Reclaman por los altos costos de las cargas sociales, que impiden formalizar el empleo. En agosto habían protestado a la vera de la ruta 14.
Unos 60 tractores y más de 300 vehículos se movilizaron por la zona rural y la ciudad de Chajarí para denunciar y exponer la realidad que atraviesa el sector citrícola. En particular, el reclamo del jueves por la tarde reunió a productores de una amplia región del Departamento Federación con el propósito de buscar soluciones a la realidad laboral.
Guillermo Borgo, uno de los referentes del sector, explicó a UNO que piden leyes laborales que sustenten las economías regionales. Puntualmente, una de las medidas que viene repitiendo el sector en sus demandas es que se reduzcan las cargas sociales, de modo que al bajar los aportes un 50% se inicie un proceso de blanqueo de personal.
Justamente ayer, la Federación del Citrus de Entre Ríos se declaró en estado de alerta y movilización. «Frente a la inacción y respuestas sin contenido efectivo, a pesar de las múltiples gestiones realizadas en todos los ámbitos políticos nacionales y provinciales, y encontrarnos en una situación agobiante, por falta de rentabilidad, ha llevado a que los productores hayan agotado su paciencia y hoy no crean en promesas electorales, después de más de tres años de ejercer el poder», versa el comunicado que lleva la firma de los presidentes de la asociaciones citrícolas de Concordia, Enrique Taylor; de Chajarí, Bernardino Panozzo; de Villa del Rosario, Martín Rigoni; y de Federación, Néstor Mover.
La citricultura entrerriana viene sufriendo una crisis de larga data, tal como ha informado UNO repetidamente en los últimos años.
En agosto, también en la zona de Chajarí, hubo productores que se manifestaron a la vera de la ruta nacional 14 –sin cortes–, para exponer esta situación. Casi ocho meses después no hubo ningún avance. El planteo es que se pueda finalmente encarar una modificación de la legislación laboral, que permita encuadrar actividades hoy no reguladas en el Convenio Colectivo de Trabajo (CCT).
Si bien no hay datos certeros, se estima que el sector genera unos 20.000 puestos de trabajo. Borgo remarcó que es una de las economías regionales del país que más mano de obra genera. «Junto con peras, manzanas y uvas, tiene una intensa demanda laboral; la citricultura tal vez más porque es la de mayor extensión», indicó.
Actualmente, la actividad se desenvuelve con un convenio laboral encuadrado con el Sindicato de la Fruta, e incluye a tractoristas, embaladores y hasta cuadrillas de cosecha. Pero hay otras labores como poda o cosecha, más esporádicas, que no figuran en el régimen laboral.
El empleo en negro en el sector es muy alto: se estima que la mitad está incluido en el régimen del Sindicato de la Fruta, una porción menor en la legislación de la Unión de Trabajadores Rurales y Estibadores de la República Argentina (Uatre), y el resto en la informalidad.
Justamente, la protesta surgió luego de que el Ministerio de Trabajo de la Nación realizara inspecciones en plantaciones. «Se armó una reunión con los inspectores y se llegó a un acuerdo respetuoso. Se explicó que no es el momento de salir a inspeccionar», indicó Borgo.
El sector aún no definió los próximos pasos a seguir. (UNO)
