En una resolución judicial dictada por el juez Federal, Federico Martín, se formalizó el procesamiento de autoridades de la Policía de Entre Ríos y de civiles en el marco de una causa que investiga maniobras sistemáticas de desguace y corrupción en el estratégico Puesto Caminero Zárate – Brazo Largo.
Tal como informó Cuestión de Fondo (Canal 9 Litoral), la pesquisa se originó inicialmente a partir de intervenciones telefónicas dispuestas en una causa por presunta vinculación entre un narcotraficante y personal del puesto caminero.
La pesquisa estaba orientada sobre el comisario Principal Cristian Omar Villanueva, quien ejercía como jefe del puesto caminero. Aunque los pinchazos telefónicos descartaron el tráfico de drogas, los investigadores de la Unidad de Reunión de Información Gualeguaychú de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA) descubrieron un esquema delictivo diferente que involucraba a la cúpula del retén y a efectivos policiales subalternos.
Según se desprende de las pericias y escuchas a las que accedió Cuestión de Fondo, Villanueva y el oficial, Joaquín Exequiel Migueles, habrían facilitado e incentivado el ingreso irrestricto de mecánicos al predio del puesto caminero para desmantelar vehículos incautados a la orden de la justicia federal y provincial.
Las pericias sobre los depósitos constataron la sustracción de piezas en al menos 50 vehículos secuestrados, incluyendo faltantes de baterías, alternadores, computadoras BSI, ruedas de auxilio, neumáticos, carburadores, faros y tableros completos.
El brazo ejecutor del desguace estaba integrado por una red de mecánicos procedentes de la provincia de Buenos Aires: Franco Nicolás Oliveri, su hermano Carlos Alberto Oliveri (hijo), su padre Carlos Alberto Oliveri (padre) y Eduardo Guillermo Favaretto. Los talleres mecánicos privados de los Oliveri en Malvinas Argentina y de Favaretto en Pilar, utilizaban el predio judicial como un insumo de repuestos.
Las piezas extraídas eran destinadas a reparar vehículos particulares de clientes, solucionar fallas en móviles policiales de la fuerza o satisfacer solicitudes directas, a cambio de lo cual los mecánicos entregaban sumas de dinero en efectivo o mediante transferencias digitales al comisario Villanueva.
Tal como ya reveló Cuestión de Fondo el miércoles 2 de septiembre, paralelamente, la causa sacó a la luz un negocio de venta de información privilegiada.
Se comprobó que el comisario retirado de la Policía Federal Juan Francisco Leloutre y su hijo, el abogado Juan Matías Leloutre Freijo, abonaban montos fijos a Villanueva y al oficial Migueles para obtener datos sobre autos secuestrados por robo que pudieran ser recuperados para compañías aseguradoras o particulares.
El dinero derivado de estas gestiones era transferido habitualmente a la cuenta bancaria de la esposa de Villanueva, quien es oriundo de Paraná. Asimismo, los jefes policiales accedían periódicamente a pedidos de terceros e intermediarios para omitir controles de tránsito, perdonar multas o liberar camiones retenidos que circulaban sin la documentación reglamentaria.
Al resolver la situación procesal de los imputados, la justicia federal decretó el procesamiento sin prisión preventiva por el delito de peculado de Villanueva, Migueles y como partícipes necesarios de Favaretto y la familia Olivieri.
Además, el juzgado trabó un embargo sobre los bienes de cada uno de los seis procesados por la suma de 100.000 pesos.
Tras este fallo y como ya publicó Análisis el juez Martín dictó el sobreseimiento del Comisario Mayor Marcelo Horacio Gómez, el Comisario General (R) Gustavo Luis Ramón Palacios, el Comisario Luis Alberto Báez (Jefe Departamental Gualeguaychú), los oficiales Eriberto Juan Carlos Piter, Claudio Daniel Mujica y Luis Armando Zabala.
Tres mecánicos procesados
En los allanamientos realizados en el marco de esta misma investigación, se abrió una causa paralela ante el hallazgo de armas de fuego sin registrar en un desarmadero, por lo que el juez federal Federico Martín dictó el procesamiento de tres mecánicos de la provincia de Buenos Aires, que realizaban reparaciones de vehículos de la Policía de Entre Ríos.
Carlos Alberto Oliveri (padre), de 79 años, y de sus hijos Franco Nicolás Oliveri, 27, y Carlos Alberto Oliveri (hijo), 49, quedaron ligados a la investigación iniciada por la Gendarmería Nacional Argentina por sustracción de autopartes del Puesto Caminero Ibicuy. Así fue que cuando los allanaron le encontraron un arsenal de armas de fuego.
A los tres acusados, que son mecánicos que realizaban trabajos para la Policía de Entre Ríos a pesar de vivir en el partido bonaerense de Malvinas Argentinas, se los declaró coautores penalmente responsables del delito de tenencia de armas de fuego de uso civil sin la debida autorización legal.
Además, la Justicia trabó un embargo de 70.000 pesos sobre los bienes de cada uno. El caso esta vinculado al negocio del desguace de vehículos secuestrados, tal como informó Cuestión de Fondo (Canal 9 Litoral).
La causa cobró impulso a partir de intervenciones telefónicas llevadas a cabo por la Unidad de Reunión de Información Gualeguaychú de la Gendarmería. En las escuchas, los sospechosos utilizaban lenguaje en clave (refiriéndose a las armas como «perros» o «caniches») e intermediaban para la provisión de armamento y municiones.
A raíz de estas tareas de inteligencia, el 23 de noviembre de 2023 se ejecutó un allanamiento en la vivienda familiar ubicada sobre la calle Malabia al 5409, en la localidad de Ingeniero Adolfo Sourdeaux, partido de Malvinas Argentinas.
Durante la inspección se halló un abundante arsenal disperso en la vivienda: 13 armas se encontraban ocultas en el dormitorio principal (detrás de un ropero y dentro de un mueble de madera) y otras ocho colgadas de forma ornamental en la pared de la cocina comedor.
En el ropero también se hallaron dos chalecos antibalas con sus respectivas placas de Kevlar.
En total se incautaron 21 armas de fuego de diversos calibres (entre pistolas Bersa y Beretta, revólveres, escopetas, carabinas y pistolones), 369 cartuchos y hasta un proyectil de artillería antiaérea de 40 mm desactivado.
Aunque las actuaciones comenzaron bajo la sospecha de acopio de armas o tráfico ilegal, las pericias balísticas y los informes de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC) modificaron sustancialmente la escala del hecho.
Los peritajes determinaron que cinco de las armas secuestradas (junto con dos cañones sueltos) no estaban aptas para efectuar disparos por deterioro o falta de piezas clave, por lo que legalmente no configuran el delito de tenencia.
Se constató que los dos hijos tenían registro vigente como Legítimos Usuarios ante la ANMAC y contaban con la documentación reglamentaria de cuatro de las armas incautadas (dos pistolas Bersa .380, una carabina .22 y un pistolón). Asimismo, ambos acreditaban encontrarse cursando la capacitación de Mecánico Armero.
Descontados los elementos inoperables y los legalmente registrados, el juez Martín concluyó que en la vivienda había un remanente de 12 armas aptas para el disparo sin ningún tipo de autorización legal.
Al ser un número que no encuadra en los parámetros jurisprudenciales del «acopio» masivo o comercial, la imputación se redujo a tenencia simple.
En sus declaraciones indagatorias, el padre afirmó que muchas de las piezas eran antiguas, recibidas como regalo o heredadas. Sus hijos lo definieron como un «acumulador compulsivo» de objetos antiguos y argumentaron que usaban los chalecos antibalas por razones de seguridad personal debido a sus trabajos nocturnos.
Al tratarse de una figura penal cuya escala va de los seis meses a los 2 años de prisión (pena eventualmente condicional) y considerando que los imputados carecen de antecedentes penales y cuentan con arraigo domiciliario de más de 50 años en la zona, el juzgado dispuso su inmediata libertad. No obstante, para conservar el beneficio deberán cumplir reglas de conducta estricta, tales como la prohibición de salir del país y la abstención del consumo de alcohol y drogas.
