La respuesta del Instituto de la Vivienda a un pedido de acceso a la información pública de ANÁLISIS, permite reconstruir qué pasó con el organismo entre el último año de Gustavo Bordet y el primer semestre de 2026: el derrumbe del financiamiento nacional, un embargo de 460 millones, la dependencia total del FONAVI y una estructura de personal que consume casi tanto como las obras.
La carta lleva fecha del 31 de agosto de 2026 y la firma de la presidencia del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV), que conduce el arquitecto Manuel Schönhals desde el 11 de diciembre de 2023. Empieza con una disculpa a medias: el volumen de lo pedido, dice, requirió un tiempo mayor al que fija la ley de acceso a la información pública. Detrás de esa frase vienen una planilla de obras, tres listados de compras y un cuadro presupuestario de cuatro ejercicios. Leídos juntos, cuentan una historia que el organismo no suele contar en sus gacetillas.
En 2023, el último año de la gestión de Gustavo Bordet, el IAPV adjudicó 28 obras para 984 viviendas, con 17 empresas y contratos por 12.078 millones de pesos, según surge de sumar la planilla oficial. Casi todas las licitaciones se habían abierto en 2021 y 2022 y recién fueron adjudicadas en el año electoral. Los dos contratos más gruesos no eran viviendas sino pavimento: la trama vial y los desagües del barrio de 500 viviendas de Paraná, para la UTE Caballi-Szczech, por 1.993 millones, un 23 por ciento por encima del presupuesto oficial; y la trama vial de Concepción del Uruguay, para Traza S.A., por 1.208 millones, un 18 por ciento arriba. Traza, con tres contratos, fue la firma que más facturó ese año: 3.089 millones.
De aquellas 28 obras, siete están terminadas, doce en ejecución y nueve fueron rescindidas. La planilla permite ponerles nombre y número: 576 viviendas caídas. Las tres secciones del complejo Concordia 415 (308 unidades repartidas entre CODI S.R.L., Carlos Diego Haure y Sandra Catalina Flores), las 137 de Concepción del Uruguay de Traza, las 52 y las 29 de Villaguay de Verco S.A. y una de las dos etapas de Lucas González de Viano Construcciones fueron dadas de baja por falta de financiamiento nacional, en el marco de la ley de emergencia de obra pública. Eran todas del programa Casa Propia, con plata de Nación que dejó de llegar. Las otras dos rescisiones tuvieron otro motivo: en Urdinarrain y en General Ramírez, la constructora ACIC Mocoien S.A. incumplió y el Instituto hoy busca quién termine esas 30 viviendas. Y hay una tercera categoría, más silenciosa: la tercera etapa de Gualeguaychú, adjudicada a Ernesto Ricardo Hornus S.A. para 124 viviendas, se reinició en 2025 con 37.
El 2024 aparece en la planilla como una línea vacía: no se adjudicaron obras nuevas. La carta explica por qué con un dato que hasta ahora no había sido público: en febrero de ese año el IAPV fue embargado por unos 460 millones de pesos, lo que le imposibilitó pagar sus compromisos corrientes. La gestión dice haber recibido compromisos por 6.800 millones a valores nominales entre obras en ejecución, contratos firmados, pavimentos e infraestructura, y haber cancelado juicios monitorios por certificados impagos de la administración anterior por cerca de 1.350 millones, más 824 millones de intereses y honorarios.
El cuadro presupuestario confirma esa sangría y muestra que no terminó. El inciso 7, servicio de la deuda, se ejecutó en 2024 por 4.331 millones contra un crédito de 3.465; en 2025, por 4.350 millones contra 1.558; y en el primer semestre de 2026 ya lleva 4.826 millones devengados sobre un crédito de apenas 20 millones. Año tras año el Instituto paga deuda muy por encima de lo que presupuesta. Mientras tanto, en 2024 la partida de bienes de uso tuvo un crédito de 4.554 millones y pagó exactamente 120.000 pesos.
¿De dónde salió el dinero para reactivar? No del Tesoro provincial. Los aportes de esa fuente bajaron de 3.680 millones en 2023 a 1.973 en 2024, a 724 en 2025 y a 58 millones en la primera mitad de 2026, un ejercicio en el que el crédito del Tesoro directamente figura en cero. Nación tampoco: las transferencias de programas nacionales pasaron de 3.681 millones en 2023 a 205 millones en el primer semestre de este año. Lo que sostiene al IAPV es el FONAVI, la coparticipación del fondo nacional de la vivienda, que trepó de 4.201 millones recaudados en 2023 a 12.755 en 2024, a 32.295 en 2025 y a 30.623 en apenas seis meses de 2026, más el recupero de cuotas de los adjudicatarios, que en 2025 aportó 9.867 millones. La propia carta lo admite: desde 2024 la fuente principal es el FONAVI, según los índices de coparticipación, y el recupero de viviendas entregadas.
El otro dato que el cuadro deja al desnudo es la estructura. En 2023 el IAPV devengó 3.047 millones en personal y 11.439 en obra: una relación de uno a cuatro. En 2025 gastó 10.738 millones en sueldos y 11.041 en obra: prácticamente uno a uno. En el primer semestre de 2026 van 6.440 millones para el personal y 10.744 para las obras. Cada dos pesos que el Instituto de la Vivienda vuelca a construir, gasta más de uno en sostenerse a sí mismo.
La reactivación es real, pero chica. En 2025 hubo una sola licitación, la red de agua y cloacas para 76 viviendas del barrio VICOER de Paraná, que ganó Construcciones Godoy S.R.L. por 141 millones entre cuatro oferentes. En lo que va de 2026 se adjudicaron siete obras por 100 viviendas y 6.388 millones, todas bajo el programa provincial Ahora Tu Hogar y con fondos FONAVI. Los números por unidad dan una idea de lo que cuesta hoy una vivienda social con infraestructura: 66 millones en los dúplex de Concordia, 69 en Chajarí, 76 en Nogoyá, 77 en San Jaime de la Frontera.
El resto del inventario que declara la gestión es un mapa de reinicios y promesas: 325 viviendas en ejecución bajo Casa Propia, con contratos reformulados para volver a arrancar; 70 de Primero Tu Casa; 195 en construcción y 110 en proceso licitatorio por Ahora Tu Hogar; convenios con municipios por 1.056 lotes con infraestructura; 85 viviendas por administración municipal en siete localidades; y 280 créditos activos de la línea Raíces para construir o ampliar sobre lote propio, con una proyección de mil para el ejercicio. Es el catálogo de un organismo que dejó de ser constructor a gran escala y pasó a financiar de a poco.
La carta subraya que todas las licitaciones se adjudicaron por debajo del presupuesto oficial. Es cierto, pero la planilla muestra dos matices. En Nogoyá, las 19 viviendas fueron para Verco S.A. por 1.448 millones, cuando Hornus había cotizado 1.434: unos 14 millones menos. Y la única contratación directa del año, la terminación de seis viviendas de madera en Los Conquistadores, se adjudicó a Carlos Diego Haure por 226 millones, un 22 por ciento por encima del presupuesto de 186, después de un concurso de precios que quedó desierto. Haure, que en 2023 terminó las 18 casas de Chajarí y vio rescindida su sección de Concordia 415, se llevó además los dúplex de Concordia por 1.191 millones: es el contratista con más continuidad entre las dos gestiones.
Por fuera de la obra, los listados de compras dibujan el día a día de un organismo con sede en Paraná y una flota de seis vehículos oficiales que pasa por el taller con una frecuencia notable. Los procedimientos menores se multiplicaron: 97 compras directas en 2023 contra 143 desde 2024; tres contrataciones por vía de excepción contra 22; cinco licitaciones privadas contra 18. Un mismo proveedor de insumos informáticos, Insumos Paraná, de Novatti y Felgueres, aparece en todos los años y en todas las modalidades. Hay un contrato que crece más rápido que ningún otro: la custodia policial de la sede y de la regional Oeste, contratada por vía de excepción a la Policía de Entre Ríos, saltó de 25 millones en 2023 a 29,9 en 2024, a 141,2 en 2025 y a 206,2 millones en 2026. Ocho veces más en tres años. Por la misma vía de excepción, en 2026 se contrató el asesoramiento del economista Federico González Rouco por 7,85 millones.
El rubro cortesía y homenaje, que el decreto 795/96 habilita a comprar sin concurso, tiene sus propias rutinas: llaveros y placas de mármol para los actos de inauguración por 1,51 millones en 2024 y 2,85 millones en 2025, al mismo proveedor; remeras, sonido y ambulancia para las Olimpíadas de empleados de institutos de vivienda en 2024, y un colectivo por 8,97 millones para llevarlos en 2025; un ciclo de talleres sobre gestión de agenda que sumó 3,3 millones en sonido, catering y honorarios; y 1,44 millones en coffee break para unas jornadas sobre nuevas fuentes de financiamiento del hábitat. En paralelo, el Instituto pagó 17,9 millones en 2024 para guardar su archivo general en un depósito privado y en 2025 gastó 24,4 millones en estanterías para traerlo de vuelta.
Quedan zonas sin luz. El IAPV dice estar al día con los certificados de obra y haber acortado el plazo de pago de 60 días, pero reconoce una deuda con una sola empresa contratista por certificados impagos tras la neutralización de 2024, con la que no logró acuerdo y que va camino a la Justicia; no dice cuál ni por cuánto. Informa que no realiza redeterminaciones de precios porque contrata en UVI, y que no lleva nómina ni ranking de contratistas. Y consigna un balance de gestión: de las 2.562 viviendas que dice haber encontrado en marcha o comprometidas en diciembre de 2023, 1.014 se terminaron, 860 siguen en obra y 688 se rescindieron. Ese último número es la medida más cruda del costo de la retirada de Nación. Los otros, los del cuadro presupuestario, son la medida de lo que la provincia decidió no aportar.
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