Un exempleado del Hospital 9 de Julio de La Paz deberá devolver a la provincia más de $700 mil pesos en concepto de salarios abonados y percibidos indebidamente durante dos años. El hombre de 58 años fue cesanteado en 2016, pero continuó cobrando el sueldo hasta 2018.
El Ministerio de Salud de Entre Ríos intimó a Luis María Rodríguez, un técnico en Radiología oriundo de Santa Elena, quien fue jefe de Personal del nosocomio paceño. El hombre deberá devolver $759.804,54 de pesos, cantidad exacta que percibió entre el 12 de septiembre de 2016 y el 31 de diciembre de 2018.
Continuó cobrando
Tras ser cesanteado por la existencia de certificados de licencia truchos, que generaban la contratación de personal suplente innecesario, Rodríguez dejó de prestar servicios en el hospital el 12 de septiembre de 2016. Pese a esto, el profesional continuó percibiendo su salario. La cartera sanitaria detectó la situación, reclamó el dinero y advirtió que, de no hacerlo, se le iniciarían acciones legales.
El reclamo quedó registrado en un edicto publicado en el Boletín Oficial de Entre Ríos el 14 de junio pasado. “Luis María Rodríguez, DNI N° 13.877.562, se intima a Ud. para que en un plazo perentorio e improrrogable de diez (10) días, de recibida la presente, proceda a la devolución de la suma de pesos setecientos cincuenta y nueve mil ochocientos cuatro con cincuenta y cuatro centavos ($ 759.804,54), monto total que le fuera abonado y percibido por Ud. indebidamente, en el período 12/09/16 al 31/12/18, atento a que se le dispuso la sanción de cesantía y dejó de prestar servicios el día 12/09/16 en el Hospital ‘9 de Julio’ de La Paz. En defecto de no cumplimentar con la misma, se procederá sin más a iniciar las acciones administrativas y legales correspondientes al recupero del monto antes mencionado, junto con los intereses legales, gastos y honorarios pertinentes”, dice la intimación firmada por Carlos Omar Santillán, director general de Despacho del Ministerio de Salud.
Licencias truchas
En ese caso también estuvo involucrado Ramón Domingo Limongi, quien fue administrador del nosocomio. Ambos fueron sometidos a una investigación administrativa y una judicial.
Su situación fue resuelta en tres etapas: en el ámbito administrativo, sumario mediante, fueron cesanteados; en el fuero penal aceptaron una condena condicional por fraude a la administración pública; y en el marco de una demanda civil iniciada por el Estado, acordaron devolver el dinero que se fue de las arcas públicas a través de las licencias truchas.
El Tribunal de Cuentas de la provincia estableció que la maniobra le produjo un perjuicio al Estados por la suma de $ 119.693. Pero ese monto aumentó por los intereses. A fines de 2018, ambos exempleados alcanzaron un acuerdo de pago con la Fiscalía de Estado de la provincia y devolverán más de $300 mil en cuotas.
Rodríguez deberá, además, devolver el dinero que percibió en el período en el que ya no trabajaba en el nosocomio y que, se presume, se le fue depositado por error.
Condenado por fraude
Un año después de la cesantía, Rodríguez aceptó su responsabilidad penal en un juicio abreviado. Lo hizo junto al paceño Ramón Limongi, exadministrador del nosocomio de La Paz.
Según el fallo, fechado el 22 de agosto de 2017, ambos reconocieron los delitos de fraude a la Administración Pública y fueron condenados a la pena de 2 años de prisión condicional e inhabilitación perpetua especial para ejercer cargos públicos. El fallo condenatorio lo dictó la jueza del Tribunal de Juicio de La Paz, María Lía Van Dembroucke.
A esa pena llegaron en el marco de un acuerdo de juicio abreviado alcanzado con el fiscal Facundo Barbosa.
“Que durante el período comprendido entre los meses de julio a diciembre de 2008, Ramón Domingo Limongi y Luis María Rodríguez, en sus respectivas funciones de Administrador y Jefe de Personal del Hospital Zonal ‘9 de Julio’, de esta ciudad de La Paz, Entre Ríos, y previo acuerdo entre ambos, procedieron a adulterar la documentación administrativa necesaria – Certificados Médicos, Planillas de Licencias, etc-, y, en otros casos, a hacer desaparecer documentos – Certificados Médicos, Tarjetas de marcación, etc-, y con ello haciendo aparecer a los agentes titulares con licencias por enfermedad, lo que les permitió contratar personal en el hospital a su cargo, en carácter de suplentes y en reemplazo de aquellos, quienes desconociendo esta situación continuaron con sus labores habituales y percibiendo regularmente sus haberes, produciendo así, un daño patrimonial significativo al estado contratante de aproximadamente Pesos Ciento Diecinueve mil seiscientos noventa y tres ($119.693)”, dice parte del acuerdo judicial que firmaron.
Entre Ríos Ahora
