El proyecto ingresó el viernes a la Cámara de Diputados y dispone en forma obligatoria “la utilización de lenguaje inclusivo y no sexista en toda la documentación oficial de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial de Entre Ríos”. Comprende a leyes, decretos, resoluciones, comunicaciones, circulares, etc, según la información a la que accedió APFDigital. También se convoca a los municipiosa hacer lo propio.
El proyecto es impulsado por la diputada Mariana Farfán (PJ-Frente Creer) y fue presentado el viernes.
La presentación del proyecto había sido adelantada por la propia diputada en la sesión del jueves, cuando al momento de aprobar la modificación de una ley dejó sentado que había propuesto que el texto sea redactado utilizando el lenguaje inclusivo.
El primer artículo dispone en forma obligatoria “la utilización de lenguaje inclusivo y no sexista en toda la documentación oficial de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial de Entre Ríos”, lo cual abarca a las leyes, decretos, resoluciones, comunicaciones, circulares, sentencias, publicidad, cartelería, y cualquier otra comunicación por escrito y con independencia de su soporte material o electrónico”.
En el siguiente artículo define al lenguaje inclusivo como “aquel que no oculte, ni subordine, ni jerarquice, ni excluya a ninguno de los géneros y sea responsable al considerar, respetar y hacer visible a todas las personas, reconociendo la diversidad sexual y de géneros” y en otro define al lenguaje no sexista como aquel que “evita el sesgo hacia un sexo o género en particular”.
En la iniciativa impulsada por la diputada Farfán se establece que “cada uno de los tres Poderes Provinciales deberá elaborar un manual que contenga las normas para la correcta redacción de documentación oficial en lenguaje inclusivo y no sexista” y, además, “deberán capacitar a todo su personal sobre la temática”.
En el quinto artículo del proyecto se convoca a los municipios y a las comunas a adherir a la norma.
El papel fundamental del lenguaje
Tras citar a autores, resoluciones de la Unesco, tratados de derechos humanos, la Constitución provincial y la nacional, normales locales y de órbita nacional, menciona a la “Guía práctica para la incorporación del enfoque de género en el trabajo legislativo”, realizada en forma conjunta por el Sistema de Naciones Unidas en Argentina, a través del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y ONU Mujeres, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y el gobierno argentino a través del Consejo Nacional de las Mujeres (CNM)”.
En ella se expresa que “el lenguaje juega un papel fundamental en la igualdad de género, ya que por su intermedio se transmiten, refuerzan y transforman significados y creencias sobre lo femenino y masculino”.
“Muchos términos y expresiones reflejan estereotipos discriminatorios basados en el sexo. Por ejemplo, es habitual decir ‘los legisladores’ para referirse al conjunto de integrantes del Poder Legislativo, o “los jefes” para referirse a quienes ocupan cargos de jefatura aunque haya mujeres ocupando esos puestos. Este uso del genérico masculino en un sentido universal destaca exclusivamente el protagonismo de los hombres e invisibiliza a las mujeres en la vida social”, se agrega.
“El lenguaje no incluyente en la redacción de leyes, documentos oficiales e incluso en las conversaciones informales contribuye a reproducir relaciones asimétricas, jerárquicas y desiguales”, se afirma luego.
También cita a “La guía para el uso del lenguaje no sexista e igualitario”, elaborada por la Cámara de Diputados de la Nación durante el período 2011-2015. Allí se señala: “Se entiende por lenguaje inclusivo entonces, o por lenguaje no sexista, aquel que ni oculte, ni subordine, ni excluya a ninguno de los géneros y sea responsable al considerar, respetar y hacer visible a todas las personas, reconociendo la diversidad sexual y de género. Cambiar el uso del lenguaje implica también un cambio cultural, y nos convoca a construir otro sistema de valores, otra forma de entender, de pensar y de representar al mundo”.
“La utilización del masculino como un supuesto genérico tiene como efecto considerar lo masculino como central, normativizado y habitual, mientras que lo femenino aparece como residual, excepcional o desviado de la norma”, se indica en otro párrafo.
Sobre el final de los fundamentos del proyecto, la diputada Mariana Farfán sostiene: “Un órgano legislativo debe estar siempre alerta frente a estos dispositivos de poder y discriminación en contra de las mujeres. Por eso, no es aceptable que quienes representamos a todas las personas entrerrianas, y quienes debemos regular normativamente las conductas intersubjetivas, reproduzcamos el modelo hegemónico androcentrista. Los resultados de nuestra función y de nuestro uso del lenguaje nunca son neutrales”.
“El uso del lenguaje igualitario debe también ser un criterio rector en el uso de la palabra en los debates parlamentarios”, concluye. (APF)
