“No estamos en contra ni a favor de una plataforma en particular. El reclamo apunta al funcionamiento del sistema: la implementación actual agrega trámites, costos y exigencias burocráticas a los productores, que ya deben afrontar numerosas obligaciones administrativas”, dejaron saber desde la entidad por medio de un parte de prensa.
A esto se suma la preocupación por la utilización de la certificación como argumento comercial para aplicar descuentos y desvalorizar el precio de la producción. “La posición es clara: cumplir con las exigencias ambientales de los mercados internacionales no puede convertirse en una nueva carga para el productor ni en una herramienta para pagarle menos”, expresaron.
Además, añadieron: “Si se habla de premiar la producción sostenible, ese reconocimiento debe traducirse en un adicional sobre el precio de mercado y no en un descuento“.
