El titular del Sindicato de la Alimentación de Concepción del Uruguay, Julio Chamorro, detalló el estado del conflicto que atraviesa Granja Tres Arroyos en su planta La China, donde la cifra de despidos ya asciende a un número que el propio gremio no puede confirmar con exactitud por la falta de información de la empresa. «Puedo darte un aproximado de 480 operarios. Una primera rueda hace 15 días de 270 y ahora, por el conteo que llevamos, aproximadamente 210 más», precisó.
Chamorro explicó que el sindicato le solicitó formalmente a la empresa una lista con los números de legajo de los despedidos, las cargas familiares y demás datos que corresponden por ley, y que la respuesta fue directamente el silencio: «No se ha negado completamente. Bueno, en realidad no se ha negado, nos ignora elegantemente». Contó que tras el vencimiento de la conciliación obligatoria el viernes pasado, todavía no salió el dictamen de la Departamental de Trabajo, y que el sindicato pidió que se intime a la empresa a remitir esa nómina completa tanto al gremio como al organismo provincial.
En diálogo con Un martillo para darle forma – Radio Plaza, Chamorro fue categórico sobre las chances de cobro de las indemnizaciones: «Nosotros intuimos que no va a haber ni el pago de indemnización». Fundamentó ese pronóstico con un antecedente muy reciente: la semana pasada le cortaron el suministro eléctrico a otra planta del grupo, ubicada en Capitán Sarmiento —con unos 1.100 trabajadores—, por falta de pago de la factura, y el lunes los empleados de ese establecimiento recibieron una notificación de cierre «hasta nuevo aviso», en los mismos términos que atraviesan los trabajadores de Concepción del Uruguay desde mayo. «Si no pueden pagar una factura eléctrica, dudo muchísimo que puedan pagar indemnizaciones», sostuvo.
Consultado sobre la magnitud de la crisis, no dudó en calificarla: «Sinceramente preocupante es suavecito. Estamos en una emergencia». Describió una situación límite: los trabajadores llevan más de cuatro meses sin cobrar salario completo —con un pago parcial del 30% en abril— y remarcó que, en los hechos, la situación de quienes fueron despedidos es idéntica a la de quienes formalmente siguen dentro de la planta: «Los que en teoría están dentro de la planta, está cerrada hace cuatro meses, que no cobran salario, y los despedidos están exactamente igual, ninguno cobra nada y ninguno, por lo que se ve, tiene posibilidad de cobrar nada tampoco». Consultado sobre si eso no resulta contradictorio, agregó, casi respondiéndose a sí mismo: «Más irracional es no pagar cuatro meses los salarios, y despedirte, y no tener perspectiva de pago, cuando tenés la obra social cortada, cuando no podés alimentar a la familia, no podés pagar los medicamentos. Es terrorífico».
Por eso, planteó como hipótesis propia —aclarando que se trata de una suposición sin certezas— que los despidos podrían responder a una maniobra para «alivianar» a la empresa de cara a un eventual concurso de acreedores, dado que la firma ya acumula cuatro pedidos de quiebra en danza.
Protesta frente al Juzgado Laboral
Chamorro relató que esa misma mañana, un grupo de trabajadores se encadenó frente al edificio donde funcionan el municipio y el Juzgado Laboral de Concepción del Uruguay, como forma de protesta y visibilización. La medida derivó en que el intendente los recibiera y se comprometiera a intentar negociar con la empresa, además de intimarla a entregar la lista completa de despedidos.
Consultado por los conductores sobre una posible sensación de impunidad de parte de la empresa —en el tramo de la charla se señaló que los propietarios de Tres Arroyos no atravesarían dificultades económicas personales y que la crisis parecería trasladarse a los trabajadores—, Chamorro coincidió sin matices: «Esa es la cuestión. Las fortunas personales, todos sabemos que se protegen muy bien, muy bien. Entonces, no tienen ni cerca la emergencia que tenemos los trabajadores», planteó, y agregó: «Es lo primero que cuestionamos».
Chamorro remarcó que el sindicato no tiene forma de comprobar qué originó realmente la crisis financiera del grupo —»la más grande avícola del país», subrayó, «cuando todo el sector está bien, está normal»—, y que esa investigación le corresponde a la Justicia. Pero fue tajante sobre el principio que a su criterio no admite discusión: «Lo que absolutamente es imposible de aceptar, y contra el sentido común y contra la razón, es que el trabajador va a trabajar, no tiene por qué cargar con esas consecuencias (…) el trabajador no hace el esfuerzo económico, lo hace el propietario. Entonces, ¿por qué las consecuencias de las malas decisiones se hacen pesar en la espalda del más débil?».
El impacto en el comercio local
El dirigente sindical extendió el diagnóstico más allá de la propia empresa: citó datos que le compartieron desde el sindicato de comercio local, según los cuales «desde lo que va de enero a febrero, más o menos, 90 comercios se cerraron en la ciudad», en gran parte por la caída del consumo asociada a la crisis de la planta.
La única reunión con el corporativo de la empresa
Consultado sobre quién representó a la empresa en la instancia de conciliación, Chamorro identificó al jefe de Recursos Humanos corporativo del grupo, de apellido Carrizo, a cargo de la totalidad de las plantas de Tres Arroyos en Entre Ríos, Buenos Aires y Córdoba. Contó que solo lo vieron en persona una vez, cuando la Federación de la Alimentación citó a ambas partes tras el fracaso de una primera instancia de conciliación, y que en esa reunión el directivo sostuvo la misma postura que vienen planteando los representantes de la empresa en cada instancia: «No se ha movido un milímetro». Según relató, la empresa pide 10 millones de dólares y un plazo de 60 días para reponer el «activo biológico» (los pollos) y reactivar la producción con apenas 200 o 250 operarios, un esquema que el sindicato calificó de inviable por la incertidumbre del plazo de inversión. Chamorro contó que le plantearon alternativas —conseguir aves ya criadas para no esperar los 60 días, o pedir un monto mayor que permita sostener un turno completo con 110.000 pollos y rotación solidaria de trabajadores—, pero que el directivo no se movió de su posición original.
Chamorro relató además una frase que le atribuyó textualmente al directivo, cuando le plantearon prepararse para un escenario de concurso de acreedores: «A mí me sacan de acá con los pies por delante, yo voy a pelear eso hasta el último momento». Según su relato, él le respondió pidiéndole reconsiderar esa postura por el impacto que tendría «a gran parte de la ciudad» y a la provincia, sin éxito: «Yo acá tengo que defender mi empresa, y a mí me sacan muerto», habría insistido el directivo. Consultado por los conductores sobre si, pese a ese discurso de resistencia, el propietario podría de todos modos terminar en una situación económica mejor que la de los propios trabajadores, Chamorro respondió con cautela: «Económicamente es posible, seguro, digamos, pero bueno».
Movilización a Buenos Aires y pedido al Fondo de Garantías de Sustentabilidad
Chamorro adelantó que el próximo miércoles 9, las cuatro federaciones de la alimentación involucradas realizarán una movilización al Ministerio de Trabajo de la Nación, en Buenos Aires, para visibilizar la situación de los trabajadores y acompañar un petitorio en elaboración. El reclamo apunta al Fondo de Garantías de Sustentabilidad (FGS), que según recordó el propio presidente Javier Milei habilitó recientemente para destinar 2 billones de pesos a créditos hipotecarios. «Nosotros vamos con un petitorio: que lo que queda del fondo, que es bastante, haga lo propio y apalanque la industria, empezando por Tres Arroyos», explicó. Aclaró que no se trata de pedir un subsidio tradicional, sino un mecanismo de crédito con las condiciones administrativas y contables que el Estado considere pertinentes, y fundamentó el reclamo en un antecedente concreto: «Usted ya le dio a privados, ya le dio a los bancos (…) no puede decir que no hay dinero porque el dinero está ahí». Cerró remarcando el peso de la empresa en términos de empleo: «Somos 7.000 empleados casi en las tres provincias de forma directa, más no los indirectos. Es una empresa que hay que defenderla».
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