En la Cámara de Senadores se puso en marcha la tarea de dar de baja designaciones irregulares dispuestas en el período anterior por la entonces vicegobernadora Laura Stratta. Con una mecánica distinta a la que aplica Gustavo Hein en la Cámara de Diputados, en el Senado las personas señaladas están siendo citadas y se les ofrece la posibilidad de renunciar antes de la exoneración. En la lista figuran ex funcionarios de Gustavo Bordet, un conductor radial y operador mediático del peronismo, que está al aire en horario de trabajo y un miembro del Tribunal de Cuentas.

Los mensajes comenzaron a llegar el viernes de la semana pasada desde la Dirección de Recursos Humanos del cuerpo. Los receptores son citados a reuniones que pueden ser con el responsable del área o con la secretaria coordinadora del Senado, Julieta Sosa.

En esos encuentros, se informa al personal designado de manera irregular que no cuenta con estabilidad laboral y se les dan dos opciones: renunciar o ser dados de baja.

Hasta el momento no trascendió cuáles son las decisiones mayoritarias. Habrá quienes prefieran renunciar y reducir la exposición pública, como ya hicieron el senador Víctor Sanzberro (PJ-Victoria), el ex intendente de Federal, Gerardo Chapino (PJ) y el ex senador Juan Carlos Kloss (PJ-Paraná).

También habrá quienes decidan presentar recursos administrativos o judiciales, como pasó en la Cámara de Diputados con uno de los hijos del ex intendente de Paraná, Adán Bahl, y con ex concejales y dirigentes del espacio del ex presidente del cuerpo, Ángel Giano, aunque con el antecedente de que fueron rechazados en Tribunales.

A la par, se está dando marcha atrás con las recategorizaciones otorgadas en el último tramo de la gestión anterior, muchas de ellas a personas sin estabilidad laboral y con menos de un año de antigüedad. Se detectaron casos de personas recategorizadas en ausencia, que fueron designadas en planta permanente, automáticamente pidieron licencia para continuar ocupando algún cargo y aún así obtuvieron mejoras en sus categorías de revista sin haber pisado la Legislatura.

Para esta semana estaba programada una reunión de la bancada del PJ para analizar el tema. Sucede que muchas de las personas cuyas designaciones se están dando de baja buscaron refugio mediante las denominadas “afectaciones”. Se trata de disposiciones administrativas mediante las cuales un empleado de un área va a trabajar a otra, siempre dentro de la cámara.

Coincide que muchas personas designadas de forma irregular pidieron afectaciones al bloque o a los despachos de distintos legisladores del peronismo. Un punto importante es que estas personas no deben registrar asistencia en reloj, con lo cual un gran número directamente no concurriría a trabajar.

Para estos casos, se especula con que a los que realmente trabajan el bloque o los legisladores les confeccionarían contratos de obra. También empieza a haber descontento ante versiones de distinta vara y de algunos “salvados” o “intocables” que no serían dados de baja, pese a estar en la misma situación irregular que el conjunto.

Un caso saliente por lo conocido del personaje es el del ex diputado provincial Rubén Almará (PJ), designado por Stratta en la planta permanente del Senado en los últimos meses de gestión de Gustavo Bordet, como un favor político. Para zafar del horario de 8 a 13 que cumple el personal legislativo y poder seguir haciendo su programa de radio matutino, el animador consiguió su afectación al despacho de la senadora Patricia Díaz (PJ-La Paz). Quizás a modo de contraprestación, entrevista repetidamente al esposo de la senadora, el intendente de Santa Elena Domingo Daniel Rossi, y a su abogado defensor, Carlos Guillermo Reggiardo.

En las últimas horas, según fuentes de la Legislatura, se supo que Almará figuraba en la lista de quienes serían citados para comunicarles la baja. No obstante, llamados insistentes desde la primera línea del gobierno provincial lograron paralizar la decisión, pese a su condición de peronista y de haber dicho barbaridades del propio Rogelio Frigerio y varios de sus allegados más directos, en plena campaña y durante estos 120 días de gobierno. Los pedidos de clemencia a la vicegobernadora no solo llegaron desde sectores muy marcados del Poder Ejecutivo provincial sino también desde altas esferas del municipio paranaense. Almará (de 67 años) había sido ubicado como asesor en ausencia permanente de la Vicegobernación, en la gestión de Adán Bahl, con un contrato que siguió durante la gestión de Laura Stratta, quien antes de irse lo pasó a planta. De esta manera se jubilará en próximos meses con una remuneración superior a los 2 millones de pesos.

También en situación de revisión y baja estarían, entre otros, los ex funcionarios de Bordet Franco Ferrari, ex secretario General de la Gobernación; Maricel Brusco, ex secretaria de Comunicación; Valeria Migueles, ex secretaria de la Mujer; Lucio Amavet, ex secretario de Agricultura; Pedro Gebhart, ex subsecretario de Desarrollo Económico; Néstor Rodríguez, ex director de la Biblioteca Provincial; y Juan Pablo Zacarías ex director de la Secretaría de Modernización.

Todos se desempeñan en el Estado hace años, pertenecían a distintas reparticiones y, probablemente por los servicios prestados, se buscó asegurarles un sueldo de los más altos de la administración. Aunque varios se cuidaron de gestionar estos trámites en 2022 (para tener más de un año de antigüedad al momento del recambio institucional) como pidieron en el mismo acto licencia para seguir siendo funcionarios, esa antigüedad se les cuenta desde que se presentaron a trabajar en la Legislatura, el 10 de diciembre del año pasado. Varios renunciaron a sus puestos de empleados en el Estado de toda la vida, con lo cual ante la baja quedarían en una situación complicada.

Hay casos también como el de Lorenzo Daniel Almada, quien fue designado secretario de Gobierno en la Municipalidad de Victoria por la intendenta Isa Castagnino y renunció a los 10 días. Almada consiguió el pase al Senado en 2023 de su cargo en planta en la Dirección Departamental de Escuelas de Victoria.

O el caso de Jorge Otegui, que se desempeñaba como secretario de Hacienda de Bordet, logró el traspaso de su cargo de planta de la Tesorería General de la provincia a la Cámara de Senadores en febrero de 2023 y en noviembre fue designado con acuerdo del Senado como fiscal del Tribunal de Cuentas.

Un repaso por el Boletín Oficial permite rastrear más pases a la planta del Senado desde distintos organismos del Estado en el último año de la gestión anterior. Según informó Frigerio ante la Asamblea Legislativa, entre 2019 y 2022 no hubo designaciones en la planta del Senado y a la totalidad Stratta las realizó durante 2023, es decir que todas son pasibles de ser revisadas y, eventualmente, dadas de baja.

Algunas de las personas que se encuentran en esta situación son:

-Verónica Guimarey (pase desde Ministerio de Gobierno)
-Carlos Jesús Ayala (pase desde Ministerio de Salud, hospital de Ceibas)
-Verónica Olivero (pase desde Ministerio de Desarrollo Social)
-Solange Bacalluzzo (pase desde Ministerio de Planeamiento). Y a la vez tenía un contrato de obra en el Concejo Deliberante de Paraná, firmado por Andrea Zoff como presidenta del cuerpo.
-María Paz Álvarez (pase desde Ministerio de Desarrollo Social)
-Walter Maina (pase desde Secretaría General de la Gobernación)
-Maximiliano González (pase desde Secretaría General de la Gobernación)
-Nancy Martínez (pase desde CGE)
-Omar Bisheimer (pase desde Ministerio de Desarrollo Social)
-Reynaldo Martínez (pase desde Iprodi)
-Juan Ignacio Firpo (pase desde Ministerio de Planeamiento)
-María Florencia Piva (pase desde Ministerio de Planeamiento)
-Héctor Montenegro (pase desde Ministerio de Planeamiento)
-Víctor Casco (pase desde Ministerio de Planeamiento)
-Gabriela Krenz (pase desde Ministerio de Economía)
-Jorge Mesquida (pase desde Caja de Jubilaciones)
-Raúl González (pase desde Caja de jubilaciones)

A estos nombres hay que sumar otros que no tenían un puesto en planta para ser traspasado, sino que sin tener antigüedad alguna en el Estado fueron designados directamente en planta permanente de la Cámara de Senadores.

La revisión de las designaciones y la anulación de las que aparezcan como irregulares es una instrucción política que el gobernador Rogelio Frigerio impartió a los presidentes de ambas cámaras legislativas. Así lo dejó en claro la vicegobernadora Alicia Aluani con una publicación en redes sociales realizada el 10 de enero.

“Siguiendo con la tarea encomendada por nuestro gobernador o, que no es otra que la de cuidar los recursos de todos los entrerrianos, en la Cámara de Senadores se están evaluando detalladamente cada uno de los expedientes de nombramientos”, informó. A tres meses de ese mensaje empezaron a conocerse, a cuentagotas, los primeros resultados.

Fuente: Análisis

En el marco de la cuarta sesión ordinaria del 145° periodo legislativo, que fue presidida por Gustavo Hein, la Cámara baja aprobó el dictamen de mayoría de las comisiones de Empleo, Previsión y Seguridad Social y de Legislación General para derogar la Ley 4.506 y sus modificatorias, sobre el régimen de pensiones especiales o graciables otorgadas por la provincia. La media sanción se logró por unanimidad en general y por mayoría en la votación en particular.

La iniciativa apunta a prohibir que los gobernadores y vicegobernadores sean beneficiarios de esas pensiones una vez finalizada la función. Además, prevé regular incompatibilidades y causales de caducidad para quienes ya perciben estos beneficios.

“Este proyecto tiene que ver con la igualdad ante la ley. Esto que el ciudadano común interpreta como jubilaciones de privilegio, no es equitativo cuando a los trabajadores se les exige una determinada edad y una determinada cantidad de años de aportes para poder jubilarse”, argumentó la diputada Érica Vilma Vázquez (Juntos por Entre Ríos), quien preside la comisión de Empleo, Previsión y Seguridad Social.

Andrea Zoff (Más para Entre Ríos) expuso sobre las razones del dictamen de minoría presentado por su bloque. Expresó que “en Entre Ríos no hay jubilaciones de privilegio” y aclaró que “la derogación de esta pensión vitalicia no repercute en el déficit de la Caja de Jubilaciones”. Agregó que el dictamen de minoría buscaba “mejorar el proyecto”.

Impuestos a servicios financieros

La Cámara aprobó también, en este caso por unanimidad en general y en particular, el proyecto del diputado Juan José Bahillo (Más para Entre Ríos) por el que se modifican las alícuotas del artículo 9° de la Ley Impositiva N° 9.622 y sus modificatorias, del impuesto a los Ingresos Brutos, para la intermediación financiera y servicios financieros. Se dispone un incremento de 8% a 9%, con el objetivo de equiparar estas alícuotas con las que rigen para el resto de la Región Centro.

Bruno Sarubi (Juntos por Entre Ríos), presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuentas, destacó que “este proyecto de ley es beneficioso para todos los entrerrianos”, al tiempo que aseguró: “Es una necesaria respuesta de equidad, por el contexto que tenemos”.

Por su parte, Bahillo remarcó: “Es bastante excepcional que la oposición proponga suba de impuestos, que por lo general es iniciativa del Ejecutivo”, por lo que destacó la “responsabilidad” de su bloque para darle al gobierno herramientas para sostener el nivel de recaudación. Agregó que “el sector financiero es el que tiene mayor capacidad de pago”.

Modificación de la estructura policial

Por otro lado, tuvo media sanción el dictamen de la Comisión de Seguridad respecto del proyecto del Poder Ejecutivo que modifica artículos de la Ley Orgánica de la Policía de Entre Ríos N° 5.654. Mediante estos cambios, se especifica la dependencia de la fuerza del nuevo Ministerio de Seguridad y se reforma su estructura organizacional con la creación de dos jefaturas, una por la costa del Paraná y otra por la del Uruguay. Además, se agregan dos nuevas divisiones: Investigación de Actos de Corrupción y Análisis y Prospectiva.

Carola Laner (Juntos por Entre Ríos), quien preside la comisión de Seguridad, subrayó que el objetivo es “dinamizar el trabajo de la institución”, de acuerdo con “la impronta del ministro Néstor Roncaglia” de hacer frente a las nuevas tendencias delictuales.

Junto al oficialismo, votaron a favor en general y en particular el Partido Conservador Popular y La Libertad Avanza. Los bloques Más para Entre Ríos y Fe y Libertad acompañaron en general, pero manifestaron disidencias con dos artículos.

Energía

Finalmente, se aprobó por unanimidad el dictamen de la Comisión de Energía sobre el proyecto de resolución, del diputado Rubén Rastelli (Juntos por Entre Ríos), por el que se solicita que los excedentes del complejo hidroeléctrico de Salto Grande sean liquidados según la modalidad previa a la resolución 406/2003 de la Secretaría de Energía de la Nación.

“Ante el hecho de no poder cumplir con el desarrollo de la región de Salto Grande, para lo cual fue creada la represa, es que solicitamos la actualización de los valores de la energía que recibe la provincia y la remisión de los fondos adeudados por el gobierno nacional”, sostuvo Rastelli.

Homenajes

Fabián Rogel (Juntos por Entre Ríos), Lénico Aranda (Juntos por Entre Ríos), Roque Fleitas (La Libertad Avanza), Laura Stratta (Más para Entre Ríos) y Jorge Maier (Juntos por Entre Ríos) se expresaron sobre el 42° aniversario de la guerra de Malvinas y rindieron homenaje a los veteranos y caídos.

Lorena Arrozogaray (Más para Entre Ríos) recordó al docente Carlos Fuentealba, asesinado en Neuquén el 4 de abril de 2007. Stefanía Cora (Más para Entre Ríos) hizo referencia a que el 10 de abril es el Día del Investigador Científico. Mariel Ávila (Más para Entre Ríos) habló sobre el Día Mundial de Concientización sobre el Autismo, que se conmemoró el 2 de abril.

Mediante un decreto fechado a fin de año, el gobernador Rogelio Frigerio dispuso la revisión de todos los pases a planta efectuados desde junio de 2022. En el proceso aparecieron todo tipo de irregularidades. Una de ellas, detectada en el Ministerio de Planeamiento, llamó especialmente la atención, a punto tal que el mandatario la mencionó en su mensaje a la Asamblea Legislativa. “Hicieron figurar un expediente de pases a planta con el nombre de ‘aportes al municipio de San Justo’ para que no pudiéramos encontrarlos”, reveló.

Según publica Análisis, se rastreó las designaciones en cuestión, que corresponden a 10 funcionarios políticos de la gestión anterior que fueron pasados a planta antes del recambio institucional. No obstante, lejos de darse marcha atrás con las designaciones, la mayoría fueron nombrados nuevamente funcionarios, con retención de sus cargos en planta.

Las revisiones fueron dispuestas en el decreto 294 fechado el 29 de diciembre. “En estos primeros días de gestión se han podido advertir numerosos pases a planta de personal y transferencias de cargos a otros organismos e incluso al Poder Legislativo realizados en el último año”, se argumentó.

Puntualmente, se ordenó un relevamiento de los pases a planta, transferencias de cargos y recategorizaciones hechos en los anteriores 18 meses.

En esa revisión surgieron irregularidades de todo tipo. “En el Ejecutivo provincial estamos rastreando área por área para poder contarles el número exacto de cuántos pases a planta permanentes hubo, pero la oscuridad y viveza eran tan grandes que no es fácil”, mencionó Frigerio en su mensaje del 15 de febrero.

Y puso un ejemplo: “En el Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios las autoridades anteriores hicieron figurar un expediente de pases a planta con el nombre de ‘aportes al municipio de San Justo’ para que no pudiéramos encontrarlos”.

La referencia, según pudo determinar el portal Análisis, fue al expediente nº 2772753 iniciado en la Mesa de Entradas del Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, el 15 de diciembre de 2022.

La carátula aludía a la Municipalidad de San Justo y se encuadraba el trámite en el ítem “municipios, comunas y juntas de gobierno”.

El expediente dio origen al decreto 4.921, del 30 de diciembre de 2022, firmado por la vicegobernadora Laura Stratta y el ministro de Planeamiento, Marcelo Richard.

El contenido nada tenía nada que ver con San Justo y, en cambio, disponía la incorporación a planta permanente con categoría 4 de 10 funcionarios políticos de la cartera, con retroactividad al 1º de diciembre de ese año.

De esta manera, a la fecha de finalización de la gestión, tendrían poco más de un año de antigüedad, los que los dejaría a salvo de las revisiones usuales que se extienden un año para atrás.

A la planta de la Subsecretaría de Arquitectura y Construcciones se incorporaron:

• -Elizabeth Soledad Pozzi, directora de Obras Sanitarias
• -Celestino Brutti, director de Obras Centralizadas.
• -Brenda Bianchi, coordinadora técnica de Planeamiento.
• -Matías Manuel Díaz, coordinador de la Unidad Ejecutora Provincial
• -Cristian Daniel Brasseur, coordinador de Proyectos con Financiamiento Externo
• -Diego Romero, director de Estudios y proyectos
• -Lucas Servín, coordinador de Obras
• -Santiago Gastón Langhi, coordinador general.

El secretario de Transporte de la provincia, Maximiliano Gastón Villa, fue nombrado en planta en la repartición a su cargo y la secretaria de Planeamiento María Eugenia Mayr, pasó a ser empleada de planta en la Secretaría de Inversión Pública de la cartera.

La gestión de Frigerio, con el ex intendente de Crespo Darío Schneider al frente del Ministerio de Planeamiento, no dio marcha atrás con las designaciones en planta.

No importó la irregularidad de origen de caratular mal el expediente, ni tampoco los cuestionamientos en ámbitos de la cartera, dado que los trámites no cumplían con el instructivo acordado en paritarias.

Incluso, mediante sendos decretos publicados en el Boletín Oficial con fecha 13 de diciembre, la mayoría fueron vueltos a designar en los cargos políticos que ocupaban, con remuneraciones fuera de escalafón, “con retención de sus cargos de planta permanente en la administración pública provincial” en los que se desempeñaron formalmente solo por 11 días gracias a las eternas trampas de la administración.

De esta manera, casi como una falla del sistema, la gestión actual convalidó lo que apuesta a combatir con normas como la ley de transición, que apunta a que los funcionarios políticos se vayan a su casa al término de la gestión que los convocó, o que sigan si se considera, pero que en ningún caso pasen a ocupar vacantes de la planta del Estado.

Fuente: Análisis