En María Grande, los vecinos rechazaron la domiciliaria de los hermanos Siboldi pero nadie se quejó por la presencia del cura Moya que ya está condenado por pedófilo.
La prisión preventiva domiciliaria creció en los últimos años en la provincia como medida cautelar alternativa a la cárcel. En la Justicia se considera que, teniendo en cuenta que el imputado de un delito aún es inocente, la privación de su libertad en una vivienda con un familiar, en muchos casos alcanza para el objetivo central, que es proteger las pruebas y testimonios de la investigación que deberán presentarse en un juicio. De paso, no se sobrecargan las cárceles, que ya se encuentran sobrepobladas.
Las tobilleras electrónicas profundizaron esta tendencia, ya que (sin total garantía) permiten asegurar más el proceso judicial. Las cifras de las domiciliarias otorgadas por los Juzgados de Garantías de Paraná revelan que hoy la mayoría de los acusados por diversos delitos con prisión preventiva, están encerrados pero en una vivienda. Y muchas veces estas medidas son dictadas con acuerdo previo entre el Ministerio Público Fiscal y la defensa. Fuentes judiciales sostienen que la prisión domiciliaria se cumple en la gran mayoría de los casos, sobre todo en aquellas personas que han estado previamente en la cárcel.
Aunque también reconocen aquello que cada tanto se conoce públicamente: que detenidos en esa condición evaden el domicilio, lo que instala la sospecha de que tal medida cautelar no sirve. En Tribunales indicaron a diario Uno que del total de personas imputadas y con prisión preventiva en la jurisdicción Paraná (son menos de un centenar), aproximadamente un 65% de ellas están bajo arresto domiciliario. El resto (un 35%, siempre estimativo) se encuentran alojadas en la Unidad Penal N° 1, principalmente, o en otras cárceles de la provincia cuando esto se determine por razones de seguridad y convivencia.
La revocación de la domiciliaria se ha dictado en pocos casos a aquellas personas que no cumplen con la prohibición a salir de la vivienda (al menos cuando esto se ha comprobado), en comparación con las personas que sí acatan la orden judicial. Para dictar la domiciliaria, el juez o la jueza de Garantías toma en cuenta varias cuestiones del imputado, como el arraigo familiar o su actividad laboral (lógicamente la distancia a la casa de la víctima del hecho investigado). Además, como se observa en las audiencias públicas por estos motivos, una condición fundamental es que una persona ponga su firma en un acta de compromiso como garante de que la medida se va a cumplir. En general, es un familiar directo que vive en la casa en la cual va a vivir el acusado, quien quedará como responsable de que el mismo no la abandone.
Esta persona generalmente presencia la audiencia y también recibe la advertencia del juez o la jueza acerca de las consecuencias de una evasión del domicilio. De aquel 65% que se encuentra con domiciliaria, más o menos la mitad está con tobillera electrónica. Desde el Servicio Penitenciario informaron a diario Uno que, hasta ayer, eran alrededor de 30 las personas con prisión preventiva que tienen colocado el sistema de control que permite detectar, a través de una alarma en el Centro de Monitoreo, si se exceden del perímetro indicado.
En Paraná, en total hay 37 internos con tobilleras, de los cuales el 25% son condenados y el 75% están detenidos preventivamente. En la provincia, son 85 los presos con domiciliaria controlados por este mismo sistema a cargo del Servicio Penitenciario provincial. Para los que no tienen tobilleras, el control resulta más laxo, ya que queda a cargo de la Policía. Una vez que se dicta la domiciliaria, según se informó en la Justicia, se envía un oficio a la comisaría de la jurisdicción en la cual se cumplirá la medida cautelar para informar a la autoridad correspondiente, y se ordena el control. Este, según lo indicado, consiste en la constatación de la presencia del detenido en la casa. Un policía debe pasar, en días y horarios aleatorios, por la casa señalada.
La preventiva en la cárcel
En la cárcel de Paraná hay unos 921 detenidos (al menos hasta el martes). La cifra creció bruscamente en los últimos cinco años, desde la implementación del nuevo Código Procesal Penal. Y aunque se construyeron nuevos pabellones, la infraestructura para ampliar la capacidad de internos no fue al compás de aquel incremento. Del total de presos, 140 están con prisión preventiva. Es decir, con causas en trámite, no condenados. De estos, 84 son personas que están a disposición de la Justicia Federal y 56 del fuero local. A nivel provincial, el panorama es similar: de 2.604 internos, 467 están con prisión preventiva, de los cuales 307 dependen de causas tramitadas en dos juzgados federales (el de Paraná y el de Concepción del Uruguay) y 160 a juzgados de Garantías de los 17 departamentos de la provincia.
Los que asignan valor a la mala experiencia de vivir tras las rejas
Un dato que surge más de la experiencia que de las estadísticas, revela que los detenidos que más cumplen la prisión preventiva en carácter domiciliario son aquellos que ya estuvieron previamente en la unidad penal. Generalmente, en los primeros días de una investigación se ordena el encierro del acusado en una cárcel, pero luego se pide la revisión de esta medida cautelar y se otorga la domiciliaria.
Jueces consultados coinciden en que aquellos que ya pasaron por la experiencia carcelaria son los que más cumplen con la medida dictada y las restricciones impuestas. Los familiares responsables y garantes también se encargan de que la persona no salga del domicilio, ya que prefieren tenerlo en la casa que en un penal. No solo por lógicas cuestiones afectivas, sino porque tener un pariente en la cárcel suma trastornos y muchos gastos económicos para garantizarle alimentación, entre otras cosas.
La doble moral de María Grande: los Siboldi no, pero el cura pedófilo Moya sí
Una marcha hizo retroceder la domiciliaria de los acusados de un triple crimen. Pero nadie se quejó ante la libertad del abusador en la ciudad.
En las últimas semanas, en tres ciudades del Departamento Paraná hubo marchas de quienes se oponían a medidas judiciales que otorgaron arresto domiciliario en esas localidades a imputados por delitos graves. Primero ocurrió en Tabossi, donde vecinos marcharon para oponerse a la presencia de un hombre acusado de haber intentado raptar a una adolescente en la ciudad de Viale. Luego, el sujeto decidió alojarse en una casa en Paraná.
Poco después, una escena similar se observó en María Grande, donde dos hijos de Oscar Siboldi (en la causa por el triple homicidio de Bajada Grande) fijaron domicilio para quedar detenidos allí, según el acuerdo arribado entre la Fiscalía y la defensa. Pero una marcha hacia la comisaría local de unas 400 personas impidió la medida y la defensa anunció que cambiarían la ciudad. Poco después, trascendió que sería la ciudad de Viale, pero llamativamente el dato se filtró y pasó algo similar en esta localidad, por lo que se volvió a impedir la medida.
Así las cosas, los hermanos Brian y Alexis Siboldi se encuentran en una situación extraña e inédita: deberían estar con prisión preventiva domiciliaria y con tobilleras electrónicas, pero siguen alojados en la Unidad Penal N° 1 de Paraná. Posiblemente en estos días se resuelva con otro domicilio fuera de Paraná, e incluso de la provincia.
La protesta que se produjo en María Grande causó un revuelo de consideración y hasta chispazos a nivel institucional, ya que hasta la ministra de Gobierno, Rosario Romero, dijo públicamente que iba a interceder para que la Justicia revisara la decisión. Por su parte, la jueza de Garantías Marina Barbagelata habló en distintos medios, sostuvo la legalidad de la medida y planteó que se debe respetar el estado de inocencia de cualquier imputado.
Algo que nadie advirtió en ese momento es la arbitrariedad de la protesta de los vecinos de María Grande. Por un lado, expresaron lo que cualquiera puede comprender: no quieren tener cerca a personas acusadas de participar de un triple homicidio, e incluso señaladas como narcotraficantes.
Pero resulta que, a inicios de abril, el cura Marcelino Moya fue condenado a 17 años de prisión por abuso sexual y corrupción de menores. El pedófilo quedó libre mientras la sentencia no esté firme, fijó domicilio en la ciudad de María Grande para residir y debe presentarse semanalmente en la comisaría local.
Pese al grave delito que la Justicia comprobó y su estado de libertad (ni domiciliaria, ni tobilleras), nadie en María Grande se quejó.
Los casos en que se han burlado de la domiciliaria
Algunos casos en los que se ha detectado la violación del arresto domiciliario han sido muy conocidos y llamativos, y otros no tanto.
A veces se han revocado tales medidas al constatarse que el imputado estaba en otro lugar, como protagonista de un hecho gravísimo, como el caso de Oscar Siboldi, quien estaba acusado por un homicidio, con prisión domiciliaria sin tobillera, y asesinó a tres personas fuera de la vivienda fijada para cumplir la cautelar, en su casa-bar ubicada a la vuelta, en Bajada Grande. De ese mismo hecho fue testigo otro joven que se encontraba tomando una cerveza en vez de estar en su casa del barrio Paraná XVI.
También fue muy resonante el caso de dos cordobeses que estaban con preventiva y con tobillera, en un departamento el barrio CGT de Paraná que alquilaron para tal fin. Una madrugada se quitaron el sistema de control electrónico y se fugaron. Dejaron las tobilleras arriba de la mesa. Un par de meses después los recapturaron en Córdoba.
Pero también hay casos no tan conocidos. Sin ir más lejos, el viernes un detenido con domiciliaria en calle Ameghino al final, de Paraná, se sacó la tobillera. Tras sonar la alarma en el centro de monitoreo, el Servicio Penitenciario avisó al 911 y el joven en 20 minutos fue localizado y detenido en la zona del volcadero. Ahora quedará preso en la cárcel, hasta el juicio.
Se indicó que cuando se rompen las trabas de las tobilleras, simplemente se cambian y las mismas pueden seguir siendo utilizadas. Incluso cuando rompen las mallas, se trata de un accesorio que también es fácilmente reemplazado.
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