La diputada provincial Laura Stratta (PJ-Victoria) explicó las diferencias con el proyecto de modernización del Estado, conocido con el nombre de Transformación e Innovación Digital, que pretende aprobar el gobierno de Rogelio Frigerio.
En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Stratta señaló que desde el bloque “venimos advirtiendo” una falta de discusión en la Legislatura y explicó que “estamos debatiendo un proyecto sobre modernizar y digitalizar el Estado y teníamos para aportar, habíamos consultado especialistas, pedimos que vinieran también especialistas porque la transformación digital es necesaria; todos coincidimos en la importancia de modernizar y digitalizar el Estado, pero lo que planteamos desde nuestro bloque es hacerlo con la mayor responsabilidad”.
Al respecto, definió que “no es posible pensar un proyecto de gobierno digital sólido y a largo plazo sin regular infraestructura tecnológica, soberanía de los datos y de la tecnología, las políticas de ciberseguridad. Para nosotros la transformación digital está bien, coincidimos en que es importante, pero la forma en que esa transformación se encara no es inocua. Nos decía Jorge Kerz, que es uno de los especialistas que consultamos, que digitalizar el Estado es una oportunidad que también puede convertirse en un riesgo si no se legisla sobre cuestiones que son centrales; quién controla la tecnología, quién queda con el manejo de los datos, cómo los datos vuelven a la provincia, qué pasa con los trabajadores que van a operar todo esto”.
Cuestionó que “todo eso que estoy señalando no está incorporado en el proyecto. E incluso hay artículos que se contradicen, porque cuando hablamos de datos estamos hablando hasta de los datos de los ciudadanos de la provincia, de datos sensibles, que ni siquiera estamos legislando para que queden bajo jurisdicción argentina. Por eso un poco fue el enojo y el planteo que nosotros hicimos porque obviamente estos temas son actuales y de debate, y decir quién controla los datos, bajo qué jurisdicción quedan esos datos, cómo vuelven esos datos a la provincia, no es un tema que dice la oposición, es un tema de debate mundial”.
“El artículo 41 del proyecto dice que la base de datos del Estado son activos informacionales bajo titularidad, custodia y gestión estatal. Declaración de principios que es bárbaro, porque decir que es titular de los datos no equivale a garantizar que esos datos permanezcan bajo la jurisdicción de la provincia de Entre Ríos, porque en ningún artículo escriben que los servidores, los centros de procesamiento, la infraestructura donde se almacena la información de los entrerrianos deban ubicarse físicamente en la provincia, en el país, y ni siquiera, bajo jurisdicción argentina. El artículo 48 lo contradice, porque habilita contratación directa, sin licitación, ni comparación de ofertas de software, de servicios SaaS, de suscripciones, de licencias, incluso con pago anticipado. Entonces, mientras en el artículo 41 dice que los datos son del Estado, en el artículo 48 se habilita el mecanismo por el cual esos datos pueden terminar administrados por un proveedor privado extranjero; no dice cómo vuelven esos datos a la provincia. Son dos artículos de una misma ley que se contradicen”, planteó.
En este marco, apuntó que desde el bloque del peronismo “compartimos el espíritu de modernizar y digitalizar el Estado, pero no a cualquier costo y no asumiendo estos riesgos que planteamos en comisión, por eso también decidimos hacer un dictamen propio”.
Agregó que “se puede rescatar del proyecto que planteen el tema, que plantean la digitalización del Estado en líneas generales, pero si planteamos la digitalización del Estado y no legislamos estas cuestiones que son centrales, los riesgos que asume la provincia o el Estado son enormes. Nosotros planteamos que sigamos trabajando, que dejemos legisladas las reglas de juego de cómo el Estado se moderniza y se digitaliza”.
“El proyecto no exige tampoco estándares abiertos ni cláusulas que se llaman de salida, estas cuestiones de cómo vuelven los datos a la provincia y dejan librado a la reglamentación muchísimas cosas; la interoperabilidad que es cómo se conectan las distintas dependencias de los datos, no está claro; no hay una referencia clara a la Ley Nacional de Protección de Datos Personales; no hay un organismo de control independiente que nosotros planteamos que es importante que sea un organismo de los que ya funcionan. Lo que decimos es: vinimos a tratar de aportar, entendemos que modernizar no significa resignar soberanía, que necesitamos construir un Estado de verdad que sea eficiente, inteligente, como dice el oficialismo, pero con reglas de juego claras, pero no encontramos espacio para eso, pese a que estuvimos dos semanas sin que se convocara comisión y pese a que en la última reunión de comisión nos habían dicho que íbamos a mirar artículo por artículo y cuando fuimos a la última reunión nos dijeron que solo nos iban a decir por qué no habían tomado los aportes que habíamos hecho en su momento. Y la verdad que, para que me contesten por qué no toman mis aportes, prefiero presentar un dictamen de minoría que dé cuenta de todo esto que estoy planteando, de las falencias que tiene, de lo que no dice, de lo que omite, de la irresponsabilidad de omitir estas cuestiones y de los riesgos que la provincia también asume ante esto”, sentenció.
En este contexto, Stratta criticó que hay una dinámica de falta de discusión “que viene pasando” más allá de este proyecto en particular. “Hay comisiones en que se nota un poco más. Yo ayer lo planteé en labor parlamentaria, yo entiendo que quizás no debatan un proyecto nuestro que le signifique a la provincia una erogación presupuestaria que no está en condiciones de asumir, pero que no prestemos atención a estas cuestiones me parece de una necedad y una falta de criterio”, aseveró.
Asimismo, planteó que “desde el oficialismo siempre salen con lo que sucedía en la gestión anterior, y yo fui presidenta previsional del Senado, teníamos los dos tercios de los senadores y salieron la ley de juicio por jurado, la ley de paridad integral, la ley de comunas. En las leyes importantes hubo acuerdos de todos los bloques para poder sumar. Este proyecto quizás parece que no es importante, pero lo es y mucho, porque tiene que ver con cómo Entre Ríos digitaliza la relación entre el Estado con los ciudadanos, pero sobre todo es quién protege esos datos, dónde quedan localizados esos datos, cómo vuelven esos datos. Y estamos hablando de que la tecnología no es un cosmético, un mero accesorio para un Estado. De alguna manera es el punto central desde donde se garantizan también los servicios, desde la gestión tributaria, las políticas de seguridad, la salud. No estamos hablando de cualquier cosa”.
Como ejemplo, mencionó: “Nosotros queríamos subir los dictámenes a la plataforma de la Cámara de Diputados y no podíamos porque no andaba la plataforma. No tenemos buenos servidores en Casa de Gobierno. Entonces, no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de cómo construimos ese Estado que se relaciona mejor con el ciudadano. Pero para eso hay pautas, parámetros, y no encontramos cómo dialogar y cómo incorporarlos”.
“Esto no tiene apuro, ¿no podés traer a un especialista? ¿no podés escuchar otras voces?. Jorge Kertz es sociólogo, es docente de grado, de posgrado, incluso asesoró a este gobierno en algún momento en el Consejo de Educación. ¿No lo podías traer para escucharlo, como lo escuchamos nosotros? porque lógicamente este tema requiere tanta especificidad que nosotros también tuvimos que asesorarnos con gente especializada. Cuando están los proyectos para enriquecer, para sacarlos por unanimidad, se cierran y van con la suya. Ellos entienden que el juego de oficialismo y oposición es ese. Nosotros creemos que no, que hay cosas que pueden construirse por consenso, pero ellos eligen ese camino”, planteó.
“Yo entiendo que lo que teníamos para sumar mejoraba el proyecto, daba mayores garantías, permitía abordar capítulos que no tiene el proyecto y que, en un tema como la digitalización o la modernización, no hablar de soberanía de los datos o soberanía tecnológica, no hablar de infraestructura tecnológica, no hablar de políticas de ciberseguridad, deja rengo a ese proyecto y además genera riesgos”, concluyó.
