El último fallo de la Justicia impide fumigar a 1.000 metros para las aplicaciones terrestres y 3.000 para las aéreas circundantes a escuelas rurales. Los productores rechazan la disposición y Fiscalía de Estado de la provincia de Entre Ríos elabora un nuevo decreto reglamentario sobre el tema.
La Fiscalía de Estado de la provincia se encuentra trabajando en un nuevo decreto para reglamentar el uso de agrotóxicos en las proximidades de establecimientos educativos rurales.
En el texto de la nueva norma se incluiría la necesidad de implementar medidas de amortiguamiento con cortinas vegetales para impedir la dispersión del producto utilizado en las fumigaciones.
En su oportunidad, el gobierno quiso cubrir el vacío legal existente a través de un decreto mediante el que reducía las distancias a 100 y 500 metros, según si sea fumigaciones terrestres o aéreas, pero no presentó información ni estudios que justificaran esa decisión. Posteriormente, declaró la inconstitucionalidad del decreto e instó al gobierno a que realice “los estudios ambientales correspondientes para determinar hasta qué punto resulta plausible extender esta práctica agrícola sin afectar la salud humana de las personas protegidas”.
El miércoles, productores agropecuarios se movilizaron al túnel subfluvial para reclamar precisamente la emisión del decreto que reglamente la actividad porque, argumentan, quedan 3.000 hectáreas sin poder ser explotadas para la producción.
“Hay un gran malestar porque se está demorando el decreto por parte del gobierno”, declaró a EL DIARIO Elvio Guía, vicepresidente de la Federación Agraria Argentina.
Guía señalo que el último fallo del Superior Tribunal de Justicia afecta “no solamente a los cultivos tradicionales sino también a la citricultura, ya que no se puede aplicar nada para controlar la mosca, no se puede aplicar fungicida para mantener la fruta. También, hay que empezar a hacer los barbechos para la siembra de maíz y no se puede aplicar. En el caso de los tambos, no se puede pulverizar contra el pulgón para alguna pradera. Esto atraviesa a todas las producciones que tenemos en la provincia y a muchos productores”.
CRITERIOS
Al respecto, el fiscal de Estado Julio Rodríguez Signes adelantó algunos criterios que tendrá en cuenta para la elaboración del decreto.
“Con respecto a las distancias establecidas en fallo judicial, se fijaron bajo la presunción de que la provincia no había fundamentado con argumentos científicos -al emitir el decreto 4407- de que esas distancias garantizaban la preservación de la salud de la población escolar. Se trabajó entonces sobre el tema de las “derivas”, es decir el traslado de la gota del producto de la aplicación por el espacio aéreo. Los estudios corroboran que las derivas dan entre 20 metros para las aplicaciones terrestres y 45 para las aéreas. Nosotros tuvimos en cuenta dos tipos de distancias, una de prohibición y otra de amortiguamiento, con cortinas vegetales en el radio de los establecimientos. Teniendo en cuenta las escuelas rurales y agrotécnicas como excepción”, manifestó el fiscal.
Señaló además que la Fiscalía de Estado de la provincia está trabajando en un reglamento que establezca las condiciones de aplicación de plaguicidas, específicamente destinado a las escuelas rurales y agrotécnicas, que constituyen casos especiales, dada la restricción impuesta por la Justicia, de 1.000 metros para las aplicaciones terrestres y 3.000 para las aéreas.
En este sentido el fiscal hizo un repaso de la cuestión y detalló algunos aspectos que estarían contemplados en el proyecto del reglamento, que será puesto a consideración para ser evaluado definitivamente por el Gobernador de la provincia.
“A partir de los fallos judiciales respecto al límite de las fumigaciones que se dictaron en 2018 y en este año, empezamos a efectuar un relevamiento y estudio de campo; consultamos a distintos organismos nacionales y provinciales, como ser el Inta, Senasa, universidades, secretarías de Salud, Ambiente, Producción, entre muchas otras, como así también escuelas rurales y aerotécnicas”, subrayó.
Rodríguez Signes indicó que “actualmente la provincia tiene una ley de plaguicidas vigente, la Ley N° 6.599 que regula las condiciones de aplicación. Hay que dejar en claro dos cuestiones: primero, es la autoridad nacional a través del Senasa (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria) la que certifica, registra y autoriza la venta y uso de plaguicidas, no es la provincia de Entre Ríos. Y segundo, la forma en que se aplican los productos habilitados es competencia de la provincia y también en parte de la Nación, es una competencia concurrente. La provincia tiene el deber de ejercer el poder de policía, preservando y priorizando la salud y el medio ambiente”.
En referencia al proyecto en cuestión, puso énfasis en que “en el control efectivo de las aplicaciones, está previsto por ejemplo el reempadronamiento de las máquinas aplicadoras. Es decir, todas las máquinas deberán estar homologadas y registradas, y además, deberán contar con un software preciso, una computadora que arroje los datos en tiempo real, como ser la ubicación geográfica de la aplicación, tipo de producto utilizado, tipo de máquina, etc. La república Oriental del Uruguay ya está usando este tipo de tecnología y hay productores privados en la Argentina que lo están empleando”.
Con respecto a las distancias establecidas en fallo judicial dijo que “se fijaron bajo la presunción de que la provincia no había fundamentado con argumentos científicos -al emitir el decreto 4407- de que esas distancias garantizaban la preservación de la salud de la población escolar. Se trabajó entonces sobre el tema de las “derivas”, es decir el traslado de la gota del producto de la aplicación por el espacio aéreo. Los estudios corroboran que las derivas dan entre 20 metros para las aplicaciones terrestres y 45 para las aéreas. Nosotros tuvimos en cuenta dos tipos de distancias, una de prohibición y otra de amortiguamiento, con cortinas vegetales en el radio de los establecimientos. Teniendo en cuenta las escuelas rurales y agrotécnicas como excepción”.
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