lunes 7 septiembre 2026

Morosidad: hay casi 50 proyectos en el Congreso y dos son entrerrianos

Las normas apuntan a las millones de familias que no pueden pagar sus deudas con bancos o billeteras virtuales. Dos de las iniciativas son de diputados entrerrianos

Dos proyectos de ley delineados por diputados nacionales entrerrianos son parte de un lote de casi 50 iniciativas ingresadas en los últimos meses en la Cámara Baja, tendientes a que se discuta el creciente nivel de morosidad en nuestro país. El objetivo de la oposición es que sean parte del debate del miércoles próximo, cuando sesionen y se ponga en tela de juicio esta temática y una posible prórroga de la Emergencia en Discapacidad.

Las normas auntan a aliviar las deudas de las casi 6 millones de personas que están en condición de no poder pagar las deudas que contrajeron, de acuerdo a datos del Banco Central (BCRA). De ellas, más de 150 mil son entrerrianas, especialmente jóvenes de entre 25 y 34 años.

El presidente Javier Milei, oportunamente consultado al respecto, se desligó del asunto y dijo que se trata de un acuerdo “entre privados”. También, aseguró que “nadie le puso una pistola en la cabeza” a los que se endeudaron y que, en buena medida, lo pendiente responde a la compra de televisores en la previa del Mundial o a apuestas online. En general, lo que se percibe, va por otro lado: los comerciantes cuentan cómo cada vez más familias se endeudan para comer o pagar servicios. O justamente, dejan de lado sus obligaciones para hacerle frente a los gastos corrientes.

 

Las iniciativas entrerrianas

Uno de los proyectos fue ingresado en enero de 2026 por parte de Guillermo Michel, de Unión por la Patria. La norma crea el “Programa de Desendeudamiento de las familias argentinas” y advierte, mucho antes de que el tema estuviera en las tapas, sobre el importante aumento de la morosidad en el país.

El proyecto propone la creación de una línea de crédito directa de ANSES destinada a jubilados, trabajadores registrados, monotributistas y beneficiarios de planes sociales. El objetivo es que estas personas puedan cancelar sus deudas con tarjetas de crédito y otros operadores no financieros, reemplazándolas por préstamos con condiciones “menos desfavorables”.

Los créditos contemplan un monto máximo de $1.500.000 y se otorgarían a tasas de mercado, calculadas en base a la Tasa Mayorista de Argentina (TAMAR) más 10 puntos porcentuales. A la vez, se fija un límite para evitar nuevos ahogos financieros: la cuota no podrá superar el 30% de los ingresos del solicitante, con plazos a definir según su capacidad de pago.

En sus fundamentos, Michel explicó los tres ejes principales que, a su entender, promueven la situación que se vive actualmente: la pérdida de poder adquisitivo del ingreso disponible de los hogares; la suba por sobre la inflación de los gastos fijos de las familias y el encarecimiento del crédito de consumo para los sectores de menores recursos, particularmente trabajadores con remuneraciones bajas, jubilados y beneficiarios de asignaciones y programas sociales.

El otro proyecto fue elaborado por el exgobernador Gustavo Bordet. y declara la Emergencia Financiera para las familias, así como la suspensión de ejecuciones de deudas y medidas cautelares. La iniciativa fue ingresada en abril y pasó a tres comisiones.

En el proyecto se declara el estado de emergencia con el fin de preservar la continuidad económica, el empleo y la estabilidad social en el marco de la situación económica vigente, postergando por al menos 6 meses las medidas judiciales y administrativas, desde remates hasta inhibiciones o secuestro de bienes. Será para todos aquellos deudores con ingresos que no superen los 10 salarios mínimos o monotributistas hasta la categoría G.

De acuerdo al proyecto, quedan excluidos de la suspensión los créditos de naturaleza alimentaria, las obligaciones derivadas de relaciones laborales, las deudas por cuotas alimentarias o indemnizaciones por daños a la persona y los casos donde se acredite riesgo cierto de insolvencia fraudulenta del deudor.

“En los últimos años se ha verificado una creciente dependencia de los hogares respecto del financiamiento para sostener niveles básicos de consumo. Esta dinámica se ha materializado en un uso intensivo de instrumentos como tarjetas de crédito, préstamos personales y líneas de financiamiento bancario y no bancario, muchas veces bajo condiciones de elevada tasa de interés. Como consecuencia, se ha configurado un escenario de sobreendeudamiento estructural, en el cual una proporción significativa de los ingresos familiares se encuentra comprometida al pago de obligaciones financieras”, indicó Bordet en sus fundamentos. Ahora

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