La Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de la provincia, escucha este miércoles a las partes en el marco de la sentencia contra Juan Enrique Ruiz Orrico por provocar un grave siniestro vial que terminó con la vida de cuatro jóvenes, ocurrida el 20 de junio de 2024 sobre la Ruta Provincial 39.
El tribunal está compuesto por los vocales Miguel Ángel Giorgio, Daniel Carubia y Claudia Mizawak. Los defensores que alegan por el extitular del Instituto Portuario Provincial de entre Ríos (IPPER) son Leopoldo Lambruschini, Félix Pérez y Leandro Monje. Plantean que la pena de 5 años y 8 meses de prisión es desproporcionada.
Cabe señalar que Ruiz Orrico fue condenado en primera instancia y la sentencia se confirmó en Casación.
El abogado querellante que representa a las víctimas, Mario Arcusin, dijo a Radio Plaza: “Tenemos esta instancia de la defensa que no cuestiona la culpabilidad, sino la graduación de la pena. Esta audiencia tiene ese objetivo: determinar si los 5 años y 8 meses es la pena adecuada, porque la defensa considera que el máximo de la pena quedaría limitado para hechos de mayor gravedad. Pero entendemos nosotros que bajo la regla de la sana crítica, el juez es el que decide en base a todas las cosas que ocurrieron. Incluso el artículo 84 Bis tiene varias casuales, define la culpa. Aparte de negligencia, impericia e inobservancia de los deberes a su cargo. Es decir, se agrega algo que la defensa niega: que siendo funcionario público tenía deberes que cumplir, por ejemplo el uso del auto oficial para uso privado y conducir en estado de ebriedad. Entendemos que los jueces de primera instancia y casación tuvieron en cuenta esas cuestiones. No tan matemático, tanta cuenta de división y multiplicación. Si no, establecer si en este caso se justifica la pena de culpabilidad que se impuso. No podemos pensar o comparar si el choque hubiese sido con un colectivo con 25 personas y en este caso fue un auto con cuatro chicos. ¿Hay que dividir? ¿Sacar proporciones? Para nosotros no tiene sentido”.
La Sala Penal podrá tomar una decisión sobre la discusión este mismo miércoles, confirmando la condena impuesta, o informar la decisión por mesa virtual, o fijar un nuevo día de audiencia para comunicar la decisión.
“La instancia que sigue luego, el reclamo que puedan hacer a la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) no impide el cumplimiento de la condena si se confirma la sentencia. Pero, desde esta instancia, termina la etapa judicial en la provincia y deberá comenzar a cumplir la pena, según defina la Sala Penal. Será el momento de la Justicia de Ejecución penal, para saber qué unidad penal tiene cupo”, planteó el querellante.
De la audiencia de este miércoles participa el procurador General de la provincia, Jorge Amílcar García, y familiares de las víctimas.
