Con la media sanción de la Ley Bases de Diputados, once empresas públicas quedaron sujetas a privatización, de las cuales dos, deberán conservar una mayoría accionaria en manos del Estado, y otras cinco incluyeron la opción de ser dadas en concesión. La cifra se redujo sustancialmente del listado original de 41 compañías estatales contemplado en la primera versión de la ley.

Hay un primer lote de “sujetas a privatización” en el Anexo I del proyecto que incluye a Aerolíneas Argentinas, Energía Argentina (ENARSA), Radio y Televisión Argentina (RTA) – que controla la TV Pública y Radio Nacional y sus 40 repetidoras en el país-, y la firma Intercargo, la firma que presta los servicios en tierra, rampas y puentes de acceso en los aeropuertos, publicó el portal de Infobae.

Por pedido de la oposición dialoguista del PRO, Hacemos Coalición Federal y la UCR, el Gobierno incluyó en el texto la intervención previa en el proceso de traspaso a manos privadas de la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Privatizaciones, integrada por diputados y senadores, con la colaboración de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN). A su vez, la Auditoría General de la Nación (AGN) “deberá realizar un examen respecto del proceso de privatización de cada una de las empresas, evaluando el cumplimiento de los aspectos legales y financieros, una vez finalizado el mismo y dentro de un plazo de treinta días hábiles”.

El proyecto que obtuvo media sanción de Diputados prevé que “durante el proceso de liquidación de la empresa, sólo podrán enajenarse los bienes necesarios para la cancelación de los pasivos”. En los casos en que fueran insuficientes para cubrir los pasivos, “se requerirá a la Agencia de Administración de Bienes del Estado la enajenación de aquellos que hubieren constituido el patrimonio de afectación de la empresa de que se trate, hasta cubrir las sumas adeudadas”.

En el texto del proyecto con media sanción hay otras dos empresas públicas que también quedan “sujetas a privatización”, pero incluidas por separado en los artículos 8 y 9, Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA) y Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT), aunque con condiciones diferenciadas del resto. Si bien podrán incluir capitales privados en un programa de propiedad participada, deberán conservar el control mayoritario por parte del Estado. El proceso deberá hacerse “en los términos y con los efectos” de los Capítulos II y III de la Ley N° 23.696, en referencia a la ley de Emergencia Administrativa sancionada en 1989 durante la gestión de Carlos Menem, que le permitió al ex mandatario llevar adelante la primera tanda de privatizaciones de empresas estatales. En el caso de Nucleoeléctrica, el artículo 8 agrega que se necesitará del voto afirmativo del Estado para la ampliación de capacidad de una central nuclear, la creación de una nueva, la salida temporal de servicio y la incorporación de accionistas en la sociedad, destacó el portal de Infobae.

En el Anexo I de la Ley Bases fueron incluidas, además, una tercera tanda donde están Agua y Saneamientos Argentinos (AYSA), Correo Argentino, Belgrano Cargas y Logística, Sociedad Operadora Ferroviaria SE (SOFSE) que opera Trenes Argentinos, y Corredores Viales, pero con la opción de ser concesionadas.

Quedó excluido del listado el Banco Nación y sus seis empresas subsidiarias, como estaba previsto originalmente en el texto del Gobierno, ya que esta posibilidad – aún con mayoría accionaria del Estado – era resistida por diputados del sector dialoguista, especialmente del interior del país. Por ese motivo, fue eliminado antes de la firma del dictamen de mayoría en el plenario de comisiones del jueves pasado.

En conjunto, estas 11 empresas públicas sujetas a privatización o concesión emplean a casi 79.000 personas, según los últimos datos disponibles del INDEC a enero pasado. La que registra mayor cantidad de trabajadores es Trenes Argentinos (23.743), seguida de Correo Argentino (16.775); Aerolíneas Argentinas (11.892); AYSA (7.769), Belgrano Cargas (4.642); y Corredores Viales con 4.300.

En 2023 recibieron, en total, transferencias del Tesoro por $2.059.355 millones (2 billones), de acuerdo a los giros para gastos corrientes y de capital relevados por Infobae del sitio de Presupuesto Abierto. Al tipo de cambio oficial promedio de 2023 ($309,90), equivalen a casi USD 6.645 millones, resaltó el portal de Infobae.

Para 2024, estas compañías estatales incluidas en el proyecto con media sanción tienen transferencias previstas desde el Ministerio de Economía por $2,2 billones ($2.268.044 millones), de las cuales ya se ejecutaron $723.124 millones al 28 de abril último, según los datos oficiales publicados en ese sitio.

 

Las empresas deficitarias

Cinco de esas compañías incluidas en la media sanción de la Ley Bases en Diputados tuvieron el año pasado un resultado financiero en rojo que – sumado – alcanzó $851.260 millones, según el informe elaborado por la Oficina Nacional de Presupuesto (ONP) de la Secretaría de Hacienda. La cifra en dólares equivale a USD 2.740 millones, al cambio oficial promedio del 2023.

El ranking de números deficitarios al cierre del año pasado lo encabeza Aerolíneas Argentinas con $385.115 millones de rojo (USD 1.240 millones). Ese déficit “fue financiado con el incremento de otros pasivos”, según el informe publicado el 30 de marzo por la ONP. A principios de diciembre, antes del recambio de Gobierno, la compañía había informado en un comunicado que “por primera vez desde su reestatización, la empresa alcanza el equilibrio económico con un resultado positivo de US$32 millones para 2023, sin ejecutar además el presupuesto asignado”. Sin embargo, en una suerte de “maquillaje contable”, esos números fueron posible luego de haber conseguido USD100 millones por una emisión a través del fideicomiso administrado por BICE Fideicomisos SA, la mitad de los cuales fue suscripta por el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES, consignó el portal de Infobae.

El año pasado, la aerolínea de bandera recibió transferencias del Tesoro por $40.500 millones, y tuvo ingresos por venta de pasajes por $608.683 millones. Si bien para este año Aerolíneas tenía previstas transferencias por $75.3954 millones, no recibió giros del Tesoro en este primer cuatrimestre, según el sitio de Presupuesto Abierto.

Le sigue en cuanto a los números en rojo AYSA con $384.239 millones. La prestadora del servicio de agua y cloacas en el AMBA, cuando su titular era Malena Galmarini, recibió giros del Tesoro por $285.016 millones en 2023. Para este año, tiene presupuestadas transferencias por $305.793 millones para 2024. En el primer cuatrimestre, la ejecución fue del 32% ($97.433 millones).

Otras firmas deficitarias es Sociedad Operadora Ferroviaria – cuyo nombre comercial es Trenes Argentinos – con un resultado negativo el año pasado de $47.310 millones. La firma tiene a cargo las líneas urbanas de pasajeros Sarmiento, General Mitre, General San Martín, General Roca, Belgrano Sur, y de los servicios regionales y de larga distancia, incluido la línea internacional Posadas-Encarnación. La empresa recibió el año pasado $342.180 millones en transferencias del Tesoro, y tiene previstos $336.000 millones en 2024, de los cuales, ya se ejecutaron $133.149 millones (el 40%).

Luego aparecen Belgrano Cargas con un déficit de $29.493 millones, y Corredores Viales con $5.103 millones abajo.

 

Con resultado financiero positivo

Las restantes seis compañías estatales incluidas en la ley Bases como sujetas a privatización tuvieron superávit en sus resultados del año pasado. Encabeza el listado Nucleoeléctrica Argentina – la generadora de energía eléctrica que tiene a cargo la operación de las centrales nucleares – con $323.326 millones. La cifra obedece a la venta de energía generada por las centrales nucleares Nuclear Atucha I-II y Embalse por un total de $242.705 millones. Si bien tenía presupuestada transferencias a lo largo de 2024 por $7.000 millones, una cifra relativamente baja si se considera lo que obtuvo por ventas de energía, no recibió hasta hora fondos del Tesoro en el primer cuatrimestre, publicó el portal de Infobae.

Se destaca también ENARSA – que se dedica a la exploración y explotación de hidrocarburos, así como tareas de transporte, distribución y comercialización e industrialización de esa materia prima y sus derivados- con $57.079 millones. Este cierre financiero se explica por el volumen de venta de gas, exploración y producción que le sumó ingresos en 2023 por $444.373 millones, según datos de la ONP.

Pero a su vez, la energética estatal creada en 20024 es la que le demandó mayor cantidad de recursos del Estado el año pasado, incluyendo transferencias para gastos corrientes y de capital: $1.128.808 millones ($1,1 billones). En gran parte, porque tiene concesionada la obra del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner, que requirió $700.000 millones de gastos corrientes el año pasado. Según datos de la Secretaría de Hacienda, esa obra tuvo un gasto devengado el año pasado de casi $500.000 millones.

En 2024, ENARSA tiene transferencias previstas por una cifra apenas superior, pese a la inflación, $1.183.841 millones. De este monto, en los primeros cuatro meses del año, se ejecutaron $405.889 millones, el 34%.

En tercer lugar, aparece el Correo Argentino con un resultado positivo en 2023 de $13.144 millones, producto de incremento en sus ingresos por la prestación de servicios postales brindados por la empresa. Más del 57% de sus gastos se lo lleva el rubro remuneraciones por sus 16.775 empleados. El año pasado recibió transferencias del Tesoro por $84.466 millones, mientras que para 2024, están previstos giros por $184.578 millones, de los que ya fueron enviados solo $41.600 millones (el 23%).

Por su parte, Yacimientos Carboníferos Río Turbio – que opera en la provincia de Santa Cruz – también registró un ejercicio superavitario el año pasado de $3.525 millones, luego de tener ingresos por su operación de $2.516 millones y tras haber recibido $47.450 millones del Tesoro. Este año, está previsto que reciba el mismo monto de recursos públicos, pese a la inflación, destacó el portal de Infobae.

También tuvo números a favor el año pasado Radio y Televisión Argentina ($1.464 millones) luego de recibir transferencias por $34.347 millones de Economía. Para este año, tiene presupuestada una partida apenas superior, $34.516 millones, de los que ya recibió el 40% ($13.754 millones).

Intercargo, por su parte, tuvo un resultado positivo en 2023 de $1.245 millones, después de haber recibido fondos del Tesoro por $1.358 millones. Para este año tiene previstos $2.895 millones, pero no tuvo transferencias en el primer cuatrimestre.

Si a los resultados positivos a favor de estas seis compañías públicas se le restan los déficits de las otras cinco, el saldo arroja un rojo en la sumatoria de $451.475 millones, según el análisis de Infobae en base a los números detallados en el informe elaborado por la Oficina Nacional de Presupuesto.

Los radicales Atilio Benedetti y Pedro Galimberti, y los peronistas Gustavo Bordet, Carolina Gaillard, Blanca Osuna y Tomás Ledesma fueron algunos de los legisladores entrerrianos que hicieron uso de la palabra en el recinto. Los dos primeros votaron a favor y los otros cuatro, en contra. También intervino Francisco Morchio, del bloque Hacemos Coalición Federal, quien dijo que dejaba de lado sus sentimientos al votar a favor pese a haber sido tratado de “traidor” desde la oficina del presidente Javier Milei.

Atilio Benedetti (JxC – Entre Ríos) valoró el trabajo realizado para introducir modificaciones, anticipó su voto positivo al proyecto y analizó algunos puntos sobre los cuales planteó disidencias. Puntualmente, mencionó el régimen de incentivo a grandes inversiones. “Esto ocupa casi el 30 por ciento de la Ley Bases, tiene 65 artículos y es un régimen que sorprende por su benevolencia”, señaló, antes de comparar con la situación de países de la región.

“Yo comprometo a esta cámara a que rápidamente vamos a impulsar desde nuestro espacio un proyecto de ley que tenga analogías con esto que vamos a estar aprobando para poder desarrollar el interior del país y que tenga igualdad de oportunidades todo el sector productivo argentino”, manifestó.

Pedro Galimberti (JxC – Entre Ríos) criticó las privatizaciones y los cambios de postura a lo largo de los años. “En la Argentina de la política pendular están los que se rasgan las vestiduras con el Estado presente y están aquellos que hablan del Estado chico, eficiente. Yo quiero decirles que no estoy en ninguna de esas dos posturas. Creo que hay una Argentina intermedia que necesita indefectiblemente cortar con la grieta”, expresó.

Carolina Gaillard (UxP – Entre Ríos) protagonizó un fuerte cruce con su par radical Karina Banfi y con el presidente del cuerpo, Martín Menem. “Ridícula”, “calmate”, “dale un rivotril que está sacada” fueron algunas de las expresiones de Banfi contra la legisladora entrerriana, lo que motivó posteriores expresiones de solidaridad.

“No me hago la boluda jamás. No ando a medias en la vida. Se va a votar una ley que perjudica al país y a la mayoría de los argentinos. Claro que voy a gritar para hacerme escuchar si me cortan el micrófono. Voy a denunciar hasta el final cada irregularidad. Todo el frente a nuestro pueblo. Nada a espaldas. Y los que convaliden la ley que se hagan cargo. La historia los juzgará”, expuso Gaillard.

 

 

Tomás Ledesma (UxP) consideró a su turno que “más que el tratamiento de la Ley Bases el debate pareció un plebiscito de los gobiernos del peronismo de los últimos años en la Argentina, con críticas constantes a lo que ha venido ocurriendo”.

“Muy poco se los ha oído hablar sobre el desarrollo de la Ley Ómnibus y la verdad es que estaría bueno que den la cara y que pongan sobre la mesa lo que realmente están acompañando: una iniciativa que tiene que ver con las privatizaciones, con la flexibilización laboral, con un golpe muy fuerte a los jubilados”, expresó.

 

Pasadas las 22, fue el turno de Francisco Morchio (Hacemos Coalición Federal – Entre Ríos), que responde al gobernador Rogelio Frigerio. El legislador confirmó su apoyo al proyecto, aunque recordó que fue tratado de “traidor” por el presidente Javier Milei luego de su voto en contra en febrero. “Voy a dejar mis sentimientos de lado”, anticipó.

“Fui puesto número dos en la lista de traidores al pueblo argentino que confeccionó la oficina del Presidente de la Nación. Jamás fui ni seré traidor al pueblo argentino, no lo fui, no lo soy hoy que voto a favor de este proyecto ni lo fui hace unos meses cuando voté a favor de casi todo el proyecto, salvo de algunos incisos que, a mi entender, afectaban directamente los intereses de mi provincia. Hoy no están porque hubo diálogo y consenso y se dieron cuenta que no hacían falta”, dijo, antes de pedir por una Argentina “de paz y diálogo”.

“Quiero manifestar que haber figurado en esa lista significó ser víctima del escrache más cobarde que jamás pensé que iba a ser víctima, pasando el límite de atacar a mi familia, que no tiene nada que ver con la política y me apoyan con querer cambiar las cosas desde adentro”, objetó luego.

Gustavo Bordet (UxP-Entre Ríos) hizo uso de la palabra en el recinto alrededor de las 6 de la mañana. Confirmó su rechazo al proyecto y apuntó a la reinstauración de la cuarta categoría del impuesto a las ganancias.

“Pagarán el impuesto a las ganancias un millón cien mil de personas. Este paquete fiscal premia a los grandes evasores, porque hay moratorias y blanqueos para todos ellos, pero no hay más moratorias para los jubilados. Se premia a los que más tienen y se castiga a los que menos tienen”, dijo el exgobernador de Entre Ríos.

“No cuenten con mi voto para la aprobación de ninguno de los dos proyectos, porque claramente van a contribuir aún más a la situación de padecimiento de miles de argentinos”, acotó.

Minutos más tarde, fue el turno de Blanca Osuna (UxP-Entre Ríos). “Estamos ante una situación en la que efectivamente muchos legisladores ya se han expresado respecto a dar atribuciones y delegar poder en quien evidentemente odia al Estado e invita a delinquir. Entonces, la posición que estamos asumiendo de rechazo tiene que ver con cuestiones donde consideramos a estos dos proyectos como parte de una propuesta de un modelo de país que cercena derechos a trabajadores, que otorga cuantiosos beneficios para grandes empresas y promueve un claro industricidio”, expuso.

También señaló aspectos relacionados a la educación. Entre otros, mencionó el artículo 4 que otorgan facilidades para privatizar Educar, una sociedad del Estado que hoy está intervenida y es una empresa creada por la Ley de Educación. Y también el artículo 5, que  plantea la disolución o posible liquidación del fondo fiduciario del Progresar.

Análisis

En la Cámara de Senadores continúa la anulación de las designaciones de quienes fueron nombrados en planta permanente en el último tramo de la gestión anterior por la entonces vicegobernadora Laura Stratta. Las reuniones entre las autoridades del Senado y las personas designadas de manera irregular siguen teniendo lugar en la cámara alta. En un principio, se les daba la opción de renunciar o ser exonerados. Ahora, según pudo saber ANÁLISIS, ante la presión ejercida desde determinados grupos, para algunos se sumó una tercera alternativa: la posibilidad de seguir trabajando en el despacho de algún legislador o del bloque del PJ a cambio de un contrato de obra.Los montos de los contratos no superan los 500 mil pesos, cifra muy distante de los elevados sueldos legislativos. Ante este panorama, no son pocos los que optan por el retorno a sus organismos de origen. Aunque no es tan sencillo, dado que muchos presentaron la renuncia y ahora dependen de algún favor político del gobierno que dé curso a un trámite no del todo regular.

La nueva oferta de celebrar contratos puede dejar sin efecto uno de los caballitos de batalla del gobierno: la reducción del 75% de los gastos del Senado justamente en ese rubro que exhiben el gobernador y los principales funcionarios podría revertirse.

Al que parece no llegarle el rigor de las revisiones es al ex diputado provincial Rubén Almará (PJ), propietario de radio La Voz de Paraná. El ex legislador aparentemente no fue llamado a ningún tipo de reunión ni recibió notificación alguna. No obstante, desde el Poder Ejecutivo monitorean la situación e insisten con que no habrá excepciones.

La sospecha de distinta vara acrecienta el descontento y los reclamos de quienes también quieren un trato diferenciado.

Es el caso de un grupo de ex funcionarios de la gestión Bordet. Entre ellos los ex secretarios General de la Gobernación, Franco Ferrari, y de Comunicación, Maricel Brusco, y el ex secretario privado del mandatario, Gustavo Velázquez, que agotan instancias y pedidos para que se haga con ellos algún tipo de excepción.

Algo similar sucede con miembros del equipo de trabajo de Stratta. Son profesionales que la acompañaron en su tarea en el Senado con designaciones políticas y que fueron pasados a planta el año pasado, con lo cual están a tiro de una resolución que los deje fuera de la cámara alta. Ahora siguen trabajando con ella adscriptos a su despacho de diputada provincial y es la propia Stratta la que gestiona una excepción puntual para este grupo.

Otro grupo de trabajadores sin padrinos políticos del renombre de Bordet o Stratta empezaron a reunirse en busca de alguna salida. La semana pasada pidieron una reunión al bloque de senadores del PJ, donde la mayoría presta funciones, pero solo acudieron dos o tres legisladores. No obstante, uno de los senadores presentes se comprometió a plantear ante la bancada que se evalúe la posibilidad de expresar algún posicionamiento político respecto de la situación.

Por Almará los pedidos de salvataje llegaron de varios lugares, según se pudo saber. Desde la Municipalidad de Paraná, de parte de altos funcionarios del gobierno provincial anterior y hasta de miembros de la actual gestión.

El ex diputado está afectado al despacho de la senadora provincial Patricia Díaz (PJ-La Paz) donde logró la excepción de marcar reloj a las 11 y a las 17, un horario a su medida por fuera del régimen legislativo que va de las 8 a las 13, para poder hacer sus programas radiales de la mañana y la tarde.

Domingo Daniel Rossi, intendente de Santa Elena y esposo de Díaz, sería quien más presión ejerció para que no se modifique la situación de su aliado político. En dos oportunidades recientes se encontró cara a cara con el gobernador Rogelio Frigerio y no se descarta que le haya hecho pedidos en ese sentido. Una vez fue cuando el mandatario atravesó el recinto del Senado para saludarlo luego de la jura de los miembros del Jurado de Enjuiciamiento, que preside Díaz. La otra fue a los pocos días cuando Frigerio lo recibió en su despacho.

No obstante, desde el Poder Ejecutivo se insiste con que no habrá excepciones para nadie. Hace dos semanas, hubo una reunión entre altos funcionarios del gabinete de Frigerio y autoridades del Senado y miembros del área legal. Según trascendió, allí se realizó un repaso de lo actuado hasta al momento.

“La línea es avanzar en espejo con lo realizado en la Cámara de Diputados”, contó a este medio un participante del encuentro. En la cámara baja, apenas iniciada la gestión, el presidente del cuerpo Gustavo Hein puso en marcha una revisión y dispuso la baja de la totalidad de las designaciones, traspasos de cargo y recategorizaciones irregulares dispuestas por su antecesor Ángel Giano en 2023. Y no hubo excepciones.