La causa de los contratos truchos en la Legislatura, que según el Ministerio Público Fiscal supuso un perjuicio al Estado provincial del orden de los $2.000 millones entre 2008 y 2018 mediante la utilización contratos laborales fraguados, sumará esta semana nuevos imputados. El miércoles 6 , a las 9 y a las 9,30, respectivamente, están citados para recibirles declaración de imputado Renato Jesús Mansilla y Nicolás Beber. También serán citados Gustavo Falco y Jorge Enrique de Breuil, este estará el viernes en el edificio del Ministerio Público Fiscal. De Breuil es empleado de planta permanente del Senado de la provincia y contratado como personal transitorio del Senado de la Nación por el senador Pedro Guastavino.
En medio, el miércoles 6, a las 9, habrá una audiencia ante la Sala Penal y de Procedimientos Constitucionales del Superior Tribunal de Justicia (STJ) para tratar el recurso de queja de los defensores, que quieren concluir con las restricciones a la libertad que pesan sobre sus defendidos.
La investigación penal tiene a siete personas con prisión preventiva en la Unidad Penal N° 1 -Hugo Mena, Esteban Scialocomo, Alfredo Bilbao, Gustavo Pérez, Juan Pablo Aguilera, Alejandro Almada y Roberto Faure- y otras dos, bajo el regimen de arresto domiciliario: Flavia Beckman y Sergio Cardoso.
Mena, Scialocomo y Bilbao cumplen prisión preventiva en la Unidad Penal N° 1 de Paraná, en tanto que Beckman tiene la modalidad de prisión domiciliaria. También están en la cárcel Juan Pablo Aguilera, secretario del bloque de senadores del peronismo, cuñado del exgobernador Sergio Urribarri; Gustavo Pérez, exdirector del Servicio Administrativo Contable de la Cámara de Senadores; Roberto Ariel Faure; y Alejandro Almada, cuñado de Aguilera. Además de Beckman, también tiene prisión preventiva bajo la modalidad domiciliaria el director del Servicio Administrativo Contable de la Cámara de Diputados, Sergio Cardoso.
En forma suscesiva, la Justicia imputó como partícipes de una “organización” criminal a esas 9 personas, a las que les aplicó restricciones a la libertad. Esas prisiones fueron confirmadas por distintos tribunales -el último, la Cámara de Casación Penal-, aunque resta definición por parte de la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ), instancia a la cual llegaron los defensores José Velázquez y Humberto Franchi -que representan a Mena, Scialocomo y Beckman- y Damián Petenatti e Iván Vernengo -que ejercen la defensa de Bilbao- con sendos recursos de queja. Ese trámite ahora tiene fecha para empezar a resolverse: el próximo miércoles 6 de febrero, y quedará en manos la resolución del tribunal original de la Sala Pena: Daniel Carubia, Miguel Giorgio y Claudia Mizawak. Fue una estrategia de la defensa: no quisieron que en el tema intervinieran los jueces de feria del STJ.
Para entender quiénes y por qué están involucrados en la causa de los contratos en la Legislatura basta con leer la reformulación de la apertura de la causa por parte de Fiscalía el último 23 de octubre. Allí dice:
“Al menos entre el período de tiempo que va desde el mes de enero del año 2008 al 20/09/2018, Flavia Marcela Beckman, Hugo Ruben Mena, Hugo Américo Luna (fallecido), Esteban Ángel Alberto Scialocomo, María Victoria Alvarez, Jorge Pablo Balladares, Jazmín Mena Gioveni, Fernando Gastón Sarnaglia, María Macarena Alvarez, Viviana Giselle Mena Gioveni, Alejandro Rubén Ferreyra, Alfredo Bilbao, Roberto Ariel Faure, Sergio Esteban Cardoso, Gustavo Hernán Pérez, Juan Domingo Orabona, y otras personas con funciones públicas hasta el momento no identificadas, tomaron parte en una organización que se ocupaba de sustraer dinero del patrimonio de la Legislatura Provincial, a través de la realización de contrataciones de obra en nombre de ambas Cámaras (Diputados y Senadorse), con personas que no realizaban ninguna prestación a favor del Estado, y percibían una ínfima parte de los honorarios pactados, quedando el resto de ellos en poder de la organización. Esta actividad habría comenzado en el ámbito de la Cámara de Senadores de la Provincia en enero de 2008, con un número aproximado de 100 contratos, que ascendian a $4.500, continuando hasta la fecha del descubrimiento del hecho -20 de septiembre de 2018- con un constante ascenso del número y monto de las contrataciones, hasta alcanzar la suma de $50.000 por vínculo”.
Quién es quién
En Diputados, el mecanismo “se habría iniciado luego del 11/12/2011, con contratos de pesos $5.000, y que también se incrementaron hasta llegar al monto de $50.000 por cada uno de ellos, hasta septiembre de 2018. Entre ámbas Cámaras se llegaron a suscribir contratos de obra con, al menos, 350 contratistas”. El escrito de Fiscalía agrega: “La expresada detracción de fondos públicos fue ejecutada a través de los responsables de los Servicios Administrativos Contables de ámbas Cámaras, siendo estos Juan Domingo Orabona (actual titular del Instituto del Seguro), quien fuera director administrativo contable del Senado en el período 2007/2011); Gustavo Hernán Pérez (director administrativo contable del Senado desde 2011), y Sergio Cardoso (director administrativo contable de la Cámara de Diputados), quienes tenían el manejo de esos caudales públicos ya que, junto con personal autorizado de ambas Cámaras, contaban con la facultad funcional de emitir los cartulares correspondientes al pago mensual de aquellos vínculos y en el último período, de generar la apertura de las cuentas ´sueldo´ de los contratistas y las transferencias para el pago de los honorarios”.
Luego, los cheques eran entregados a Hugo Rubén Mena y Flavia Marcela Beckman, quienes mensualmente se encargaban de hacerlos endosar a sus titulares, “o de endosarlos falsamente, para facilitar su cobro por otras personas de su círculo de confianza, como ser: Esteban Angel Alberto Scialocomo, María Victoria Alvarez, Jorge Pablo BalladaresA, María Jazmín Mena Gioveni, Fernando Gastón Sarnaglia, María Macarena Alvarez, Andrea Noemí Beatriz Demartin, Alejandro Rubén Ferreyra, Viviana Giselle Mena Gioveni, Veronica Caíno, Roberto Ariel Faure, Renato Jesús Mansilla, Hugo Luna (f), entre otros”.
Los cobradores cambiaron su modalidad a partir de 2017, cuando los contratos se bancarizaron, y la percepción de los montos ya no se hacía con cheques sino con tarjetas de débito. Los cobradores, al mando de Beckman, entregaban la recuadación “a Gustavo Hernán Pérez, Sergio Cardoso, Roberto Ariel Faure, Alejandro Almada, y a Alfredo Bilbao. A su vez, este último recibía las rendiciones de cuenta de la recaudación que realizaba todo el grupo, previa deducciones de gastos, de pagos de impuestos de los contratados y de comisiones. Finalmente, Bilbao se encargaba de entregar el neto del producido, o un porcentaje de éste, hasta diciembre de 2011, a Juan Domingo Orabona, y con posterioridad a Juan Pablo Aguilera, y a otras personas hasta el momento desconocidas”.
Y agrega: “La gestión de la situación impositiva de cada uno de los contratados era realizada por estudios contables, conformados por los contadores Pedro Opromolla, Gustavo Falco, Guido Krapp (del Estudio Integral) y Roberto Ariel Faure, que se encargaban de realizar el pago de los impuestos de cada uno de los falsos ´contratistas´, utilizando para ello la clave fiscal de cada uno, proporcionada por Mena y/o Beckman, quienes previamente la requerían de las personas reclutadas para la contratación, y lo abonaban a través de la terminal Nº 3472, correspondiente a la sucursal Nº 3469 de “Entre Ríos Servicios”, emplazada en el propio Estudio Integral Asesoría de los tres primeros contadores mencionados. Dichas tareas, en lugar de ser remuneradas por cada uno de los monotributistas, lo eran a través de la cobranza de contratos de obra suscriptos con la Honorable Cámara de Diputados, sin la existencia de vínculo real alguno, extendidos a favor de Guido Krapp, el corredor inmobiliaro Renato Jesús Mansilla, los analistas de sistemas Nicolás Beber y María Cecilia Cersofios, estos tres últimos también integrantes de Integral Asesoría; y con la Cámara de Senadores de la Nación en favor de Gustavo Falco y nuevamente de Renato Jesús Mamsilla, a través de contratos suscriptos por el senador nacional Pedro Guillermo Ángel Guastavino. Alfredo Bilbao también se encargaba de participar del neto de las ganancias ilícitas a Gustavo Hernán Pérez y Jorge Enrique De Breuil (empleado de planta permanente del Honorable Senado de la provincia y contratado como personal transitorio del Honorable Senado de la Nación por el senador Pedro Guastavino), de una parte del dinero resultante. Los tres, aplicaron el dinero sustraído para disimular su origen ilícito en diferentes invesiones inmobiliarias y agricolo-ganaderas. La maniobra descripta, también contó, como aporte indispensable, con la omisión a los deberes de control por parte de los Auditores Estables, Revisores y Fiscal del Tribunal de Cuentas de Entre Ríos con desempeño en el período investigado”.
Entre Ríos Ahora
