La investigación judicial que busca determinar el destino de 120 teléfonos de la Policía de Entre Ríos avanzó con medidas solicitadas por la Fiscalía y autorizada por el Juzgado de Garantías de Paraná. En medio de un hermetismo informativo casi absoluto, en las últimas horas fuentes judiciales confirmaron que se efectuaron dos allanamientos en los domicilios de los dos funcionarios policiales implicados. Se trata del actual subdirector de Ayudantía General, comisario inspector Claudio Velázquez (quien por estas horas se encuentra de licencia), ya que en el período en que se produjo el “extravío” de los aparatos era el jefe de la División Comunicaciones de la Dirección Operaciones de la fuerza. A su vez, también requisaron la casa del policía que en ese momento era secretario o asistente de Álvarez. En los domicilios se secuestraron elementos de interés, que quedaron a disposición del fiscal Juan Francisco Ramírez Montrull.
En principio, la carátula del expediente es Peculado, indicaron desde Tribunales fuentes allegadas a la causa.
Teniendo en cuenta que hay en marcha un sumario tramitado en Asuntos Internos y que el mismo director de Operaciones actual fue quien radicó la denuncia para que se investigara el faltante de celulares, sería una comisión especial de la fuerza la encargada de los distintos mandamientos judiciales, publicó el diario Uno de Paraná.
Desde la Justicia informaron que Velázquez estaba a cargo de un área por la cual transitaban diversos asuntos, como los relacionados a las cámaras de seguridad del 911, adquiridas por la Policía con importantes erogaciones económicas, y era quien se vinculaba con distintos municipios de la provincia interesados en instalar los sistemas de videovigilancia.
En este sentido, en Tribunales aseguraron que quieren ir “a fondo” con el tema de los celulares, y nadie descarta que se pueda ir más allá, no solo en cuanto a la administración de otros recursos sino también en el tiempo.
Los teléfonos que faltan son los enviados por la empresa prestataria del servicio para reponer los que se rompen, los cuales son otorgados en comodato. En una auditoría de los bienes realizada por las nuevas autoridades en la Dirección Operaciones, surgió la ausencia de 120 celulares, que ahora buscan determinar dónde están: si en manos de policías, de civiles o con un destino incierto. No se descarta que se trate de una desprolijidad administrativa ni que se esté ante un delito, consignó el diario Uno.
“El proceso también ha sido judicializado para una mejor garantía legal de los procedimientos administrativos, por si en el desarrollo del mismo surgiera alguna irregularidad”, se informó desde la Policía en un comunicado.
La tarea consistirá en determinar la localización de los teléfonos al rastrear los códigos de IMEI (número de identificación único de cada móvil) en relación a la línea con la que esté funcionando, y mediante la dirección de IP de cada uno.
Llamaba la atención, desde hace un tiempo, que muchos aparatos destinados a comisarías o divisiones de la fuerza en la provincia se rompían, y pasaban meses sin reposición ni reparación. Ahora tal vez algunos funcionarios policiales comienzan a entender por qué.
Por su parte, la ministra Rosario Romero había indicado que “no se tolerará ningún hecho ilícito dentro de la fuerza” y destacó el accionar de la investigación administrativa interna que derivó en denuncia judicial”.
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