La procuradora Adjunta y fiscal Anticorrupción, Cecilia Goyeneche, se encargó de responder los planteos defensivos que reclaman el cese de las prisiones preventivas para Sergio Cardoso, Juan Pablo Aguilera y Alejandro Almada.
La funcionaria, que está al frente de la causa por presuntas contrataciones irregulares en la Legislatura, habló del “poder” de la supuesta organización montada sobre la estructura del Estado, y ubicó a Almada y Aguilera con roles de relevancia en lo que calificó como una “asociación ilícita”.
Rechazó el cese de la prisión preventiva
Pidió a los jueces de Casación que no hagan lugar a los planteos de los defensores respecto de las prisiones preventivas y en consecuencia confirmen las medidas restrictivas solicitadas. “No encontramos vinculaciones a referencias normativas con el caso concreto y cómo eso demuestra que se pudo generar una situación de arbitrariedad en las decisiones anteriores que convalidaron las preventivas”, aseveró y calificó a los recursos de “inadmisibles”.
“Las decisiones de Castagno y Barbagelata están munidas de argumentos que son razonables, en base al análisis en este gravísimo caso de corrupción. Hemos defendido las prisiones preventivas porque entendemos que es necesaria la reconstrucción de la verdad histórica y que ese trabajo de reconstrucción debe ser con mera libertad y en plenitud”, subrayó.
“La organización delictiva está en funciones”
Goyeneche aseguró que actualmente la “organización delictiva no está desmontada, está en funciones”. “Nosotros investigamos el peculado (para la hipótesis acusatoria habrían sustraído unos 2.000 millones de pesos en diez años) y también una asociación ilícita que se caracteriza por su configuración para delinquir”.
Argumentó que “esto funcionó con impunidad por lo menos durante diez años. Incluso hemos observado que se corrompía a los subordinados. Existen funcionarios de los servicios administrativos contables de las cámaras que cobraban sobresueldos. No integraban la asociación, pero cobraban para mantener la estructura”.
En ese contexto, la funcionaria judicial señaló al contador y ex director Administrativo del Servicio Contable del Senado, Gustavo Pérez. “Primero se lo detuvo a él, que tenía un rol importante para arriba y para abajo de la organización. Después se detuvo a Almada y Aguilera, también porque consideramos que tienen un rol especial en esta asociación ilícita”, acotó.
“Cardoso operaba para la organización”
Cardoso amplió su indagatoria acompañado por su abogado Emilio Fouces. Dijo entonces que “realizaba su trabajo” pero, la Goyeneche dijo que encontraron “elementos probatorios para demostrar cómo Cardoso operaba para la organización, emitiendo cheques y respondiendo a ella”.
“Ariel Faure le mandaba mails a Cordoso con los listados para elaborar contratos. Luego Cardoso colectaba los cheques de esos contratos y le daba todo a Faure. Además, Cardoso participaba activamente en el control de la emisión de tarjetas de débito. Conocía quiénes retiraban los plásticos, porque la organización tenía las tarjetas en su poder para hacer las cobranzas”.
“Cardoso llevaba el dinero desde la recaudación de Bilbao y Faure, que ejecutaban Beckman y Mena, y lo entregaba a personas con jerarquía” en la estructura. Junto a Almada y Pérez, Cardoso retiraban el dinero y lo entregaban a sus superiores”, apuntó y precisó que “en tres años, Almada se llevó 112 millones de pesos de la oficina desmontada por Bilbao”.
Goyeneche dijo que la prisión preventiva de Almada fue pedida porque cuando secuestraron su celular, encontraron una conversación con su ex novia respecto de la declaración como testigo en la causa. “En el chat no hay referencias expresas a que tenía que mentir. Pero hubo una llamada de whats app de parte de él. Además, ella le pasó una foto de la citación de Fiscalía”, recordó.
La fiscal dijo que Almada es “una persona fuertemente vinculada a maniobras de corrupción, y con un rol relevante porque él se llevaba el dinero”. “En los últimos tres años Almada se llevó de la oficina desmontada por Bilbao, unos 112 millones de pesos. Este es Almada dentro de la organización ¿cómo no va a tener rol jerárquico? El 55 por ciento de lo recaudado se llevó Almada, seguramente para otra persona de la organización”, advirtió.
La vinculación de Aguilera
“Con Juan Pablo Aguilera es lo mismo. Pasa que los directores de organización no necesitan dejar rastros concretos en los papeles. Para eso tienen mano de obra como Almada”, fustigó la fiscal.
Luego recordó que Aguilera y Almada tienen vínculos parentales. “Tomamos datos de personas contratadas y cobranzas de cheques del Banco de Entre Ríos y lo cruzamos con datos de otra causa donde Aguilera está imputado con el ex gobernador Sergio Urribarri por peculado. Se tomaron fotos de talonarios de facturas de unas diez personas. Algunas estaban emitidas a nombre de la Legislatura, aunque las personas dicen que no trabajaban para la Legislatura. La vinculación de Aguilera aparece allí en primer lugar. Después vuelve a aparecer a través de sus iniciales JPA, en referencia al dueño de grupos de contratos”.
La fiscal consideró que la organización delictiva montada sobre el aparato estatal, ejerce presión sobre los subordinados para que tengan “actitudes mendaces”. “La mantención de los vínculos de poder y la no intervención del Estado, hace que se mantengan estas actitudes por parte de los subordinados”.
“La idea de que la prisión preventiva sólo puede imponerse en caso de entorpecimiento y fuga, se toma por parte de los defensores como una argumentación suficiente, contundente. Pero no lo dicen todos los autores. Y tampoco es lo que dice nuestro Código ni nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación. La regla es la proporcionalidad”, subrayó y anunció que la semana que viene, pedirán ampliaciones indagatorias para los tres imputados y, oportunamente, reclamarán la prórroga de las prisiones preventivas.
Análisis Digital
