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Diputados sancionó el proyecto que declara la Emergencia Alimentaria en Entre Ríos

El proyecto, impulsado por el Gobierno de Rogelio Frigerio, fue aprobado por todos los bloques de la Cámara de Diputados • Se incorporaron modificaciones propuestas por el PJ,

La Cámara de Diputados de Entre Ríos sancionó el proyecto de Ley enviado por el Poder Ejecutivo que declara el estado de emergencia pública en materia de seguridad alimentaria en el ámbito de la Provincia de Entre Ríos hasta el 31 de diciembre de 2024.

El objetivo es “garantizar la atención básica de la alimentación a través de la provisión de alimentos de calidad y la nutrición adecuada, priorizando la atención de la población en situación de vulnerabilidad social y en riesgo de subsistencia, mediante la habilitación de procedimientos administrativos expeditivos para la adquisición oportuna de alimentos, insumos de uso alimentario y enseres necesarios para su elaboración”.

El diputado Bruno Sarubi (Juntos por Entre Ríos) fue el encargado de defender la iniciativa impulsada por el Gobierno de Rogelio Frigerio: “La alimentación es un derecho fundamental para el desarrollo de la vida y de la dignidad humana”.

Hizo referencia “al impacto negativo que la inflación tiene sobre la posibilidad de alimentarse” y aseguró que en este contexto “creció notablemente la demanda de alimentos al Gobierno y para responder de manera eficiente necesitamos esta ley”.

Tras ello la diputada Laura Stratta (PJ) sostuvo: “La emergencia alimentaria es una declaración de emergencia de las más urgentes porque el deterioro de la calidad de vida de amplios sectores de la población se vio impactado por la devaluación abrupta que aplicó el presidente Milei a en los primeros días de su gestión. Un deterioro que se fue profundizando con el correr de las semanas y los meses cuando aplicó la motosierra y la licuadora, con un tremendo impacto en los salarios y las jubilaciones, afectando también en la actividad económica y generando un fuerte aumento del desempleo”, indicó.

“Por eso creemos que este proyecto debió ser uno de los que inicialmente se presentaran para garantizar la seguridad alimentaria y nutricional de la población en situación de vulnerabilidad, que es un responsabilidad del Estado”.

Stratta se refirió al proyecto de emergencia alimentaria que se impulsó en Diputados: “Nos reunimos con la Mesa Contra el Hambre, en un espacio de trabajo donde nos manifestaron su preocupación y sus demandas”, precisó la legisladora. Luego señaló que ese proyecto no llegó a tratarse en las comisiones de la Cámara baja, pero que en el Senado se trató una iniciativa que envió el Ejecutivo provincial “donde se plasmó la importancia de agilizar los procesos para hacer compras más rápidas”.

En ese sentido, la diputada remarcó: “Nosotros consideramos que la emergencia alimentaria abarca muchísimo más que eso y por eso acercamos a los senadores nuestro proyecto. Y agradezco a los senadores y al oficialismo que hayan tomado algunos de esos elementos de nuestra propuesta. Las dos cuestiones que fueron incluidas, y que son fundamentales, son la conformación de una mesa de Diálogo Social, para tener un trabajo articulado y progresivo en el territorio; y también la ampliación de las partidas presupuestarias, para poder fortalecer las estrategias en el marco de las políticas alimentarias que requiere la provincia”, remarcó la presidenta del bloque justicialista.

Y añadió: “Quedó sin abordar el registro de efectores, que habíamos incluido porque consideramos que es importante saber cuáles son los espacios, los comedores y los merenderos que están extendiendo su mano, porque con esa información se pueden tomar mejores decisiones e implementar mejores políticas públicas. Por eso apelo a que la Mesa de Diálogo Social promueva la elaboración del registro”, apuntó.

Stratta recordó que entre 2015 y2019, cuando era ministra de Desarrollo Social, hubo un fuerte recorte de los fondos nacionales para asistencia alimentaria, frente al cual “el ex gobernador Gustavo Bordet decidió aumentar las partidas alimentarias provinciales para garantizar el derecho a la alimentación. Cuando comenzamos la gestión el 70% eran fondos nacionales y 30% provinciales, cuando culminamos la gestión la ecuación se invirtió: el 70% lo financiaba la Provincia y el 30% la Nación. Por eso apelo a que la Provincia ahora pueda amortiguar el impacto que tiene esta situación, que podamos atemperar lo que a muchas familias entrerrianas les está pasando”.

Luego agradeció a la Mesa contra el Hambre no solo por los aportes que hicieron al proyecto elaborado por los diputados justicialistas, sino especialmente por el trabajo que están haciendo en el territorio provincial frente al drástico aumento de la demanda de asistencia.

Finalmente destacó que el de la alimentación “es un derecho que si lo garantizamos, también nos ayuda a garantizar otros derechos: a la educación, a la salud, al crecimiento y desarrollo. Nadie puede aprender o trabajar si no come, por eso dije que esta era la emergencia más importante que debió impulsar el gobierno provincial”, concluyó.

Cabe destacar que el bloque Fe y Libertad, la Libertad Avanza y el Partido Conservador Popular acompañaron la iniciativa

El proyecto que este jueves recibió sanción definitiva había sido aprobado el 17 de abril por la Cámara de Senadores.

VOCAL PARA LA CAFESG

Sobre el final de la sesión, la diputada Laura Stratta informó la designación del federaense Miguel Cattani como vocal por la minoría de la Comisión Administradora para el Fondo Especial de Salto Grande (Cafesg).

• Homenaje a la Educación Pública

El diputado Fabián Rogel (UCR) brindó un homenaje a la educación pública, destacó la masiva Marcha Federal Universitaria que tuvo lugar el martes y cerró su alocución leyendo parte del manifiesto liminar de la Reforma Universitaria de 1918: “Los dolores que quedan son las libertades que faltan”.

La diputada Laura Stratta (PJ) realizó un “homenaje a la movilización” y resaltó la necesidad de que “el miedo no nos inmovilice”, al tiempo que destacó que “la educación pública y gratuita es un cimiento de nuestra patria”.

En tanto, el diputado Roque Fleitas (La Libertad de Avanza) dijo que “no está en riesgo la educación pública”, recordó los recortes de Sergio Massa al presupuesto educativo, manifestó la importancia de que las universidades sean transparentes y pidió auditorías.

Liliana Salinas (Partido Conservador Popular) replicó las palabras de la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien cuestionó la Marcha Federal Universitaria y sostuvo: “Yo quiero una Universidad donde no tengas que ver carteles de las señoras de los pañuelos blancos que se enriquecieron los bolsillos con una tragedia”, entre otras cuestiones.

Julia Calleros Arrecous (Bloque Fe y Libertad) instó “al dialogo, a la sensibilidad y al respeto” y aseveró: “Acompañamos la educación pública”.

Más tarde el diputado Juan José Bahillo (PJ) cuestionó que esta Cámara se reproduzca “las descalifcaciones y la violencia verbal” que hizo la Vicepresidenta y le aclaró los tantos a Fleitas sobre el presupuesto destinado al sistema universitario durante la gestión de Sergio Massa.

Por su parte, la diputada Érica Vilma Vázquez (Juntos por Entre Ríos) expresó: “La mejor marcha que tenemos que hacer los representantes del pueblo es levantar las banderas de las voces que no se escuchan. Afuera están los reclamos, acá adentro están las soluciones”

Luego Lorena Arrozogaray (PJ) cuestionó el posteo violento del presidenta Javier Milei sobre la marcha: “Lágrima de zurdos” y expresó su preocupación por “la desconexión con la realidad”. También cuestionó el estado edilicio de las escuelas.

A su turno Juan Rosssi (Juntos por Entre Ríos) resaltó la importancia de la Marcha Federal Universitaria y cuestionó el “ajuste brutal” de Milei sobre el sistema universitario. Aseveró que “la educación es un pilar central para la libertad que tanto pregona el Gobierno nacional”.

Luego Carola Laner (Juntos por Entre Ríos) le respondió a su par Arrozogaray: “Gobernaron la provincia más de 20 años y sabe que el mal estado edilicio de las escuelas viene de años, no comenzó el 10 de diciembre”. En tal sentido, pidió “sinceridad y autocritica” al PJ.

El gobierno de Entre Ríos analiza nuevos sistemas de transporte provincial

El Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, a través de la Secretaría de Transporte, está llevando adelante proyectos para la transformación en el sistema de transporte de Entre Ríos, con el objetivo de modernizar y elevar la calidad del servicio.

«Los entrerrianos necesitamos mejores condiciones en el servicio, frecuencias y recorridos que respondan a las diferentes regiones de la provincia, para que los recursos que ahora se destinan a subsidiar un formato ya obsoleto, cambien hacia una nueva visión del transporte público provincial», expresó el ministro Darío Schneider.

Desde el inicio de la gestión, el equipo de la Secretaría de Transporte estuvo trabajando en metas de corto y mediano plazo, buscando proyectos más innovadores, inspirados en modelos exitosos ya existentes de otras provincias de la región centro y en estrecha colaboración con los gobiernos locales.

En este marco, se entablaron conversaciones para analizar alianzas estratégicas con empresas líderes de tecnología en el sector, adaptando estas ideas a los recursos disponibles en Entre Ríos.

Para la planificación de un nuevo sistema de transporte, el equipo de la Secretaría, junto a representantes de Sidecreer, encabezados por su titular Mariano Reyno Buch, concretaron un primer encuentro que busca darle a la provincia un sistema de aporte a la demanda. Este enfoque permitirá un control total de la información, garantizando mejor calidad de servicio, seguridad, horarios, frecuencias y eficacia en el sistema financiero.

El secretario de Transporte, Juan Diego Elsesser, destacó la importancia de este encuentro de trabajo y la disposición mostrada, tanto por la empresa como por los equipos técnicos. Este primer encuentro busca evaluar la viabilidad del respaldo del gobierno, a través de Sidecreer, como órgano administrativo para la emisión de tarjeta de transporte; y de la Secretaria de Transporte, como agente efector para la primera etapa.

«Fuimos a analizar la posibilidad de un esquema donde se podría subsidiar a sectores por etapas, como la demanda en jubilados, empleados públicos y personal docente, que ya cuenten con la tarjeta y usen transporte como prueba piloto. El paso siguiente será tener un informe técnico de la empresa que nos permitirá ver la posibilidad de implementación para Entre Ríos», expresó Elsesser.

Por último, se refirió al pedido del gobernador Rogelio Frigerio de dejar atrás 20 años de un mismo esquema que funciona sin actualizaciones a las necesidades de los usuarios. «Nos ha pedido tener la meta de un transporte público de mayor calidad, que impulse el desarrollo y la conectividad en toda la provincia», manifestó.

Hubo 32 despidos en el IAPV por designaciones irregulares

Se trata de designaciones ordenadas por Bordet en el último año de su gestión , como parte de su plan de acomodar y conformar a asociados políticos y allegados personales. Según trascendió estos puestos en el Instituto de la Vivienda fueron otorgados por DECRETOS SIN NINGUNA JUSTIFICACIÓN QUE LOS AMERITE, con el consecuente perjuicio a las arcas del Estado, ya sobre exigidas.

En total son 40 designaciones realizadas sobre el final de la gestión de Gustavo Bordet,  actualmente investigado por enriquecimiento ilícito, que fueron revisadas para ser dadas de baja por no tener un sustento cierto que las justifique, simplemente eran nombramientos que fueron hechos de manera compulsiva. Sin embargo, después de hacer exhaustivas evaluaciones para no caer en errores administrativos que luego desemboquen en complicaciones judiciales, 8 de esas contrataciones se mantuvieron, mientras que las restantes se procesaron para ser discontinuadas.

La principal razón que motivó el descarte de estos cargos es que habían sido asignados sin que se llame ni se realice ningún concurso de aptitud. Ni siquiera están basados en una necesidad de personal que tenga el Instituto de la Vivienda. Estos nombramientos fueron hechos al más puro estilo Bordet, a dedo y por imposición, como fue el sello de todo su gobierno y también la manera en que condujo el PJ entrerriano.

Estos nombramientos, por no estar contemplados por ninguna necesidad del Instituto y no estar planeados, sino que fueron impuestos sin ninguna consulta previa, NO estaban previstos en el presupuesto, con la consecuencia que esto implica, porque esta gente nombrada, si iba o no a trabajar poco importaba, lo que sí es seguro, es que había que abonarles el sueldo correspondiente.

Según trascendió de fuentes del IAPV, lo acontecido en el organismo es un calco de lo que pasó en la Legislatura, donde Giano y Stratta se prestaron a poner su firma para montones de nombramientos que eran ordenados por Bordet, y otros que ellos también  pusieron según su antojo y conveniencia, sin prever secuelas económicas, sin que les importe el perjuicio financiero al Estado, y que, en definitiva, es un delito, por el que la Justicia hoy ya los está apuntando.

Todas las designaciones en el IAPV que fueron dadas de baja eran de carácter administrativo, y mayormente se trata de acomodos entre ellos hijos, hijas y parientes de dirigentes cercanos a Bordet. A pesar de que claramente estos cargos fueron creados de manera IRREGULAR y sin razón práctica, solo son puestos inventados para favorecer a estos hijos de … , muchos amenazan con iniciar acciones judiciales contra el Estado.

Lo del IAPV es otra muestra de cómo el Estado ha sido utilizado como AGENCIA de COLOCACIÓN para que se favorezcan a ciertos agraciados, no con un trabajo, sino con un sueldo, o más bien, un subsidio encubierto, porque es bien sabido que la mayoría ni siquiera prestan algún servicio, ni concurren a sus lugares de labor. Es más, algunos no saben a donde deberían ir si tuvieran que presentarse a trabajar.

Estas  32 designaciones dadas de baja se suman a las 50 del Senado, como una clara muestra de que lo anunciado por Frigerio al asumir, respecto a lo que fue la andanada de nombramientos que se sucedieron en la última etapa de Bordet, lo que implicó colapsar aún más la economía de la provincia para pagar favores políticos personales del ex gobernador, que con más de un año de antelación sabía que se perdían las elecciones, y debía dejar los compromisos saldados.

Portal David Ricardo

Asumieron las nuevas autoridades del PJ Uruguay

Este sábado 20 de abril asumieron las nuevas autoridades del Consejo Departamental Uruguay del Partido Justicialista. Fue a través de un acto en el que se convocó a dirigentes y militantes en la sede partidaria uruguayense, ubicada en Bulevar Yrigoyen 1118.

“Es tiempo de asumir la responsabilidad de devolverle al PJ la mirada hacia las personas, hacia los militantes, hacia los vecinos que nos demandan en los momentos difíciles. El único camino es el de la horizontalidad, la generosidad y la humildad. Este es el tiempo que viene y agradezco a todos los compañeros y compañeras que aceptaron ser parte de este desafío y que creen en el justicialismo como el mayor movimiento nacional de inclusión de Latinoamérica”, señaló José Eduardo Lauritto, al asumir la conducción del PJ uruguayense ante un muy buen número de asistentes.

El nuevo Consejo Departamental del PJ Uruguay quedó conformado por los siguientes consejeros Titulares: José Eduardo Lauritto; María Belén Ratto; Martin Héctor Oliva; Marianela Marclay; Ricardo Sandoval; María Isabel Nuñez; Sergio Oscar Bertelotti; Mariela Moreira; Miguel Arturo Toledo; Luisina Muñoz; Gabriel Perdomo; Ana Paula Robina; Oscar Alberto Noir; Analía Hernández; Guillermo Antonio González. Y Consejeros Suplentes: Raúl Alberto Benítez; Stefanía Martinez; Cristian Bonato; María Victoria Bozzolo; Héctor Miguel Montenegro; Amalia Jorgelina Cordoneda y Juan Manuel Retamar.

También quedaron formalizados los Congresales Titulares para representar al Departamento Uruguay en el PJ entrerriano. Ellos serán: José Eduardo Lauritto; Andrea Scarbol; Martin Héctor Oliva; Graciela Guerrero; Carlos María Scelzi; Ana María Díaz; Fernando Viganoni; María Del Carmen Tourfini; Ramón Barrera; Mariana Bardisa; Luis Hernán Niz; María Celeste Pérez; Rene Bonato; María Celeste Olmos; Juan Martin Garay; Mariela Satto; Yari Seyler; Valeria Jauregui; Pablo Rodríguez; Marisa Arrieta; Ariel Darío Schlotthauer; Fátima Valeria Arrigoni; Fernando Rene Serrano; Ludmila Nichajew ; Alejandro Osuna y Cristina Ceretti.

Lauritto agradeció “a cada uno de los compañeros que están dispuestos a encarar esta nueva etapa con más comprensión, con más unidad y con más compromiso con la gente.

Esta casa partidaria será una casa de puertas abiertas, queremos que la sientan así, queremos que los compañeros y compañeras se apropien de este espacio, lo hagan suyo con acciones, con propuestas, con diálogo, con críticas, con debate y con iniciativas.

Muchas gracias a todos los que dijeron que sí, para volver a ser esperanza”, finalizó Lauritto.

Ajuste a la niñez: advierten desarticulación de programas para infancias de todo el país

La motosierra del Gobierno se activó en uno de los sectores más sensibles de la población. Mientras UNICEF advierte que casi nueve millones de niños y niñas de la Argentina son pobres, Javier Milei desactivó programas nacionales de asistencia y acompañamiento que se desplegaban en todo el territorio. Se trata de diversas políticas públicas que se instrumentaban desde la ex Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia; ahora denominada Subsecretaría de Políticas Familiares.

Becas, construcción de centros de primera infancia, prevención del embarazo adolescente, capacitaciones contra la violencia infantil y asistencia económica directa son algunas de las prestaciones en riesgo a partir del despido de cientos de trabajadores, lo que implicó el desguace y paralización de áreas específicas que trabajaban para las infancias.

La Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes puso la alerta en el marco de un informe presentado en la Cámara de Diputados en la interrupción de varios de los programas que buscaban garantizar derechos de este segmento de la población. Entre ellos, por ejemplo, la falta de pago del Programa de Acompañamiento para el Egreso (PAE), que consta de un aporte mensual para adolescentes que dejan los hogares de tránsito y comienzan su vida adulta. La mayoría de ellos tienen que comenzar a pagar un alquiler y afrontar sus propios gastos de manutención. En total son 2.489 adolescentes que cobran un subsidio mensual para este fin y aún no recibieron el pago correspondiente al mes de febrero, consignó el portal del diario Ámbito.

Según pudo relevar Ámbito, otro de los programas desarticulados es el Programa Nacional de Primera Infancia. Son más de dos mil Centros de Desarrollo Infantil de provincias, municipios y ONGs planificados para sectores populares. En los cuatro meses del gobierno de Javier Milei se dejaron de pagar las becas a todos estos Centros. Además, están paradas las más de 500 obras de refacción de los CDIs, que se estaban haciendo con un crédito BID, y tampoco se están construyendo nuevos.

 

Ley Lucio y Ley Brisa

La aplicación de la Ley 27.709, conocida como Ley “Lucio” también está paralizada. Se trata de la normativa que estableció la Creación de Plan Federal de Capacitación en Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes y el Programa “Crecer con Derechos”, para prevenir la violencia contra las infancias. Con un amplio consenso, la normativa se había puesto en marcha el año pasado y, entre agosto y diciembre, se habían capacitado a 20 mil agentes para todo el país. Hoy están inactivos.

La motosierra también alcanzó a la Ley de Reparación Económica de Niños, Niñas y Adolescentes, conocida como Ley Brisa. Más de 1.400 titulares perciben una indemnización mensual. Sin embargo, no hubo más altas desde el 10 de diciembre de 2023.

Por otra parte, los apoyos económicos y técnicos a las Provincias, Municipios y ONGs también se interrumpieron. Hasta ahora no hubo ninguna transferencia presupuestaria ni técnica. Tampoco hubo nuevas capacitaciones a referentes de acompañamiento ni se renovaron los convenios vencidos para este fin con algunas provincias.

 

Despidos

En total, en la exSenaf hubo 348 trabajadores y trabajadoras despedidos. Las desvinculaciones se hicieron en tres etapas a lo largo de estos cuatro meses y así, los diversos programas fueron quedando inactivos. En muchos casos, se trata de agentes que fueron capacitados por el mismo Estado que hoy prescinde de ese capital humano.

El contexto para el ajuste es alarmante. Un informe reciente de Unicef estimó el incremento en los niveles de pobreza infantil en lo que va del gobierno de Milei. Según advierte la organización, un “ejercicio de microsimulación para el primer trimestre de 2024, revela un aumento ostensible de la pobreza monetaria de niñas y niños: de concretarse ciertas previsiones macroeconómicas la pobreza total ascendería a un 71% y la pobreza extrema a un 34%. En términos poblacionales, implicaría que 8,8 millones de chicas y chicos serían pobres y 4,3, indigentes. Esto es una alerta para la política pública ya que, de registrarse los valores estimados se estaría frente a una crisis profunda con grandes repercusiones en el bienestar no sólo actual sino también de largo plazo, a través de la denominada transmisión intergeneracional de la pobreza”, publicó Ámbito.

Desde la Secretaría de Niñez y Familia del Ministerio de Capital Humano a cargo de Pablo De La Torre destacan que los montos de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la tarjeta Alimentar fueron duplicados y el Plan Mil Días tuvo un incremento de 500 por ciento. El monto de este último pasó de 3 mil a 20 mil pesos. Sin embargo, lo que advierten desde la Defensoría es que estas sumas se tornan insuficientes si, al mismo tiempo, se recortan todos los programas de asistencia nacionales. “No sirve solamente aumentar las percepciones si por otro lado quitás el acompañamiento en salud, crianza, en los Centros de Desarrollo Infantil o si cortás las obras para espacios de cuidado”, señalaron ante la consulta de Ámbito. “Dieron más dinero a la gente, pero desarticularon todas las políticas. El acompañamiento no existe más”, alertaron.

Desde la Defensoría comandada por Marisa Graham agregaron: “El temor es que se pierda la perspectiva de derechos de niñas, niños y adolescentes. Siempre trabajamos en la perspectiva de sus derechos en relación a sus familias. La preocupación de la Defensoría y los organismos de niñez de las provincias es que los facilitadores y capacitadores están siendo desvinculadas. Desaparece personal que fue capacitado durante años para estas tareas”.

 

Presupuesto

Entre las advertencias de Unicef Argentina está, además, la reducción en términos reales del presupuesto nacional y la discrecionalidad que implica la prórroga del ejercicio 2023.

“La falta de una Ley de presupuesto que transparente y explicite el plan programático del gobierno en relación con la niñez y la elevada discrecionalidad que da el esquema de presupuesto prorrogado a la asignación presupuestaria plantea riesgos significativos de desfinanciamiento de líneas presupuestarias clave para la garantía de derechos de niñas, niños y adolescentes (NNyA)”, señala otro informe de la organización. Dicho estudio alerta que “con este presupuesto vigente se proyecta para 2024 una caída del presupuesto transversal de NNyA del 75% en términos reales respecto del presupuesto devengado en 2023, o el equivalente a 1,37pp del PIB (…) Considerando las proyecciones de inflación vigentes para 2024 (…) implica una caída del 75% en términos reales respecto del presupuesto devengado en 2023”.

Esta merma en la asignación de recurso, implica, además, un incumplimiento de la ley vigente. Así lo señala Unicef: “También implicará el incumplimiento a la Ley de Protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes (Ley Nº 26.061), que en su Artículo 72 establece la intangibilidad de los fondos destinados a la infancia, adolescencia y familia, y prohíbe las reducciones presupuestarias en relación con la previsión o ejecución de los ejercicios anteriores”.

 

Obra Pública

El recorte de la obra pública también alcanza a los centros de desarrollo infantil. En concreto, no continuaron las obras que tenían un 60% de ejecución, como se había prometido al inicio de la gestión de La Libertad Avanza. Tampoco comenzaron la construcción de centros de cuidado nuevos.

En concreto, las políticas de educación sexual integral, las Becas a estudiantes, el plan Conectar Igualdad, el Fondo de Incentivo Docente (FONID), los Fondos para la Defensoría de NNyA están siendo parte del ajuste. Hasta fue desarticulado el Plan ENIA para prevención del embarazo adolescente. Había sido instaurado por el gobierno de Mauricio Macri en 2018 y mostró un exitoso resultado con la baja de un 52% del embarazo adolescente. Así y todo, fue interrumpido.

Frigerio criticó el aumento de sueldo de los senadores y aseguró que “es inapropiado en este momento”

La decisión de los senadores de aumentarse el sueldo de manera exponencial, generó gran controversia. En ese marco, el gobernador de Entre Ríos cuestionó a los legisladores que votaron a favor de incrementarse el salario.

“No sé si corresponde o no, es inapropiado en este momento”, aseguró el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio. “La situación de hoy es peor que la del 2001. A mí me bajó un tercio la recaudación respecto del año pasado. La política tiene que volver a dar el ejemplo”, remarcó.

“Hay una visión de la ciudadanía de falta de empatía”, señaló el gobernador. “No es cuestión de comparar cargos, en este momento de la Argentina vos necesitas patriotas. Gente que esté dispuesta a ceder lo que podría ganar en otro lado para tratar de sacar el país adelante. Es la peor crisis de la historia”, insistió Frigerio.

El gobernador de Entre Ríos calificó de «inoportuno» el incremento salarial que aprobaron los senadores. Pidió que «la política vuelva a dar el ejemplo».

“La gente la está pasando peor que nunca”, enfatizó el mandatario. “Esto de los sueldos es la punta del iceberg. Hay que rediscutir todo el gasto destinado al Congreso. Yo bajé un 70% los gastos en Entre Ríos”, remarcó.

En la misma línea, Frigerio se alineó con el discurso de Milei e hizo hincapié en que “todos tenemos que entender que no hay más plata y tenemos que adaptarnos a esta realidad, sin financiamiento y la decisión férrea”.

“Yo leí el pacto de mayo y en ningún momento vi que haya alguna escuela austríaca. Creo que son cuestiones básicas. Voy a ir por convicción, porque creo en esos 10 puntos”, afirmó el mandatario.

En cuanto a la vuelta del Impuesto a las Ganancias, Frigerio afirmó que “no existe más”. “Hay que discutir cuál es el alto ingreso, desde dónde se paga”, afirmó el gobernador. “En los países del mundo se paga desde muy abajo y muy poquito. Si tengo que bajar impuestos arranco por el IVA, no por los altos ingresos”, finalizó el mandatario entrerriano.

TN

Misiones y Corrientes se suman a la propuesta entrerriana de comprar energía directamente a Salto Grande

En el marco de la desregulación eléctrica, Corrientes y Misiones quieren operar directamente con Yacyretá y Salto Grande. Vale recordar que a nivel local se presentó un proyecto de ley para constituir una “Cammesa entrerriana”.

Aferrados a los anuncios del secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo y a las desregulaciones que Javier Milei impulsa con la nueva Ley Bases, el gobernador correntino Gustavo Valdés y su par misionero Hugo Passalacqua pusieron en marcha una movida que apunta a cambiar las reglas de juego del negocio eléctrico.

Según lo informado por Letra P, los dos mandatarios mesopotámicos quieren dejar de adquirir la energía a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico SA (Cammesa) y pasar a comprarla en forma directa a las hidroeléctricas Yacyretá y Salto Grande.

Hace más de 15 años que Corrientes viene reclamando a las diferentes administraciones nacionales la posibilidad de abastecerse directamente con la energía eléctrica que genera Yacyretá. Ese cambio, según las estimaciones de técnicos locales, implicaría para la provincia pasar a pagar por la energía un precio entre 30% y 40% menor que el valor actual establecido por Cammesa para el nodo regional del NEA.

Desde la reforma del negocio eléctrico implementada durante la gestión de Carlos Menem, el esquema legal vigente determina que la energía proveniente de las centrales binacionales con Paraguay (Yacyretá) y Uruguay (Salto Grande) sólo puede ser adquirida por Cammesa.

Planteos de Corrientes y Misiones
Corrientes pide que la habiliten a comprar directamente a la hidroeléctrica del río Paraná, asentada en su territorio, solo una porción marginal del total de la generación que le corresponde al país y que estará destinada a cubrir la diferencia entre lo que consume y lo que está recibiendo actualmente de energía a cambio de las regalías que debería pagar la represa.

A la jugada correntina se plegó el gobierno de Misiones con una postura similar, orientada a cortar la dependencia actual que tiene con Cammesa por la provisión de energía del sistema nacional.

La administración de Passalacqua también quiere pasar a abastecerse de manera directa desde Yacyretá y Salto Grande con contratos de suministros a mediano y largo plazo, similares a los que tuvieron distribuidoras eléctricas del interior con las generadoras térmicas hasta la crisis de 2001.

Desconectada de la red de gasoductos, Misiones está atada como ninguna otra provincia a la provisión de energía eléctrica para poder sostener las actividades productivas y la atención de las demandas domiciliarias.

Además de poder convertirse en compradora directa de la energía de las hidroeléctricas de la región, las autoridades misioneras le reclaman a la Nación el pago de $75.000 millones por regalías atrasadas.

 

Gustavo Valdés y Hugo Passalacqua, en la misma

La movida de Corrientes y Misiones comenzó a tomar fuerza el mes pasado, luego de que Rodríguez Chirillo ratificara que la nueva política energética “dejará de lado en el modelo centralizado del sector eléctrico, conducido fundamentalmente por el Estado y Cammesa, para pasar a un modelo descentralizado basado en la desregulación y libertad de contratación entre las empresas y el desarrollo de inversiones privadas”.

Ese cambio de rumbo se vio reforzado con el nuevo contenido de la ley ómnibus XS que Milei remitió al Congreso. En el capítulo energético, el proyecto de ley le da al Gobierno amplias facultadas para llevar adelante los cambios que sean necesarios para “asegurar la libre comercialización y máxima competencia de la industria de la energía eléctrica, garantizando a los usuarios finales, la libre elección de proveedor”.

 

Presión doble de Entre Ríos

Tras habilitar que las boletas de luz se puedan pagar en tres cuotas sin recargos para amortiguar el impacto del último aumento en el precio de la energía que dispuso Cammesa; el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio presentó una demanda contra la Nación por el cobro de las deudas y regalías pendientes de la central hidroeléctrica de Salto Grande.

Se trata de un reclamo inicial por $40.000 millones que forma parte de la presentación efectuada ante la Corte Suprema de Justicia, en la que Entre Ríos también exige el pago de otros $154.000 millones por transferencias adeudadas a la Caja de Jubilaciones.

Las deudas por Salto Grande corresponden a los excedentes de generación y regalías del último semestre del año pasado y lo que va de 2024. Frigerio aseguró que durante muchos años Entre Ríos recibió en concepto de regalías “una remuneración muy injusta que es casi tres veces menos que la llega por Yacyretá”.

 

Cammesa entrerriana

Casi al mismo que ingresaba la demanda a la Corte, la oposición provincial presionó a Frigerio para que siguiera una estrategia similar a la que implementaron Valdés y Passalacqua con respecto a la compra de energía.

Con la letra aportada por el ex titular de Aduana Guillermo Mitchel; el diputado provincial Juan José Bahillo presentó un proyecto de ley para constituir una “Cammesa entrerriana”, que se dedicará a adquirir y comercializar la energía generada en Salto Grande.

La iniciativa opositora contempla la creación de Administradora Energía Entre Ríos SA. Estará bajo el control del gobierno provincial y tendrá la “titularidad para la comercialización de la energía eléctrica que Salto Grande aporte al país, pudiendo operar en cualquier segmento de la cadena de valor en forma integrada o independiente a través de unidades de negocios específicas”.

Para justificar el armado de la nueva comercializadora provincial, los impulsores del proyecto calcularon que, con las reglas actuales del negocio eléctrico, la provincia pierde anualmente unos u$s120 millones anuales. Esto se debe a que Salto Grande recibe como pago u$s5 por MWh, mientras que la eléctrica estatal entrerriana (Enersa) tiene que abonarle a Cammesa entre u$s40 y u$s50 por cada MWh que recibe el sistema nacional.

Entre Ríos trabajará en conjunto con otras cinco provincias en el cuidado del ambiente

En pos de priorizar el cuidado ambiental y el desarrollo humano, Entre Ríos conformará la Alianza Verde Argentina (AVA), junto a Misiones, Jujuy, Córdoba, Santa Fe y La Pampa.

Seis provincias argentinas, más el gobierno de Paraguay y los estados brasileños de Río Grande do Sul y Paraná como Estados observadores –no miembros–, firmarán el próximo lunes 22 un acuerdo que sentará las bases para un futuro sostenible para la región. El acto tendrá lugar en el auditorio de la fundación Tierra Sin Mal en Posadas, Misiones.

En representación de Entre Ríos acudirá Rosa Hojman, secretaria de Ambiente del Ministerio de Desarrollo Económico, quien indicó: “Nos enorgullece como provincia poder formar parte de esta iniciativa, que atiende a la necesidad imperiosa de cuidar el ambiente en el que habitamos. Argentina es un país colmado de riquezas y bellezas naturales, y desde los Estados provinciales debemos trabajar en conjunto para asegurar un futuro sustentable para las generaciones venideras”.

Esta coalición de gobiernos asienta bases estratégicas de cooperación interprovincial, en la implementación de políticas ambientales y climáticas, dedicando especial atención a priorizar la puesta en valor de los servicios ambientales en los mercados globales. A través de proyectos que fomenten la sostenibilidad, contemplando la conservación de los recursos naturales y una respuesta adecuada al cambio climático en sus respectivas regiones, coordinarán acciones que impulsen el desarrollo social, educativo y económico.

Asimismo, la AVA busca compartir conocimientos, experiencias y llevar a cabo acciones en materia de mitigación y adaptación al cambio climático, como ser: uso de energías limpias y renovables, planificación del uso del suelo potenciando los sectores agrícolas, fortalecer la gestión de riesgo climático en las provincias, conservación de ecosistemas nativos, biodiversidad, entre otros.

El gobierno entrerriano analiza pagar un “plus” a docentes que no falten a trabajar

El ministro de Gobierno de Entre Ríos, Manuel Troncoso, adelantó que trabajan en el pago de un plus a docentes que no falten y se refirió a los reclamos por fondos adeudados. “En un contexto de enorme fragilidad económica, el gobernador ha hecho un esfuerzo titánico para recomponer salarios. Nuestro compromiso es que la paritaria sea abierta y transparente y la creemos en una herramienta para rediscutir sueldos y también condiciones de trabajo”, dijo el funcionario en radio UNER.

En ese marco, Troncoso adelantó que se propondrá el pago de un plus salarial para los docentes que tengan asistencia perfecta al aula como sucede en Santa Fe donde presentaron el programa Asistencia Perfecta.

Señaló que el proyecto se está terminando de delinear, pero que -según su mirada- no debería beneficiar a maestros que realicen medidas de fuerza. “La idea es que los docentes que estén al frente del aula tengan un plus de 10% más de incentivo salarial, muy similar a lo que ocurre en Santa Fe. Es una decisión del gobernador que entiende que es muy importante premiar y reconocer el trabajo del docente que está al frente del aula. Ahora tenemos que discutir algunos detalles con el sindicato, pero esto no es en el marco de la paritaria”, explicó.

 

Reclamos a Nación

En otro orden de temas, el ministro entrerriano habló de los reclamos a Nación por fondos adeudados, algunos de los cuales fueron judicializados.

“No podemos ir a trabar con la cabeza contra una gestión que precisa gobernabilidad, con Cámaras en minoría y sin gobernadores. Es todo muy prematuro, el punto de inflexión será el Pacto de Mayo. A la par tenemos la decisión de plantarnos políticamente ante el gobierno central por los recursos que nos deben, de Anses y Salto Grande. Y por eso fuimos a la Corte; es una lucha y un desafío que une a los entrerrianos por sobre cualquier color político y bandería”.

 

El programa Asistencia Perfecta de Santa Fe

El Gobierno de Santa Fe anunció esta semana la creación del programa «Asistencia Perfecta», una serie de incentivos salariales mensuales y trimestrales que busca premiar la asistencia docente.

La medida fue anunciada por los ministros de Educación, José Goity, y de Economía, Pablo Olivares. El incentivo se dividirá según el cargo del docente, y habrá tanto mensuales como trimestrales.

En el caso de un docente que recién inicia y cuenta con un solo cargo percibirá una suma de $57.000 más en caso de tener asistencia perfecta durante un mes, y si se extiende por tres meses recibirá un adicional de $86.000. Es decir, en caso de contar con asistencia perfecta durante tres meses, el docente percibirá aproximadamente $257.000 en concepto de incentivo.

Lo mismo ocurre con los docentes de cargo más altos, con la diferencia de que las sumas son más elevadas. Cobrarían $114.000 por mes y $257.000 por trimestre, algo así como $500 mil extra.

El ministro de Educación Goity declaró: “Queremos premiar a los docentes que hacen un esfuerzo extraordinario” y agregó que “es un reconocimiento a quienes tienen asistencia perfecta a su lugar de trabajo, acompañando y sosteniendo los procesos pedagógicos y educativos”.

A su vez, comentó de donde proviene la medida: “El año pasado, los santafesinos, a través de los recursos que el Estado destina a educación, pagó 100.000 millones de pesos en reemplazos. La proyección para este año son 250.000 millones. Es mucho dinero, entonces empezamos a trabajar en acciones que reviertan esa situación”.

Ahora

Los senadores se aumentaron las dietas en plena sesión, a mano alzada y sin debate

Votaron un proyecto de resolución minutos antes de finalizar el encuentro de este jueves en la Cámara alta. Les quedarán más de $4 millones en mano. Vigencia desde el mes próximo.

Los senadores aprovecharon el final de la sesión de este jueves para tratar un proyecto de resolución sobre tablas y aprobaron un aumento de sus dietas. Lo hicieron a mano alzada y sin debate, y los sueldos en mano pasarían a partir de junio próximo de $1,7 millones a más de $4 millones.

De esta manera, los legisladores evitaron que se involucrara en el asunto la vicepresidenta y titular del Cuerpo, Victoria Villarruel. Semanas atrás, una suba en base a una resolución conjunta con su par de Diputados, Martín Menem, tuvo que retrotraerse. Ahora, los senadores actuaron por su cuenta, en una medida que no fue acompañada por el oficialismo, según dijo al término de la sesión el jefe libertario, Ezequiel Atauche, ante periodistas acreditados. No obstante, como firmante de la iniciativa aparece Bruno Olivera Lucero.

La jugada concretada este jueves nació ayer, en la reunión de Labor Parlamentaria que se realizó para organizar la sesión. Allí, desde varios bloques hubo quejas por algunas declaraciones y movimientos del Ejecutivo. “Queremos ganar lo mismo que -el vocero presidencial, Manuel- Adorni. A él también le subieron hace poco”, deslizó a Infobae un experimentado senador de la oposición.

Anoche, el texto en cuestión estaba en conocimiento de las distintas fuerzas. El mismo establece que las dietas pasarían a estar conformadas por 2.500 módulos -hoy, cerca de los $1.700-, más un adicional de 1.000 módulos por gastos de representación, y 500 módulos de adicional por desarraigoDe hecho, se agregará una dieta más a las 12 originales para compensar el aguinaldo.

En el recinto, quien tomó la posta fue el senador del peronismo disidente Juan Carlos Romero, que solicitó la incorporación del proyecto de resolución 615/24 -aún no está cargado en la web de la Cámara alta- y pidió habilitarlo sobre tablas. Se necesitaban dos tercios. Villarruel puso la definición a mano alzada y, pese a que algunos legisladores no lo hicieron, quedó convalidadaSin debate, se volvió a votar la iniciativa de manera formal y quedó aprobada.

Victoria Villarruel (NA)

Qué pasó en marzo

El mes pasado, Menem y Villarruel desactivaron la suba otorgada a fines de febrero último, cuando acordaron y convalidaron un aumento del 16% a partir del 1° de enero de 2024, y del 12% más acumulativo desde el 1 de febrero. La variación acumulada respecto a diciembre último era del 29,92%.

En la resolución se dejó en claro que quedaba anulada “a partir del 1 de enero” pasado -retroactivo- la resolución conjunta 13/11 “suscrita por Amado Boudou y Julián Domínguez, en lo que respecta a la equiparación y movilidad automática de la Dieta, Gastos de Representación y Desarraigo que perciben los diputados y senadores nacionales”. Eso no corrió para el resto de los empleados legislativos.

Si bien la dieta de los senadores y diputados estaba atada a la paritaria de los trabajadores del Congreso, eso se interrumpió en 2021, en medio de la pandemia y un contexto de descontento generalizado con la dirigencia de todos los partidos, con fuertes cuestionamientos a los gastos de “la política”. En aquel momento, las autoridades habían decidido “desenganchar” las dietas de los legisladores de los acuerdos salariales de los empleados.

En ese sentido, se firmó una resolución que estipulaba que cualquier aumento de los haberes de los legisladores debía ser “tratado y aprobado por el pleno de ambas Cámaras”. La estrategia buscaba contener el reclamo de incrementos, ya que los legisladores evitarían votarlo en el recinto para evitar las críticas públicas.

El presidente de Diputados, Martín Menem (Reuters)

Sin embargo, en noviembre de 2022, cuando se negoció el último tramo de la paritaria de ese año, se derogó el artículo 2 de la Resolución Conjunta 03/2022 y los aumentos de dieta volvieron a estar “enganchados”. Todo esto fue explicado por este medio el 23 de febrero pasado.

En el Congreso, tanto las autoridades, legisladores y empleados sabían a la perfección lo que se había consensuado con los gremios a fines de febrero pasado. Es decir: Menem y Villarruel conocían al detalle la negociación en cuestión, y por eso la defensa que realizó en ese entonces la vicepresidenta y titular del Senado, incluso, cuando presentó sus argumentos a la Casa Rosada.

A diferencia de Villarruel, Menem olvidó rápido lo que firmó su secretaria administrativa -quien maneja la caja de la Cámara baja- y se alineó con la postura de Milei. Primero, sostuvo que enviaba un proyecto. Más tarde entró en razón y convalidó el desenganche de legisladores, mientras que la titular de la Cámara alta lo hizo más tarde. El método fue el de una nueva resolución conjunta.

“Mantener la vigencia de la resolución conjunta -la que permitió la suba- representaría necesariamente la actualización de la dieta, gastos de representación y desarraigo de los señores legisladores”, expresa la nueva normativa. Y luego agrega que “en este contexto de esfuerzo que realizan los argentinos, quienes tenemos responsabilidad pública debemos adoptar medidas en consecuencia”.

El sueldo bruto de los senadores superará los $7 millones: la trama detrás de una votación polémica

Será el salario de mayo, a cobrar en junio. El neto es de 4,5 millones de pesos. El total se calcula con una base de la dieta, más los gastos de representación y desarraigo. Si el Gobierno no hubiera forzado la desactivación del aumento de febrero, dicha cifra hubiese pasado a $3,5 millones. Enojo de Villarruel.

Los senadores se subieron la dieta a más de $7 millones brutos para mayo, o cerca de $4,5 millones en mano a partir de junio próximo, en una polémica votación sin debate y a mano alzada, que se habilitó en menos de un minuto y con dudas por la cantidad de legisladores que después salieron a aclarar, desesperados, para reafirmar su rechazo. Lo más curioso de todo esto es que, si el Gobierno no hubiera forzado a desactivar el aumento otorgado por Victoria Villarruel y Martín Menem a fines de febrero pasado, la cifra a cobrar sería la mitad, es decir, $3,5 millones desde mitad de año.

El embrollo comenzó ayer, durante la reunión de Labor Parlamentaria realizada por jefes de bloque y varios legisladores junto a Villarruel. Allí surgió el tema, aunque varios lo continuaron tras la partida del convite de la Vicepresidenta. Al ser un proyecto de resolución, ella no tuvo voz ni voto en la decisión adoptada.

Villarruel sí defendió la suba otorgada en febrero pasado, que tras acusaciones diversas desde la Casa Rosada desactivó junto a Menem. Había sido, en esa ocasión, una resolución conjunta. El riojano sí se plegó rápido en ese entonces por temor a quedar del otro lado de los deseos del Ejecutivo.

Las conversaciones continuaron durante toda la tarde de ayer. Se definió mantenerlo en privado y presentar un proyecto de resolución que tomó estado parlamentario al mediodía de hoy. Incluía la firma de varios legisladores de la oposición y también de uno del oficialismo, Bruno Olivera Lucero. Tras la sesión, el jefe libertario en la Cámara alta, Ezequiel Atauche, informó a los periodistas acreditados que nadie de la bancada votó la iniciativa en cuestión. “Queremos ganar lo mismo que -el vocero presidencial, Manuel- Adorni. A él también le subieron hace poco”, deslizó a Infobae un experimentado senador.

En el lote de firmantes también aparecen el titular del bloque kirchnerista, José Mayans, los peronistas disidentes Juan Carlos Romero y Carlos Espínola, la neuquina Lucila Crexell, el radical Pablo Blanco y la misionera renovadora -no massista- Sonia Rojas Decut, entre otros.

El titular del Frente de Todos en la Cámara alta, José Mayans

Si de números se trata, el texto establece que las dietas pasarán a estar conformadas por 2.500 módulos -de $1.800-, más un adicional de 1.000 módulos por gastos de representación y 500 módulos de adicional por desarraigo. Sobre este último punto, sólo cuatro no lo cobran en la actualidad. Además, se agregará una dieta más a las 12 actuales para compensar el aguinaldo. Según confiaron desde un despacho a este medio, la pretensión inicial apuntaba a una mayor cantidad de módulos.

Durante la mañana de hoy se realizó un nuevo encuentro entre distintas fuerzas para reforzar el proyecto y blindarlo. En el recinto, quien tomó la posta fue Romero, que solicitó la incorporación del tema y pidió habilitarlo sobre tablas. Se necesitaban dos tercios. Villarruel puso la definición a mano alzada y, pese a que algunos legisladores no lo hicieron, quedó convalidada. Sin debate, se volvió a votar la iniciativa de manera formal y quedó aprobada.

Bajo estos parámetros, el concepto final en bruto desde mayo próximo -a cobrar en junio- será: dieta de 2.500 módulos de $1.800, que dan $4,5 millones; desarraigo de 500 módulos, $900.000s; y gastos de representación, $1,8 millones. Da un total de $7,2 millones. En mano, cerca de $4,5 millones.

Lo ocurrido este jueves movilizó los sentimientos de varios diputados en la Cámara que maneja Menem. En el Senado, desde un despacho se escuchó por la tarde: “Al final, si dejaban el aumento con el que tanto escándalo se armó, todo esto no pasaba”.

Horas después de la sesión aparecieron repercusiones de Milei, Villarruel y de senadores que ahora le piden a la presidenta de la Cámara alta “la posibilidad de no incluir el aumento autorizado” en sus dietas, como el caso de los radicales mendocinos Mariana Juri y Rodolfo Suarez. A todo esto debe agregarse las declaraciones del oficialismo sobre el rechazo en el recinto, así como el Pro en su totalidad.

En la bolsa de escombros de la jornada de hoy se pueden encontrar varias cuestiones. Primero, legisladores que se mostraron de acuerdo y después sacaron los pies del plato; segundo, dos votaciones -una requería los dos tercios- a mano alzada y rápidas, sin ninguna solicitud para que ambas fueran por medios electrónicos, para que no quedara constancia de cada decisión; y tercero, senadores que juguetearon con la mano para no mostrar, en realidad, qué era lo que avalaban.

“Muchos se quejan o rechazan, pero vamos a ver si donan o no este aumento. Al final, los kirchneristas y peronistas fueron mucho más orgánicos que el resto del recinto y bancaron la parada”, se sinceró un legislador ante la prensa acreditada al término de la sesión.

Infobae

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