El expediente 26.785 lleva más de dos años dando vueltas por los pasillos del Senado. Ingresó a la Legislatura el 20 de febrero de 2024, apenas iniciada la gestión de Rogelio Frigerio. Diputados lo aprobó por unanimidad el 29 de agosto de ese año y desde entonces la Cámara alta lo pasea de comisión en comisión.
Este miércoles, a las 10, Legislación General y Asuntos Constitucionales y Acuerdos vuelven a sentarse sobre los 42 artículos del proyecto que el Gobierno bautizó Ficha Limpia. No habrá sesión: lo que está en juego es la firma de un dictamen que habilite, recién entonces, el paso al recinto.
En el papel, el oficialismo no necesita a nadie. Juntos por Entre Ríos tiene ocho votos garantizados y cuenta con el casi seguro acompañamiento de Gladys Domínguez, la senadora de Feliciano que dejó el bloque justicialista y se volvió aliada del frigerismo desde la ley de la OSER. Nueve sobre diecisiete: mayoría propia. A ese piso podrían sumarse otras dos bancas unipersonales de origen peronista: la de Patricia Díaz (esposa del intendente de Santa Elena y exvicegobernador Domingo Daniel Rossi) y la de Nancy Miranda, que además preside la comisión de Legislación General.
Pero en Juntos repiten que no quieren ganar por la mínima. Un legislador del bloque le confió a Letra P que no quieren que después se diga que usaron la Legislatura «como una escribanía». La lectura es política: una ley de ética pública aprobada a fuerza de votos ajustados sería un regalo para quienes la cuestionan. Eso explica la paciencia -o la demora, según quién la mire- de las últimas semanas.
El antecedente que pesa
La desconfianza tiene historia reciente. En agosto, durante el tratamiento en Legislación General, apareció en el texto un cambio que reemplazaba el doble conforme -condena confirmada por un tribunal superior- por el de sentencia firme, con todas las instancias agotadas, incluida la Corte Suprema de la Nación.
La diferencia no es menor. Con el criterio de condena firme, un dirigente puede estirar su candidatura durante años a fuerza de recursos. La organización Entre Ríos Sin Corrupción detectó la modificación y el expediente volvió a comisión.
El 16 de septiembre, en la 13ª sesión ordinaria, el proyecto figuraba en el orden del día. Cuando llegó su turno, el senador Juan Pablo Cosso (Más para Entre Ríos-Villaguay), titular de Asuntos Constitucionales, pidió que regresara a comisión para que su bloque hiciera aportes. La moción se votó por unanimidad. Las organizaciones de la Coordinación Tolerancia Cero a la Corrupción, que habían reclamado la sanción días antes, se quedaron otra vez esperando.
Una semana después, el 23, las comisiones informaron que había acuerdo para sostener el doble conforme. Sin embargo, ese capítulo sigue siendo el principal punto de fricción.
El bloque Más para Entre Ríos no rechaza el proyecto. En la última reunión, el senador Marcelo Berthet expresó la predisposición a firmar el dictamen si se incorporan los cambios que se vienen trabajando.
El punteo del PJ tiene tres ejes. Primero, sumar los activos virtuales a las declaraciones juradas, con detalle de cantidades, direcciones asociadas y actividades de minería. Segundo, que esas declaraciones sean anuales y se presenten antes del último día hábil de marzo, y no sólo al asumir y al dejar el cargo. Tercero, ampliar los vínculos familiares alcanzados más allá de cónyuges e hijos.
Los escándalos nacionales hicieron el resto. La cripto $Libra y el patrimonio del exjefe de Gabinete Manuel Adorni le dieron al peronismo un argumento difícil de rebatir para un oficialismo aliado de la Casa Rosada.
En la oposición, sin embargo, circula otra lectura de la demora. Una fuente del bloque sugirió que el Ejecutivo administra los tiempos para capitalizar la sanción en los medios, como ocurrió con la eliminación de las pensiones de los exgobernadores.
El factor Rossi
El planteo más áspero llega desde afuera del recinto. Patricia Díaz, la última senadora en abandonar el bloque justicialista, acompaña la estrategia provincial de su esposo, el intendente de Santa Elena, Domingo Daniel Rossi. Su asesor contratado, Carlos Reggiardo, presentó en comisión una lista de cambios: declaraciones juradas anuales, restricciones posteriores al cese, protección de derechos previsionales, derogación escalonada y una ficha limpia «con doble conforme y plazo vinculado a la condena». En la última reunión de comisión utilizó más de dos horas para exponerlo, en medio del silencio de los legisladores, que nunca escucharon ni un minuto la palabra de Gastón Marra, principal impulsor de Ficha limpia a nivel nacional, que había llegado especialmente a Paraná en semanas recientes . Reggiardo es, a la vez, funcionario legal del municipio de Santa Elena y abogado defensor de Rossi.
Días después, Rossi dijo en voz alta lo que el texto técnico insinuaba. Precandidato a gobernador por Hacer Futuro, sostuvo que si la ley se aprueba tal como la impulsa el gobierno no podrá competir en 2027. Rossi fue condenado en 2006 por enriquecimiento ilícito a tres años de prisión condicional y ocho de inhabilitación. Ahora denuncia un supuesto «Pacto de Olivos entrerriano» entre Frigerio y la intendenta de Paraná, Rosario Romero, para decidir quién llega a la boleta. El voto de Díaz, que el oficialismo contaba como posible, queda así atado a la suerte electoral de Rossi. No es imprescindible para la mayoría, pero sí para la foto del consenso.
Si este miércoles hay firmas, el dictamen podría llegar a una de las próximas sesiones. Pero la sanción del Senado no cerrará la historia. Como el texto sufrirá modificaciones, deberá volver a Diputados, la cámara de origen, que podrá aceptar los cambios o insistir con la versión original.
El oficialismo quiere que ese trámite sea corto. Sabe que, a medida que se acerque el armado de listas para 2027, cada artículo se leerá en clave de candidaturas. Y que el doble conforme dejará de ser un tecnicismo jurídico para convertirse en la pregunta de fondo: quién podrá estar en la boleta.
Análisis
