El peculiar episodio se registró en una vivienda de calles Isthilart y Guarumba del barrio Gerardo Yoya, de Concordia, cuando una mujer estaba durmiendo. Al respecto, la víctima aclaró que “estaba sedada, había salido de la internación por un problema de hipertensión y diabetes, estaba dormida profundamente, cuando entraron por el portón y, por la parte de atrás, muy tranquilamente. Primero se llevaron una garrafa, después el secarropas, la pava eléctrica y muchas cosas más de las que todavía no me doy cuenta porque no puedo reaccionar, no puedo despertarme”, explicó.

Asimismo, destacó que los vecinos están cansados de lo que ocurre en el barrio, porque hacen denuncias y terminan denunciados, “el sistema está a favor a de los malandras, las leyes fueron pensadas para facilitar el delito, es así ellos tienen derecho a entrar en la casa de uno, hasta te pueden matar o lastimarte y uno no puede reclamar, los vecinos deberíamos cuidarnos unos a otros y no robarnos”, detalló.

La víctima del robo manifestó que a una anciana la asaltaron con un cuchillo cuando dormía, “fue un milagro que no degollaran a esa pobre mujer y nadie dice nada, todos les temen y son vecinos del barrio”.

En su caso, dijo que el delincuente que ingresó a su casa, “después que me robó se paseaba con armas, muy tranquilamente, la mitad de los vecinos está con los ladrones y la otra en contra, apedrean a los móviles policiales y estamos muy confundidos, tenemos que reclamar por nuestras casas por nuestras propiedades para que no tengan derecho de entrar cuando quieran”.

Por último, manifestó que sus hijas adolescentes dormían mientras los ladrones entraron a sus cuartos, “gracias a Dios que no les hicieron nada. ¿Hasta cuando la justicia va a permitir que estemos desprotegidos?”.

Diario El Sol

Imágenes donde reina la imprudencia. El hecho ocurrió en ruta 20.

Se trata de un “inconsciente” al volante, que fue denunciado por un vecino que tomó las imágenes, en donde se puede observar las peligrosas maniobras que realiza. Fue detenido por la policía de Urdinarrain.

VER AQUÍ EL VIDEO:

Crédito: Nova Comunicaciones

La malograda idea del exgobernador Sergio Urribarri de pelear, en 2015, por la candidatura a presidente de la Nación, para suceder a Cristina Fernández de Kirchner -que terminó en renuncia, porque quien peleó por el sillón de Rivadavia fue Daniel Scioli, que perdió ante Mauricio Macri- demandó, para promocionar lo que entonces se llamó el “Sueño Entrerriano, grandes sumas de dinero en proselitismo, que salieron de las arcas del Estado provincial, según la acusación que sostiene el Ministerio Público Fiscal.

La Procuración quiere llevar a juicio al exgobernador, a su exministro de Cultura, el actual diputado provincial Pedro Báez, y al cuñado de Urribarri, Juan Pablo Aguilera, entre otros, acusados de los delitos de peculado -desvío de fondos que tienen un fin específico para otro totalmente distinto- y negociaciones incompatibles con la función pública -direccionar contrataciones- en una mega causa que engloba tres investigaciones por supuestos delitos de corrupción: la instalación de un parador playero en Mar del Plata, que le costó a la provincia $14 millones; la contratación de la productora del empresario farandulero Jorge “Corcho” Rodríguez, Nelly Entertainment SA, para difundir tres spots de promoción de la Cumbre de Presidentes del Mercosur, que se realizó en Paraná en 2014, por un monto de $27 millones; y la contratación con distintos medios gráficos de la publicación de una solicitada contra los fondos buitres que le supuso a las arcas del Estado entrerriano el gasto de unos $4 millones. La tesis de la Fiscalía es que dichos fondos públicos se utilizaron para financiar la fallida campaña presidencial de Urribarri, cuyo slogan distintivo fue el “Sueño Entrerriano”.

El pasado lunes 17 de diciembre la Fiscalía dio por concluida la investigación penal preparatoria y solicitó la remisión a juicio de tres causas unificadas en la que está imputado el exgobernador y actual titular de la Cámara de Diputados, Sergio Urribarri, y otras siete personas, entre las que están su cuñado Juan Pablo Aguilera, y su exministro de Comunicación, Pedro Báez.

En el texto de pedido de elevación a juicio de esa megacausa -trámite que de momento no se ha dado- se adelantó un pedido de pena para Urribarri de 9 años de cárcel más inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos; mientras que para Báez y Aguilera, los fiscales solicitan 8 años de prisión más la inhabilitación. Además, requieren que se les aplique una multa leve: 90 mil pesos.

Los demás imputados en las diferentes causas, son: Hugo Félix Céspedes, que fue coordinador de la Unidad Operativa Mercosur; Gustavo Javier Tortul, que fue coordinador contable de la Unidad Operativa de la Cumbre Mercosur; el ex ministro de Turismo, Hugo José María Marsó; el titular de la firma “El Juego en que Andamos” y exdirector de Contenidos del Fútbol para Todos, Gerardo Daniel Caruso; y la contadora Corina Elizabeth Cargnel, vinculada a las empresas Tep y Next, que se adjudican a Aguilera.

Puntuales para la tardanza

Este jueves hubo una audiencia en Tribunales en la que se trató un recurso de las defensas de Urribarri, Raúl Barrandeguy y Candelario Pérez, y de Báez, Agustín Díaz, que plantearon la excepción de falta d acción: esto eso, que los organismos de control como la Contaduría, la Tesorería, la Fiscalía de Estado y el Tribunal de Cuentas ya revisaron esas contrataciones y no hicieron reproche. Verbigracia: la Justicia no tiene nada para investigar. Aunque para que los defensores expongan sus argumentos hubo que atravesar unos imponderables. El primero, a la hora fijada para la audiencia, las 9 de la mañana, no había llegado ningún defensor. El juez de Garantías Ricardo Bonazzola escuchó primero un pedido de aplazamiento formalizado por el abogado Miguel Cullen en representación de su colega Emilio Fouces, que no pudo asistir por problemas de salud.

La Procuradora Adjunta Cecilia Goyeneche se opuso al aplazamiento con el argumento de que Fouces no había hecho el planteo motivo de la audiencia, ni tampoco había adherido a las presentaciones de los otros defensores. Bonazzola halló razón en los dichos e Goyeneche y no suspendió el trámite. Ya cuando habían pasado 45 minutos de la hora de inicio de la audiencia llegó Agustín Díaz, defensor de Báez; a las 10,10 lo hizo Raúl Barrandeguy. Argumentó que su tardanza se debió a que el miércoles por la noche había consultado en la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) “alguien” le había dicho que el trámite estaba suspendido. Pidió un cuarto intermedio hasta que llegara su colega Candelario Pérez. Recién entonces, la audiencia empezó a transitar por lo carriles esperados. Para entonces había pasado más de una hora de esperas y aplazamientos.

La fiscal Goyeneche reprochó el incidente planteado por los defensores y pidió al juez que lo declare inadmisible. Y además lo tildó de “maniobra dilatoria”. Dijo que “hace tres meses estamos esperando que se fije audiencia de remisión a juicio, algo que debió haber ocurrido a los 5 días de presentación del pedido por parte de la Fiscalía, hecho que ocurrió a mediados de diciembre de 2018. “El pedido de suspensión de audiencia es maniobra dilatoria”, sostuvo. Agregó que la mecacusa contra Urribarri engloba tres investigaciones que tienen que ver con “la financiación de la precandidatura a presidente del entonces gobernador. Financió su campaña con la utilización de fondos públicos”.

Pero en medio habló del pago de retornos -coimas- en esas contrataciones, de las que habría salido beneficiado el cuñado de Urribarri, Juan Pablo Aguilera. “Se produjo un retorno de fondos a personas allegadas a Urribarri”, afirmó y calculó que esos pagos irregulares rondarían los $5 millones. Ese desvío mediante una triangulación ocurrió, según el escrito de los fiscales, en la contratación de la instalación del pelotero en Mar del Plata, en el verano de 2015, encargada a la firma “El juego en que andamos”. En el trámite de contratación de esa empresa intervino el exministro de Turismo, Hugo Marsó. Se pagaron $ 14.561.870.

“La maniobra pergeñada consistió en la contratación de la empresa ´El Juego en que andamos SRL´, por la suma referida, quien a su vez, por un lado, destinaría parte de la misma para subcontratar a la Cooperativa de trabajo X la Plata Publicidad Ltda. para realizar una campaña de difusión en vía pública –mediante cartelería– de la figura de Urribarri como precandidato a Presidente de la Nación, lo que se concretó por la suma $ 338.800; por el otro lado, el socio gerente de aquella firma, Gerardo Caruso (alias Foia), debía retornar en dinero en efectivo al señor Juan Pablo Aguilera -lo que se concretó por la suma de $ 2.000.000, y también por medio de transacciones bancarias a las empresas TEP SRL y NEXT SRL –propiedad del señor Aguilera-, y las intermediarias Visual Ilusion SA CUIT 30-71071523-4, Megaprint SA 30-70717800-7, Wall Street Vía Pública SA CUIT 30-65541838-1 y Fredy Publicidad SRL CUIT 30-70909164-2, lo que también se concretó por la suma de $ 2.468.700,00. Todo lo anterior contó con la imprescindible colaboración de Corina Cargnel -contadora de las empresas TEP SRL y NEXT SRL-, quien gestionaba la confección de facturas con tales empresas y también los retornos de dinero. Para concretar la misma, mediante el Expte. Adm. Nº 1.656.830 iniciado con fecha 5 de diciembre de 2014, Marso interesó a Urribarri la contratación en cuestión, justificándola”, dice el escrito de remisión a juicio.

El defensor del diputado Báez argumentó que la investigación penal no podía avanzar por cuanto los organismos de control, “autónomos e indpendientes de cualquier poder, mucho más del poder al que tiene que controlar”, dictaminaron y aprobaron esas contrataciones.

También resaltó que hubo aprobación de la Fiscalía de Estado. “Fiscalía es el organismo que hace el control de legalidad de todos los actos del poder político; especialmente en este también se expidió”, sostuvo.

“Esta legitimación, esta legalidad conformada del acto administrativo solo puede invalidarse o cuestionarse cuando se detecte, de cualquier manera, la violación de parte de algunos órganos a sus funciones específicas”, agregó después.

En tanto, Barrandeguy, defensor de Urribarri -que se ocupó de aclarar que su pretensión no era dilatar la causa- dijo que su rol era “defender la dignidad procesal y constitucional que tiene el trámite” que ahora investiga el Ministerio Público Fiscal. “Sostenemos que la imputación no es viable. El meollo de los hechos atribuidos pasa por el hecho que se le adjudica haber sustraído. No puede haber sustracción si las cosas sustraídas siguen bajo la órbita de vigilancia de los organismos de control”, arguyó.

Sostuvo después que la denominada lucha contra la corrupción deriva sólo en el castigo “hacia un sector político”. Y agregó: “Todos estos procedimientos están motorizados por prejuicios políticos”.

La discusión se prolongó durante casi cinco horas, y al final el juez Bonazzola dispuso un cuarto intermedio, aunque no fijó día ni hora para la audiencia en la que dará a conocer su resolución.

Entre Ríos Ahora

Una beba fue rescatada por personal de Bomberos Voluntarios Paraná, tras haber quedado encerrada en el interior de un auto que se encontraba estacionado, pudo saber Elonce. Aclararon qué pasó.

Durante la agobiante jornada de este jueves, una beba fue rescatada por personal de Bomberos Voluntarios Paraná, tras haber quedado encerrada en el interior de un auto que se encontraba estacionado sobre calles Camino de la Cuchilla Grande y Del Barco Centenera.

Según se informó desde Bomberos, gracias al personal de una empresa de polarizados, se logró retirar unas de las ventanas laterales del vehículo para que los voluntarios puedan socorrer a la pequeña.

Desde el Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios Paraná se explicó a Elonce que la pequeña, de aproximadamente 10 meses de vida, había quedado al cuidado de una tía, mientras su madre realizaba unos mandados.

«La mujer bajó del auto, y en un descuido, la beba trabó las puertas del auto del lado de adentro», se aclaró al respecto.

Fue así que, al activarse el cierre centralizado del vehículo, se demandó la colaboración de los trabajadores de una empresa de polarizados, los que sacaron la luneta para poder retirar a la niña.

Según se indicó, la beba no estuvo más de media hora encerrada. Se encontraba en buen estado de salud y fue devuelta a su madre. (El Once)

Denuncia mala praxis por la muerte de su hija de 5 años y pide justicia La familia de Catalina De Gracia reclama desde hace casi un año y medio que se esclarezcan las causas del deceso y apuntan al grupo de médicos que atendieron a la menor. Qué dicen desde el centro de salud.

El 14 de noviembre de 2017 fue la fecha en la que comenzó el calvario para la familia De Gracia, oriunda de Entre Ríos. Y es que ese martes su hija Catalina, de 5 años, presentó un cuadro febril y sus papás la llevaron al hospital Urquiza de Concepción del Uruguay en reiteradas ocasiones, para que recibiera la atención adecuada. Allí, sin embargo, sólo le dieron ibuprofeno. Cuatro días después, la nena murió. Desde ese entonces su familia apunta hacia los profesionales que la atendieron y reclaman justicia. Qué dicen desde el centro de salud.

Florencia Caminos, mamá de Catalina, explicó en diálogo con PERFIL: «Ninguno de los cinco médicos que atendieron a mi hija están imputados porque nunca los llamaron a declarar» y recordó: «Las veces que la llevé a Cata al hospital nunca le dieron otra cosa más que ibuprofeno cada 8 horas, lo único que pusieron el jueves a la noche fue un inyectable para bajarle la temperatura y me dijeron que la lleve de nuevo. Siempre se constató que ella tenía fiebre».

Empeoramiento. El viernes 17, ‘Catita’, cómo le decía su mamá, empezó a estar mal otra vez y nuevamente la llevaron al hospital. «Estaba lleno de gente y a mi mamá le dijeron que no podían molestar a los médicos, que iba a tener que esperar. Por eso decidimos ir a probar suerte para que la atendieron a la Maternidad Concepción (ahora cerrada) y ahí la pediatra que nos atendió dijo ‘a esta nena hay que internarla ya’. Ella fue quien llamó por teléfono para que la internen ahí, porque en la Maternidad no hay internación pediátrica. Volvimos al hospital y ahí si me atendieron en la guardia, pero nunca la internaron a Cata», explicó Caminos.

Pese a su relato, desde el hospital sostienen que no tienen registro de que la familia haya estado en ese centro de salud el mismo 14. Angustiada, la mujer precisó que se le hizo una pericia a su teléfono celular «porque la pediatra de la nena, como en ese momento no estaba en la ciudad, dice que no se acuerda o perdió la memoria que yo le haya mandado el día a día del estado de salud de Cata. Con esa pericia, se corroboró que yo decía la verdad. Ella también trabaja en el hospital público y es compañera de todos los que están nombrados en la causa. De las cámaras de seguridad el hospital ellos dicen que el día martes no hay registro de mi visita, y sólo tiene del jueves y viernes, porque de los martes y miércoles supuestamente las cámaras no estaban funcionando».

Dudas. «El director del hospital, Pablo Lombardi, dice que desconocía las causas de muerte de Cata, quien falleció el 18 de noviembre de 2017. Pero en marzo de 2018  nos llamaron de la casa funeraria para darnos los papeles que presenta el hospital y en la causa del deceso, la médica que la atendió esa noche puso que era por una neumonía, aunque el director había dicho a los pocos días de la muerte de la nena que no sabía la causa de muerte.

Ahí se contradice, no era conveniente para él decir en ese momento que la nena murió de una neumonía cuando todos saben que, tratada a tiempo, se puede curar. Es muy injusto lo que hicieron con mi hija. Lo que más bronca e impotencia da es que ninguno de los médicos fue llamado a declarar, todos siguen trabajando normalmente», detalló la mamá de la menor.

Pedido de justicia. «La fiscal Gabriela Sero, la primera de la causa, quería una ampliación de la autopsia, para determinar por ejemplo qué tipo de neumonía y qué médico tendría que haber actuado diferente para ver el grado de imputabilidad. Los resultados de la autopsia llegaron en septiembre y hasta ahora no están esos puntos. Hubo una junta médica el 27 de febrero para la ampliación de los puntos que pidió la primera fiscal.

El 30 de noviembre de 2018, la causa fue tomada por la fiscal, María Graciela Occhi, quien dice que también estaba de acuerdo en la ampliación de los puntos porque para ella son todas responsables», añadió. Sin embargo, hasta el momento ninguno de los profesionales fue llamado a declarar. Seguir adelante. La lucha de Florencia es compartida por su marido, Cristian De Gracia. Ambos se encuentran bajo contención psicológica. «Nos quedó la culpa de por qué no llevamos a Cata a atenderla otro lugar. Lo íbamos a hacer el domingo pero no llegamos, ella murió antes.

Para seguir, nos apoyamos mucho en nuestra otra hija Zoe, que ahora tiene 3 años, pero es difícil porque a la vuelta de mi casa tengo la escuela Parroquial a la que iba Cata al Jardín y ver a los nenes que pasan con el uniforme de los colores que llevaba la nena… prácticamente no quiero salir para evitar verlos. Cuando escucho el timbre del recreo me parece que siento su voz. Es terrible lo que nos destruyeron la vida».

Respuesta del hospital. El 23 de noviembre de 2017, cinco días después de la muerte de Catalina, Pablo Lombardi, director del Hospital Urquiza, dio su explicación sobre el hecho durante una entrevista con el programa  “Las Cosas por su nombre” en Radio 9 y manifestó: «Para nosotros es también una tragedia. Nos duele cuando fallece un chico, una persona joven, alguien que tenía toda una vida por delante».

Asimismo, agregó un mensaje para la familia: «Nos solidarizamos, estamos a disposición de ellos para lo que precisen. No estamos acostumbrados a que pasen estas cosas, no se dan habitualmente y cuando ocurren, nos golpea a todos». En ese contexto, el médico explicó: «En el registro que tenemos de guardia en el hospital, lo chequeamos varias veces, la primera consulta es el miércoles a las dos y media de la tarde, con fiebre de 24 horas de evolución aproximadamente. La pediatra de guardia la evalúa no constata en ese momento que haya estado con fiebre, lo cual no quiere decir que no haya estado con fiebre en la casa. Uno cree y hace caso al relato de la mamá que la acompaña».

Sin embargo, los padres de Catalina sostienen que llevaron a la nena el martes a atenderla al hospital aunque en el lugar no tienen registro de esta consulta. Sobre esto, Lombardi manifestó: «Es muy difícil que pase (que no se registre el ingreso de un paciente). De todas maneras no tengo por qué dudar en la versión de la mamá, y tampoco me parece que cambien el fondo de las cosas. Ahora tenemos un sistema de guardia informatizado. El paciente ingresa, se anota en el ingreso de guardia, eso queda registrado en la computadora y en el libro de guardia». Asimismo, concluyó: «Para nosotros es una tragedia. Personalmente estoy deshecho con el tema, ni la conocí a la nenita ni los conozco a los papás. No queremos tapar las cosas, ni embarrarlas, ni mucho menos.

El manejo que se hace con un chiquito febril en la guardia, en esta y en todas las guardias de todos lados, es tratar de buscar un foco infeccioso, ajustar el tratamiento antibióticos si es que lo necesita la causa puntual que está generando el problema, y no actuar de otra manera porque estamos viendo, cada vez más, gérmenes más resistentes, más agresivos a la comunidad y que no responden a los antibióticos comunes. Entonces hay toda una política de tratar de cuidar, y no me refiero económicamente, sino de todos los recursos que tenemos».

Contactado por PERFIL días atrás,  Lombardi aseguró que se trata de «un tema muy doloroso para la familia y para todos los que trabajan en el hospital» e indicó que no quiere agregar «más de lo que dijo hasta ahora». De este modo, remitió a sus dichos mencionados en la entrevista concedida en noviembre de 2017.

Fuente: www.perfil.com / CP

Sucedió aproximadamente a las 11 de la mañana de este miércoles, a metros de la intersección de Franco y San José. Un trabajador resultó herido en su cabeza.

Un chofer de la empresa Gamma Distribuciones fue víctima del violento asalto. Cerca de las 11, cuando el hombre de 29 años salía de un comercio ubicado sobre la calle Franco, a pocos metros de la intersección con San José, en la zona norte de la ciudad, fue increpado por un delincuente.

El ladrón se bajó de una moto 110 c.c., donde lo esperaba un cómplice, y con el casco puesto y empuñando un arma de fuego perpetuó el robo. Primero le pidió “toda la plata” al trabajador que salía del comercio y se disponía a dejar el canasto de la mercadería en el camión de reparto, y luego lo golpeó con el arma en la cabeza, lo que le provocó una importante herida.

“Cuando lo veo, estaba sangrando muchísimo, yo no entendía lo que había pasado”, relató a ElDía, el compañero del trabajador agredido, de 26 años, que en ese momento se encontraba dentro del vehículo.

Los delincuentes se llevaron cerca de 4 mil pesos y el teléfono celular del repartidor, que se encontraba muy mareado tras la agresión y fue trasladado al Hospital Centenario.

“Ha habido casos de arrebato de mercadería de arriba del camión, pero es la primera vez que nos pasa algo así, de esta gravedad”, lamentó el acompañante del chofer.

La distribuidora en la que trabaja la víctima del asalto: (ElDía)

El Tribunal integrado por los jueces Rubén Chaia, Fabián López Moras y María Evangelina Bruzzo dio a conocer las condenas a los imputados por el hecho.

En la mañana de ayer el Tribunal integrado por los jueces de Cámara Rubén Chaia, Fabián López Moras y María Evangelina Bruzo, adelantó la Resolución de la sentencia por el Homicidio en perjuicio de Carlos David Casas. El presidente del Tribunal, el juez Chaia, manifestó que se llegó a la misma por unanimidad y tras el análisis correspondiente. La sentencia fue la siguiente: 1)Condenar a Ricardo Esteban Fabre a la pena de prisión perpetua por los delitos de Hurto Calificado por el Infortunio de la Víctima y Homicidio Doblemente Agravado por Alevosía y Criminis Causa en concurso real y Hurto Simple (este último hecho perpetrado en el albergue del CEF N° 3).

2) Condenar a Iván Luciano Suárez, alias “El Oso” a la pena de cinco años de prisión de cumplimiento efectivo por los delitos de Hurto Calificado por el Infortunio de la Víctima en grado de coautoría. Asimismo se lo absolvió en el caso de Daño Calificado (se lo acusaba de haber roto a propósito una malla de tejido que reforzaba la reja en la Comisaría Segunda).

“No estoy de acuerdo con la pena dada a Suárez”

La madre de Carlos David Casas, Isabel González, recibió a LA CALLE en su casa y manifestó su desacuerdo con la pena dada a Suárez. “No estoy de acuerdo. Esa condena es para un ladrón, no para un asesino. Digo esto porque Suárez no defendió a mi hijo que estaba indefenso. ¿Por qué no hizo nada, por qué no le dijo que no prendiera fuego? Quiero que se revea la sentencia a Suárez porque ellos en todo momento estuvieron juntos desde que salieron de la Comisaría Primera después del hurto por el que fueron detenidos. Andaban los dos juntos en la calle”.

En cuanto a que gracias a su observación de la habitación tras el hecho se descubrió que no había sido un simple incendio, sino un hecho doloso con una persona asesinada de por medio: “Me di cuenta porque faltaba una mochila verde y una bolsa con ropas que eran de “Pancho” Larumbe el hombre que estaba en la Basílica, la cama vieja de David, que se había comprado una nueva con el aguinaldo, y el colchón. Yo le decía que la tirara, que la sacara afuera para que alguien se la llevara, pero a él le gustaba. Era una cama antigua de cedro con espaldares tallados”.

“Es partícipe necesario”

Por su parte Alejandro Casas, hermano de la víctima señaló: “es una vergüenza los años que le dieron a Suárez. Me siento defraudado por los jueces. De la condena perpetua que pidió el fiscal, pasaron a darle 5 años, cuando sabemos por el propio Suárez que estuvo en la pieza con Fabre, que robaron, que Fabre sacó un facón , que se fueron juntos y que vendieron las cosas. Sin lugar a dudas Suárez es cómplice del homicidio, es también partícipe necesario. Si él no acompañaba a Fabre posiblemente este solo no hacía lo que terminó haciendo. No hizo nada para impedir el crimen; se retiró de la pieza para dejar que Fabre lo mate a David y no sólo eso Suárez aparte de ser ladrón, cómplice del asesinato, es partícipe necesario y encubrió el asesinato por más de 20 días mientras se investigaba, sabiendo lo que pasó esa noche, hasta que fue detenido. Los 5 años que le dieron a Suárez son una vergüenza. Queremos como familiares que se apele la condena de Suárez y se haga justicia. Todo eso que nombró son agravantes que tienen que tener en cuenta los jueces al condenar”, concluyó categórico.

La madre de Carlos David Casas, Isabel González, recibió a LA CALLE en su casa y manifestó su desacuerdo con la pena dada a Suárez. “No estoy de acuerdo – dijo – . Esa condena es para un ladrón, no para un asesino. Digo esto porque Suárez no defendió a mi hijo que estaba indefenso. ¿Por qué no hizo nada, por qué no le dijo que no prendiera fuego?”.

“No estoy de acuerdo con los cinco años. Quiero que se revea la sentencia a Suárez porque ellos en todo momento estuvieron juntos desde que salieron de la Comisaría Primera después del hurto por el que fueron detenidos. Andaban los dos juntos en la calle”.

En cuanto a que gracias a su observación de la habitación tras el hecho se descubrió que no había sido un simple incendio, sino un hecho doloso con una persona asesinada en el medio: “Me di cuenta porque faltaba una mochila verde y una bolsa con ropas que eran de “Pancho” Larumbe el hombre que estaba en la Basílica, la cama vieja de David que se había comprado una nueva con el aguinaldo y el colchón. Yo le decía que la tirara, que la sacara afuera para que alguien se la llevara, pero a él le gustaba. Era una cama antigua de cedro con espaldares tallados”. (La calle)

Un hombre de 51 años fue encontrado muerto en un complejo de bungalows de Gualeguaychú. El cuerpo presentaba golpes que le habrían sido propinados con un objeto contundente. Hay un detenido sospechado por el crimen.

Un hombre de 51 años, oriundo de la provincia de Misiones que se encontraba trabajando en la ciudad de Gualeguaychú, fue encontrado asesinado a golpes, con un objeto contundente, que aún no había sido hallado.

El hallazgo del cuerpo sin vida se registró este miércoles, pasadas las 9 de la mañana, en el complejo turístico Campos del Río, ubicado sobre calle 2, que une el Camino de la costa con Pueblo Belgrano.

El hombre realizaba tareas en un complejo turístico de bungalows en esa ciudad.

«El cuerpo apareció en un lugar visible y presentaba un golpe provocado con un objeto contundente, que aún no ha sido hallado», confirmó a Radio Máxima el jefe de la Departamental de la Policía de Gualeguaychú, Cristhian Hormachea.

«Estamos tratando de contactar a los propietarios el complejo, que son de la provincia de Buenos Aires y también a los familiares de la víctima, para informarlos de esta lamentable situación», acotó el comisario.

Por el hecho fue detenido un sospechoso de 28 años. Se trata de otro ciudadano oriundo de Misiones quien fue encontrado durmiendo en un domicilio de Roca al 900, con las ropas ensangrentadas.

No se descarta una pelea entre ellos. Trabaja en el lugar personal de Homicidios de la Departamental Gualeguaychú de Policía, desde donde se dio aviso al fiscal en turno. (El Once)

Este miércoles antes de las 15:30 hs. se produjo un violento accidente en Ruta 20, entre las Aldeas San Juan y San Antonio, donde un coche Chevrolet Prisma, que circulaba con dirección norte-sur (desde Villa Libertador General San Martín a Gualeguaychú), se salió de la ruta y chocó contra una de las barandas de un puente ubicado a la altura del km 39 zona Estancia Santa Paula, quedando los hierros del puente dentro del coche.

Según consignan los colegas de radio Cristal manejaba una mujer, que iba con su hijo de 36 años, el que sufrió la peor parte, quedando internado en estado crítico en el hospital «Centenario» de Gualeguaychú, mientras que la mujer permanece en el hospital «Belgrano» de Urdinarrain. Estuvieron en el lugar personal de Bomberos Voluntarios Urdinarrain, rescatando a los heridos y Policía de Aldea San Antonio.

La causa del siniestro sería el cansancio y que se habría dormido, aunque esto es materia de investigación para los peritos de Criminalística de la Departamental Gualeguaychú.

Según el parte Médico Oficial el paciente internado en Gualeguaychú ingresó a quirófano para una intervención sobre sus lesiones. «Presenta politraumatismo cráneo-encefálico, otro traumatismo de tórax y un traumatismo pélvico-abdominal.

Tiene asistencia respiratoria mecánica y luego de la intervención será internado en la Unidad de Terapia Intensiva, para un monitoreo constante de su situación».

FM Riel Basavilbaso

El hombre de 42 años, falleció días pasados en el hospital de Concordia y se inició un legajo judicial, ya que presentaba signos de envenenamiento. Buscan establecer si la causa de muerte está relacionada con la presencia de agroquímicos.

El agente fiscal de Feliciano, Ricardo Temporetti, confirmó que se dio inicio a un legajo de investigación, Expediente N°32.008, para determinar los motivos de la muerte de José Salvador Maciel, un trabajador rural de 42 años, quien falleció días pasados tras ser derivado al Hospital «Delicia Concepción Masvernat» de Concordia, por una posible descompensación por intoxicación de glifosato u otros químicos similares.

En declaraciones radiales, Temporetti confirmó que «este legajo de investigación lo lleva adelante la agente fiscal auxiliar Evelina Espinoza y en la jornada de este martes se tomó conocimiento por el médico forense de Concordia que había sido derivada una persona desde el hospital de Feliciano, un hombre joven de 42 años, y nos informa que hubo una muerte dudosa ya que presentaba hematomas en las piernas y signos de envenenamiento».

Extrajeron muestras

Ante ello, «se inició un legajo de investigación, dentro del cual se realizó la autopsia y se extrajeron muestras para posteriores pericias. Hasta ahora, las muestras se enviarán a la Dirección Criminalística de Paraná, más precisamente a la División Química Forense y Toxicología, para determinar si hay o no en el cuerpo de esta persona presencia de químicos que hayan producido su deceso, en ese caso qué clase de químico, la causa del deceso y todos los elementos necesarios para esclarecer el fallecimiento de esta persona».

Apuntó que por el momento «se determinó que era una persona que trabajaba en la zona rural de Feliciano» y si bien aclaró que «de la investigación no se puede decir más porque tenemos medidas pendientes», puntualizó que «hubo entrevistas con allegados y personas que lo conocían, con la División Investigaciones de la policía local».

Causas de la muerte

No obstante, explicó que «será determinante en este caso el informe pericial que va a esclarecer a que se debió el fallecimiento, y por eso se espera el resultado del informe de autopsia y el informe químico para saber si la muerte se debió a la manipulación de algún elemento químico. Y ahí habrá que ver en el contexto de la muerte y habrá que analizar si hay algún tipo de responsabilidad penal, que es distinta de la responsabilidad civil», explicitó.

El fiscal agregó que «el médico forense de Concordia nos dijo que los síntomas que presentaba la persona podrían ser indicios de que haya un envenenamiento, pero no puedo sostenerlo de manera categórica porque debemos esperar las pericias».

Asimismo, dijo que «por el momento se sabe que llegó descompensado a Concordia y no pudo referir nada de lo sucedido a los médicos».

Análisis Digital