La entidad asumió una posición política enfrentada al gobierno nacional y cercana a los planteos de Juntos por el Cambio respecto del proyecto que deberá debatir el Congreso Nacional.

Desde la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos expresaron su «preocupación el intento de Reforma Judicial impulsada desde el oficialismo nacional ya que es, al menos, inoportuna, tendenciosa y generaría una fuerte dependencia de jueces y fiscales federales del poder político de turno«.

El proyecto apunta «sencillamente a consagrar la impunidad, avanza en momentos donde el país no está en condiciones de discutir como se debe un tema de esa magnitud, al tiempo que lamentamos que se use la pandemia que nos azota como cortina de humo para el tratamiento de esta ley», advirtieron usando los mismos argumentos que expone Juntos por el Cambio.

Luego hablaron de un supuesto «avasallamiento sobre la Corte Suprema y la Justicia Federal sin búsqueda alguna de consensos y de un debate serio y responsable que pone de manifiesto las verdaderas intenciones que esta idea lleva desde su germen«.

«El nombramiento de centenares de jueces y fiscales suplentes que dependerán del oficialismo para renovar sus cargos en los próximos tres años; la millonaria erogación que demandará en medio de una crisis económica sin precedentes; el aumento de miembros de la Corte Suprema y la división en Salas, donde abogados afines al Gobierno Nacional serían miembros titulares -por ejemplo- de la Sala Penal; son algunas de las razones por las que entendemos que esta Reforma es una medida que va en contra del sentido común y de los derechos los argentinos«, dijeron a modo de catarsis.

Finalmente, la entidad rural salió a «exhortar a nuestros legisladores nacionales -cualquiera sea su representación partidaria- a no votar dicha reforma en el Congreso de la Nación, como una expresión genuina de responsabilidad, de empatía con los entrerrianos y de respeto por la Constitución Nacional«.

Desde el gremio afirman que “al flagelo del coronavirus en Entre Ríos se suma la pandemia neoliberal” y ante ello resolvieron un conjunto de medidas de acción.

En un extenso comunicado la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) se refirió al preocupante aumento de casos de Covid-19 en Entre Ríos y afirmaron que desde el inicio de la pandemia “las y los trabajadoras/es de la educación, de la salud, los compañeros y compañeras de las organizaciones sociales, de los comedores y merenderos venimos poniendo todo nuestro esfuerzo en este contexto de adversidad”.

Sin embargo remarcaron que no ven “el mismo esfuerzo en sociedades anónimas como BERSA y ENersa, poco comprometidas ante este flagelo, quienes continúan asegurando sus ganancias aún en esta crisis Tampoco observamos ninguna práctica de solidaridad contributiva en los oligopolios agrarios, ni en los monopolios alimenticios y de las cadenas de supermercados que pujan los precios hacia arriba. Menos en el monopolio de medicamentos de Entre Ríos. Claramente, el esfuerzo y los costos de esta crisis se descargan sobre los sectores populares.

Bordet eligió declinar frente al capital financiero y ajustar el bolsillo de los trabajadores, de manual neoliberal. Valor hay que tener para enfrentar a los grandes intereses, lo otro se adjudica como antónimo.

Volvemos a decir los números no mienten, de acuerdo a la ley sancionada por la Legislatura provincial el 64,5 % lo aportan las y los trabajadores, mientras que bancos y financieras el 15,7 % y el sector agropecuario el 7,1 %. El Ejecutivo y los legisladores que votaron dando la espalda a los trabajadores deberán hacerse cargo. Está claro, al flagelo del coronavirus en Entre Ríos se suma la pandemia neoliberal.

Afrontamos este año, además, con una discusión salarial no resuelta y por todos conocida, lo dijimos –además- reiteradamente. Volvemos a manifestar y denunciar que el Ejecutivo procede de mala fe, ya que en el marco de una discusión paritaria y de manera unilateral reduce el salario de los trabajadores activos y jubilados, vulnera el sistema previsional y atenta contra el principio constitucional de 82 % móvil. Se niega, además, a sentarse a discutir recomposición salarial a pesar de los planteos hechos por nuestro sindicato ante la Dirección de Trabajo, poniéndose de esta manera por fuera de la Ley de Paritarias y estableciendo de esta manera el estado de beligerancia”.

En ese marco, desde el gremio remarcaron que ven “el abandono del estado, evidenciado durante décadas, en materia de infraestructura es cada día más grave, el deterioro visible y los problemas estructurales ponen en riesgo las vidas, EXIGIMOS inmediato plan de refacciones garantizando las normas sanitarias”.

En otro orden de cosa, el comunicado hace mención a lo sucedido “en las últimas horas que sumamos un nuevo hecho como fue la violación y femicidio de la compañera Lorena Riquel militante social (CCC Rosario). Hacemos propia la exigencia de inmediata investigación y esclarecimiento del femicidio de Lorena y con urgencia la sanción de una Ley de Emergencia en Violencia contra las Mujeres con el presupuesto necesario para políticas efectivas”, entre otras problemáticas que fueron citadas.

El gremio exige

A raíz de todo ello, desde AGMER exigen una “urgente reapertura de la discusión salarial de las/os trabajadora/es de la educación, de acuerdo a los criterios históricos de la Comisión de Salario; la derogación de los Artículos 4, 5 y 6 de la Ley de Emergencia; la visualización de los recibos de haberes en tiempo y forma; el inmediato aumento de partidas de comedores escolares para ampliar la cobertura de los hogares de nuestros alumnos mediante módulos alimentarios, garantizando que cubran la necesidad de alimentos de las familias, como así también la actualización y aumento de partidas de limpieza que abarquen incluso los elementos necesarios para el cuidado y prevención de Covid 19.

La devolución de los aportes patronales al iosper del 4,5% al 6% y la urgente regularización de las deudas provinciales y nacionales con OSPLAD; los recursos necesarios que permitan a las y los trabajadoras/es contar con conectividad y equipamientos tecnológicos los cuales deben ser garantizados por el Estado y que el gobierno provincial tome las medidas necesarias para prevenir los incendios forestales en el delta entrerriano y condenar a los culpables de este Ecocidio”, puntualizaron.

Plan de acción

Adelantaron que el gremio ya definió un conjunto de medidas de fuerzas que comenzarán con una desconexión virtual los días 26, 27 Y 28 de agosto y 1 , 2, 3 septiembre.

También realizarán durante la primera semana “autoparlante” en los 17 departamentos, recorriendo las ciudades los días en que no se realice la desconexión y en la segunda semana se realizará un total de 100 horas de transmisión en vivo por diferentes medios audiovisuales “en defensa de la educación entrerriana, llevadas adelante entre los 17 departamentos como visibilización y denuncia de la realidad por la que atravesamos las y los trabajadoras/es de la educación”, precisaron.

En tanto que realizarán spots publicitarios en radio y televisión visibilizando la lucha docente y se convoca a un Plenario de Secretarios Generales para el próximo lunes 7 de septiembre.