El alerta surge de distintas organizaciones de la sociedad civil, entre las que se encuentran Asociación Pensamiento Penal, Cels, Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales, Ni una Menos, Asociación contra la Violencia institucional, Campaña Nacional contra la Violencia Institucional, Centro de Estudios de Política Criminal, Observatorio Contra el Acoso, Cátedra de Criminología y Control Social de la Universidad Nacional de Rosario, Cátedra de Crimonología de la Universidad Nacional de Córdoba, Colectivo para la Diversidad, Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores Judiciales Nación, Mujeres al Derecho, Red de Mujeres y Movimiento de Profesionales para los Pueblos informaron a través de un comunicado enviado a EntreRiosYa.
Distintas organizaciones de la sociedad civil alertan sobre el proyecto de ley, que ya tiene media sanción del Senado, que reformaría el Código Penal para prohibir la suspensión del proceso a prueba (probation) para los casos de violencia de género. Mañana se discutirá en la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados.
La suspensión del proceso a prueba es una salida alternativa al juicio oral que reemplaza el juicio por un conjunto de medidas para casos en los que si hubiera una condena, la misma no superaría los 3 años de privación de libertad y/o en suspenso. No son medidas aplicables para femicidios o violaciones.
Las organizaciones detallaron, en un documento destinado a los diputados, diez razones para no prohibir la probation en casos de violencia de género. Entre los puntos más importantes destacan que una salida alternativa al castigo penal, como la probation, bien implementada y debidamente supervisada ofrece la posibilidad de reparar el daño que se ha producido. Asimismo, señalan que el Estado no trata como sujetos de derecho a las víctimas de violencia de género sino que las usa como excusa para aumentar el castigo penal y que un uso responsable de la probation permitiría revisar la cultura patriarcal de la que el castigo punitivo es parte. A su vez, indican que el castigo penal no guarda ninguna relación con la reducción de la violencia.
Esta reforma lejos de abordar adecuadamente este tema, esconde el problema. El proyecto no está dirigido a que las intervenciones judiciales sean parte de la reducción de violencia y por el contrario se contenta con un discurso punitivo de comprobada ineficacia.
Por otra parte, las organizaciones firmantes esperan que la Cámara de Diputados atienda los argumentos y abra una discusión genuina para abordar con seriedad la relación entre justicia penal y violencia de género. (Entre Ríos Ya)
