Este lunes comienza el juicio por la causa de una escuela rural Nº 44 «República Argentina», de Colonia Santa Anita, en el departamento Uruguay. Hay tres personas acusadas.
Este lunes comienza el juicio por la causa de una escuela rural Nº 44 «República Argentina», de Colonia Santa Anita, en el departamento Uruguay. Cabe recordar que el 4 de diciembre de 2014 una avioneta fumigó un campo cercano al edificio, afectando gravemente la salud de docentes, alumnos y directivos.
La lucha del gremio AGMER, en el marco de la campaña Paren de Fumigar las Escuelas, derivó en una denuncia y posterior actuación de la Justicia.
El debate oral y público se realizará en los tribunales de Concepción del Uruguay y los jueces que resultaron sorteados son Fabián López Mora, Mariano Sebastián Martínez y Mariela Emilce Rojas de Di Pretoro.
Al banquillo de acusados serán llevados el presidente de la empresa fumigadora de Villaguay Aero Litoral SA, Erminio Bernardo Rodríguez; el titular del campo de arroz y maíz que contrató la fumigación con agrotóxicos, José Mario Honecker; y el piloto que manejaba la aeronave, César Martín Visconti.
Los tres están acusados por la comisión de los supuestos delitos de «lesiones leves culposas y contaminación ambiental culposa» de acuerdo con el artículo 56 de la Ley 24.051 (de Residuos peligrosos) y el 89 del Código Penal. La pena máxima para este tipo de delito es de tres años.
A Honecker se le endilga haber contratado los servicios de la firma Aero Litoral para el campo ubicado entre los kilómetros 7 y 11, de la zona rural de localidad de Santa Anita, con empleo de productos químicos calificados como residuos peligrosos por la ley nacional Nº 24.051.
La labor de fumigación estuvo a cargo de César Martín Visconti, dependiente de la empresa Aero Litoral SA, que en el momento de los hechos era presidida por Erminio Rodríguez.
El pasado 4 de julio, durante la audiencia de remisión de la causa a juicio, la fiscal Melisa Ríos señaló que en la pulverización aérea hubo un «déficit en la organización» ya que no se arbitraron «los recaudos necesarios para que la labor contratada se ajustara a la legislación vigente y no alcanzara a terceros, ocasionando perjuicios a la salud y al medio ambiente consistentes en: no limitarse en el uso de agroquímicos como era necesario por la existencia de la escuela Nº 44 República Argentina a distancia menor de 50 metros del lote sembrado; no comunicar de manera fehaciente con 48 horas de anticipación de la realización de la pulverización aérea en el lote a los pobladores lindantes, a los docentes, alumnos y progenitores o responsables de estos, y a la municipalidad adjuntando la receta agronómica».
La fiscal también señaló que al momento de la aspersión del químico no había un técnico con conocimiento en la materia; y que la firma contratada para la fumigación no contaba con la habilitación correspondiente para efectuar ese tipo de trabajo. Por otro lado, refirió que los alumnos ?entre los cuales había niños de 5, 9 y 10 años- y la directora de la escuela, Mariela Leiva, sufrieron diferentes síntomas producto del químico diseminado.
La fiscal Ríos confirmó que el juicio fue fijado para «los días 18 a 22 de septiembre, en la Sala Penal de Concepción del Uruguay».
El delito de lesiones leves culposas por la que están imputadas las tres personas tiene una pena máxima de 3 años. Sobre ese punto, la fiscal adelantó que solicitará una pena que se ubica «en el primer tercio del marco legal, porque estas personas no tienen antecedentes».
Al finalizar, remarcó que para la fiscalía «las tres personas son responsables por igual de los daños causados». (El Once)