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Agropecuarias, Interés General

Cinco empresas entrerrianas fueron habilitadas para exportar miel a China

China habilitó a 18 establecimientos apícolas argentinos a exportar miel a ese país, entre los que se encuentran cinco empresas entrerrianas. Argentina es el segundo país exportador del mundo y la mayoría de las colmenas están asentadas en Entre Ríos, Buenos Aries, Santa Fe y Córdoba.

El sector apícola de Argentina cuenta con más de 11.000 productores, siendo el país el segundo exportador con más de 70.000 toneladas por un valor total de 175 millones de dólares durante 2018.

El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca informó que la Administración General de Aduanas de la República Popular China habilitó 18 establecimientos apícolas argentinos a exportar miel a este destino, entre los cuales se encuentran cinco empresas entrerrianas.

Los establecimientos entrerrianos habilitados son Grúas San Blas S.A., Naiman S.A., Apícola Danangie; Cooperativa Apícola Villa Elisa LTDA., Cooperativa Apícola Del Paraná LTDA.

Al respecto, el secretario de Producción, Álvaro Gabás, comentó que “en marzo pasado nos informaban que China evaluaba abrir su mercado a la importación de miel desde la Argentina y es allí donde una delegación del organismo sanitario de ese país verificó los sistemas de control y certificación de embarques de miel implementados por el Senasa y visitó establecimientos procesadores de ese producto en Entre Ríos. En ese momento comenzó la expectativa que hoy se hace tangible en la posibilidad de que cinco establecimientos de la provincia puedan iniciar negociaciones para exportar a dicho país”.

Mencionó que luego de eso se firmó un protocolo entre Argentina y China por el cual comenzaría así el estudio por parte de los importadores chinos de las empresas que tuvieran sus plantas en condiciones exigidas, para llegar a afirmar hoy que cinco empresas entrerrianas están habilitadas.

Por último, el funcionario expreso que “el mercado internacional requiere de los productos de Argentina y el sector apícola se destaca en la producción de miel de calidad y variedades que son solicitadas. Además nosotros desde el organismo acompañamos los proyectos, escuchamos a los productores, y estamos trabajando desde todos los sectores que componemos el gobierno de Gustavo Bordet para que nuestra producción sea cada vez más fructífera, fomentando el trabajo mancomunado, y de acompañamiento de los sectores públicos y privados. Producción está siempre cerca y presente, apuntalando y apoyando a cada localidad en cada rincón del territorio provincial”, finalizo Gabás.

Asimismo, se adelantó desde el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, que otros interesados en ser registrados están trabajando con Senasa en preparar los documentos correspondientes para cumplir con los requisitos de habilitación establecidos por el país asiático.

 

Referencias del sector

Durante 2018 se abrieron seis nuevos mercados para el sector: Brasil, para miel y abejas reinas; Bolivia, para colmenas y abejas; Ecuador y Paraguay, para miel; Túnez y Uruguay, para abejas.

Argentina posee un nuevo sistema de trazabilidad de la miel destinado a simplificar trámites y optimizar la cadena apícola.

En la actualidad Argentina es el 2º exportador, detrás de China, y el 3º productor mundial. Exportó más de 70.000 toneladas por un valor total 175 millones de dólares durante 2018 a 30 destinos: Estados Unidos (48,37%) nuestro principal comprador, luego de Alemania (25.4%) y Japón (6.3%).

El sector apícola de Argentina cuenta con más de 11.000 productores registrados en el Registro Nacional de Productores Apícolas que administra la cartera agropecuaria nacional con unas 2.400.000 colmenas ubicadas en 29.000 apiarios georeferenciados.

Las provincias de Buenos Aries, Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba tienen asentadas la mayoría de las colmenas. Asimismo, cabe destacar la producción de miel no tradicional como Miel de las Islas del Paraná, Monte Nativo, Miel de limón, Eucaliptus, entre otras, permiten diferenciarlas por su origen botánico.

Agropecuarias, Interés General

Un productor del dpto. Colón le escribió una carta a Fernández por la suba en las retenciones

«Le proponemos que baje el gasto público. Basta de subir impuestos, basta de robarle indiscriminadamente a la gente que invierte y produce», dice el productor en su misiva.

Gonzalo Alonso, productor agropecuario entrerriano del departamento Colón redactó una carta abierta al presidente electo Alberto Fernández, ante los rumores que circulan que se elevarían las retenciones.

 

La carta completa del productor rural:

Ante los rumores públicos circulantes en distintos medios nacionales, creo necesario emitir de manera pública y puntual la visión y preocupación del sector agropecuario-productivo del Departamento Colón, Entre Ríos, que es generalizada en todos los productores del país.

Los productores decimos que no vamos a permitir que nos sigan robando el fruto de nuestro esfuerzo y trabajo de todo el año con los impuestos extorsivos y el aumento de las retenciones confiscatorias.

Producimos con altos riesgos, dependiendo del clima y todo lo que ello significa. Somos fábricas a cielo abierto.

Invertimos en el país, siempre con el pie del Estado encima, haciéndonos socios obligatoriamente de un Estado que solamente es socio en las ganancias. El Estado nunca pierde, el productor sí.

Se dice en algunos medios nacionales que el presidente electo, Alberto Fernández, quiere aumentar aún más las retenciones a la producción, al campo. Eso significa más impuestos y menos incentivos para la producción agropecuaria. Eso significa sacarle cada vez más a los que producen, para que el político de turno haga lo que quiera con nuestro dinero, obtenido legalmente con el trabajo de todo un año y con altísimos riesgos.

Esto también significa que el campo, actualmente, aporta aproximadamente el 60% de sus ingresos en impuestos.

Los números son más que ajustados. No se tolera más, el campo no tolera que le sigan metiendo la mano en la lata.

Señor presidente electo, Alberto Fernández, los productores agropecuarios de la Argentina quieren seguir produciendo, quieren trabajar libremente y, en lugar de aumentarle los impuestos, necesitan que se los quiten.

Le proponemos que baje el gasto público. Basta de subir impuestos, basta de robarle indiscriminadamente a la gente que invierte y produce.

Baje el gasto público e incentive la producción.

Campo y ciudad más unidos serán sinónimo de mejor futuro, mejor educación, más respeto y más desarrollo argentino”.

Infocampo

Agropecuarias, Policiales

Alarma el aumento exponencial de los casos de abigeato en Entre Ríos

Si bien se intensifican los controles, la ausencia de condenas alienta un delito con graves consecuencias para los productores rurales.

El abigeato crece exponencialmente en Entre Ríos y hay departamentos donde la situación es alarmante. La Paz, Paraná y Gualeguaychú son los que en los últimos meses registraron más casos de esta modalidad delictiva, que afecta severamente a los productores.

Desde la Dirección de Prevención de Delitos Rurales de la Policía de Entre Ríos trabajan intensamente para controlar este flagelo. Sin embargo, la mayoría de los delincuentes que son aprehendidos, incluso en flagrancia, queda en libertad por decisión de fiscales o jueces, y la mayoría de estos delitos quedan impunes.

El comisario general Nelson Vega, director de Prevención de Delitos Rurales, contó a UNO que la mayoría de quienes de dedican a esta actividad y son identificados, reinciden. “La mayoría de los que delinquen en abigeato son los mismos. Son pocos los nuevos que incurren en esta modalidad delictiva. Generalmente son personas que conocen el campo, son del ámbito de la caza, saben de manejo de animales y son hábiles para matar el animal y para carnear”, afirmó, y agregó: “En cada Departamento hay grupos que se dedican a esto y decimos que son siempre los mismos porque es el mismo modo de matar al animal, de cortar, de despostar, de cuerear”.

Según comentó, generalmente operan en horario nocturno en los ejidos de alguna localidad, en campos grandes alejados de cualquier vivienda, donde hay animales sin cuidador: “Evidentemente hacen inteligencia antes del robo”, dijo, y señaló: “Nosotros tenemos operatividad sobre todos los departamentos de la provincia, con una o más brigadas, incluso las islas del río Paraná que corresponden a Entre Ríos, y desde antes de fines del año pasado el abigeato viene creciendo en escala. Este año es notable el aumento de carneadas, por ejemplo en el Departamento La Paz, en zonas de ejidos, en campos que están a unos siete kilómetros de los pueblos, como pasa en Santa Elena, o en Bovril. Estos últimos meses también se incrementó el abigeato y carneadas de terneros en la zona de Paraná Campaña, en lugares como María Grande, Cerrito, Viale, Tabossi, Sosa”.

El comisario refrió que muchas veces los productores no denuncian cuando se trata de una carneada chica, de ovejas, o terneros. “Lo hacen cuando ya le carnearon dos o tres veces anteriores”, indicó.

“Otro Departamento que también es una zona complicada por esta situación es Gualeguaychú, donde se carnean de a dos o tres vacas, o terneros, o vaquillas en Gualeguaychú”, explicó, y manifestó que hace unos cuatro años era un lugar donde había una alta tasa de abigeato, luego se controló con la presencia de cuatro brigadas en vez de una, pero este año se incrementó nuevamente.

“En zonas como Santa Elena, Bovril, zonas de Paraná Campaña, Gualeguaychú, Concordia –que hoy está bastante tranquilo– cazan con armas, con fusil, son armas de calibre pesado, de riesgo incluso que una bala perdida ponga en riesgo a cualquier habitante rural”, advirtió el funcionario policial.

A su vez, analizó: “No roban por hambre. Son bandas delictivas que se dedican a carnear y revender, sobre todo en barrios más carenciados, donde aprovechan la necesidad de la gente y ofrecen la carne de boca en boca, o a través de WhatsApp o de Facebook”. No obstante, la Dirección de Prevención de Delitos Rurales también se encarga de controlar las carnicerías de distintas localidades, donde también encuentran a menudo carnes que proceden del abigeato y de faenas clandestinas, y al respecto, comentó: “Controlamos que tengan factura, remito y que las carnes estén selladas, entre otras cuestiones. Lo robado es totalmente clandestino, no tiene ningún control sanitario y en la carne puede haber algún tipo de contaminación, con el pasto, con la tierra, donde estuvo oculta o la tenían depositada. Si no está bien cocinada es probable que puedan trastornar la salud del consumidor, sobre todo de los menores. Muchas veces pasa que las ovejas son desparasitadas y por un mes no se puede consumir esa carne por el efecto residual del remedio, y los delincuentes las carnean sin considerar esto”.

Por otra parte, indicó que en esta época, cerca de las Fiestas, se incrementa el abigeato de ovinos: “Esta es la época del robo y la carneada de oveja. Los productores casi no lo denuncian. Hasta se ha achicado el stock de ovejas de los departamentos de la provincia por este motivo en los ultimos años, ya que no hay sanciones ni condenas en el delito de abigeato y para los delincuentes no hay escarmiento. No quedan presos, ni siquiera en flagrancia, salvo una excepción que hubo en Victoria donde hace poco agarramos a tres en vehículos con seis ovejas y a los autores del hecho le dieron una preventiva de 20 días y una condena en un juicio abreviado de tres años en libertad condicional”, destacó, pero a la vez lamentó: “Hemos tenido otro caso esa semana en el ejido de La Paz, con 12 ovejas carneadas, se encontró en un vehículo a dos mujeres que fueron a buscar a los cuatro carneadores, manchada la ropa con sangre, con cuchillos, con todos los elementos, porque el mencho de la estancia los ve y avisa, y ni siquiera estuvieron presos, solo nos dieron órdenes de identificarlos y dejarlos en libertad. Esto es lo que desanima al productor, y también al policía que pierde horas en el campo recorriendo los caminos. Las autoridades judiciales tienen que aplicar el sentido común también en la aplicación de la norma”.

“Para el productor es una pérdida muy importante, y para el Policía es un riesgo y un desaliento también, porque el incentivo del policía es: nos sacrificamos, lo perseguimos, lo agarramos y valió la pena porque quedó preso”, añadió.

Por otra parte, Vega subrayó: “Para prevenir les sugerimos hacer reuniones permanentes, que estén comunicados entre ellos. Si tienen campos en entradas por caminos vecinales mantenerse en contacto por si escuchan pasar algún vehículo desconocido y que en ese caso den aviso enseguida al vecino de más adelante y también a la Policía, entonces se planta en algún lugar, en un cruce de camino y lo identifica. Muchas veces nos encontramos con cazadores furtivos que cazan en la vía pública, que está prohibido, y otras veces con sospechosos de ir a buscar terneros o corderos. De esa forma prevenimos, porque eso frena el ingreso de cuatreros a la zona”.

Por último, resaltó: “En Tatutí me comentaban que hicieron una comisión, y en un recorrido importante por ripio en la zona de Chajarí y San Jaime ya colocaron cinco cámaras. Hay una comunicación permanente de día y de noche, se están consultando entre vecinos y avisan a la Policía, que está mirando la cámara, si hay alguien que no es de ahí. Si el policía no lo conoce sale al cruce, lo identifica, pregunta hacia dónde se dirige, a qué se dedica, y lo registra en planilla. Eso al que va con malas intenciones ya lo desalienta, porque quedó identificado. Hay gran conformidad por esta nueva modalidad de trabajo que tienen desde el año pasado y está dando resultados”. (UNO)

Agropecuarias, Interés General

Entre Ríos, ante la mayor siembra de trigo en 20 años con casi 450 mil hectáreas implantadas

De acuerdo a la Bolsa de Cereales de Entre Ríos, durante la campaña agrícola 2019/20, se implantaron 443.100 hectáreas de trigo, 9% más que en el ciclo anterior, y alcanza la mayor superficie en 20 años.

Para localizar al segundo mejor registro en dos décadas, hay que remontarse a la campaña 2001/02 para encontrar el segundo mejor registro del siglo; en aquel ciclo se habían implantado 424.500 hectáreas.

El Sistema de Información Agrícola (Siber) relevó los datos de la campaña, donde se destacan asimismo los departamentos más trigueros de la provincia: Paraná con mayor área sembrada, 66.800 hectáreas, lo que representa el 15 % del área total, le sigue Gualeguaychú (55.400 ha), Nogoyá (48.900 ha) y Uruguay (44.900 ha), mientras los departamentos con menor superficie fueron San Salvador (4.200 ha), Feliciano (4.000 ha) y Federación (2.300 ha).

Según publicó Dos Florines, hasta el momento en la provincia, se lleva cosechado el 15% del área total implantada, es decir que se han trillado unas 66.500 hectáreas.

Debido al escaso avance en las labores, señala el Siber en su último informe sobre el estado de los cultivos, “todavía no es factible estimar el rendimiento promedio provincial”, y, sobre la base de consultas efectuadas a los colaboradores, se detecta “a nivel de lote un amplio rango de valores”.

Dos Florines

Agropecuarias, Interés General

Frigoríficos anticiparon un «inevitable y necesario» aumento para la carne

Aseguran que «el incremento de las cotizaciones de la hacienda y de la carne es inevitable y necesario». «Sólo resta saber en qué momento ocurrirá», asegura la Federación de Industrias Frigoríficas sobre el aumento.

Daniel Urcía, vicepresidente de la Federación de Industrias Frigoríficas Regionales Argentinas (FIFRA), destacó que es «inevitable y necesario un reacomodamiento de precios en la cadena de ganados y carnes».

«El faltante de oferta que se espera para el verano hará que los precios suban. Esa recomposición es necesaria para que el negocio sea viable y no tiene que ser vista como un problema», explicó a AGROFY NEWS.

«Las políticas del nuevo gobierno tienen que estar orientadas a potenciar al sector y evitar intervención que ya dieron resultados negativos en el pasado», agregó.

Según Urcía, el precio de la carne bovina fue el más competitivo en el mercado doméstico en la última década y eso sólo fue posible por varios factores:

– Creció la producción de carnes porcinas y aviar

– Se combinó con una crisis económica que se tradujo en menor consumo per cápita pese a que la oferta de las categorías de hacienda liviana (novillitos y vaquillonas) destinada al consumo interno fue alta.

«La combinación de esos factores generó fuerte pérdidas en los feedlots que actualmente reponen menos de lo que venden y cuyo resultado por animal terminado es negativo en $1.500/2.500, eso significa que ese eslabón es el que está soportando el mayor peso del atraso en la recomposición de las cotizaciones», comentó en un artículo.

«El resto de la cadena industrial y comercial, mayorista y minorista, también están haciendo sus aportes y por esos motivos, tanto en el repunte de precios de la hacienda en las elecciones PASO y luego Generales no se trasladaron en toda su magnitud a los precios de la carne al mostrador», agregó.

En este sentido, citó la encuesta de precios que encarga IPCVA en 200 puntos de venta de AMBA, el precio de kilogramo de la media res de la segunda semana de Octubre de 2019 era el mismo precio que en Marzo, luego de la recomposición de precios.

Es decir «que durante 6 meses de constante inflación (marzo/octubre) el precio de la carne estuvo estancado a nivel mayorista y con pequeños aumentos e inferiores a la inflación en el nivel minorista, se estima que en la medición interanual tendría un atraso de 15% respecto de la suba de promedio de la economía», explicó Urcía.

Se suma que el cuero ha perdido valor lo que impacta en el recupero: «Algunas plantas lo están salando incurriendo en mayores costos, hay casos en el norte del país donde los están enterrando, pero en definitiva no aporta valor y el costo de faena es mayor que el ingreso por la venta de subproductos».

«El sector engordador (feedloteros) necesita revertir la situación de quebrantos y lograr un nivel de equilibrio, por otra parte, mientras que el sector industrial y comercial también se ve afectado por la suba de costos por lo que el negocio sólo será viable con un aumento de los precios en la carne al consumidor», destacó el vicepresidente de Fifra.

En este sentido, «el incremento de las cotizaciones de la hacienda y de la carne es inevitable y necesario, sólo resta saber en qué momento ocurrirá».

«Es necesario aclarar que ninguna intervención estatal sería capaz de impedirlo pero sí podría matar las expectativas del negocio ganadero iniciando una verdadera liquidación de stock que al cabo de un tiempo producirán efectos más gravosos y que llevarían mucho más tiempo corregir».

«Esto ya ocurrió con la liquidación del 2009 y 10 años después todavía no se recuperó totalmente el stock perdido», alertó.

La situación presentada «fue paliada en parte por el crecimiento de las exportaciones traccionadas por China, como efecto de la enfermedad peste porcina africana en su rodeo porcino».

«El gigante asiático deberá importar carnes sin llegar a cubrir el déficit ocasionado por la enfermedad y la llevará a mejorar los precios para asegurarse el producto. Por este motivo en editoriales anteriores hablamos de las dos caras del negocio».

Urcía agregó: «También decimos que la exportación fue un paliativo porque ante la situación económica imperante en nuestro país, la exportación a China permitió que la vaca tuviera un muy buen precio que en otras circunstancias hubiera significado deterioro del stock, muchos productores con la venta de una vaca retuvieron dos terneras, si la vaca no hubiera tenido ese precio el productor habría vendido las dos terneras a faena y la vaca se hubiera muerto en el campo como ocurría en 2007/2008».

«Ante la disminución de oferta de hacienda terminada para consumo y la demanda sostenida para la exportación las reglas de oferta y demanda harán su trabajo, ante una oferta limitada y una demanda en crecimiento habrá tensiones de precios hacia la suba», adelantó.

«Esto que podría verse como un problema debería interpretarse como la solución en el largo plazo. Mejores precios en la ganadería harían interesar a que los inversores ingresen en el negocio ganadero lo que mejoraría la oferta a futuro abasteciendo al mercado interno y la exportación».

«Intentar restringir las exportaciones, con cupos, gravámenes o cualquier otro tipo de intervención significaría impedir la recomposición de precios y por ende quitar el atractivo de invertir en el negocio y así dejaríamos de aprovechar la oportunidad que brinda el mercado internacional».

«Nuestro desafío debe estar enfocado en llegar a las personas que verdaderamente lo necesitan sin afectar el desarrollo de un actividad que podría generar mayores recursos, riqueza y empleo genuino para quienes hoy debemos ayudar», concluyó.

Agropecuarias, Interés General

San Justo: Ante el atraso en los pagos, empleados del frigorífico ServiAves realizan un paro de actividades

Los trabajadores del frigorífico ServiAves, ubicado en el acceso a San Justo, realizaron este viernes un paro ante la falta de pagos. Según trascendió, ayer no les depositaron sus salarios y todavía les adeudan la quincena y parte del aguinaldo anterior.

Por esto, no ingresaron a trabajar a la planta. En el lugar estuvo presente el titular del gremio de la Carne, Sergio “Pancho” Vereda quien detalló que estuvo reunido en asamblea con los trabajadores y que presentarán una nota ante el Ministerio de Trabajo.

Finalmente, destacaron que hasta no recibir una respuesta -o los pagos- no levantarán la medida de protesta.

 

Sobre el frigorífico

Es importante señalar que ServiAves, no tiene producción propia para faenar, por lo que el frigorífico trabaja con pollos de la firma gualeya, que paga por el servicio.

La no faena de este viernes, dejó sin ingreso a la empresa de San Justo y según señalan desde la firma, “no hay dinero para cumplir en estos momentos, ya que el ingreso previsto por la faena de los pollos de Soychú, se vio frustrado”.

Dada la compleja situación, concurrió a San Justo el titular del gremio de la Carne, Sergio «Pancho» Vereda, quien intenta mediar para llegar a una solución, participando de la asamblea de los trabajadores, señalando que los mismos presentarán una nota ante el Ministerio de Trabajo.

 

La empresa haría una denuncia penal

Según informaron los propios trabajadores de la firma, los responsables de la empresa que hoy atraviesa esta fuerte crisis, está tratando que depongan esta postura para evitar tener que realizar una denuncia penal.

“No podemos dejar la planta en manos de la gente, todo el fin de semana. Ahora Vereda está tratando de gestionar para que se retiren y evitar de esta manera tener que recurrir a la Justicia y denunciarlos penalmente”, dijeron. (La calle)

Agropecuarias, Política

Fumigaciones en Entre Ríos: Presentan otro recurso ante la Corte contra el fallo del STJ

El recurso extraordinario contra la sentencia dictada por el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos fue presentado este martes a la mañana por representantes del Foro Ecologista y de AGMER.

En la presentación, que consta de 40 páginas, sostienen que “la sentencia apelada es ostensiblemente arbitraria”, ya que “no se elaboró ni desarrolló un análisis objetivo de la juridicidad de la norma sometida a su examen y -en consecuencia- no analiza si siquiera mínimamente las causas que deben fundar la resolución del pleito, incurriendo en lo que se denomina sentencias arbitrarias por incongruencia, por omisión de cuestiones articuladas, por invocar prueba inexistente y por prescindir de prueba decisiva del proceso”.

Además, aseguran que “no tuvo en cuenta el caudal probatorio que aportamos como parte actora” ni el del comité de expertos, que “con clara demostración entendió que en ningún modo se habilitaba la reducción de distancias cuando se está frente a la potencialidad del daño a la salud”.

A su vez, consideran que la sentencia del máximo órgano provincial judicial “se contradice notoriamente con las cinco sentencias anteriores que tuvieron lugar en relación a esta necesidad imperiosa de proteger a niños y niñas en las escuelas rurales, evidenciando una clara sentencia contraria que conlleva a un gran escándalo jurídico en el que incurre este tribunal constituido ‘ad hoc’ para el dictado de esta causa, violentando a esta parte en el pleno valor de la Seguridad jurídica”.

Enseguida advierten que “es claro que el fallo recurrido peca de una inconmensurable contradicción lógica e ideológica”.

En este marco, los representantes del Foro Ecologista y de AGMER manifiestan que “violenta claramente el principio de razonabilidad, evidenciando una ruptura en el análisis de los precedentes judiciales, sin rigor y eficiencia y carente de criterios normativos materiales, con una defectuosa interpretación de la ley general del ambiente y hasta de la propia Constitución nacional”.

“Creemos que más allá de la nueva conformación de este Tribunal -el que surge a partir de la reforma a Ley de Procedimientos Constitucionales intencionalmente efectuada por el Gobierno provincial tan solo dos meses antes del dictado de la sentencia aquí reprochada-, violenta el principio de congruencia debido a que a estos jueces les correspondía aplicar la doctrina de la Sala de Procedimientos Constitucionales, Sala que entendió en las sentencias anteriores de amparo ambiental, y en las específicas de esta causa”.

Y fueron más allá al sostener que “no solo violenta la congruencia y se establece la contradicción por contrariar precedentes anteriores y por malinterpretar el carácter de cosa juzgada de la causa primigenia, sino porque además se contraría en sus propios considerandos, ya que por un lado se habla del efecto de la temporalidad de la sentencia primigenia -que es lo que haría desaparecer la cosa juzgada-, pero por otro lado específica que el efecto expansivo de la cosa juzgada en materia ambiental estaría ausente en esta causa expresando”.

“De lo mencionado se concluye que estamos frente un yerro jurídico ambiental inadmisible y hondamente peligroso”, aseveran en el recurso extraordinario presentado  ante la Corte Suprema de Justicia.

“Advertimos una carencia absoluta de la idoneidad de la fundamentación, que desemboca en importantes yerros jurídicos, abusos y errores patentes, por lo que es imperiosa la revisión por la vía del recurso extraordinario”, señalan en otro párrafo.

Luego señalan: “Estamos también frente a un decisorio arbitrario, dado que es confuso, contradictorio, falto absolutamente de fundamentación y de una parcialidad manifiesta, atento a la omisión total de tratamiento de la prueba científica ofrecida por la parte actora y un inexistente análisis de las deficiencias planteadas respecto de la prueba ofrecida por la parte demandada, las que ni siquiera se mencionan”.

 

Pedido: suspensión del decreto

Luego indican que “se dicta una sentencia cargada de menciones procesales y formales erróneamente interpretadas, forzando un camino de escape tan inescrupuloso que ni siquiera le dedicaron un solo párrafo al análisis de lo expuesto por el comité científico, que viene a constituir el análisis sustancial de la cuestión planteada, que no es ni más ni menos que evaluar si las distancias estipuladas protegen la salud de los niños y niñas rurales entrerrianos, desconociendo en forma absoluta lo dictaminado por el mismo STJ en los dos fallos previos”.

En el recurso -al que tuvo acceso esta Agencia- también se da cuenta que “el STJ enumera las ‘virtudes’ y ‘avances’ de la normativa cuestionada y lo que implicarían en la aplicación de agrotóxicos (entre ellas la obligación de aviso con 48 horas previa de efectuar la aplicación, la Guía del uso responsable de agroquímicos, la aplicación a contraturno, y fines de semana y feriados, la activación del Registro Provincial de Tumores, etc”.

Para el Foro Ecologista y AGMER, dicho listado “deja entrever que la mayoría de estos recaudos ya existen hace 15 o 20 años, lo que prueba en forma incuestionable que esas ‘buenas intenciones’ no han alcanzado”.

“La receta ya fracasó pero insisten en repetirlas y presentarlas como nuevas herramientas a implementar. También se refleja en forma evidente que no son las herramientas adecuadas y suficientes para la protección de la salud infantil entrerriana”, añaden.

“En definitiva, no sólo el Superior Tribunal de Justicia provincial obvió las impugnaciones practicadas por esta parte a los elementos de los que se valió el Gobierno para el dictado del decreto cuestionado, sino que también soslayó el tratamiento de las múltiples y decisivas pruebas aportadas por las amparistas”, dicen.

“Esto implica nada menos que un pronunciamiento arbitrario por prescindir intencionalmente de prueba decisiva en la que se han comprobados los perjuicios y riesgos que significan sostener la validez total del Decreto, dando así fundamentos de extrema laxitud para revocar el fallo de la instancia anterior”, subrayan.

Es decir, “la contundente denuncia, exposición y prueba del daño en salud de nuestra población infantil rural -desarrollada en forma exhaustiva- recibió una respuesta absolutamente arbitraria e irracional por parte del Estado y fue avalado por el Supremo Tribunal de nuestra provincia. Consistió en un decálogo de buenas intenciones planteadas para un futuro hasta incierto (ya que carece de plazo) como así también una nómina de repeticiones de cláusulas ya existentes en normativa vigente que no solo provoca un caos superponiendo normativas sino que demuestra en forma palmaria el total desconocimiento normativo”.

Luego afirman que “el STJ no trabaja la temática bajo el prisma de la abundante fundamentación y contenido científico”, sino que “sólo emite pareceres y posibilidades, obviando la prueba aportada, sin siquiera detenerse en su evaluación”. De esto se puede inferir que “no encontró elementos para contrarrestarla y se quedó en otra de las ‘formalidades’ que el mismo tribunal defenestra en el cuerpo de la misma sentencia”.

 

Pedidos

Son tres las solicitudes que el Foro Ecologista y AGMER realizan a la Corte Suprema de Justicia:

  • 1) Que se haga lugar al presente recurso extraordinario federal.
  • 2) Que, previo al dictado de la sentencia sobre las cautelares solicitadas, se designe una audiencia pública y se someta el proceso a una instancia de Amicus Curiae.
  • 3) Que hasta tanto se resuelva la presente causa se suspendan los efectos del cuestionado decreto.

Análisis

Agropecuarias, Interés General

Tras 60 años de proscripción, la resurrección de la vitivinicultura entrerriana ya no pasa desapercibida

Durante casi seis décadas, la vitivinicultura estuvo proscripta en Entre Ríos. Luego, las leyes cambiaron y la actividad comenzó su lento regreso. Hoy, son tres las bodegas y casi cien los viñedos en toda la provincia.

Hacia 1928, Entre Ríos era la cuarta región vitivinícola del país: 115 bodegas, 2.500 hectáreas de viñas y una cultura profundamente arraigada en el hacer del vino. Para entonces, Concordia, Federación y Colonia San José era los bastiones de esta actividad, aunque también había bodegas en Concepción del Uruguay y Paraná.

La tradición del vino llegó de la mano de los colonos: «Eran suizos del cantón de Valais, franceses de la Alta Saboya e italianos del Piamonte, quienes vinieron a poblar la provincia hacia finales de 1850 y trajeron en su acervo las diferentes modalidades en esto de elaborar el vino propio» cuenta Juliana Vulliez Sermet, dueña de la bodega que lleva el apellido familiar.

Suizos de Vailly, hacia 1900. Varios migraron a Entre Ríos Agrandar imagen

Suizos de Vailly, hacia 1900. Varios migraron a Entre RíosPor esos años, según asegura la historiadora Susana de Domínguez Soler, el general Justo José de Urquiza tenía en el Palacio San José unas veinte cepas a modo de experimentación. Fue él quien cedió a esos primeros colonos, los sarmientos de Filadelfia, una variedad francesa aclimatada en EEUU, que funcionó muy bien en estas tierras. Luego se sumaron otras cepas que los inmigrantes trajeron de su Europa natal, entre ellas Lorda, rebautizada en el Río de la Plata como Tannat.

Fue una historia feliz, rica en emprendimientos, hasta la llegada de la gran crisis a mediados de la década del ’30. Para entonces, el consumo de vino había descendido brutalmente con la consecuente baja de los precios, pero con una producción que se mantenía más o menos constante.

«Hay que aclarar que el problema del vino venía desde antes, asegura Domínguez Soler. Las provincias cuyanas que habían recibido grandes incentivos para el cultivo de vid presentaban un excedente en las cosechas, que ya se registra en los primeros años del siglo XX. El Estado compraba este excedente, ya que no había suficientes bodegas en esa zona para procesar el total de la uva obtenida». Además, las provincias cordilleranas, que en esa época tenían una economía de monocultivo, presionaban desde tiempo atrás a fin de restringir a sus territorios la plantación de uva para vinificación. La crisis fue la gota que colmó el vaso.La ley 12.137, sancionada en 1935, que promovió la creación de la Junta Reguladora del Vino, fue la solución que el gobierno de Agustín P. Justo encontró a esta delicada problemática.

Básicamente, la norma apuntaba a la drástica reducción de la producción ¬-no se mencionan los métodos-, objetivo que consiguió con creces. En 1936 la elaboración de vino se había reducido en 600 millones de litros. Tanta eficiencia no fue gratuita y los entrerrianos recuerdan con mucho dolor aquellos días. «Fue muy drástico, una bofetada al productor, muy triste», señala la historiadora Celia Vernaz. «Llegaban los empleados municipales -agrega- a romper alambiques y toneles para que no se produjera más, derramaban el vino, el trabajo se perdía, tiraban la producción, fue vergonzoso». Esta decisión de política económica benefició abiertamente a Cuyo, ya que las autoridades consideraron que Entre Ríos tenía otras fuentes de producción. Así, dicha norma puso fin a la vitivinicultura en la provincia: todas las grandes bodegas cerraron y la actividad quedó circunscripta a la elaboración de vino para consumo familiar.

 

Nuevos tiempos

La prohibición de cultivo de uva para vinificar se mantuvo para Entre Ríos hasta 1993, cuando por iniciativa del senador Augusto Alasino, se aprobó la ley 24.037 que estableció la liberación territorial para la plantación de viñedos. De ahí en adelante, fue posible producir y comercializar vino en toda la Argentina. Actualmente, la provincia cuenta con tres bodegas industriales: Vulliez Sermet, BordeRío y Los Aromitos. «Además, hay cuarenta viñedos registrados como tales -diez tienen autorización para elaborar vino casero- pero se cree que hay muchos más, casi unos cien», asegura Domínguez Soler, quien editará a fin de año el segundo libro sobre este tema, «Historia del vino en Entre Ríos».

Los Vulliez Sermet fueron los pioneros de esta segunda etapa. Incentivados por los relatos del abuelo Carlos Miguel, quien vivió aquellos años de prohibición, se lanzaron a la tarea de revivir el trabajo en la viña. Ellos, son una de las tantas familias que durante cuatro generaciones habían vivido en Entre Ríos de la pequeña bodega, en su caso fundada por Michel Vulliez Sermet, un poco después de su llegada a Colonia San José hacia 1860.El nuevo inicio se forjó con plantines traídos de Cafayate. En 2002 adquirieron una bodega de 1874 que perteneció a la familia Favre, en Colón, con 6 hectáreas, donde hoy cultivan Chardonnay, Merlot, Malbec, Cabernet Sauvignon, Syrah y Tannat. Con estas cepas producen vinos y espumantes que llevan el nombre del linaje familiar. Además de la visita a la bodega, ofrecen varias cabañas para los viajeros que quieran disfrutar la experiencia completa.

BordeRío, ubicada en Victoria, propiedad de Verónica Irazoqui y Guillermo Tornatore, abrió un poco después. Cuentan con 18 hectáreas de viñedos y olivares y una producción de vinos -Injusto- y espumantes -BordeRío- que juntos alcanzan hoy las 50.00 botellas, aunque las instalaciones permiten crecer hasta 100.000 anuales.Allí se organizan diferentes actividades para recibir a los interesados en disfrutar de sus vinos y descubrir las cualidades de esta zona que, algunos llaman la Pequeña Burdeos.

Los Aromitos, en Crespo, es el tercer emprendimiento. La bodega trabaja desde el 2011 y fue creciendo lentamente hasta adquirir hace unos tres años la categoría industrial. Aquí, elaboran su etiqueta Ára con la cosecha de los viñedos de Tannat, Syrah, Merlot y Malbec que poseen en Colonia Ensayo, departamento de Diamante, a unos 50 km de distancia. La bodega está abierta al turismo previa cita.

La Nación – Gabriela Pomponio

Agropecuarias, Interés General

Colonia Elía podría ser la prueba piloto de un protocolo de control de fumigaciones

En Colonia Elía, una pequeña localidad de alrededor de 1600 habitantes en el departamento Uruguay, se reunieron representantes del gobierno provincial, la Policía, la Universidad Nacional de Entre Ríos y municipio, para interiorizarse en la propuesta de un protocolo de control de aplicación de fitosanitarios, que se comenzará a implementar en la localidad.

Este jueves, la ministra de Gobierno y Justicia, Rosario Romero, los secretarios de Producción, Álvaro Gabás, y de Ambiente, Martín Barbieri; el jefe de la Policía, Gustavo Maslein; el decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UNER, Jorge Luis Pepe; y el intendente, Ramón Barrera, se reunieron a fin de interiorizarse sobre la implementación de un protocolo que busca controlar la aplicación de fitosanitarios, bajo un sistema de fiscalización electrónico, en el marco del decreto 2239/19.

Además, se firmó un convenio de colaboración con la Facultad de Ciencias de la Salud, en el marco de la Licenciatura en Salud Ambiental, para investigación en el territorio.

La propuesta surgió del intendente Barrera, quién convocó a las autoridades provinciales en el polideportivo local para presentarles un protocolo de control en la aplicación de fitosanitarios. Para llevar a cabo dicho protocolo, la Municipalidad de Colonia Elía adquirió una central meteorológica, un GPS, un rastreador satelital y un móvil municipal.

Respecto a los actores intervinientes, se propone un equipo de Protección Ambiental, que intervenga el Juzgado de Faltas en la autorización de las aplicaciones, la Policía de Entre Ríos, Bomberos, Centros de Salud y la Universidad.

Sobre la operatividad, se proponen sistemas de alertas con distintos niveles, incluyendo la comunicación con la que se puede alertar las posibles infracciones, con sus respectivos protocolos de actuación territorial.

 

Según índices del clima, se le da autorización

Al respecto, el intendente Barrera explicó que contar con un protocolo, “significa tener el control desde el municipio -en este caso- de los actores que son seguridad urbana, donde se le da al aplicador las pautas para las zonas donde va a aplicar y, a su vez, también tener en funcionamiento una central meteorológica que indica la densidad de la humedad, el viento y cuestiones que son importantes para saber si se le da autorización al aplicador en ese día para que efectúe su trabajo”.

Barrera indicó, además, que “el Juzgado de Faltas es quien estaría a cargo de esa autorización”, pero también “hay otros actores que están dentro del esquema, porque entendemos que esto tiene que ver con apreciaciones en términos generales, porque la sociedad está reclamando actuaciones en este sentido”.

“Nosotros, como Estado local queríamos ser parte de una cadena, un eslabón, que una las apreciaciones en particular. Creo que hay posturas antagónicas de uno y otro lado, y nosotros entendemos que es la manera de llevar adelante, responsablemente, algo que nos atañe a todos, productores, Estado local y el vecino común que entiende que también debe ser protegido”, sostuvo.

La ministra Romero, por su parte, indicó: “Sería interesante que se ponga en funcionamiento, se constate que funcione y creo que sería importante darlo a conocer. Esta experiencia podríamos tomarla como una prueba piloto en Entre Ríos”.

“Hay que apoyarnos en estas cosas, porque hay puntos de tensión que han llegado a judicializarse, tenemos normas en discusión y este es un eje de conflicto en todas las sociedades del mundo, no solamente acá. Y los Estados tienen que buscar un punto de equilibrio, y si lo hacen de la mano de los académicos, los que saben y de la tecnología, puede lograrse”, subrayo.

“Esta combinación de esfuerzos del Estado y de la comunidad es muy valiosa y esta experiencia que está haciendo Colonia Elía, ojalá podamos replicarla en la provincia, y para ello vamos a trabajar y evaluar este modelo que comenzará a funcionar estos días», consideró la ministra Romero.

A su turno, el decano de la Facultad de Ciencias de la Salud, felicitó a “los graduados, alumnos y docentes de la Licenciatura en Salud Ambiental, quienes hicieron el relevamiento de campo y las encuestas” y alegó que “la Universidad Pública también tiene la función de que nuestros graduados se involucren en los temas realmente importantes de la sociedad y que tienen que ver con políticas públicas. Para nosotros la carrera de Licenciatura en Salud Ambiental es un orgullo”, agregó.

Por su parte, el secretario de Ambiente Sustentable, Martín Barbieri, dijo estar “contento por vivir esta experiencia”.

“Es un municipio que toma la decisión política de dar un paso adelante en materia de fumigaciones, que es uno de los ejes de discusión hoy en día y que no está resuelto; llevar adelante un proceso para cambiar esto, por un lado, garantizar el derecho de los productores a producir y, por el otro, proteger los bienes naturales, el medio ambiente y la salud. Estoy sorprendido gratamente con el trabajo que han hecho los chicos de la UNER que realizaron un exhaustivo relevamiento en la localidad. Ojalá sea una experiencia que aporte y, sin dudas, podremos replicarlo en el resto de la provincia”, aseguró.

Finalmente, el secretario de la Producción, Álvaro Gabás, opinó que fue “un encuentro muy fructífero” y explicó que “lo que procura es tener un control efectivo sobre las aplicaciones terrestres y aéreas de las pulverizaciones que se realizan en campo. Es muy importante porque esto es un primer ensayo de un control efectivo a través del uso de la tecnología y en tiempo real. A partir de ahí, si hay un desvío por parte de algún productor, se puede labrar un acta, prohibir la pulverización y hasta sancionar desde la Fiscalía de Estado, en el caso de que sea gravoso o penosa su actitud”.

“Desde Producción vemos esto con buena predisposición que este trabajo sea conjunto y se pueda replicar en todos los departamentos de la Provincia, en el marco del decreto del Gobernador que fue ratificado por el Superior Tribunal de Justicia, lo que es muy importante ya que este decreto fue sustentado y fundamentado con regulación técnica, académica y también con participación de la secretaría de Salud, sobre todo procurando la salud de los humanos, del ambiente y que la producción esté bajo una comunión a la hora del desarrollo productivo de la Provincia”, finalizó Gabás.

Estuvieron presentes también, el intendente de San Justo, Leonardo Cergneux; el intendente electo de Colonia Elía, Gabriel Barbará y el secretario de Relaciones Institucionales, German Grané.