La medida judicial es en el marco de la causa que se investiga por contrataciones en el marco de la 47° Cumbre de Presidentes del Mercosur.
El exgobernador de Entre Ríos y actual diputado provincial, Sergio Urribarri, fue imputado por los fiscales Santiago Brugo y Alejandro Cánepa, por los presuntos delitos de «peculado y negociaciones incompatibles con la función pública», en la causa que investiga contrataciones en el marco de la 47° Cumbre de Presidentes del Mercosur celebrada en diciembre de 2014 en Paraná, informaron fuentes judiciales.
La causa se inició en la contratación de la productora Nelly Entertainment SA para la difusión de cuatro spots publicitarios de promoción de la Cumbre de Presidentes del Mercosur. En rigor, tres de promoción del evento, y uno de agradecimiento tras su conclusión. El expediente tiene fecha de inicio el 25 de noviembre de 2014 y se gestionó rápidamente, pasando en pocos días incluso por el Tribunal de Cuentas.
Inicialmente la contratación era por 31, 4 millones de pesos, y luego se corrigió la cifra llevándola a 28,4 millones
Brugo y Cánepa entienden que el exgobernador firmó el Decreto N° 4.800 de 2014, que autorizaba la operación intentando «soslayar procedimientos de contratación pública y los controles respectivos», para lo cual se la encuadró «en el marco de la Ley N° 10.327(artículo 2), pese a no ser necesaria ni inherente para la realización de la 47 Reunión Ordinaria del Consejo del Mercado Común (Mercosur). A tales fines se direccionó la contratación de la difusión nacional de los cuatro spots referidos, a favor de la empresa Nelly Entertainment SA, en la persona de su presidente, Jorge Ernesto Rodríguez, quien además de conocer la diversa finalidad de la contratación, contó con información privilegiada que le permitió la presentación de la oferta y hacerse adjudicatario de la misma», explica el escrito.
También indicaron que esa contratación tuvo «la imprescindible participación del exministro de Cultura y Comunicación, Pedro Báez, quien en el marco de su rol funcional», la avaló y refrendó el Decreto 4.800.
Los fiscales creen que, en realidad, el único propósito de los spot era «instalar su precandidatura a presidente de la Nación en las elecciones generales del año 2015». (UNO)
