La víctima fue contactada por supuestos asesores financieros tras responder una publicidad en Facebook. Invirtió sus ahorros, vendió activos y obtuvo dos préstamos. La Justicia Federal definió qué juzgado investigará el caso.
Una mujer fue engañada mediante una propuesta de inversión y perdió más de 64.000 dólares en Concepción del Uruguay, luego de seguir las indicaciones de personas que se presentaron como asesores de una plataforma de operaciones financieras. La víctima utilizó sus ahorros, vendió acciones y bonos y solicitó dos préstamos bancarios antes de denunciar el caso por presunta estafa e intermediación financiera no autorizada.
La maniobra comenzó cuando M.J.O.G. encontró en Facebook una publicidad atribuida a la plataforma de trading Libertex, que promocionaba inversiones automatizadas sin necesidad de contar con conocimientos financieros. La propuesta incluía operaciones con criptomonedas, divisas, materias primas y acciones.
Atraída por el anuncio, la mujer creó una cuenta e ingresó sus datos personales. Posteriormente, comenzó a recibir llamadas de dos personas que se identificaron como “C. J.” y “D.” y aseguraron desempeñarse como operadores y asesores de la plataforma.
Las primeras operaciones generaron confianza
De acuerdo con la denuncia, los supuestos asesores le indicaron telefónicamente que descargara las aplicaciones Libertex, Belo y Fiwind. También le explicaron cómo transferir el dinero, configurar las operaciones y realizar los depósitos destinados a las inversiones.
La mujer sostuvo que no efectuó ninguna operación sin recibir previamente las instrucciones de esas personas. Las primeras inversiones mostraron resultados favorables, circunstancia que fortaleció su confianza y permitió que los interlocutores la convencieran de incrementar progresivamente los montos.
En una primera etapa, la damnificada utilizó fondos disponibles en cuentas bancarias y billeteras virtuales. Luego, siguiendo las recomendaciones recibidas, vendió acciones y bonos que tenía depositados en otras plataformas para destinar esos recursos a las nuevas operaciones.
Vendió activos y solicitó dos préstamos
Las inversiones comenzaron posteriormente a registrar importantes pérdidas, hasta comprometer la totalidad de sus ahorros. Ante esa situación, los presuntos operadores le manifestaron que debía ingresar más dinero para impedir el cierre de las operaciones y recuperar el capital colocado.
Bajo esa expectativa, la mujer obtuvo un préstamo de 16 millones de pesos en el Banco Santander y otro por 11,5 millones en el Banco Nación. Según denunció, transfirió la totalidad de esos fondos para continuar con las inversiones indicadas.
La víctima también afirmó que dentro de su cuenta se ejecutaron operaciones, modificaciones de márgenes y mecanismos de apalancamiento que desconocía y que no había autorizado. Después de perder el dinero, realizó reclamos ante la plataforma, pero aseguró que no obtuvo una solución.
La denuncia por más de 64.000 dólares
La damnificada sostuvo que los operadores utilizaron el engaño y la manipulación para captar una suma superior a los 64.000 dólares, simular pérdidas y desapoderarla de sus ahorros. Con el patrocinio de su abogado, formalizó la denuncia el 27 de agosto de 2025 ante la Fiscalía Federal de Victoria.
La presentación planteó la posible comisión de los delitos de estafa e intermediación financiera no autorizada. En particular, consideró que la operatoria podía configurar una captación de fondos sin autorización, contemplada en el artículo 310 del Código Penal, vinculada con el delito de estafa previsto en el artículo 172.
El Ministerio Público Fiscal comunicó la denuncia al Juzgado Federal de Victoria y consideró que los hechos podían corresponder al fuero federal. Sin embargo, planteó la incompetencia territorial porque la mujer residía en Concepción del Uruguay y allí se habían realizado los movimientos bancarios y solicitado los préstamos.
Qué juzgado investigará el caso
El juez federal de Victoria, Federico Ángel Claudio Martín, declaró su incompetencia territorial y remitió las actuaciones al Juzgado Federal Nº 1 de Concepción del Uruguay, a cargo del magistrado subrogante Hernán Viri. Fundamentó la decisión en el domicilio de la denunciante y en el lugar donde se desarrollaron las operaciones bancarias.
Tras las distintas intervenciones judiciales, quedó planteado un conflicto negativo de competencia entre ambos juzgados. La Cámara Federal de Apelaciones de Paraná debió intervenir para establecer cuál de los tribunales continuaría con la investigación.
Finalmente, el 10 de septiembre, la Cámara resolvió que el Juzgado Federal Nº 1 de Concepción del Uruguay era competente para tramitar las actuaciones. La decisión fue firmada por la jueza Cintia Gómez y permitió definir la jurisdicción en la que se investigará la maniobra denunciada. (Uno)
