Los intendentes José Luis Walser, Gustavo Bastian y Julio Pintos, junto al jefe de Policía Departamental, comisario mayor Sergio Goró, llevaron a cabo este martes por la mañana la firma de un “Acuerdo de Cooperación Inter- Institucional Integrado Regional COVID-19”, en un encuentro llevado a cabo en el salón del Concejo Deliberante liebileño.

El objetivo es coordinar acciones en la implementación de la denominada Fase 5 de la pandemia en la cual se encuentra la región, garantizando la libre circulación de bienes, servicios y factores productivos, como de vecinos, entre las tres localidades, siempre en el marco de las recomendaciones vigentes.

Las partes coincidieron en avanzar en la incorporación del resto de las jurisdicciones (municipios, comunas y juntas de gobierno) del Departamento Colón, previa evaluación del riesgo socio-sanitario.

El acuerdo comenzará a regir a partir de la medianoche del miércoles 3 de junio.

El Entre Ríos – Municipalidad de Pueblo Liebig

El Consejo General de Educación estableció la nueva escala que se usará para evaluar los aprendizajes de los alumnos. Según se pudo acceder al modelo que se usará para los informes que se entregarán entre el 22 y el 26 de junio.

El Consejo General de Educación emitió la resolución 2005 en la cual establece orientaciones para la evaluación de los procesos de aprendizaje en el marco de la emergencia sanitaria para todos los niveles y modalidades de la educación en Entre Ríos, al tiempo que da las recomendaciones generales para el trabajo institucional.

En el escrito, de 42 páginas, el organismo hace referencia a que debido a la «suspensión del dictado de clases presenciales en los niveles inicial, primario, secundario en todas sus modalidades, e institutos de educación superior», «las autoridades educativas de la provincia, las escuelas e institutos, los/as docentes y las familias han desplegado una amplia variedad de acciones con el objetivo de sostener y mantener la presencia de la escuela en todos los hogares, posibilitando la continuidad pedagógica en el período de no presencialidad, y fortaleciéndose la tarea de acompañamiento de los/as alumnos/as en la comunicación sostenida entre los equipos institucionales».

Tras hacer referencia que «ninguna acción educativa apoyada únicamente en la virtualidad o la distancia sustituye la tarea de la escuela», el CGE consideró «necesario tomar decisiones sobre las instancias de acreditación de aprendizajes y la promoción del año escolar adecuándolas a las actuales condiciones que han incidido en la organización del Calendario Escolar del ciclo lectivo 2020».

Recuerda que estaba previsto que los trimestres para la educación obligatoria finalizaran el 29 de mayo, el 4 de septiembre y el 16 de diciembre, señala que «los plazos que deberán flexibilizarse debido a la continuidad del aislamiento social, preventivo y obligatorio».

A partir de ello, el Consejo de Educación busca establecer «pautas comunes que permitan ordenar este período excepcional sobre la evaluación, acreditación y promoción de los aprendizajes con el objetivo de aplicar criterios que den cuenta de una evaluación formativa que mira atentamente la singularidad de los procesos en este tiempo».

Precisa que «en el marco de la evaluación formativa, se continuará valorando aprendizajes que los/as estudiantes realizan y acompañando esos procesos en todo este período, pero sin acreditación de saberes ni calificación, propiciando que las actividades evaluativas no transcurran escindidas de aquello que el enseñar y/o acompañar pudieron o no lograr durante este tiempo».

A partir de estas consideraciones, el documento formado por el titular del CGE, Martín Müller y los vocales del organismo, se dispuso que «el cierre del trimestre en esta etapa no aplicará escalas numéricas o conceptuales de calificación, en función de que esta convención del sistema no garantiza una valoración justa de la heterogeneidad de trayectorias individuales y colectivas de las poblaciones escolares en este periodo de emergencia sanitaria».

Asimismo, se estableció que «las instituciones educativas darán a conocer a las familias entre el 22 y 26 de junio del corriente, un informe sobre la evaluación de los procesos de aprendizajes llevados a cabo por niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos durante el período de aislamiento social, preventivo y obligatorio», de acuerdo al modelo que consta en el Anexo II de la presente norma.-

En este sentido, aclaran los criterios para las marcaciones:

– «sí»: es equivalente a siempre, en todas las situaciones;

– «no»: es equivalente a nunca;

– «algunos/as», «a veces»: están en relación a la formulación afirmativa de su realización, es decir, «realizó algunas actividades», «a veces hay un adulto en la casa». En los casos que hayan realizado la actividad ‘casi siempre’ y la valoración ‘algunas veces’ resultará en minusvalía de lo presentado, se podría marcar el ‘sí’. Es decir, que no hay pretensión de marcar excesivamente al detalle cada acción, sino el proceso y/o su tendencia en algunos sentidos.

Acerca de la entrega/envío de Informes a las familias

Las escuelas arbitrarán los medios para hacer llegar a las familias por las vías acordadas en cada caso, los informes de los estudiantes; salvo en los casos que no sean posibles las comunicaciones online, se entregarán impresos en la escuela o se enviarán por las vías utilizadas con la entrega de cuadernillos Seguimos educando.

Se solicitará que en todos los casos el padre/madre/tutor/tutora/adulto responsable responda con el «recibido» y su acuerdo a lo informado, como también que pueda realizar las consultas, plantear dudas o comentar su desacuerdo con el mismo.

Se sugiere enviar el informe con la explicación acerca de los criterios utilizados para su confección.

El colectivo docente y la familia respondieron con gran compromiso, compartiendo responsabilidades en el sostenimiento de la continuidad pedagógica de miles y miles de niños/as, adolescentes, jóvenes y adultos que asisten a los diferentes niveles y modalidades del sistema educativo entrerriano. Este documento debe ser el reflejo de este esfuerzo compartido. (Elonce)

El Intendente de la localidad correntina de Mocoretá ratificó que regresan a fase 1 de la cuarentena pero «más estricta. No entra ni sale nadie del pueblo. Sólo funcionan comercios de alimentos, farmacias y estaciones de servicio».

«Debemos reconocer que perdimos el rastro del virus», dijo Juan Pablo Fornaroli, intendente de Mocoretá, localidad situada a 15 kilómetros de Chajarí, la ciudad entrerriana donde el sábado se confirmó un caso de Covid 19.

El jefe comunal admitió que «evidentemente cometimos errores, pero no lo volveremos a hacer porque no vamos a permitirnos perder una vida por esto».

«La comunidad está cumpliendo estrictamente el aislamiento. Es necesario que cumplamos con lo definido como Fase 1. Lo que admitimos es que le perdimos el rastro al virus, pero vamos a trabajar para evitar todo tipo de propagación», dijo a Radio Dos.

Acotó que «fuimos a un camino de medidas estrictas, porque entendemos que la situación lo amerita. El objetivo final de cada una de las medidas es garantizar la salud de los vecinos, ya que no estamos dispuestos a perder ninguna vida», insistió.

«La fase 1 más estricta significa que solamente estarán funcionando los comercios encargados de abastecer de alimentos, como así también las farmacias y estaciones de servicio», explicó Fornaroli. A su vez, referenció que «dividimos al pueblo en tres zonas, por lo que los habitantes de cada una de ellas no podrá transitar por las demás. A estas zonas se les asignó distintos comercios en los que pueden abastecerse»

«La medida principal es el cierre total del pueblo, es decir que no entra ni sale nadie. La producción en proceso podrá salir este fin de semana, pero de regreso deberán cumplir con la cuarentena quienes viajen. La actividad de toda la población, salvo las cuestiones esenciales, se paralizan por el plazo de una semana, dado que vamos a ir avanzando con el trabajo en conjunto con Epidemiología de la Provincia y las fuerzas de seguridad. También se harán más hisopados en habitantes de la localidad», completó.

El gobernador Gustavo Bordet autorizó las reuniones familiares de hasta 10 personas, así como algunas disciplinas deportivas personales y la habilitación de centros comerciales y galerías. El detalle de las nuevas habilitaciones.

En el marco de la apertura gradual de la cuarentena por la pandemia de coronavirus, el gobernador Gustavo Bordet decidió autorizar las reuniones familiares de hasta 10 personas, así como algunas disciplinas deportivas personales y la habilitación de centros comerciales y galerías.

La decisión fue comunicada por el mandatario durante la reunión de gabinete que se realizó este lunes, luego de evaluar junto a las autoridades del Ministerio de Salud y del Comité de Emergencia Sanitaria (Coes) las nuevas actividades que se exceptuarán teniendo en cuenta la realidad sanitaria de la provincia.

Como en los casos anteriores, serán los intendentes los que deberán decidir la forma en que se habilitarán las nuevas excepciones en sus respectivas comunas y tendrán a su cargo el control del cumplimiento de las mismas de acuerdo a los protocolos.

Luego del encuentro que se desarrolló en la Casa de Gobierno, el ministro de Producción, Turismo y Desarrollo Económico. Juan José Bahillo, precisó que, luego de un informe exhaustivo de la ministra de Salud, Sonia Velázquez, sobre la situación actual, «el gobernador ha decidido avanzar en nuevas autorizaciones de nuevas actividades, las que se vienen trabajando conjuntamente con salud y producción, evaluando debidamente».

En este sentido, indicó que se autorizaron las reuniones familiares de hasta 10 personas: «Quiero destacar que son reuniones familiares, no sociales, para permitir el grupo familiar, donde están los afectos más cercanos que se puedan realizar estas reuniones».

Por otro lado, Bahillo detalló que no se tendrá que gestionar permiso para trasladarse a una reunión familiar; «si un control le pregunta a dónde se dirige, la persona podrá responder a una reunión familiar, y eso es suficiente porque es una actividad habilitada. De todos modos deberá demostrar domicilio, a dónde se dirige, todos los datos, pero en definitiva se está trasladando para una actividad que esta exceptuada, permitida, por lo cual no debe tener inconvenientes para llegar a la casa del familiar».

Se habilitarán los centros comerciales y galerías

Además, a pedido de algunos intendentes «con algunas realidades en particular de algunas ciudades, se habilitarán los centros comerciales y galerías, esto tiene que ver específicamente con un par de lugares de la provincia».

Apertura parcial de los clubes

Luego, «se avanza con actividades deportivas, individuales, no deportes de contacto ni de grupo. Mañana o pasado a más tardar estarían saliendo las resoluciones correspondientes para habilitar las disciplinas deportivas de tenis, paddle, pelota paleta, bochas individual y golf», precisó y afirmó que «esto permite la apertura parcial de los clubes para el desarrollo de estas actividades específicamente y también de los emprendimientos privados».

El ministro aclaró que «no se podrán abrir los vestuarios de los clubes, la gente que va hacer las disciplinas deportivas tiene que ir lista desde la casa y no estarán permitidos los vestuarios ni en los clubes ni en los emprendimientos privados donde se puedan desarrollar estas actividades deportivas».

Con respecto a los deportes individuales que se habilitarán en estos días, Bahillo señaló que «emitimos una resolución por la cual se autoriza el ejercicio de estas actividades y quienes habiliten de manera específica con protocolos correspondientes son los municipios. Esto es una modalidad distinta a la que usamos la semana pasada, donde la actividad de los hoteles y de los restaurantes ya salió con protocolo de seguridad desde la provincia. En este caso son los municipios los que habilitan de manera específica con los protocolos correspondientes porque son ellos quienes conocen las realidades, saben qué capacidad de control tienen y se puede dar el caso de que algún intendente por las razones que entienda válida no quiera habilitar estas actividades, con lo cual el gobernador deja esto como decisión de los intendentes».

Más adelante, el funcionario mencionó que las actividades se van autorizando de manera gradual. «Se va evaluando de manera muy responsable y muy profesional durante la semana con las autoridades de Salud y de Producción, y después el gobernador en base a esos informes va tomando las decisiones que nos permiten ir avanzando de manera gradual y paulatina en las excepciones».

«Necesitamos que las conductas individuales de las personas sigan siendo muy responsables como hasta ahora», dijo Bahillo e insistió finalmente en que «este estatus sanitario que tiene Entre Ríos está sustentado en dos cuestiones: primero sobre buenas decisiones políticas por parte de un muy buen equipo de trabajo del Ministerio de Salud, muy buenas políticas aplicadas bajo la decisión del gobernador Bordet, pero también porque la ciudadanía entrerriana ha tomado esto con mucha responsabilidad en cuanto al distanciamiento social y a las conductas individuales que tenemos que tener porque, como nos gusta decir, para cuidarnos entre todos, primero nos tenemos que cuidar individualmente». (Elonce)

Dejarán constancia de que «en el día en que solicita el acceso al mercado y en los 90 días corridos anteriores no ha concertado ventas de títulos valores con liquidación en moneda extranjera o transferencias de los mismos» al exterior.

Desde este lunes, los ahorristas que quieran adquirir los 200 dólares mensuales permitidos por el Banco Central deberán presentar una declaración jurada en la que dejarán constancia de no haber operado en contado con liquidación o MEP en los últimos noventa días.

En un contexto de creciente demanda de moneda extranjera ante la incertidumbre respecto de la definición de la deuda y el impacto económico del coronavirus, la autoridad monetaria dispuso días atrás nuevas medidas desde junio para acceder a dólares.

El organismo estableció a través de la comunicación «A» 7030, que las personas humanas que quieran acceder al cupo de moneda extranjera permitido por mes, tendrá que presentar una declaración jurada, al igual que sucede con las empresas.

Los ahorristas dejarán constancia de que «en el día en que solicita el acceso al mercado y en los 90 días corridos anteriores no ha concertado ventas de títulos valores con liquidación en moneda extranjera o transferencias de los mismos a entidades depositarias del exterior».

También se deberá comprometer a no concretar ese tipo de operaciones «por los 90 días corridos subsiguientes».

Fuentes del Banco Central destacaron a NA que se trata de un proceso «muy sencillo» que las entidades financieras ya tienen instrumentado en el «homebanking» e insistieron: «Es tan sólo un click».

En la última normativa, la autoridad monetaria también dispuso que las empresas que tengan dólares fuera del país deberán utilizar esos fondos para hacer frente al pago de sus compromisos en el exterior, mientras anunció nuevas restricciones para el acceso de las compañías al Mercado Único y Libre de Cambios.

El presidente del Banco Central, Miguel Pesce, anticipó que espera «liberar más el mercado» una vez que la Argentina llegue a un acuerdo con los acreedores por la deuda.

Algunos economistas advirtieron que los mayores controles en la plaza cambiaria implican un reconocimiento respecto de que «no hay dólares y las reservas son muy limitadas».

Según datos oficiales, las reservas internacionales finalizaron mayo US$ 42.589 millones, por lo que a lo largo del mes acumularon una caída de US$ 979 millones.

Las autoridades del Comité Provincial de la UCR y el Equipo Técnico de Salud del partido elaboraron 10 propuestas que apuntan a minimizar el impacto sanitario del COVID-19 en la provincia.

“Proponen que se realicen testeos para determinar si hay circulación comunitaria del virus y que se agilice la realización de hisopados en aquellas personas que muestren síntomas”, dice el comunicado remitido a la redacción de El Entre Ríos en el que también destacaron la necesidad “de que se respeten las autonomías municipales y reiteraron el pedido de audiencia a Bordet”.

Los profesionales médicos y sanitarios de la UCR Entre Ríos, según la gacetilla, realizaron un exhaustivo análisis de la situación sanitaria provincial ante la pandemia provocada por el COVID-19 e hicieron pública su visión sobre el complejo problema sanitario que afecta al país y a gran parte del mundo.

Piden una audiencia con el gobernador

Recordaron que el 12 de mayo pasado, luego de haber solicitado formalmente audiencia con el gobernador Gustavo Bordet, las autoridades partidarias y representantes del equipo de salud fueron recibidos por funcionarios del Ministerio, que “se limitaron a insistir en la estrategia implementada hasta el presente, sobre la cual hemos expresado claramente que en el mejor de los casos es incompleta, de lenta respuesta y que la información epidemiológica publicada es insuficiente para poder estimar el curso de evolución de la virosis”.

Si bien desde el radicalismo reconocieron que “en estos más de 70 días de aislamiento social obligatorio, el Sistema Público de Salud provincial se ha equipado, se han establecido protocolos y que se interactúa con el subsector privado de salud”, esto “no asegura que nuestra provincia esté libre de la pandemia, solo basándose en que no hay circulación comunitaria del virus”.

Es en este contexto que “como ciudadanos, como partido político y en virtud de las recomendaciones de nuestros profesionales de la salud, nos vemos en la obligación de reiterar el pedido de audiencia al Gobernador y de solicitar que se implementen de manera urgente medidas que consideramos indispensables para evitar o minimizar la morbilidad y mortalidad ante una propagación del virus en nuestro territorio”, señalaron.

Las 10 propuestas

A continuación, las medidas que proponen los profesionales médicos y sanitarios del Comité Provincial de la Unión Cívica Radical:

1) Testeo del personal de salud y seguridad

2) Testeo de los grupos de riesgo por criterio etario. Población de mayores en Hogares o

Geriátricos.

3) Testeo del total de la población carcelaria y del personal del Servicio Penitenciario

Provincial.

4) Testeos en barrios carenciados de las ciudades de Paraná, Concordia, Concepción del Uruguay y Gualeguaychú.

5) Autorizar de manera rápida el hisopado y remisión de muestras a laboratorio de aquellos casos recibidos en las guardias o consultas espontáneas, es decir, que haya mayor libertad para la prescripción por parte del profesional tratante.

6) La implementación de una campaña de difusión por todos los medios orientada a los pacientes con patologías de riesgo para que concurran a los centros de salud a realizarse los controles de rutina. Estará destinada a diabéticos, obesos mórbidos, pacientes cardiópatas, personas con insuficiencias respiratorias, hepáticos y renales, y se habilitará la atención programada en los hospitales públicos y en el sector privado.

7) Solicitar al Iosper la adopción de la telemedicina integral: es decir, atención médica virtual, recetas electrónicas y autorizaciones de todo tipo de prácticas on line, poniendo especial atención en los mayores de 65 años y afiliados con discapacidades.

8) Dadas las consecuencias económicas derivadas de las restricciones impuestas por el ASPO, reforzar los servicios de Psiquiatría y Psicología de los nosocomios públicos y habilitar las prácticas en consultorios y servicios privados.

9) Que se respeten las autonomías municipales. Atendiendo todos los protocolos sanitarios establecidos por el Gobierno provincial, las autoridades locales deben tener la potestad de resolver la flexibilización de las actividades en razón de sus respectivas realidades sociales y económicas.

10) Reforzar los controles sanitarios en los accesos a la provincia vía Zárate-Brazo Largo, Victoria-Rosario y Paraná-Santa Fe. Es imprescindible que los operativos sean más severos para reducir la posibilidad de que ingresen a la provincia personas infectadas.

¿No hay circulación comunitaria?

Tras difundir las 10 propuestas, desde el centenario partido aseguraron que “la sociedad entrerriana debe estar alerta porque la no aparición de nuevos casos no significa que el COVID- 19 no tenga circulación comunitaria”.

“La mayoría de los casos se cursa de manera asintomática y, al ser muy escaso el número de testeos, estamos navegando a ciegas”, advirtieron.

“En Entre Ríos no han aumentado los casos porque se desconoce de manera real si hay circulación comunitaria, por lo que siguen siendo necesarias las medidas de autocuidado, las restricciones que impone el aislamiento y los municipios deben responder a los mismos criterios de prevención”, sostuvieron.

“No ignoramos los efectos colaterales que el virus está provocando en materia económica, pero los hechos demuestran que las grandes poblaciones y los sectores más postergados son un foco de ataque y propagación de la virosis”, agregaron.

Finalmente las autoridades de la UCR y los equipos profesionales del partido reiteraron que, desde su más desinteresada colaboración, pueda generarse “un ámbito de discusión técnica aportar para el bienestar general”.

Reiteraron su pedido de audiencia al Gobernador e instaron a “reaccionar a tiempo para minimizar males mayores”.

El Entre Ríos

Además de las restricciones que impuso el Banco Central para que las empresas no puedan acceder al mercado de cambios, también habrá trabas para el “dólar solidario” que pueden comprar los particulares.

El Banco Central, a través de su Comunicación A7030, dispuso nuevas restricciones para la compra de los USD 200 mensuales autorizados, además del “impuesto P.A.I.S.” que encarece en un 30% su costo.

La disposición establece que, al igual que en el caso de las empresas, los particulares que compren “dólar solidario” deberán presentar una declaración jurada en la que se establece que en ese día y en los 90 días corridos anteriores no ha efectuado venta de títulos con liquidación en moneda extranjera (“dólar Bolsa”) o transferencia de esos títulos a entidades del exterior (“contado con liquidación”).

Asimismo, también deberán comprometerse a través de otra declaración jurada a no realizar ventas de títulos con liquidación en moneda extranjera o la transferencia de los mismos a entidades del exterior durante los 90 días siguientes. Hasta ahora, el plazo para ambas restricciones era de solamente 30 días.

De esta manera, los particulares que compren los USD 200 mensuales autorizados a partir del lunes, primer día hábil de junio, lo harán sabiendo que no podrán comprar “dólar Bolsa” o “contado con liquidación” por los tres meses siguientes.

El comunicado de prensa emitido ayer por el Banco Central afirmó que esta nueva restricción operaría “para las empresas” pero según pudo saber Infobae también estará vigente para las personas físicas.

El alcance de la decisión es más que amplio. Según el último Balance Cambiario del BCRA, en abril 1,2 millones de personas compraron dólares para atesoramiento en el Mercado Unico y Libre de Cambios. La cantidad triplicó a los 400.000 argentinos que habían operado en el mercado cambiario en febrero y en marzo.

Esas operaciones representaron, en todo el mes de abril, un total de USD 219 millones. A la vez, se vendieron USD 25, por lo que las compras netas fueron de USD 194 millones. Con esta medida, el BCRA procura cuidar esas divisas. Ayer, para contener la cotización oficial del mercado mayorista, debió vender USD 100 millones en una sola jornada, algo que se volvió frecuente en la segunda mitad de mayo.

Según el Balance Cambiario del BCRA, 1,2 millón de personas compró «dólar solidario» en abril, una cantidad que triplica a la de febrero y marzo.

La decisión profundiza el plazo de 30 días que había sido estipulado el pasado 30 de abril y forma parte de un aluvión de medidas que buscan trabar el acceso a los dólares, reducir la brecha del dólar oficial con las cotizaciones alternativas (Bolsa, contado con liqui y blue) y proteger las reservas, que caerán cerca de USD 1.000 millones en este mes.

A comienzos de esta semana, la Comisión Nacional de Valores (CNV) dispuso que quienes adquieran títulos o acciones como vía para la compra de dólares deberán conservarlos en su poder durante 5 días hábiles. Ayer, el BCRA estableció nuevas regulaciones para las empresas, en particular las que quieran acceder a dólares para pagar importaciones o cancelar deudas comerciales con el exterior. De hecho, en el mercado se registraron complicaciones operativas por su implementación.

La compra del “dólar solidario” impacta directamente sobre las reservas, en particular en momentos donde la oferta es insuficiente y el único que aporta divisas en el mercado es el Banco Central. En los mercados del “dólar Bolsa” o el “contado con liquidación”, en cambio, el impacto sobre las reservas es neutro.

Todos los operadores y analistas coinciden en que la multiplicación de trabas y regulaciones sobre las distintas variantes del mercado cambiario derivará en un aumento de la cotización del dólar paralelo, el único sobre el que no pesa restricción alguna, que hoy cotiza a $125 frente a los $70,25 del dólar oficial.

Infobae

Los municipios de Colón, Liebig y San José -en conjunto con la Policía Departamental- coordinaron acciones para implementar la denominada “Fase 5” de la pandemia COVID-19.

Las medidas procurarán generar las condiciones para la libre circulación entre las tres localidades, de bienes, servicios y factores productivos, como de vecinos, en el marco de las disposiciones y recomendaciones de los COES (Comité de Organización de Emergencia en Salud) nacional, provincial y departamental.

El acuerdo -que se firmará el próximo lunes en el Concejo Deliberante de Pueblo Liebig- establece que cada municipio asume el compromiso de establecer controles permanentes en sus accesos desde la ruta nacional 14.

Por su parte, la Policía se compromete a colaborar con personal y logística en cada puesto de control implementado.

En el marco de la reapertura progresiva, las partes intervinientes, coinciden además en avanzar en la incorporación en el área objeto del presente a los municipios, comunas y juntas de gobierno del Departamento Colón, previa evaluación positiva de las autoridades.

El Entre Ríos

El acuerdo marco entre la UIA y la CGT para suspender trabajadores sin tareas con una rebaja del 25% del salario neto será extendido por otros 60 días desde el 1° de junio. Así lo acordaron este viernes por la tarde empresarios y sindicalistas ante el vencimiento del convenio entre ambas partes, que estipulaba un plazo de vigencia de 60 días con efectos a partir del 1º de abril de 2020. Y el fundamento que explica la prórroga es el mantenimiento de la cuarentena en el AMBA, por lo que muchos sectores seguirán sin cumplir sus tareas o con dificultades para reanudar las actividades.

La extensión de la vigencia no debería ser homologada por el gobierno, ya que, luego del acuerdo UIA-CGT, el Ministerio de Trabajo dictó la Resolución 397 para reglamentar las suspensiones pagas, pero en esa norma no figuraba ningún plazo determinado de vencimiento.

El acuerdo marco permite que quienes no tengan tareas como producto de la cuarentena podrán ser suspendidos y cobrarán una suma que no podrá ser menor del 75% del salario.

Una vez que la UIA y la CGT lo firmaron, hubo una ola de sindicatos que rubricaron convenios de estas características, como los mercantiles, los metalúrgicos y los gastronómicos, entre otros. Se calcula que en abril y mayo hubo 1.200.000 trabajadores que no tenían tareas y que fueron suspendidos, con el pago del 75% del salario neto, y que ahora podrán extender ese mismo acuerdo.

Según el texto que habían firmado la UIA y la CGT, quedan excluidos de sus alcances “los trabajadores que hayan establecido con su empleador las condiciones en que prestarán servicios desde el lugar de aislamiento” y también los pertenecientes a los grupos de riesgo, es decir, los mayores de 60 años, embarazadas o con patologías preexistentes, publicó Infobae.

En el acuerdo se estableció que “el monto que los empleadores deberán abonar como prestación no remunerativa o las asignaciones en dinero que se entreguen en compensación por suspensiones de la prestación laboral en este marco no podrán ser inferiores al 75% del salario neto que le hubiere correspondido al trabajador en caso de haber laborado. Sobre este monto deberán realizarse la totalidad de los aportes y contribuciones por la ley 23.660 y 23.661 y el pago de la cuota sindical”.

También preveía que “quienes apliquen este marco normativo deberán mantener su dotación de trabajadores sin alteraciones durante un plazo igual a la vigencia de esta norma”.

El pacto UIA-CGT fue firmado el 27 de abril y dos días después el Ministerio de Trabajo dictó la Resolución 397 que reglamentó los términos de lo que habían rubricado empresarios y sindicalistas para agilizar los acuerdos a los que se llegara desde ese momento.

La norma firmada por el ministro Claudio Moroni estableció que “las presentaciones que, en conjunto, efectúen las entidades sindicales con personería gremial y las empresas, para la aplicación de suspensiones conforme al artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (de Contrato de Trabajo) y sus modificatorias serán homologadas, previo control de legalidad de esta Autoridad de Aplicación”, y agrega que “igual criterio se seguirá en aquellos casos en que el acuerdo sea más beneficioso para los trabajadores”.

Cuando las presentaciones sean realizadas por el sector empleador, la resolución les otorga a los sindicatos con personería la facultad de revisar durante tres días las presentaciones de las empresas efectuadas ante el Ministerio de Trabajo, con el listado del personal afectado a las suspensiones, y el plazo puede ser prorrogado por dos días más a pedido de la representación gremial.

Vencido ese plazo de tres, o eventualmente de cinco días, el silencio de la entidad sindical permitirá que el expediente sea dado por conforme, pero si hay oposición de la parte gremial se abrirá “una instancia de diálogo y negociación” con la representación empleadora.

En la resolución también se aclara que las presentaciones que efectúen las partes para la aplicación de suspensiones que “no se ajusten íntegramente” a los términos del acuerdo entre la UIA y la CGT serán sometidos al “control previo” del Ministerio de Trabajo que, en cada supuesto, “indicará las consideraciones que correspondan en orden al trámite requerido”.

Por último, la norma de la cartera laboral estipula que “las partes deberán consignar en su presentación inicial una declaración jurada acerca de la autenticidad de las firmas”.

El acuerdo UIA-CGT fue criticado por Hugo Moyano y las dos CTA, entre otros sectores, pero defendido por la propia central obrera: Héctor Daer, uno de sus cotitulares, dijo que “genera certidumbre a toda esta nebulosa de gente que viene de hace 45 días sin trabajar y que va a seguir así” y destacó que “les pone un piso a todas las negociaciones”.