Dos funcionarios de la Unidad Penal Nº 9 de Gualeguaychú fueron pasados a disponibilidad en el marco de la investigación vinculada con Leonardo Airaldi. Gendarmería realizó allanamientos en una oficina de la cárcel y en el domicilio de un agente.
Dos funcionarios de la Unidad Penal Nº 9 de Gualeguaychú fueron apartados de sus funciones por disposición de la Dirección del Servicio Penitenciario de Entre Ríos, en el marco de las actuaciones relacionadas con el caso Leonardo Airaldi y la presunta circulación de teléfonos celulares prohibidos dentro del establecimiento penitenciario conocido como Granja El Potrero.
La medida administrativa se conoció después de nuevos procedimientos judiciales realizados por Gendarmería Nacional, que incluyeron un allanamiento en la Oficina de Tratamiento Correccional de la cárcel y otro operativo simultáneo en el domicilio particular de un trabajador vinculado con esa dependencia.
Las actuaciones buscaron avanzar en el esclarecimiento de posibles irregularidades relacionadas con el ingreso y la utilización de dispositivos electrónicos prohibidos dentro de la unidad penitenciaria. Por el momento, no se informó oficialmente qué elementos fueron secuestrados durante los últimos procedimientos.
Quiénes son los funcionarios apartados
Según la información publicada por Máxima Online, uno de los agentes alcanzados por la medida es un suboficial con jerarquía de cabo primero, quien se desempeñaba como celador y mantenía contacto cotidiano con los internos.
El segundo funcionario es un oficial que anteriormente había ocupado la jefatura de Seguridad Interna y que actualmente cumplía tareas en el área de Tratamiento Correccional del establecimiento.
Ambos fueron pasados a disponibilidad, una medida administrativa que no implica una declaración de culpabilidad. Las eventuales responsabilidades penales o disciplinarias deberán establecerse mediante las investigaciones correspondientes.
Los allanamientos realizados por Gendarmería
Uno de los procedimientos más recientes tuvo lugar en la Oficina de Tratamiento Correccional de la UP9, donde efectivos de Gendarmería Nacional ingresaron en cumplimiento de una orden judicial.
De manera simultánea, se concretó otro allanamiento en una vivienda particular vinculada con uno de los trabajadores del área investigada.
Estos operativos se sumaron a las actuaciones iniciadas durante febrero de 2026, cuando se secuestraron dispositivos electrónicos y otros elementos en el marco de la investigación relacionada con Leonardo Airaldi.
Investigan posibles fallas en los controles penitenciarios
La presunta presencia de teléfonos celulares prohibidos dentro de la cárcel abrió interrogantes sobre los mecanismos de vigilancia, las requisas y los controles de acceso al establecimiento, publicó Uno.
La investigación deberá determinar si existieron incumplimientos individuales o posibles deficiencias en los procedimientos de seguridad. Hasta el momento, no se acreditó públicamente la participación de autoridades superiores en las presuntas irregularidades.
El avance de las actuaciones judiciales y administrativas será determinante para esclarecer lo ocurrido en la Unidad Penal Nº 9 y establecer las eventuales responsabilidades. (Elonce)
