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Matar por encargo se convirtió en una actividad cada vez más habitual en el ambiente delictivo argentino. Tres asesinatos ocurridos con diferencia de 48 de horas en Rafaela y Concepción del Uruguay confirman que los homicidios cometidos por sicarios se instalaron como una de las modalidades del crimen que más creció en el último lustro.

Si bien el inciso 3° del artículo 80 del Código Penal ya establecía el agravante para los homicidios cometidos por promesa remunerativa, que castiga con prisión perpetua a los autores de un asesinato por encargo, la figura del sicariato se instaló con fuerza en nuestro país a partir de 2016.

Sobre los montos que perciben los asesinos a sueldo por cometer un homicidio se abre un abanico de posibilidades y quedan atados a una negociación privada, donde el precio lo pueden imponer el contratista o el gatillero, depende de la necesidad de dinero que tenga cada uno. Por ejemplo, la Justicia acusó a Alan Funes, el supuesto jefe de una banda narco de Rosario, detenido en el penal de Marcos Paz, del presunto pago de $ 30.000 a dos sicarios para que asesinen a Mariel Soledad Lezcano, porque se negó a vender droga para la banda que comandaba.

Mientras que, para matar al padre de su nieta, un empresario de San Fernando, le prometió pagar US$ 15.000 a un sicario venezolano. Este fue el caso de Braian Fillip, el visitador médico asesinado a balazos, en 2019, cuando circulaba en su automóvil después de dejar en la estación de trenes a su novia e hija del hombre que pagó para que lo mataran.

En 2007, Raúl Oscar Flores alias “Coqui”, recibió la promesa de que le pegarían $80.000, el equivalente a casi US$ 20.000 de esa época, para matar al tesorero de la Federación Nacional del gremio de camioneros, Abel Beroiz. El 27 de noviembre de 2007, Flores asesinó de tres balazos y siete puñaladas al sindicalista, cuando llegaba a la cochera 14 del estacionamiento del ACA de Rosario. Después de asesinar a Beroiz, el sicario huyó, sin advertir que durante el forcejeo se le cayeron un papel, con la leyenda $80.000 y una foto de la víctima.

Tanto Flores, que en la cárcel se presentaba como sicario ante sus compañeros de pabellón, como los tres sindicalistas que lo contrataron para matar a Beroiz, fueron condenados.

Hace veinte años los homicidios por encargo constituían una rara avis en el universo de la Justicia penal argentina. Casi no existían condenas por homicidios concretados por promesa remunerativa debido a las dificultades para poder probar el vínculo entre el autor material del asesinato y el instigador. Hasta 2010, la mayoría de los homicidios cometidos por sicarios tuvieron como víctimas a narcotraficantes colombianos.

En esos casos, los autores de los asesinatos fueron sicarios colombianos que llegaron a la Argentina, mataron y huyeron. Este fue el caso del doble homicidio ocurrido en la playa de estacionamiento del shopping Unicenter, de Martínez. La única participación de la delincuencia argentina en el ataque, estuvo relacionada con el aporte de la logística para que el sicario enviado desde Colombia llegue, mate y escape.

Pero desde la explosión de la actividad narco en Rosario, el negocio de la muerte se extendió a otras ramas del delito y matar a cambio de dinero se convirtió en una actividad atractiva para algunos delincuentes.

Miguel Ángel Mendoza, alias Mosquito, y Marcelo Sánchez, más conocido como Nano fueron asesinados el martes a la noche en Rafaela. Les dispararon desde una moto cuando el automóvil en el que circulaban llegó a la esquina de Edison y Detéfanis. Por las características del episodio, de matriz rosarina, los investigadores policiales y judiciales abonaron la presunción de que se trató de un asesinato por encargo.

Dos días antes, el abogado José Pedro Peluffo, de 63 años, fue asesinado por sicarios que le dispararon cuando salía de su estudio, en Concepción del Uruguay. El homicidio ocurrió horas antes de que se dictara el monto de la pena que se impondría cuatro imputados que defendió en el juicio oral por homicidio del productor rural Pascual Viollaz. Cinco días antes, la Justicia había condenado a los cuatro acusados de matar al estanciero. Faltaba fijar la pena y horas antes de esa audiencia, el defensor de los condenados fue asesinado por sicarios.

En la Argentina, las bandas de narcotraficantes constituyen la actividad que tiene la mayor demanda de asesinos a sueldo. Por ejemplo, en Rosario, funciona desde hace tres años, una agencia de sicarios que, desde el barrio La Tablada, en el sur de esa ciudad, ofrece los servicios de jóvenes dispuestos a matar a cambio de dinero.

Cuando algún narco o dueño de búnker de venta de droga quiere ajustar cuentas con un competidor puede exponer su requerimiento en un determinado grupo de una conocida red social y allí aparecen los interesados en concretar el ataque.

Por este motivo, Rosario se convirtió en la tierra de sicarios en la Argentina actual. Pero el panorama se replica en la frontera caliente de la cocaína, en Salta y Jujuy y en Misiones, donde la actividad narco está concentrada en el tráfico de marihuana.

Amarilla fue procesado por su presunta responsabilidad en el asesinato del ciudadano chino Chen Jian Zen, ocurrido el 31 de octubre de 2013 en un local situado en Caseros al 2400, en Parque Patricios. Está acusado de homicidio agravado por haber sido cometido por precio o promesa remuneratoria.

“Amarilla realizaba, a cambio de dinero, diversos «trabajos» para Xiao, líder de uno de los grupos de la mafia china que opera en la Argentina. En ese listado de tareas figuran ataques a balazos contra locales vinculados a personas asiáticas”, según sostuvo el juez de instrucción porteño Osvaldo Rappa, que junto con el fiscal Carlos Velarde y la División Homicidios de la Policía Federal Argentina (PFA) tuvieron a su cargo la investigación del homicidio de Jian Zen.

También hay casos de sicarios contratados para cometer femicidios. Antonella Piñones estaba embarazada, de seis meses, cuando, en octubre pasado, dos sospechosos llegaron en una moto a su casa, en Álzaga al 1300, en Remedios de Escalada. A partir de la reconstrucción del violento episodio realizada por investigadores policiales se determinó que uno de ocupantes de la moto descendió y golpeó la puerta de la vivienda.

Cuando mujer abrió la puerta, el atacante preguntó “¿Vos sos Antonella?” y disparó cinco balazos. Luego de balear a la embarazada y dejarla malherida en la vereda, el agresor abordó la moto en la que lo esperaba su cómplice y huyó de la escena del crimen. La mujer perdió el embarazo. Luego de escuchar las declaraciones de los testigos, se estableció que se trató de un ataque por encargo concretado por un sicario contratado por la expareja de Antonella.

En los meses del confinamiento estricto para evitar los contagios del coronavirus quedó al descubierto el perfil más perverso del sicariato. A no más de treinta cuadras del cruce de la avenida General Paz y Constituyentes, en la villa Loyola, en el partido de San Martín, los jefes de las bandas de narcotraficantes que dominan la zona, recurren a menores para actuar como sicarios. Cuando cumplen 16 años, los descartan automáticamente porque dejan de ser inimputables.

Este fue el caso de “Fideo”, conocido así por su parecido físico con un futbolista del seleccionado argentino, integra el grupo de “soldaditos” de la banda los “Peruanos”, que domina parte del narcotráfico en el asentamiento de pasillos laberínticos de la avenida Constituyentes, en San Martín.
“Fideo” es el apodo con el que se identificó a un chico, de 15 años, acusado de cuatro asesinatos en la villa Loyola. A partir de la reconstrucción de los homicidios realizada por los investigadores de la policía bonaerense se determinó que “Fideo” cometió una sucesión de asesinatos. En algunos de esos homicidios habría estado acompañado por otros cuatro cómplices, tres de ellos de su misma edad, identificados como “Blanquito” “Tirador” y “Rouscher”. El quinto sicario, de 17 años, conocido como “Ninja” los esperó a bordo de un Citroën C3 blanco en uno de los accesos a la villa Loyola.

Fuentes policiales indicaron que, entre los cuatro menores, de 15 años, dispararon veinte balazos para matar a un dealer de una banda de narcotraficantes y a uno de los “soldaditos” que lo acompañaba. La mayoría de esos disparos corresponden a pistolas calibre .40, un arma con mayor poder de fuego que las que utiliza la policía bonaerense.

Según relataron los testigos ante la policía, antes de dispararle en la cabeza, el grupo de menores asesinos que integraba “Fideo”, llegó al sector de la villa Loyola, conocido como “el campito” y obligó al dealer a ponerse de cuclillas.