Los integrantes de la Comisión Bicameral de Reforma del Estado y Seguimiento de las Privatizaciones reclamaron acceso a la valuación oficial de la empresa y a la documentación que sustenta el proceso.
El senador nacional por Entre Ríos Adán Bahl, junto al senador Jorge Capitanich y las diputadas Ana María Ianni y Florencia Carignano, presentaron una denuncia ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) para que se investiguen presuntas irregularidades vinculadas con la tasación de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) y la reserva de la documentación correspondiente.
La presentación se produjo luego de la apertura de las ofertas económicas por el 90% de AySA. Si bien se conocieron las propuestas de los interesados, los legisladores sostienen que no tuvieron acceso a la tasación oficial de la empresa ni a los criterios y antecedentes técnicos utilizados para determinar su valor.
La denuncia dio origen al expediente PIA N.º 835/2026, que se encuentra actualmente en la Unidad de Admisión y Detección Temprana de la Procuraduría. Esta instancia no implica una conclusión sobre las irregularidades denunciadas.
El Congreso necesita conocer el valor de la empresa
La cuestión central es saber cuánto vale AySA según la tasación oficial, cómo se determinó ese valor y qué documentación técnica respalda esa evaluación.“El Congreso tiene la responsabilidad de controlar cómo se dispone del patrimonio público. Para poder hacerlo necesitamos conocer la tasación, sus fundamentos y toda la documentación que permita evaluar la operación”, sostuvo Bahl.
En la presentación también se cuestionan aspectos vinculados con el procedimiento utilizado para realizar la valuación, las competencias de los organismos que intervinieron y el alcance de la reserva sobre los informes oficiales. Los legisladores señalan, además, que realizaron pedidos de documentación antes de la apertura de las ofertas y que no recibieron los antecedentes solicitados.
Reclaman información antes de la adjudicación
La presentación se fundamenta en las facultades de control reconocidas a la Comisión Bicameral por las leyes 23.696 y 27.742. En paralelo, los cuatro legisladores evalúan realizar una presentación judicial para acceder a la documentación y, eventualmente, solicitar una medida cautelar.
La acción todavía no fue presentada. “La adjudicación no debería avanzar sin que el Congreso pueda conocer y analizar la información que necesita para cumplir con su función. Se trata de transparencia y de cuidar los recursos del Estado”, afirmó Bahl.
La privatización de AySA
La oferta más alta fue presentada por la compañía fue el integrado por las empresas Rowing, Arcos, Transclor y PHX por el 90% de, por 340,2 millones de dólares, y superó por casi un 20% al grupo integrado por Roggio y la familia Chamas. Así, están a un paso de quedarse con la empresa hasta 2056, aunque con un monto menor al esperado por el Gobierno (entre 450 y 500 millones de dólares).
La propuesta ganadora valora el 100% de la empresa en US$ 378 millones. Pero con la deuda de US$ 70 millones incluida (que asumirá el comprador) el valor total sería de US$ 447 millones, según indicaron fuentes cercanas a la operación.
Los ganadores se comprometen a realizar un plan de inversiones obligatorias por unos US$ 1.940 millones en mantenimiento y expansión para los próximos 5 años y de unos US$ 15.000 millones durante toda la concesión.
Según informó el Gobierno, en pesos, el nuevo contrato de concesión establece para el período 2027-2031 un plan de acción por $ 2,89 billones, a valores de diciembre de 2025 y sin IVA. Serán $ 1,13 billones en obras, $ 1,15 billones en mantenimiento, $ 315.761 millones en mejoras y $ 296.166 millones destinados a la operación, con el objetivo de ampliar la cobertura, renovar infraestructura y mejorar la eficiencia.
Esas obligaciones están ligadas a metas de expansión: para 2031 AySA deberá tener un nivel de cobertura del 75,3% en agua y del 63,9% en cloacas, mientras que al finalizar el período inicial de concesión deberán alcanzarse como mínimo niveles del 90% y 75%, respectivamente.
De esta manera, el Ministerio de Economía, a cargo de Luis Caputo, entregará el 90% de las acciones de AySA, en manos del Estado nacional, a un privado. El otro 10% es de los empleados y lo gestiona el sindicato, a cargo de José Luis Lingeri.
