Con 41 firmas a favor del PRO y el apoyo de La Libertad Avanza y sus aliados, avanza el proyecto que penaliza el ingreso a un establecimiento rural y el agravamiento de penas para el daño a los bienes agropecuarios.
Durante el debate en comisión, Martín Ardohaín (PRO-La Pampa), Presidente de la Comisión de Agricultura y autor del proyecto fue enfático en afirmar que es necesario salir de la “visión urbanística del Código Penal que tanto abandono y desprotección le generó al interior” y destacó que un gran paso para proteger a las familias que viven en el campo.
José Colombatto, vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas, había anticipado durante su intervención en la exposición rural de Hasenkamp (Entre Ríos, el tratamiento parlamentario del proyecto sobre vandalismo rural, una iniciativa promovida por CRA para incorporar herramientas que permitan enfrentar con mayor eficacia los ataques, daños y hechos delictivos que afectan a los establecimientos agropecuarios.
«Es una enorme satisfacción que una preocupación concreta de los productores haya llegado al Congreso. Esto demuestra que el trabajo gremial no termina en un comunicado; cuando un problema del productor se convierte en una discusión parlamentaria, estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad institucional», remarcó Colombatto.
Algunos puntos importantes
Intrusión rural: nuevo delito, con penas de 1 mes a 1 año de prisión, para quienes ingresen sin autorización a establecimientos rurales delimitados por alambrados, tranqueras, vallas o carteles.
El ingreso no autorizado, particularmente en horario nocturno o sin un fin específico, constituye un riesgo independientemente de si se verifica o no un delito posterior. Tipificar como delito esta conducta evita que quede relegada al terreno impreciso de las contravenciones locales.
Daño agravado: establece penas de 2 a 8 años de prisión y multas de hasta 12 veces el daño causado por destruir o dañar cultivos, ganado, silobolsas, sistemas de riego, paneles solares, bombas, alambrados, tranqueras, silos y otra infraestructura productiva. Sin duda la afectación no debe evaluarse únicamente en función de cuánto sale reponerlos, sino de su función dentro de un sistema productivo interdependiente.
