales Abiertas”, que establece los mecanismos que las fuerzas de seguridad federales podrán emplear para detectar delitos vinculados a la pandemia del Covid-19 en Internet, y oficializó así el «ciberpatrullaje» del que habló la ministra Sabina Federic.
La normativa, directamente vinculada a la emergencia pública en materia sanitaria, entró en vigencia ayer a partir de la publicación de la resolución 144/2020 en el Boletín Oficial.
En el anexo de la resolución que lleva la firma de la ministra Frederic, se establece que «la prevención policial del delito en el espacio cibernético procurará el conocimiento de posibles conductas delictivas cuyo acaecimiento sea previsible en función de la emergencia pública en materia sanitaria establecida» en virtud de la pandemia del coronavirus.
En ese marco, se deberá atender «al desarrollo de la criminalidad vinculada a la comercialización, distribución y transporte de medicamentos apócrifos y de insumos sanitarios críticos; a la venta de presuntos medicamentos comercializados bajo nomenclaturas y referencias al Covid-19 o sus derivaciones nominales, sin aprobación ni certificación de la autoridad competente; y a los ataques informáticos a infraestructura crítica -especialmente a hospitales y a centros de salud».
El protocolo indica que «la prevención policial del delito en el espacio cibernético se llevará a cabo únicamente mediante el uso de fuentes digitales abiertas» es decir «los medios y plataformas de información y comunicación digital de carácter público, no sensible y sin clasificación de seguridad, cuyo acceso no implique una vulneración al derecho a la intimidad de las personas».
Para instruir a las fuerzas de seguridad -Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional, Policía de Seguridad Aeroportuaria y Prefectura Naval-, la Secretaría de Seguridad y Política Criminal de la cartera «dispondrá el procedimiento estandarizado y la definición de los indicadores delictivos que orientarán la actividad preventora» durante la emergencia pública en materia sanitaria y creará una mesa consultiva conformada por asesores.
