En tiempos en que los medios de comunicación suelen convertirse en tribunales ad hoc, es interesante preguntarnos cómo puede transformarse la investigación y los procesos para que delitos complejos como la corrupción, el narcotráfico, la trata de personas, la violencia hacia las mujeres y el daño al medio ambiente no queden impunes.
El último suspiro del siglo XX la encontró a Eloísa Quintero haciendo la carrera de Abogacía en UNL a paso redoblado porque ya tenía en mente continuar los estudios afuera. Su rendimiento debe haber estado bastante por encima del promedio para acceder, con 22 años, a una beca que la llevó a Alemania, a trabajar nada más y nada menos que con el reconocido penalista Günther Jakob en tres instancias de investigación doctoral, en Bonn, entre 1998 y 2005. Luego, itineró por distintos países de América Latina pero hizo cabeza de playa en Ciudad de México, durante 15 años. “Siempre me ha gustado mucho integrar las búsquedas académicas con las vicisitudes de la práctica profesional; en México terminé trabajando en el Instituto Nacional de Ciencias Penales que originalmente surgió como organismo dedicado a la formación de fiscales y otros operadores del Derecho pero que luego ha asesorado en transformaciones institucionales y en la redacción de anteproyectos de ley y el diseño de políticas públicas”, informa, luego de los necesarios comentarios acerca del calor reinante en Paraná, un punto en el mapa al que regresa cada tanto, para abandonarse al dulce ritual de mantener vivos los lazos familiares.
DESAFÍO
Desde hace más de un año, como integrante de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, reside en el país centroamericano de exuberante riqueza natural y cultural, donde las presiones por la tarea que se desarrolla son permanentes y han ido in crescendo.
–¿Se puede plantear un estado del arte en Derecho a nivel global o las inquietudes y desarrollos son más bien locales o regionales?
–A esta altura tienden a parecerse las preocupaciones y desafíos, las formas en que se constituyen las problemáticas y la caracterización de los actores que intervienen.
En algún momento la producción académica hizo foco en las complicaciones para realizar persecuciones judiciales al crimen organizado. Ahí nos ayudaron muchos los intelectuales alemanes, Claus Roxin y Günther Jakobs por citar sólo a dos; pero también los estudiosos españoles sobre todo cuando se trata de resolver cómo imputar responsabilidad a alguien que no necesariamente ejecutó la acción de propia mano.
Y, los italianos aportaron elementos sobre cómo enfrentar a una estructura organizada de poder, cuando no responden a la noción tradición de jerarquías. Hay que tener en cuenta que en México, los cárteles funcionan sin cadena de mando, están organizados como nodos de una manera tal que muchas veces integrantes de la misma red desconocen la identidad de quienes trabajan en otros puntos de la misma trama.
Otra inquietud académica compartida es el análisis a las figuras jurídicas como actores…
–¿En qué consistiría?
–En la lucha contra cualquier fenómeno, sea de trata de personas, crimen organizado o corrupción en general, debe considerarse que un elemento clave son las empresas, sociedades y/o cualquier persona jurídica pública o privada sin las cuales el proceso quedaría incompleto. Son aliadas fundamentales del delito y así deben ser entendidas.
Guatemala es pionera en cuanto a la responsabilidad penal de la persona jurídica.
–¿Y acá?
–Aún no está debidamente legislado. El otro aspecto es cómo se encara este tipo de investigaciones, lo que es todo un desafío.
–¿Por qué?
–Porque son investigaciones macro, que debemos realizar con ciertas herramientas y recursos y que luego deben ser presentadas de un modo que, mantenga la rigurosidad de los datos colectados, pero que no obligue al juez a dedicarle tanto tiempo como los meses que llevan las escuchas, para poner un ejemplo. Pero no sólo eso: hay que tener en cuenta que si lo habitual es que los delitos complejos tengan decenas de involucrados.
Entonces, es preciso encontrar mecanismos de simplificación para la investigación pero también para el ámbito procesal porque un expediente con numerosos imputados puede dilatarse enormemente si, de a uno, sincronizadamente, van presentando amparos. Por último, hay que presentar las evidencias (muchas veces generadas por equipos numerosos) de un modo que puedan ser elaboradas por una o tres personas (el juez o un tribunal).
Acá se ve con claridad que a estos asuntos hay que discutirlo seriamente entre los distintos sectores y los diferentes estamentos. Son nuevos desafíos que las leyes, reglamentaciones y protocolos deben considerar.
MOTIVOS
–¿Cambiaron las razones por las que se dedicó al Derecho mientras fue perfeccionándose?
–Siempre sentí que el derecho me posibilitaba hacer algo por los otros. Igual, el Derecho es un punto de arranque, que no se agota en sí mismo. A eso lo aprendí, me lo enseñaron y creo que me marcó porque luego lo mismo regresó al conocer otras realidades y ver cómo se delimitan los problemas, cómo se los analiza y de qué manera se los aborda. Tengo claro a estas alturas que no hay verdades absolutas y que el mejor camino es siempre anteponer una duda a una certeza, por convincente que parezca.
De la formación con Jakobs me quedó el convencimiento de que estudiar en profundidad, procurando la solidez conceptual, es un requisito básico; y que, en el mismo sentido, debe haber un esfuerzo metodológico puesto en resolver cómo esos saberes se implican en la realidad. En ese sentido, siempre me he notado más cercana a la perspectiva de las víctimas.
De modo que lo que advierto en retrospectiva es que ha habido una línea de conducción: una base de formación penal, una orientación sistemática y una concepción del Derecho sensible.
–¿Sensible?
–Jakobs plantea que la academia puede aportar conceptos abstractos, genéricos, pero que la relación Sociedad-Derecho es vital, para lo cual hay que desarrollar cierta sensibilidad que permita bajar a tierra el conocimiento producido. La cultura y la norma son aspectos que le dan particularidad a los planteos respecto a qué es permitido, qué es tolerado y qué debe ser sancionado.
ZANCADILLAS
En la reforma de 1994 se otorgó rango constitucional a los pactos internacionales, lo que a todas luces significó un salto cualitativo. De todos modos, en los hechos, suele ocurrir que cuando personajes prominentes o integrantes de grupos organizados, con capacidad para contratar costosos servicios de abogados, empiezan a ser acorralados por la investigación penal, encuentran en teorías de los derechos humanos los atajos que le dan tiempo y oxígeno para recomponer estrategias, dilatar y eventualmente alcanzar la impunidad. Se le preguntó a Quintero si ella tenía la misma impresión.
“Escribí un libro sobre esa relación (‘Sistema de derechos humanos y sistema penal’, disponible en la web), con la idea de reflexionar acerca de si hay interacciones entre ambos y hasta qué punto pueden establecerse conexiones y divergencias”, prologó. Luego, desarrolló esquemáticamente el tema. “Tradicionalmente el sistema penal ha crecido con criterios más bien endógenos, como si no aceptara del todo que muchas de sus pautas vienen del ámbito de los DDHH y viceversa”, expuso, al hacer notar que “hay institutos que han nacido en un sistema y luego fueron naturalizados en el otro y viceversa”, que “nuestras formaciones universitarias se han desarrollado en compartimentos estancos” y que, entonces, “estamos ahora ante un desafío particular que consiste en encontrar las conexiones entre los sistemas, pero también determinar las divergencias”. Fue entonces cuando concluyó que “así, pueden presentarse aparentes contradicciones” que a su vez generen “situaciones de impunidad o entorpecimiento de las funciones de uno y otro” y que se disuelven si se piensa “que sistemas bien diferenciados conviven en un mismo organismo y que lo mismo debe suceder en el derecho”.
–¿Cómo puede darse en la práctica esa conciliación de paradigmas?
–Un buen comienzo es que nos dediquemos a estudiar los dos sistemas, salir de la formación estanca. La reparación del daño es uno de los asuntos que puede ayudar a establecer vasos comunicantes propicios, tan bien abordado por la Corte Interamericana de Derechos humanos.
–¿Qué tan difícil es establecer la reparación adecuada en casos de narcotráfico, corrupción, violencia de género o daño ambiental?
–Ahí, el sistema que desarrolla la Corte Interamericana de DDHH nos aporta muchas luces. Lo hemos visto con la incorporación de los tratados internacionales al texto constitucional: existe una relación que va más allá de lo estrictamente local. Y, en los casos que cita, los mejores aportes han provenido del Derecho comparado.
SITUACIONES
–¿Es una sociedad previsible la guatemalteca?
–No. Guatemala tiene una sociedad dinámica, multicultural, con una buena formación promedio y una fuerte presencia de raíces indígenas, que se hace sentir en la marcha de los asuntos públicos e interviene en la conformación de las agendas. Guatemala es una sociedad en continuo cambio.
Hoy está convulsionada porque se han llevado adelante numerosas investigaciones en materia de corrupción y los sectores afectados son reactivos: van por el todo, tanto como la investigación penal. Y ese cruce de perspectivas genera conflictos muy fuertes, con ataques decididos hacia los operadores de Justicia, que ha llegado a actos para amedrentar a colaboradores extranjeros, como quitar las visas a personas que hicieron un informe financiero, criminal, que formaron parte de un allanamiento o tuvieron participación en un caso.
–¿Cómo llega a Guatemala?
– La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala es producto de un convenio entre la ONU y el Gobierno de Guatemala. El compromiso es desarticular las estructuras organizadas de poder. Es un ejercicio muy interesante. Fue un proyecto piloto: la idea original era quedarnos dos años y ya llevamos once.
–¿Hay resultados para exhibir?
–A esta altura, llevamos más de cien casos de corrupción grande en los que hemos colaborado con las fiscalías y el Ministerio Público. En 2018 se obtuvo un centenar de sentencias, fruto de años de trabajo. Justo en ese período el conflicto con los sectores investigados se ha puesto más virulento: se ha buscado afectarnos institucionalmente de todos los modos imaginables. Pese a eso, avanzamos en 18 casos de macrocorrupción, el mayor número en los últimos diez años.
Entiendo que esa experiencia puede ser útil, aún aceptando que los contextos siempre son únicos. Pero sin dejar de advertir que los intereses, los actores que quieren tomar el poder, los que financian y la forma en que se integran aportantes privados y funcionarios públicos son los mismos.
–¿Qué hace específicamente en la CICIG?
–Estoy a cargo del Departamento de Investigación de Litigio. Mi equipo está conformado por investigadores, analistas financieros, criminales y forenses.
Un mayor grado de apertura
–¿Existe un mínimo común múltiplo que encause las diferencias internas en el sistema judicial?
–Siempre va a haber grupos en pugna, conflictos entre sectores internos, sencillamente porque es parte de la naturaleza humana. Creo de todos modos que el Poder Judicial, aunque es independiente, no debe aislarse: sin perder la identidad, las funciones y las misiones específicas debe ser permeable a los aportes de la academia, de otras experiencias, las organizaciones de la sociedad civil, la judicatura y las instituciones internacionales de Derecho. Pero también debe promover encuentros que revitalicen y enriquezcan la discusión de los corpus normativos macros o micros y el diseño y la evaluación de las políticas públicas. No hay secretos: en la interacción colaborativa de estos actores indispensables, la sociedad va construyendo los consensos en torno a los temas que considera centrales.
Sustancias detrás de una simple sigla
La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala fue establecida como un órgano independiente de carácter internacional, cuya finalidad es apoyar al Ministerio Público, la Policía Nacional Civil y a otras instituciones del Estado, tanto en la investigación de los delitos cometidos por integrantes de los cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos de seguridad, como en general en las acciones que tiendan al desmantelamiento de estos grupos, mediante el apoyo a la investigación y persecución penal de un número limitado de casos complejos, así como mediante otras acciones dentro de su mandato. El comisionado a cargo para el período 2014-2019 es el fiscal colombiano Iván Velásquez Gómez.
Fuente: El Diario
