Presupuesto, convenios, viáticos, contrataciones y personal: los números y datos que aportó la Gobernación

La Secretaría General de la Gobernación de Entre Ríos respondió a ANÁLISIS con un extenso documento de “contexto institucional” que reivindica la racionalización del gasto, la reducción de la estructura política y la responsabilidad fiscal. Los números quedaron expuestos en cinco anexos con miles de registros -presupuesto, 561 convenios, 7.509 viáticos, contrataciones y la nómina completa de personal-, y es uno de los pedidos más extensos que respondió el Estado provincial hasta ahora.

El cruce de esas planillas confirma dos anuncios de la gestión: la cancelación anticipada de $3.500 millones de deuda con el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial y el pase a planta de 42 personas que cobraban por “contrato de obra”. Pero, también muestra lo que la respuesta no menciona: el gasto real de Gobernación, Turismo y Modernización creció 28,7% por encima de la inflación en 2025; la partida de los helicópteros oficiales trepó 577% sobre lo presupuestado; el alquiler de la sede de Modernización se multiplicó por ocho en tres años; los viáticos de Gobernación se duplicaron en términos reales; y uno de los dos componentes del préstamo de la CAF -la Mesa de Ayuda del sistema GDE, bandera de la “modernización”- todavía no arrancó.

El convenio de mayor magnitud de todo el registro, una transferencia previsional de $48.000 millones que la Nación gira vía ANSES, es a la vez el dato de mayor peso económico y el menos disponible: son fondos con destino específico.

La Secretaría General de la Gobernación de Entre Ríos (SGG), a cargo de Mauricio Colello desde diciembre de 2023, respondió al pedido de acceso a la información pública que ANÁLISIS presentó en el marco de la Ley provincial Nº 11.191, la misma norma que la gestión de Rogelio Frigerio impulsó, sancionó y promulgó en 2025 y que presenta como uno de los pilares de su política de “gobierno abierto”. La norma obliga a los organismos del Estado provincial a responder dentro de los plazos que fija su decreto reglamentario y habilita a quien lo solicita a exigir la documentación respaldatoria. La Secretaría General de la Gobernación, que depende directamente del gobernador y funciona como una suerte de Jefatura de Gabinete no prevista formalmente en el organigrama provincial, fue uno de los organismos requeridos en la campaña de pedidos de acceso a la información que ANÁLISIS viene desarrollando sobre las distintas áreas del Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial entrerriano.

La respuesta llegó en dos planos que conviene distinguir desde el inicio. Por un lado, un documento de varias páginas estructurado como “contexto institucional”, que antecede a cada uno de los seis puntos solicitados con párrafos de justificación de la gestión antes de llegar a cualquier dato concreto. Por otro, cinco anexos documentales con miles de registros: presupuesto y ejecución 2023-2026, el Registro Único de Convenios, viáticos y comisiones de servicio, contrataciones de bienes y servicios, y la nómina de personal.

El texto no incluye guarismos consolidados de ningún tipo: quien busque cuánto gastó la Secretaría en contrataciones directas en 2025 o cuántos agentes precarios fueron efectivamente pasados a planta debe reconstruir esos números por su cuenta a partir de las planillas. Eso fue lo que hizo ANÁLISIS. Y el resultado es que los propios números que la Secretaría General de la Gobernación adjuntó como respaldo cuentan una historia bastante más matizada que la del texto que los acompaña.

El escrito aclara que de ese organismo dependen actualmente cuatro Direcciones Administrativas: la 984 (Secretaría de Comunicación y Prensa), la 990 (Secretaría de Modernización, Ciencia, Tecnología e Innovación), la 977 (Secretaría de Turismo, hasta la creación del Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos) y la 954, que reúne a la Gobernación, la Secretaría de Atención y Participación Ciudadana, la Secretaría de Deportes y áreas como la Casa de Entre Ríos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Imprenta y Boletín Oficial, el Garage Oficial, la Dirección de Subsidios, la Dirección de Automotores y la Dirección de Ceremonial. El anexo de Personal, sin embargo, incorpora una quinta Dirección Administrativa, la 967 (Secretaría Legal y Técnica), y para el ejercicio 2023 una sexta, la 986 (Turismo y Cultura), que luego desaparece del padrón, como se detallará más abajo.

Antes de entrar en cada punto, la Secretaría dedica un apartado a los “criterios generales de gestión” que dice haber aplicado desde diciembre de 2023. Sostiene que impulsó “un proceso integral de transformación institucional orientado a construir un Estado más eficiente, austero, transparente y orientado a resultados”, que incluyó “racionalizar el gasto público, reducir la estructura política, revisar y regularizar modalidades precarias de contratación de personal, optimizar la utilización del parque automotor (…) eliminar los gastos reservados” y fortalecer “la responsabilidad fiscal”.

Ese apartado inicial no es un simple preámbulo protocolar: ocupa una porción sustancial de la respuesta y funciona como marco interpretativo obligado para todo lo que sigue. Antes de llegar al primer punto concreto, el lector ya fue advertido lo que la gestión considera haber racionalizado, reducido, regularizado, optimizado y eliminado. Son afirmaciones generales, sin cifras que las sustenten en ese mismo tramo, que se repiten luego de manera más acotada en cada uno de los seis capítulos. La introducción fija el tono al señalar que “los datos presupuestarios, administrativos y de gestión adquieren su verdadero significado cuando son analizados junto con las políticas públicas que les dieron origen”, una fórmula que antecede, y en los hechos condiciona, la lectura de cada anexo. Es, en los hechos, una defensa de la gestión antes de exhibir los datos que deberían sustentarla.

La estructura de la respuesta es, en sí misma, un dato. Como se detalla a continuación, en algunos de los seis ejes los anexos respaldan el relato (el pago anticipado de deuda, la incorporación de contratados precarios a planta); en otros lo contradicen de manera directa (el salto del gasto real en 2025, la partida de la actividad aérea, los programas con crédito y ejecución cero, los viáticos).

Presupuesto y ejecución: la austeridad se sostiene en 2024 y se cae en 2025

En el punto referido a presupuesto, la respuesta advierte que entre 2023 y 2026 hubo modificaciones en la organización, las competencias y la estructura programática de las áreas de la Gobernación, con su correlato en cambios de programas, actividades y denominaciones presupuestarias. Esa salvedad metodológica -que las comparaciones interanuales deben hacerse “teniendo en cuenta las modificaciones producidas en la organización del Poder Ejecutivo”- reaparece en distintos tramos del documento y funciona como un condicionamiento previo a cualquier lectura crítica de la serie: cada vez que una cifra podría resultar incómoda, el propio organismo advierte que no es del todo comparable con la de otros años. El cuerpo de la respuesta no arriesga un solo número; todo queda librado al anexo “Presupuesto y Ejecución SGG”.

Se procesaron los 75 PDF de crédito y ejecución por programa de ese anexo, más 12 de recursos, correspondientes a las Direcciones Administrativas 954 (Gobernación), 977 (Turismo) y 990 (Modernización), ejercicios 2023 a 2026 (este último con datos hasta el 16 de julio). Sumando el gasto devengado de las tres jurisdicciones año por año:

Es decir: en 2024 el gasto real de estas tres jurisdicciones cayó levemente, coherente con el discurso de austeridad que repite el texto de la SGG. Pero en 2025 el gasto creció cerca de un 29% por encima de la inflación -casi treinta puntos-, un dato que contradice o al menos matiza fuertemente el relato de austeridad sostenida que la respuesta oficial reivindica como eje de gestión.

El programa “Organización, Programación y Control de la Actividad Aérea Provincial” -los helicópteros oficiales, que dependen de la Policía de Entre Ríos- arrancó 2023 con crédito original de $0 y terminó ejecutando $66,3 millones. En 2024 su crédito actual llegó a $207,5 millones, un 359% por encima del crédito original con el que había arrancado el ejercicio. En 2025 (renombrado como PG 31) el crédito actual trepó a $479,7 millones, un 577% sobre el original, aunque solo llegó a ejecutar el 37% de ese monto. La respuesta de la SGG dedica un capítulo entero a explicar la “optimización del parque automotor” y la reducción de vehículos oficiales, pero no menciona en ningún momento esta partida, que en tres años multiplicó por siete su crédito vigente respecto del presupuestado originalmente.

En el otro extremo aparecen programas que no ejecutan lo que se les asigna. “Mujeres que Construyen”, de capacitación laboral, tuvo crédito en 2023 ($496.000) y en 2024, pero registró 0% de ejecución en ambos ejercicios: nunca gastó un peso pese a figurar presupuestado. Algo similar, con más plata en juego, ocurre con el programa de Modernización “Coordinación e Implementación de Programas y Proyectos de Tecnologías”: ejecutó apenas 8,6% de su crédito en 2023 y 0% en 2024, pese a que ese crédito actual había crecido 1.565% sobre el original en 2023. La jurisdicción que en su propia respuesta se presenta como motor de la “transformación digital” del Estado provincial es, al mismo tiempo, la que menos ejecuta lo que le asignan por esa vía específica.

Un dato de contexto: Gobernación, Turismo y Modernización se financian casi enteramente con transferencias del Tesoro provincial -el remanente de recursos propios es negativo en las tres jurisdicciones, todos los años-, lo cual es habitual en este tipo de reparticiones, pero conviene tenerlo presente al leer cualquier reivindicación de “eficiencia” en el uso de fondos.

561 convenios, casi todos de esta gestión, y ningún monto en el texto

El punto más concreto de todo el cuerpo de la respuesta es el referido al Registro Único de Convenios de la Administración Pública Provincial. Según el informe, durante el período se registraron 561 instrumentos: 1 en 2023, 168 en 2024, 289 en 2025 y 103 en lo que va de 2026. La distribución es elocuente por sí sola: si Frigerio asumió el 10 de diciembre de 2023, prácticamente la totalidad de los 561 convenios pertenece a su propia gestión, y el documento lo presenta como muestra de “articulación institucional” sin detenerse en esa lectura.

La nómina incluye convenios marco y específicos, acuerdos, actas, adendas, comodatos, contratos y donaciones, celebrados con gobiernos locales, organismos nacionales, universidades, entidades privadas y organizaciones de la sociedad civil, en materias que van de salud y educación a seguridad, infraestructura, producción, financiamiento y modernización. Lo que el texto no dice en ningún momento es cuánto dinero está comprometido en esos 561 instrumentos: enumera materias y actores, pero no arriesga una cifra agregada de recursos transferidos u obras financiadas, con la única excepción del convenio con la CAF. Ese dato hubo que buscarlo en el anexo “Informe de convenios 2023-2024-2025-2026.xls”, cuyo conteo coincide exactamente con el que declara la SGG y del cual, con año, número de acta, denominación, partes y objeto de cada convenio, surgen varios datos de peso.

El acta 230 de 2025 registra un convenio de financiamiento entre la ANSES y la Provincia de Entre Ríos por el cual la Nación transferirá $48.000 millones en ocho cuotas de $6.000 millones cada una, entre noviembre de 2025 y junio de 2026, en concepto de “anticipo de capital” derivado de una auditoría del sistema previsional provincial realizada en 2025, en el marco del artículo 27 de la Ley nacional 27.230. Es, por lejos, el convenio de mayor monto de toda la nómina, pero se trata de fondos con destino previsional específico -no de recursos de libre disponibilidad para el resto de la gestión-, un matiz importante a la hora de cruzarlo con cualquier lectura del desempeño fiscal provincial.

El acta 101 de 2024 documenta el pago anticipado de $3.500 millones de deuda al Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial, cancelando parte de un endeudamiento tomado en 2020-2021. A diferencia de otros hallazgos de este informe, este sí abona de manera directa el relato de “responsabilidad fiscal” que exhibe la respuesta oficial.

Aparecen además tres líneas de crédito de entre $4.000 y $5.000 millones cada una, acordadas con el Nuevo Banco de Entre Ríos y el Consejo Federal de Inversiones (CFI) durante 2024 y 2025, destinadas a financiar bienes de capital de productores agropecuarios en el marco de eventos como Agroactiva y Expoagro (bancarización de líneas productivas, no gasto público directo, pero convenios de magnitud considerable dentro de la nómina). También hay una serie de subvenciones de Ciencia y Tecnología (PFI 2023) canalizadas a través de la UNER, por montos de entre $16 y $22 millones cada una, y un capítulo más anecdótico: un convenio de restitución de dos meteoritos entre Entre Ríos y la provincia del Chaco (2024), y varios convenios de “Área Natural Protegida” que en la práctica son donaciones o servidumbres de campos privados incorporados al sistema provincial de conservación.

El préstamo de la CAF: 187.500 dólares y una Mesa de Ayuda que no arrancó

El único convenio al que el cuerpo de la respuesta le pone monto es el de Cooperación Técnica No Reembolsable suscrito con la Corporación Andina de Fomento (CAF), identificado como CT P.E. N.º 1391/2024. A través de él, la Secretaría de Modernización ejecuta el Programa de Apoyo al Plan de Modernización del Estado de la Provincia de Entre Ríos, por un total de 187.500 dólares: 150.000 aportados por la CAF y 37.500 de contraparte provincial.

El programa se divide en dos componentes. El primero, “Modernización Digital de la Provincia de Entre Ríos”, apunta a fortalecer la adopción del sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE) mediante una estrategia de comunicación, talleres de gestión del cambio y capacitaciones a agentes públicos. El segundo, “Eficientización de la Gestión Institucional”, consiste en el diseño e implementación de una Mesa de Ayuda con Ticketera Omnicanal para el soporte informático provincial.

El plazo de ejecución originalmente previsto era de doce meses desde la entrada en vigencia del convenio, pero la propia Secretaría informa que se solicitó una prórroga de seis meses adicionales, sin explicitar los motivos del atraso. Sobre el estado de avance, el documento distingue producto por producto: la estrategia comunicacional se encuentra “técnicamente ejecutada”, los talleres de gestión del cambio registran “la totalidad de las actividades ejecutadas” y las capacitaciones se cumplieron “conforme al cronograma previsto”.

El dato que más llama la atención aparece en el cuarto producto, la Mesa de Ayuda y Ticketera Omnicanal: la Secretaría admite que “se formalizó la contratación correspondiente” pero que, a la fecha de la respuesta, “se encuentra pendiente el inicio de la ejecución contractual y no se han efectuado pagos vinculados a dicho producto”. Es decir: sobre un programa financiado con un préstamo externo, cuyo plazo ya debió extenderse con una prórroga, uno de los dos componentes centrales -el que apunta a resolver el soporte técnico del GDE, la herramienta que la gestión presenta como su bandera de modernización- todavía no arrancó.

En el mismo punto, Modernización aclara que para este proyecto puntual no realizó contrataciones de software, sistemas, licencias o servicios informáticos encuadradas en esas categorías, una respuesta que acota lo contestado al programa financiado por la CAF y no a la totalidad de las contrataciones tecnológicas de la Secretaría en el período.

Vehículos y viáticos: menos comisiones de servicio, pero el doble de gasto

En el capítulo dedicado a vehículos, aeronaves, viajes, viáticos y gastos protocolares, la respuesta recuerda que, apenas asumida la gestión, se dictó el decreto 280/2023, por el cual todos los organismos del Estado debieron poner a disposición los vehículos que no fueran de uso indispensable, lo que permitió redistribuir más de 100 unidades hacia la seguridad ciudadana. Agrega que en la Secretaría General los funcionarios no tienen autos ni choferes asignados de forma exclusiva, sino que la flota se comparte y los choferes se turnan. Sobre las aeronaves, como ya se señaló, no dice nada.

Sobre las comisiones de servicio, el informe ofrece una serie que, tomando la jurisdicción Gobernación por ser la más homogénea, muestra 1.091 comisiones en 2023, 625 en 2024 -una baja del 42,7%-, 839 en 2025 -un repunte respecto de 2024, pero todavía un 23,1% por debajo de 2023- y 354 en lo que va de 2026. La Secretaría advierte que estos datos deben leerse “en términos de cantidad y no de montos nominales”, porque el período comprende variaciones significativas de precios y de los valores de viáticos fijados por la normativa vigente. Con esa fórmula, el propio organismo evita decir cuánto costó, en pesos, cada uno de esos ejercicios.

Ese dato sí surge del anexo “Viáticos SGG”: 7.509 registros entre 2023 y 2026, discriminados por Dirección Administrativa, agente, importe, objetivo, destino y medio de transporte. Los conteos de comisiones que cita la SGG coinciden de manera exacta con los del archivo. Lo que la respuesta no menciona es el gasto asociado, que se obtiene sumando agente por agente:

En Gobernación, el gasto en viáticos saltó 105% en términos nominales entre 2024 y 2025, con una inflación anual de 31,5% -es decir, prácticamente se duplicó en términos reales-, mientras que la cantidad de comisiones creció solo 34%. El costo promedio por comisión de servicio pasó de $27.220 en 2023 a $81.566 en 2025, casi el triple. En Comunicación y Prensa el ritmo de crecimiento del gasto fue todavía mayor.

Un dato adicional para relativizar la caída de 42,7% que exhibe la SGG: la propia respuesta aclara que en 2023 la documentación incluye siete jurisdicciones -Ambiente, Gobernación, Legal y Técnica, Turismo, Comunicación, Cultura y Modernización-, mientras que desde 2024 el universo informado se concentra en la estructura administrativa posterior. Ambiente sola aportaba 858 comisiones en 2023, casi tantas como Gobernación. Comparar 2023 contra 2024 sin esa corrección infla artificialmente la caída.

En el detalle línea por línea de 2025 aparece un conjunto de viajes a Montevideo bajo el concepto “Buy Argentina en Uruguay – IMPROTUR”, asignados a personal del área de Turismo, con importes de entre $1.000.000 y $1.320.000 por persona. En paralelo, varios funcionarios de Comunicación y de Gobernación viajaron también a Montevideo para “cubrir actividades del Sr. Gobernador”, con importes de alrededor de $947.000 cada uno. Queda pendiente identificar con precisión de qué actividad institucional se trató y cuántas personas viajaron en total, para dimensionar el costo agregado de ese operativo.

Contrataciones: el texto sin totales, el anexo con nombres

Para el punto de contrataciones de bienes y servicios, la Secretaría informa que acompaña el detalle de las Direcciones de Administración 954, 977, 984 y 990, ejercicios 2023 a 2025 y, cuando hay información disponible, 2026 hasta el 15 de julio. El texto describe en términos generales el tipo de gasto -equipamiento e insumos, mantenimiento de vehículos y equipos, limpieza, comunicaciones, correo, provisión de agua, alquileres, servicios técnicos y tecnológicos, impresión, mantenimiento de instalaciones- y los procedimientos posibles: licitación pública, licitación privada, solicitud de cotización y contratación directa. En ningún tramo consigna un monto total gastado por año o por Dirección, ni siquiera a título ilustrativo.

El anexo “Contrataciones SGG” está organizado en doce archivos, uno por Dirección Administrativa y ejercicio. De ese universo se procesaron de manera completa los tres ejercicios de Modernización (DA 990, 2023 a 2025), además de Gobernación (DA 954, 2023, 2024 y parcial 2026), Turismo (DA 977, solo 2023) y Comunicación y Prensa (DA 984, solo el tramo parcial de 2026). Restan por procesar 2024 y 2025 de Turismo y 2023 a 2025 de Comunicación y Prensa. Con esa salvedad, dentro de lo ya cruzado aparecen varios patrones, especialmente en Modernización, donde la calidad del archivo permitió reconstruir el detalle línea por línea.

El alquiler que paga la Secretaría de Modernización a Rómulo Riso por el inmueble de 25 de Mayo 328, sede de la Secretaría, escaló de manera abrupta en tres años: $390.666,66 mensuales durante todo 2023; $889.333,32 mensuales durante todo 2024 (2,3 veces el valor inicial); y en 2025 saltó primero a $2.800.000 y luego a $3.256.960 mensuales desde julio. Más de ocho veces el valor de 2023. No hay en el expediente ninguna referencia a una tasación, actualización por índice o nueva superficie locada que explique el salto; se trata, en apariencia, de sucesivas renegociaciones directas del mismo contrato.

El gasto más recurrente y de mayor magnitud dentro de las contrataciones de Modernización es, año tras año, la factura de Energía de Entre Ríos (ENERSA) para el Data Center provincial de Casa de Gobierno (calle E. Carbó 997). Esa factura mensual pasó de rondar los $500.000 a $900.000 durante 2023; a $3,2-3,5 millones mensuales durante 2024; para terminar 2025 en el orden de los $3,7-3,8 millones por mes: una infraestructura crítica cuyo costo energético se multiplicó por entre seis y siete veces en dos años, sin que la respuesta de la SGG mencione esta partida en su capítulo de modernización tecnológica.

Se repiten, mes tras mes y con montos casi idénticos, contratos de limpieza, de insumos informáticos y de librería, y de conectividad a internet contratada en simultáneo con al menos tres proveedores distintos -Telecom Argentina, Gigared S.A. y Telecomunicaciones S.A.- para direcciones que en algunos casos coinciden (el propio Data Center), sin que quede claro en la documentación por qué no se consolidó el servicio en un solo proveedor.

Aparte de estos gastos operativos, un conjunto de once personas cobró honorarios mensuales fijos -de $418.000 a fines de 2024, con incrementos periódicos- bajo la figura de “Contrato de Obra” (CLO): Xavier Aquerreta Dere, Agustín Baridon, Cristian Matías Paul Brito, María de los Ángeles Camarata, Oscar Osvaldo Chaves, Mauro Iván Joannas, Bernardo Damián Kreitzer, Juan Carlos Reffino, Laura Gabriela Rosa, Eliana Silvia Tessio Conca y Marlene María Eugenia Vallejos. Ese mismo listado -con algunas variantes- reaparece, con otro nombre y otro estatus, en el anexo de Personal.

Personal: el capítulo más discursivo del texto y el más revelador de los anexos

El punto sobre contratos de personal es, de los seis capítulos de la respuesta, el que menos información cuantitativa aporta en el propio texto. La Secretaría dedica varios párrafos a describir los objetivos de su política de recursos humanos -racionalizar y ordenar las estructuras administrativas, reducir progresivamente las modalidades precarias de contratación, otorgar mayor transparencia y trazabilidad a las vinculaciones, fortalecer áreas con capacidades específicas, establecer mecanismos objetivos de ingreso y promover un uso eficiente de los recursos-, pero no incluye una sola cifra de cuántos agentes fueron dados de alta, cuántos de baja, ni cuántos contratos de obra fueron efectivamente reconvertidos. Sí reconoce que en administraciones anteriores se utilizaron “contratos de obra instrumentados mediante personas inscriptas como monotributistas” y que la actual gestión impulsó “progresivamente su reducción y reemplazo”, y menciona que se avanzó en la reglamentación del acceso a la planta permanente mediante concursos, en cumplimiento de la Constitución provincial.

Los números están en el anexo “Personal SGG”, que incluye la nómina completa de cada Dirección Administrativa a diciembre de cada año -Gobernación (954), Legal y Técnica (967), Turismo (977), Comunicación y Prensa (984) y Modernización (990)-, con escalafón, situación de revista, categoría, programa de actividad y fecha de ingreso de cada agente, más dos planillas de la escala salarial vigente a junio de 2026, una para personal escalafonado y otra para cargos políticos fuera de escalafón.

Un primer dato exige cautela. En 2023 el padrón incluye una sexta Dirección Administrativa, la 986 (Secretaría de Turismo y Cultura), con 262 agentes: 186 de planta permanente, 29 afectados, 33 temporarios, 13 temporarios con estabilidad y un suplente. A partir de 2024 esa Dirección deja de figurar. No hay en la documentación una explicación del movimiento -lo más probable es una reestructuración que trasladó Cultura a otra órbita no comprendida en este pedido-, pero conviene confirmarlo antes de sacar conclusiones, porque una lectura apresurada de la caída de personal total entre 2023 y 2024 atribuiría a despidos lo que en gran medida es, probablemente, un cambio de estructura administrativa.

Con esa salvedad, la planta de las cinco Direcciones Administrativas que sí se mantienen a lo largo de los tres años evolucionó así (sumando personal permanente, afectado y temporario):

Es decir: una baja generalizada en 2024 y una recuperación en 2025 que, en el caso de Gobernación, deja la planta por encima de la de 2023. Del 2024 al 2025 se incorpora Deportes a Secretaría General, que antes estaba en Desarrollo Humano. Este aspecto no es menor porque se suma a la nueva estructura una Secretaría entera. Además, la SGG -en la gestión de Colello- no incorporó nuevo personal. En todo caso, suma personal de áreas que se eliminaron, pero no implica contratación nueva o incremento de personal.

El cruce más contundente de todo este informe surge de comparar el padrón de Personal 2025 con lo relevado en Contrataciones. Los mismos nombres que cobraban honorarios mensuales por Contrato de Obra en el listado de Modernización aparecen ahora en el padrón bajo una situación de revista nueva, inexistente en 2023 y 2024: “Ex contratos de obra”, con fecha de ingreso a planta el 31 de diciembre de 2024 y categorías de escalafón 5, 6 y 8. Esto explica, además, los pagos que en el informe de Contrataciones de 2025 figuran como “Haberes complementaria – Excontratos de obra”: a quienes ya estaban en esta figura se les siguieron liquidando diferencias por fuera de la planilla de sueldos regular.

La figura no es exclusiva de Modernización: el mismo movimiento, con la misma fecha (31/12/2024), se repite en las cinco Direcciones relevadas. En total, 42 personas pasaron de contrato de obra a planta bajo esta categoría en un solo movimiento a fin de 2024 -18 en Gobernación, 12 en Comunicación y Prensa, 9 en Modernización y 3 en Turismo-, y otras dos (en Modernización) se sumaron a la misma figura en septiembre de 2025. A diferencia del núcleo de once nombres de Modernización, con años de antigüedad como contratados y honorarios relativamente altos, el resto de los “ex contratos de obra” en Gobernación, Comunicación y Turismo está compuesto mayormente por categorías bajas de la escala (4 a 10). En este punto los datos sí confirman lo que la respuesta reivindica como política de gestión: “regularizar modalidades precarias de contratación de personal”. El matiz es que la regularización no significó una incorporación directa al Escalafón General, sino la creación de una categoría intermedia y separada, y que la cifra -42- es la que la Secretaría tenía a mano y eligió no poner en el texto.

En paralelo aparece otra clasificación inexistente en 2023 y 2024: “Personal de gabinete”, categoría 20 de la escala, con catorce personas repartidas en las cinco Direcciones (diez en Gobernación y una en cada una de las restantes). En Gobernación, siete de esos diez agentes tienen asignada la actividad “Asesoramiento, Organización, Coordinación y Relaciones Institucionales en las Estructuras del Estado”, y los otros tres -Bárbara Susana López Iglesias, Franco Esteban Mendoza y Cielo Milagros Monzón- figuran directamente bajo la actividad “Gobernador”, es decir, como asesores directos del Poder Ejecutivo. Para una gestión que dice haber “reducido la estructura política”, es una categoría nueva que conviene seguir.

Cuánto cobran

Las dos planillas de escala salarial a junio de 2026 permiten dimensionar el costo actual de los cargos jerárquicos. El sueldo bruto mensual del Gobernador es de $4.754.358 (básico $1.467.394 + gastos de representación $1.173.916 + adicional $2.113.048); el del Vicegobernador, $4.538.250; el de Ministros y el Contador General, $4.322.142; el de Secretarios Ministeriales y el Jefe de Policía, $3.437.881; el de Subsecretarios, $2.691.188. Para el personal escalafonado, el bruto mensual va de $1.306.793 en la Categoría 1 a $982.000 en la Categoría 10, sin que la planilla oficial incluya una Categoría 9.

Un detalle sobre la calidad de la información que produce la propia Provincia: la planilla oficial de cargos no escalafonados tiene fórmulas rotas -arrastra errores “#REF!” sin resolver- en varios cargos clave, entre ellos, justamente, “Secretario de la Gobernación” y “Director Ejecutivo A.T.E.R.”. Es decir: el propio Estado provincial no puede acreditar, con la planilla que usa para liquidar sueldos, cuál es hoy el básico oficial del cargo que encabeza el organismo que respondió este pedido de información pública.

La Secretaría cierra su respuesta reafirmando su “compromiso con el derecho de acceso a la información pública” como herramienta para “fortalecer la confianza ciudadana” y “promover el control democrático”. En términos formales, cumplió: entregó los anexos, con un nivel de detalle que pocos organismos provinciales alcanzaron hasta ahora, y los conteos que declara en el texto coinciden con los archivos. Ese mérito no es menor.

Pero el contraste entre el documento y sus anexos es el dato central de este informe. El texto habla de austeridad; las planillas muestran un gasto real que creció casi 29% en 2025. El texto habla de optimización del parque automotor; las planillas muestran una partida de helicópteros multiplicada por siete y unos viáticos duplicados en términos reales. El texto habla de modernización; las planillas muestran un programa tecnológico con ejecución cero, un alquiler multiplicado por ocho, un Data Center cuya factura de luz se multiplicó por seis y una Mesa de Ayuda financiada por la CAF que aún no arrancó. Y allí donde los datos sí respaldan el relato -los $3.500 millones cancelados al Fondo Fiduciario, los 42 contratados pasados a planta-, la Secretaría prefirió no poner los números en el cuerpo de su respuesta. Explicó antes de mostrar. Lo que mostró, en buena medida, no era lo que había explicado.

Análisis