El kirchnerismo emitió dictamen este martes en un plenario de comisiones del Senado al proyecto de ley que prohíbe cambiar el destino de las propiedades que hayan sido afectadas por incendios, aun cuando éstos hayan sido causados por causas naturales o circunstanciales.

Se trata de la iniciativa impulsada por el jefe de los bloque de diputados oficialistas, Máximo Kirchner (Buenos Aires), que modifica la ley de Manejo del Fuego con la intención de impedir que los terrenos y suelos afectados por incendios sean utilizados para emprendimientos inmobiliarios por un plazo que va de los 30 a los 60 años.

El proyecto fue días atrás criticado con dureza por las entidades del campo entrerriano, que no dudaron en calificarlo como un “mamarracho”. Pero, por lo visto, no estaría lejos de convertirse en ley.

A pesar del rechazo cerrado de Juntos por el Cambio y las prevenciones de algunos senadores oficialistas, para quienes el texto avasalla facultades provinciales, el kirchnerismo priorizó dejar el proyecto listo para su tratamiento en el recinto para la próxima semana, ya sea en sesiones extraordinarias o en una eventual prórroga del período ordinario que vence este lunes.

«Celebro el debate pero vamos a emitir dictamen y dejar abierta la posibilidad de proponer modificaciones o firmar un dictamen en minoría», justificó la kirchnerista Ana Almirón (Corrientes), presidenta de la Comisión de Legislación General, el apuro oficialista por avanzar con la iniciativa.

«Todos sabemos lo que pasó en este último tiempo, donde la Argentina ardió en llamas», exageró Almirón la proliferación de incendios registrados este año en varios puntos del país. En ese sentido, citó cifras oficiales según las cuales «el 95% de los incendios fue producto de la acción humana, algunas de manera intencional y otra por falta de cuidado».

«Inconstitucional»

La presidenta de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Gladys González (Pro-Buenos Aires), calificó de «inconstitucional» el proyecto por considerar que avasalla el federalismo. «Avanza sobre facultades provinciales, ya que la Nación sólo puede fijar presupuestos mínimos en materia ambiental, mientras que son las provincias las que tienen que decidir el uso de las tierras».

González también se quejó porque la iniciativa «no distingue entre incendios provocados y accidentales». «Se le está haciendo pagar al dueño de un terreno por un incendio que por ahí provocó otro», sentenció la senadora macrista, quien mostró su desconfianza sobre las verdaderas intenciones de la norma al afirmar que la supuesta preocupación por la protección de los suelos «no tiene un reflejo presupuestario acorde» en el programa de manejo del fuego.

«Esta ley no es buena», sumó su queja Alfredo De Angeli (Pro-Entre Ríos), quien pidió ampliar el giro del proyecto a la Comisión de Agricultura. Este reclamo fue avalado por otros senadores de Juntos por el Cambio, que también se quejaron porque el proyecto no fue discutido en reunión de asesores.

La cuestión constitucional también fue destacada por la oficialista Nora Giménez (Salta), quien pidió incorporar al texto «salvaguardas de la competencia provincial». Sin embargo, y atenta al apuro oficialista, dijo que apoyaba la iniciativa.

El oficialista Mario Pais (Chubut) rechazó que el proyecto avance sobre competencias de la jurisdicción provincial y aseguró que, por el contrario, responde al dictado de presupuestos mínimos en materia ambiental que les corresponde a la Nación.

El legislador reconoció que la iniciativa «seguramente podrá ser mejorada», pero aseguró que «dar esta respuesta en tiempo y forma también constituye un deber del Congreso», «No creo que estemos vulnerando las potestades provinciales», concluyó Pais.

La Nación

El gobierno prevé que el 2021 será un año de «transición» para las tarifas, por lo que habrá aumentos segmentados. Datos provisorios indican que hay un 40% de usuarios seguirían con valores congelados o tendrían incrementos simbólicos.

El Gobierno de Alberto Fernández prevé que el 2021 será un año de «transición» para las tarifas de los servicios públicos de electricidad y gas natural por red, por lo que habrá incrementos segmentados para que paguen más sólo los que pueden de acuerdo a su capacidad económica.

Para determinar quiénes pueden pagar más, el Poder Ejecutivo empezará a cruzar información disponible para el Estado por medio de la Administración Federal de Ingresos Públicos y la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS).

Datos provisorios que ya están siendo analizados por el Gobierno indican que hay un 40% de usuarios que están por debajo de la línea de la pobreza, por lo que el año próximo seguirían con las tarifas congeladas o tendrían incrementos simbólicos, muy bajos.

El resto se divide en dos grupos: un 45% de clase media a la que el Gobierno sí le aumentará las tarifas, pero acorde a lo que vayan incrementándose los ingresos; y el tercer grupo, que conforma el 15%, que sí puede pagar una tarifa más cercana a la real, indicaron fuentes oficiales.

La emergencia tarifaria sancionada por el Congreso en el marco de la emergencia económica y pública que está vigente hasta el 31 de diciembre de 2020 le dio al Gobierno nacional herramientas para intervenir regulatoriamente en el segmento de transporte y distribución de gas y electricidad.

Para el secretario de Energía, Darío Martínez, «el incremento de las tarifas nunca puede ir creciendo en términos porcentuales en relación al salario de forma que le implique a la gente dejar de consumir otros bienes y servicios».

Martínez ya mantuvo reuniones con empresarios, representantes sindicales de los sectores de la energía y con gobernadores, entre los cuales hay muchos responsables de administrar la distribución en sus provincias.

La gestión Fernández ha descartado de plano que se vaya a aplicar la Revisión Tarifaria Integral (RTI) que llevó adelante el macrismo dado que eso hizo que las tarifas quedaran prácticamentes atadas a los movimientos que experimentase el precio del dólar.

Las tarifas se mantienen congeladas desde abril de 2019 cuando los entonces ministros macristas Dante Sica, Carolina Stanley y Nicolás Dujovne anunciaron la medida «por seis meses», justo antes de las elecciones presidenciales. (NA)

La donación de terrenos para la construcción de futuras viviendas sociales en Basavilbaso fue el tema abordado en la una reunión de trabajo que mantuvo el presidente del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV), Marcelo Bisogni, con ediles justicialistas de esa localidad.

Al respecto, el titular del IAPV dijo que para «el gobierno de Gustavo Bordet la construcción de viviendas tiene un profundo sentido social y da respuesta a las demandas de una sociedad que comienza a vislumbrar su futuro a partir del acceso a una vivienda digna, siendo la vivienda el espacio físico en el que se consolida un hogar, cimiento fundamental de la sociedad».

Aseguró que «estuvimos viendo la disponibilidad de terrenos para la futura construcción de soluciones habitacionales, dada la importante demanda que tenemos en esta localidad».

En ese sentido, destacó que la “ejecución de nuevas viviendas asegura la continuidad de las obras, lo que moviliza las economías regionales y genera mano de obra local, a través del sector de la construcción”.

Por su parte, el presidente del Bloque de Concejales Justicialista de Basavilbaso, Lucas Vallejo, señaló que «fue una reunión muy productiva y tenemos la esperanza de poder llevar más obras de vivienda para las familias que tanto anhelan contar con su casa propia».

Seguidamente, indicó que se detalló en la reunión “todas las gestiones sobre los terrenos que impulsamos desde el Concejo Deliberante para la ejecución de nueva viviendas para que sean transferidas al IAPV para construir nuevos grupos habitacionales”.

«Vamos a dar un bono de $9.400 a los beneficiarios de Potenciar Trabajo y a duplicar el monto de la Tarjeta Alimentaria», confirmó el ministro de Desarrollo Social, quien destacó el «plus para los beneficiarios de la AUH».

El Ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, confirmó hoy que se otorgará un bono de fin de año de 9.400 pesos para los beneficiarios del plan Potenciar Trabajo y un plus a los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) que «cobrarán 12.000 pesos en diciembre».

«Vamos a dar un bono de fin de año de 9.400 pesos a los beneficiarios de Potenciar Trabajo, y también a duplicar el monto de la Tarjeta Alimentaria», confirmó hoy el ministro en declaraciones a la radio online FutuRock, en las que agregó que también se le dará «un plus a los beneficiarios de la AUH, que van a cobrar 12.000 pesos en diciembre».

En ese marco, el funcionario respondió que «no hay ánimo de un conflicto social en la Argentina», al ser consultado sobre si el Gobierno espera tensiones al acercarse las fiestas de fin de año, y puntualizó que «viene bajando la cantidad de personas que asisten a comedores».

«No hay ánimo de un conflicto social en Argentina. No creo que se venga un diciembre caliente en ese sentido», respondió Arroyo.

El ministro añadió que «hace cuatro semanas viene bajando la cantidad de gente que va a los comedores en el conurbano, según nuestro relevamiento».

A esto sumó el otorgamiento del bono de fin de año, sobre el cual aclaró que «las 700.000 personas que forman parte del programa Potenciar Trabajo, y cobran la mitad del salario mínimo, con cuatro horas de trabajo como contraprestación, van a cobrarlo».

En el mismo sentido, el funcionario pidió «combinar racionalidad económica con todos adentro» y analizó que «es evidente que han aumentado los alimentos en un año donde mucha gente ha tenido dificultades con el trabajo» como consecuencia de la pandemia.

A su vez, el ministro de Desarrollo Social agregó que se ha duplicado el volumen de las cajas navideñas con el objetivo de alcanzar a «1.700.000 familias». Elonce

El Superior Tribunal de Justicia respaldó por tercera vez la constitucionalidad de la ley 10806 de Emergencia. En los autos «Cook Carlos y otros C/ Superior Gobierno de la provincia de Entre Ríos y otra- el Tribunal rechazó los argumentos de la actora y confirmó la legitimidad de la norma con base en la doctrina de la emergencia.

El Fiscal de Estado de la Provincia de Entre Ríos, Julio Rodríguez Signes, indicó que «es la tercera vez que el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia, con diferentes integraciones, ratifica la constitucionalidad de la ley 10806. El primer caso fue «Rombolá», una jubilada docente, mientras que en «Pabón de Espeleta» y «Cook» los actores fueron jubilados del Poder Judicial».

El funcionario sostuvo que, «de esta manera, se va consolidando la jurisprudencia del máximo Tribunal provincial en el sentido de la constitucionalidad de la norma, dada la evidente crisis sanitaria, que produce efectos directos en el nivel de actividad económica y la recaudación».

En el reciente caso «Cooke», el Tribunal estuvo constituido por los doctores Gabriela María del Carmen Ceballos, María Susana Benítez, Alejandro Daniel Canavesio, Martín Julián Acevedo Miño Y Enrique Marciano Martínez.

Martínez, Canavesio y Benítez conformaron los votos de la mayoría quienes no se limitaron a realizar un examen de admisibilidad sino que fueron al fondo de la cuestión y revisaron los requisitos de constitucionalidad de las leyes de emergencia conforme la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

La Corte Suprema exige que las leyes superen los test de oportunidad, esto es que exista una situación de emergencia; finalidad. La declaración de emergencia debe atender al bienestar general; legalidad. Debe ser declarada por Ley del Congreso, sin perjuicio de las delegaciones que válidamente pueden depositarse en el Poder Ejecutivo; Temporalidad. La restricción de los derechos debe ser temporal ya que, al menos teóricamente, siendo la situación de emergencia transitoria, ya que es un hecho extraordinario, las restricciones deben seguir la suerte de aquella; Proporcionalidad. Los medios utilizados deben ser razonablemente proporcionales a las características de la emergencia; No discriminación. Las restricciones no pueden estar dirigidas a un grupo de personas o a una persona individual o a un sector, ya que de otra manera se estaría violando la regla del art. 16 de la CN que expresa, en su segunda parte que «Todos los habitantes son iguales ente la ley»

El Tribunal, por mayoría, entendió que todos los requisitos están presentes en la ley 10806 por lo que se pronunció por su constitucionalidad.

A través del Decreto Nº 2010/2020, el gobernador Gustavo Bordet autorizó el inicio de las actividades y los servicios turísticos para la temporada de verano, desde el próximo 4 de diciembre. Las actividades deberán contar también con la habilitación de los respectivos municipios o comunas, que ejercerán, además, el poder de policía para fiscalizar la correcta aplicación de los protocolos.

“El turismo es motor del desarrollo de muchas localidades de Entre Ríos y genera una gran cantidad de puestos de trabajo genuinos. Nos alegra poder dar este paso porque sabemos del difícil momento que le tocó atravesar al sector a partir de la pandemia. Por eso nos preparamos con herramientas y un plan de reactivación turística, y ahora que la situación sanitaria lo permite, vamos a darle al turismo entrerriano el impulso que necesita para empezar a recuperarse”, expresó.

En ese sentido, el mandatario provincial resaltó que “es muy importante que cumplamos y hagamos cumplir los protocolos sanitarios para cada una de las actividades del turismo, porque tenemos que poder conservar el status sanitario para desarrollarlas. Convivir con el virus significa cuidar la salud, porque la pandemia todavía no pasó: seamos responsables y trabajemos juntos para proteger la salud y poder seguir ampliando la habilitación de nuevas actividades”.

Qué dice el decreto

La norma provincial se funda en las disposiciones del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 875/2020, que establece que “la totalidad de los departamentos de la provincia de Entre Ríos se encuentran comprendidos en las medidas de Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio (DISPO)”. Además, que las actividades turísticas no están expresamente prohibidas en el artículo 8º de esa norma nacional.

Entre sus considerandos, el decreto provincial remarca que “se considera necesario seguir manteniendo claramente las medidas de control de la enfermedad teniendo presente que todavía siguen sin ser conocidas todas las particularidades de este nuevo Coronavirus, debiéndose adoptar decisiones que procuren reducir la velocidad de los contagios y la morbimortalidad”.

Además, “en el marco de la situación sanitaria y epidemiológica actual como consecuencia de la pandemia, las medidas a adoptar exigen un nivel de control localizado, atento a que se trata de garantizar el cumplimiento estricto de protocolos sanitarios en los espacios comunes utilizados para las prácticas de las actividades”, consigna el decreto que también aclara que son los municipios los que ejercerán el poder de policía para la aplicación de los protocolos e las actividades turísticas.

Por lo tanto, “la actividad que por este decreto se autoriza requiere la habilitación concomitante de la autoridad municipal y/o comunal, según el caso”, aclara la norma y especifica que “dichas habilitaciones están condicionadas al cumplimento de los requisitos de índole epidemiológicos y sanitarios establecidos en el DNU 875/20 y de las normas y recomendaciones emanadas de la autoridad sanitaria provincial y municipal mediante la emisión de normativa específica y a la comunicación constante de la información pertinente”.

No obstante, será el Ministerio de Producción el organismo encargado de “aprobar mediante el dictado de resoluciones de su competencia los protocolos que serán aplicables para la ejecución de las actividades y servicios turísticos autorizados”.

“Los municipios y COES locales determinarán el porcentaje de ocupación turística, teniendo como referencia los protocolos”, se agrega.

Plataforma, VacacionAR y seguro viajero

En vistas del comienzo de la temporada, Entre Ríos adhirió a la utilización de la plataforma y aplicación VacacionAR, provista por el gobierno nacional. Para ello, dispondrá de toda la información en cuanto a destinos y servicios habilitados, cupos disponibles, información sanitaria, con actualización permanente.

El turista deberá completar una declaración jurada y el sistema proveerá un código o permiso que representa la autorización para realizar un viaje turístico a Entre Ríos. Los interesados en viajar al territorio entrerriano deberán obtener su permiso VacacionAR (el sistema emite el permiso para que la persona pueda imprimir o tenga el permiso en la APP VacacionAR, CuidAR, o Mí Argentina).

En el mismo permiso, se consignará que debe ser acompañado por una póliza de seguro con cobertura de contingencias ocasionadas al virus con mínimos requisitos, tales como:

-Reembolso de los gastos no recuperables de pagos realizados por anticipado ante la cancelación o interrupción del viaje por diagnóstico positivo de Covid-19;

-Reembolso de gastos por prueba de diagnóstico de Covid-19;

-Reembolso de gastos que implique el regreso a su ciudad de origen.

Este seguro puede ser proporcionado al prestador de servicios turísticos o al pasajero por distintas compañías de seguro de Entre Ríos y el país.

Plan de Reactivación Turística

La Secretaría de Turismo de Entre Ríos, dependiente del Ministerio de Producción, Turismo y Desarrollo Económico provincial, diseñó un plan con la finalidad de iniciar la recuperación económica del sector turístico mediante diferentes medidas que ya han sido implementadas y continuarán en ejecución a partir de la reapertura turística.

En ese marco, se dispone la utilización de encuestas, estadísticas y diagnóstico; articulación intersectorial; medidas fiscales y crediticias de sostenimiento para el sector turístico; elaboración de protocolos para servicios turísticos; programa de capacitación, calidad y aplicación de seguridad sanitaria; proyectos motores para la reactivación turística; propuestas legislativas; programa de bienvenida al turista, turismo sustentable y responsable; estrategias de comunicación y promoción turística; programas de fomento para segmentos.

Por otra parte, la Secretaría de Turismo diseñó y elaboró en conjunto con el Comité de Organización de la Emergencia en Salud (COES), 17 protocolos sanitarios para las distintas actividades turísticas y recreativas.

Hacia un destino seguro

Entre Ríos adhirió al sello internacional Safe Travels, creado por el Consejo Federal de Viajes y Turismo (WTTC), que propone que los destinos, los organismos y las empresas puedan certificar demostrando una gestión proactiva y responsable en relación al Covid-19. Los municipios turísticos entrerrianos adhirieron y 14 de ellos ya cuentan con esta distinción.

Desde el gobierno provincial se desarrollaron capacitaciones a más de 2500 integrantes del sector turístico para la adecuada aplicación de protocolos sanitarios y procedimientos de actuación y prevención del Coronavirus.

Asimismo, se lleva adelante una campaña de promoción con el objetivo de posicionar los destinos y servicios turísticos, reforzando el trabajo realizado en etapa de Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO).

A través del decreto Nº 2014 se dispone en todo el territorio provincial el reinicio de las actividades académicas presenciales en universidades e institutos universitarios.

La norma responde a la intención del gobernador Gustavo Bordet de propiciar el reinicio de las actividades académicas presenciales en Universidades e Institutos Universitarios en el marco de lo previsto en el DNU 875/20 PEN.

En ese sentido, se considera necesario seguir manteniendo las medidas de control de la enfermedad por Covid-19, por lo que en el contexto de la situación sanitaria y epidemiológica actual como consecuencia de la pandemia, las medidas a adoptar exigen un nivel de control localizado, tendientes a garantizar el cumplimiento estricto de protocolos sanitarios en los espacios comunes utilizados para las prácticas de las actividades académicas.

Para el reinicio de las actividades académicas presenciales en universidades e institutos universitarios, se deberá contar con la habilitación municipal o comunal según corresponda, quienes fiscalizarán la correcta aplicación del protocolo, de forma coordinada con los órganos provinciales y nacionales.

El reinicio de actividades académicas presenciales, estará acompañado por un protocolo, que garantiza las condiciones mínimas necesarias a fin de garantizar las medidas de seguridad e higiene requeridas por el contexto.

Protocolo

Para la vuelta a la presencialidad, de deberán definir los escenarios académicos de acuerdo con las características de cada universidad o instituto universitario. Se implementará un sistema de clases a distancia con alternancia presencial. Además, se evaluará la necesidad de exámenes presenciales de acuerdo con las recomendaciones sanitarias.

Se deberán establecer de aforos para aulas, auditorios, laboratorios, bibliotecas, pasillos, ascensores, baños, oficinas, talleres, actividades de campo, plantas piloto y hospitales escuela, de lineamiento de áreas de circulación y seguridad de ventilación natural de los espacios cerrados.

Se estimulará también el trabajo remoto en las actividades administrativas que lo permitan para reducir en lo posible la presencialidad y reducir la movilidad de las personas (procurando la asistencia alternada). El ingreso se autorizará sólo para actividades programadas.

Habrá un regreso escalonado a las actividades de investigación y extensión que no hayan sido consideradas esenciales durante la cuarentena (en particular aquellas relacionadas directamente con los trabajos de finalización de carreras de grado y posgrado).

De esta manera, el retorno a la actividad presencial deberá llevarse a cabo de manera gradual, teniendo en cuenta las condiciones de salud y epidemiológicas, las características de las Facultades (número de estudiantes, docentes, no docentes, investigadores, extensionistas, características y tamaño de los edificios).

Por otra parte, se brindan recomendaciones al momento de trasladarse hacia la universidad, priorizando traslado a pie, en bicicleta o en vehículos particulares.

No se deberá concurrir a los establecimientos si se presenta alguno de los síntomas asociados al Covid-19; para el ingreso y permanencia en los edificios, es obligatorio el uso de tapabocas que cubra boca, nariz y mentón.Y se dispondrán los elementos sanitizantes para que los ingresantes puedan realizar la correcta higiene de manos y de calzado.

Se deberá limitar las zonas de acceso para el ingreso de las personas al edificio, de acuerdo a las recomendaciones de las áreas competentes, y será necesario establecer los debidos circuitos de tránsito dentro de los edificios, los que permitan la circulación de estudiantes, docentes, investigadores, extensionistas y no docentes de una manera organizada y evitando aglomeración de personas.

Se deberá realizar a todo ingresante los controles de temperatura y epidemiológicos. Si alguna persona registra una temperatura corporal mayor a 37,5 °C, no podrá ingresar.

Aforos

Las instituciones universitarias deberán definir el número máximo de personas que podrán permanecer en un lugar determinado.

En las aulas se debe establecer el máximo que podrá albergarse por espacio, teniendo en cuenta las restricciones de distanciamiento físico de las personas. La permanencia en la misma siempre será respetando el distanciamiento social, mínimo de 1,5 metros con tapabocas.

Cada Universidad deberá flexibilizar y establecer nuevos horarios y jornadas o turnos académicos entre sus programas con el fin de evitar concentraciones y afluencia masiva de personas.

Se deberá garantizar un espacio de tiempo entre las jornadas o turnos para realizar la limpieza y desinfección en los salones de clase, y solo se permitirá el ingreso de estudiantes a las actividades autorizadas.

Durante la visita a Entre Ríos del ministro de Transporte de la Nación, Mario Meoni, y el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, el gobernador Gustavo Bordet firmó convenios para dragar los puertos de Ibicuy y Diamante por 250 millones de pesos. También acordaron construir y readecuar seis terminales de ómnibus en distintas ciudades entrerrianas.

Al mediodía, el gobernador Bordet y la vicegobernadora Laura Stratta, recibieron en Paraná a Meoni; a Massa; al titular del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (Enohsa), Enrique Cresto, y al subsecretario de Vías Navegables de la Nación, el entrerriano Leonardo Cabrera; para trasladarse hasta el puerto de Diamante.

El convenio para el dragado del puerto de Diamante, con una inversión de 50 millones de pesos, prevé la asistencia técnica y económica a la provincia para el dragado integral del Puerto, conformado por su acceso acuático desde la vía de navegación troncal hasta la terminal pública.

En tanto, el convenio para el dragado del puerto de Ibicuy, que demandará una inversión de 200 millones de pesos, tiene como objetivo establecer los mecanismos necesarios para que el Ministerio nacional brinde la asistencia técnica y económica a la provincia de Entre Ríos.

Por otra parte, el desarrollo de nuevas terminales de ómnibus, implicará un significativo mejoramiento en la operación de los servicios de transporte de pasajeros de larga, media y corta instancia, beneficiando a los habitantes de cada ciudad.

El convenio prevé la implantación de nuevas terminales en San José de Feliciano; Diamante; Concordia y Paraná; la readecuación de la Terminal de ómnibus de Villaguay; y el desarrollo de un centro logístico y de desconsolidación de cargas en Victoria.

En este sentido, Bordet hizo saber que éstas «no son situaciones aisladas o esporádicas de hacer un dragado, sino que también hay obras que tiene que ver con la potencia energética instalada que se necesita y con mejorar toda la red vial de la provincia y en ese camino estamos».

Bordet recordó que al momento de asumir en la provincia “con dos de los ríos más caudalosos del mundo no teníamos ningún puerto habilitado”, destacó que actualmente están tres habilitados y reparó en la necesidad de obras de infraestructura como lo es el dragado, “máxime en estos tiempos de estiaje, de gran bajante pronunciada y prolongada del río Paraná, poder firmar este convenio que para el puerto de Diamante supone una inversión de 50 millones de pesos y que garantiza el mantenimiento por tres años».

Adelantó que eso posibilita “que empecemos a trabajar en un convenio con empresas privadas y cooperativas para garantizar la salida de 500 mil toneladas de grano desde Diamante», lo que estimó que «representa entre 20 y 40 buques anuales». El mandatario precisó que también se replica de la misma manera en el puerto de Ibicuy y que forma parte del sistema portuario integrado.

Agregó que «esto nos posibilita también llegar con mejores precios a los puertos de destino en el mundo», y «es algo que junto con la matriz energética y con buenos caminos venimos trabajando para que el sector productivo, agropecuario pueda tener las ventajas competitivas que se están requiriendo y están necesitando».

En otro orden, Bordet agradeció a Sergio Massa que «siempre escucha la voz de los gobernadores en la Cámara», y aseguró que esto «habla a las claras de que el proyecto de país que tiene el Presidente y que involucra a gobernadores, intendentes, también involucra a legisladores y hay una agenda legislativa que es importante, determinante».

Por último, sostuvo: «Ahora se tratará la redistribución del punto de coparticipación que es importante poder tener una Argentina más equitativa, solidaria, donde el interior profundo de la Argentina que se posterga para una ciudad que crece desproporcionadamente en relación al resto de las ciudades del país pueda tener ese punto de igualdad y esto es una tarea que tenemos que hacerla entre todos y que tiene que ser convocante».

Acompañaron los intendentes de Paraná, Adán Bahl; de Concordia, Alfredo Francolini; y de Diamante; Carlos Darrichón; el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, el ministro de Planeamiento, Marcelo Richard, el secretario de Transporte; Néstor Landra; el secretario de Vías Navegables, Carlos Schepens; el jefe zonal de Entre Ríos de Vialidad Nacional; Daniel Koch.

También estuvieron presentes los diputados nacionales Marcelo Casaretto, Blanca Osuna; Mayda Cresto; Carolina Gaillard; la senadora provincial, Claudia Gieco; el diputado provincial, Reynaldo Cáceres.

Vuelta del tren

El ministro de Transporte de la Nación, Mario Meoni, informó que también se está trabajando «en recuperar los trenes de carga que es sumamente importante, el tren a Posadas y a encarnación ha llegado y eso posibilita tener no solamente carga del noreste argentino, sino también paraguaya, que sale por los puertos de Entre Ríos o de Buenos Aires».

Aseguró que en este sentido, «estamos avanzando en un plan integral mesopotámico», y apuntó que «tenemos un plan de inversión del orden de los 800 millones de dólares para la reconstrucción integral del tren mesopotámico, estamos buscando financiamiento internacional para poder lograrlo».

Meoni indicó que esta plan tiene por objetivo «darle accesibilidad a todos los puertos tal cual nos pidió el presidente Alberto Fernández, que los puertos no solamente los recuperemos, y les demos las posibilidades operativas, sino que también tengan la complementariedad con los ferrocarriles, no se puede se puede concebir solamente para camiones, sino que tiene que ser una integración multimodal y eso estamos trabajando con todo el esfuerzo que podemos, con todos los recursos que nos van dando desde el presupuesto nacional para poder invertirlos y rápidamente estamos conviniendo y avanzando».

En este sentido, el ministro precisó: “Estoy en contacto con las autoridades ferroviarias para avanzar con la concesión de los apeaderos y poder hacer los mejoramientos para poder llegar a Oro Verde. Así que estamos trabajando plenamente para los próximos días poder recomenzar las operaciones. La verdad que hemos tenido muchas dificultades este año respecto de las posibilidades de trabajo de los operarios en función de la pandemia que nos impidió que muchas cuadrillas tuvieran operativos durante todo el año y eso nos ha ido retrasando el trabajo de una manera importante”.

“Estamos en el desarrollo a pleno, hay un compromiso absoluto de tener el tren de cercanías funcionando a pleno en Paraná”, aseguró.

Por otro lado, valoró la importancia de las terminales y dijo que es “imprescindible” avanzar con estas construcciones en cada localidad, “en cada lugar del país», y aseguró que es importante desde el punto de vista del transporte porque mejora la operación de los micros de larga distancia, “para las comunidades termina siendo también sumamente importante porque se liberan zonas importantes de donde están localizadas y además hay menos contaminación, menos problema de circulación vehicular, mejores costos operativos», apuntó.

Federalismo

En tanto que el presidente de la Cámara de Diputados Nacional, Sergio Massa, explicó que la firma de los convenios son de “trasferencia de recursos” y afirmó que “el gobierno Nacional a lo largo de este de año ha tomado la decisión de respaldar el trabajo de la provincia de Entre Ríos, del gobernador, de sus intendentes”.

“Cuando hablamos de Federalismo, tenemos que hablar de una Argentina que esté unida y eso requiere inversión en puertos, en caminos, ferrocarriles y en el transporte automotor”, afirmó para mencionar que la mejor forma de “mostrar Federalismo del gobierno nacional, del Presidente de la Nación y de cada uno de los que integramos el gobierno nacional, es con recursos no con palabras”. En ese marco, detalló “la firma de las seis terminales del transporte automotor, la decisión de trabajar en el dragado Ibicuy y Diamante y además la decisión de avanzar en lo que es el ferrocarril en lo que es la zona del Gran Paraná, Oro Verde, que es el tema pendiente”.

“Me parece que son las demostración más clara de que el gobierno nacional hace federalismo en los hechos no en las palabras”, aseveró Massa.

En otro orden, se refirió al trabajo del Presidente de la Nación y dijo: “Me parece que el Presidente lo que ha demostrado es que cumplió con su palabra, como cumple con su palabra cuando hablamos de Federalismo”, e insistió que “invertimos en el Puerto de Diamante, en el puerto de Ibicuy, en el ferrocarril y en la recuperación para el Gran Paraná, invertimos en la obra de agua del Gran Paraná que es una obra fundamental no solamente para los vecinos de Paraná sino para el Gran Paraná”. En ese orden, aseguró que “también cumple con su palabra a la hora de plantear el modelo de país que pretende y las políticas sanitarias que pretende que se lleven adelante”.

Trabajo articulado

En tanto que el intendente de Paraná, Adán Bahl, dijo que es un “honor que el Ministro de Transporte y el presidente de la Cámara de Diputados estén nuevamente en la Capital Entrerriana, lo cual refleja el trabajo coordinado entre Nación, provincia y municipio».

Apuntó que «Paraná, como capital de la provincia, necesita resolver el tema de la terminal. Este edificio es un centro referencial en materia de movilidad regional. Actualmente carece de aptitudes para desempeñar su función, porque no está emplazada en un lugar adecuado ni tiene las dimensiones necesarias para recibir la cantidad de visitantes que ingresan, que es aproximadamente la mitad de quienes vienen a la ciudad».

«Este es un problema que tenemos desde hace más de 40 años. La actual terminal fue un proyecto de transición, que se planteó a mediados de los años 90, pero sobre el cual no se continuó avanzando”, indicó y agregó que “desde el mes de enero, estamos trabajando junto a un grupo de expertos en el diseño de un proyecto de relocalización y redimensionamiento de la terminal de ómnibus. Se lo presentamos al gobernador y al ministro Meoni, quienes coincidieron con nuestro diagnóstico y se comprometieron a concretarlo».

Bahl, dijo además que «tenemos el plan de necesidades, las líneas de base para llamar a licitación y si bien formaba parte de nuestra política estratégica de movilidad, nunca lo hicimos público porque ni siquiera soñábamos poder financiar una obra de esta magnitud porque encontramos un Municipio muy endeudado. La verdad que tener esta grata noticia para nosotros es una gran alegría y me imagino que también va a ser una alegría para todos los paranaenses».

Transporte terrestre

En la ocasión, se firmó además un convenio marco que tiene por objeto la cooperación en materia de asistencia técnica y coordinación de esfuerzos de manera conjunta para el desarrollo de las estrategias, programas, proyectos y otros objetivos, tendientes a garantizar el acceso a la movilidad de media y larga distancia mediante la renovación y definición de pautas operativas para la implementación de terminales de transporte automotor de pasajeros.