jueves 19 noviembre 2026

Concurso de Tres Arroyos: el gremio pide bajar expectativas porque el pronto pago «materialmente es imposible»

El concurso de acreedores de Granja Tres Arroyos (GTA) generó entre los trabajadores despedidos de Concepción del Uruguay una expectativa que el propio gremio intenta moderar. “Muchos compañeros se aferran a una esperanza, lógicamente, de más o menos lo que estipula la ley con un pronto pago a 10 días, etcétera, que materialmente es imposible”, advirtió Julio Chamorro, dirigente del Sindicato de la Alimentación.

“Ha generado en los compañeros, un poco fruto de la necesidad, una expectativa que nos duele muchísimo, no diría bajar, pero pararlos un poquito en la realidad”, explicó. Según su estimación, el cobro de lo adeudado podría demorar más de un año, y nada garantiza que se pague completo.

Chamorro dialogó con Un martillo para darle forma, por Radio Plaza, donde repasó la situación de los trabajadores que, desde abril, esperan cobrar salarios e indemnizaciones.

 

501 despedidos y deudas desde abril

Según detalló, la planta de Concepción del Uruguay tenía unos 950 trabajadores, la mayoría afiliados al Sindicato de la Alimentación y el resto al Sindicato de la Carne. “La condición es alarmante, por una forma de eufemismo, porque desde abril, como es de público conocimiento, nos deben haberes”, señaló.

El número de despidos se conoció recién con los informes presentados ante el juzgado. “Al principio pensamos que eran 480 porque, a pesar de que habíamos intimado a Tres Arroyos, no nos pasaba la lista de los despidos”, relató. Al revisar legajo por legajo los informes del concurso, encontraron 501 despidos denunciados entre los afiliados a su gremio.

El concurso tramita ante la Justicia comercial en Buenos Aires e incluye a cuatro empresas del grupo: Avex, con base en Córdoba; Wade, en Buenos Aires; Granja Tres Arroyos, con plantas en Buenos Aires y Entre Ríos; e Isa, el holding. Recientemente se publicó el edicto oficial, que estará vigente hasta el 24 de noviembre.

 

Cifras que no coinciden

Chamorro denunció inconsistencias en los números que presentó la empresa. “Tres Arroyos sigue perjudicando a los trabajadores con la forma desprolija que tiene de hacer las cosas, que para nosotros ya es casi un modus operandi”, cuestionó.

Según explicó, la firma declaró ante ARCA los salarios e indemnizaciones adeudados como sueldo devengado no percibido, pero en los informes que entregó al juez figuran otros montos. “Vimos que en los informes que le dieron al juez las cifras son diferentes, y generalmente a la baja”, advirtió. A eso se suman las liquidaciones que elabora el gremio con abogados laboralistas.

Por eso, la sindicatura deberá cruzar distintas fuentes para determinar qué se le debe a cada trabajador, sobre unos 3.600 legajos solo de GTA. “Ese es el primer problema, que dilata los tiempos”, señaló.

 

$11.500 millones de deuda en Entre Ríos

El segundo problema, según Chamorro, es la falta de fondos. “La deuda laboral de GTA, ojo, laboral, es de 62.500 millones, casi. Y acá precisamente en Entre Ríos, unos 11.500 millones de pesos que le debe a los trabajadores por todo concepto: salarios, cuota alimentaria, indemnizaciones”, precisó.

“No creo que haya 11.500 millones para pagarle el total a los trabajadores. El síndico se va a tener que encontrar con lo que haya de liquidez, y de ahí va a tener que decidir o pagar a prorrata”, explicó.

 

“Hecha la ley, hecha la trampa”

El dirigente fue escéptico respecto del resultado del proceso. “Lo que apunta naturalmente la ley es a la continuidad empresarial y a preservar la mayor parte de los puestos de trabajo que se puedan. Pero, como se dice coloquialmente, hecha la ley, hecha la trampa”, sostuvo.

“Normalmente, y sin hablar mal de ninguna empresa, esos concursos se sacan de encima, normal y estadísticamente, entre un 60 y un 70% de las deudas para poder seguir operando”, afirmó.

Y advirtió sobre los plazos: “Puede pasar un año, realmente. Después de eso, lo judicial es una cosa: vos podés ganar un juicio y no necesariamente lo vas a cobrar, porque las empresas se insolventan”.

Si la empresa continúa operando, explicó, la ley prevé que pague con un porcentaje mínimo de sus ganancias. “Podés estar cobrando, como ha pasado con otras empresas, muchos años un simbólico. Acá hemos tenido casos en la zona donde algunas empresas han ido a concurso, después han quebrado y los trabajadores están esperando todavía, no han cobrado un centavo”, recordó.

 

“Eso nos seguimos preguntando”

Consultado sobre cómo viven hoy los trabajadores despedidos, respondió: “Eso nos seguimos preguntando”. “Algunos compañeros más o menos se han acomodado en otras empresas; otros están haciendo lo que pueden en términos de trabajitos, changas. Está saturado de Uber, de repartidores, de electricistas: los que sabían hacer algo salieron a hacer lo que podían”, describió.

El impacto también se siente en la economía de Concepción del Uruguay. “Casi 1.000 trabajadores a un sueldo promedio de 1.400.000, 1.600.000: 1.600 millones que no ingresan a la ciudad”, calculó. Según le transmitió el secretario general del gremio de Comercio, cerraron al menos 90 negocios desde el cierre de la planta.

El gremio ni siquiera logró convocar una asamblea para informar la situación. “Los compañeros dicen: ‘Loco, yo estoy trabajando, no puedo dedicar una hora para que vos armes una asamblea’”, relató.

 

Qué esperan

Como primer paso, el sindicato busca integrar el comité de control previsto en la Ley de Concursos y Quiebras, que permite a los trabajadores pedir informes a la empresa.

Chamorro mencionó dos posibles vías para que haya fondos. Una es la planta que el grupo tiene en Uruguay, en la zona rural de Montevideo, que “está funcionando muy bien” y exporta a China. La otra, la eventual venta de activos: según le relataron trabajadores de Capitán Sarmiento, donde la empresa despidió a 750 personas, la sindicatura recorrió la planta con inversores no identificados, que “algunos dicen que son brasileños, otros colombianos”.

“Dentro de las mejores, nos gustaría creer que sí, que va a haber posibilidad de por lo menos cobrar algo. No a la brevedad, porque cualquiera de las posibilidades son muy, muy complejas”, concluyó. Mientras tanto, los trabajadores reciben ayuda de los gobiernos municipal y provincial, de organizaciones y de particulares, aunque, según admitió, resulta insuficiente. Análisis

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