Con tres casos registrados en 2026, el Observatorio MuMaLá advirtió sobre el creciente desamparo estatal en la provincia.
A más de una década de la histórica movilización que marcó un punto de inflexión en la agenda pública de Argentina, la violencia machista sigue cobrándose vidas en el litoral. Según el último registro nacional presentado por el Observatorio de las Mujeres de la Matria Latinoamericana (MuMaLá), Entre Ríos acumula un doloroso saldo de 73 femicidios en los últimos 11 años (período comprendido entre el 3 de junio de 2015 y el 30 de mayo de 2026).
A nivel provincial, esto representa una tasa histórica acumulada de 0,8 femicidios cada 100.000 mujeres y disidencias, ubicándose ligeramente por debajo de la media nacional (1,1 casos), pero consolidando un escenario de extrema preocupación territorial. En lo que va de 2026, Entre Ríos ya registra 3 femicidios concretados (tasa de 0,3), sumándose a la dramática cifra de 105 muertes violentas registradas en todo el país en apenas cinco meses.
La coordinación local frente al desamparo territorial
El trabajo de detección, visibilización y seguimiento de estos casos en la provincia es llevado adelante por el equipo federal de MuMaLá, que tiene a Silvana Lagraña como referente local para Entre Ríos y Corrientes. Desde la organización advierten que detrás de cada número hay una historia de desprotección estatal que se repite.
Al analizar la cronicidad de los casos entrerrianos y nacionales, el Observatorio destaca que “las dinámicas de la violencia de género extrema que derivan en feminicidios son en su mayoría crónicas y sostenidas en el tiempo, esto da cuenta de la falta de herramientas de prevención y asistencia que opera desalentando a las víctimas a recurrir a los dispositivos institucionales correspondientes».
El hogar como la principal trampa de violencia
Los datos de la provincia se inscriben en una alarmante matriz nacional donde el círculo íntimo y el entorno familiar constituyen el mayor peligro para las mujeres y disidencias entrerrianas. Las estadísticas revelan que el 65% de los femicidios ocurrieron en la vivienda de la víctima o en el hogar compartido con el agresor, mientras que el 69% de los victimarios eran parejas, ex parejas o familiares directos.
Este panorama se torna aún más complejo cuando intervienen factores de poder institucional. A nivel general, el informe destaca que el 8% de los femicidas eran miembros activos o retirados de las fuerzas de seguridad, un agrupamiento profesional que en el 52% de los casos utilizó su propia arma reglamentaria para cometer el crimen.
Desplome de denuncias y el reclamo de emergencia en Entre Ríos
Uno de los indicadores más graves que impacta directamente en las dinámicas locales es el obstáculo para acceder a una protección real. Mientras que el promedio de denuncias previas de la última década se ubicaba en el 17%, en lo que va de 2026 apenas el 9% de las víctimas a nivel nacional había logrado denunciar previamente a su agresor.
Para la militancia local, este desplome es la consecuencia directa del retroceso de las políticas de acompañamiento. En sus conclusiones, el informe apunta directamente contra el actual gobierno de Javier Milei, señalando que «declara y ejerce el negacionismo de la violencia de género» y que lleva adelante un «ataque directo hacia la agenda de género y la diversidad expresado en el cierre y eliminación de programas de asistencia [y] desjerarquización institucional».
Ante la falta de presupuesto y de respuestas efectivas en las comunas entrerrianas, la campaña por la Declaración de la Emergencia Nacional en Violencia de Género sigue sumando adhesiones en la provincia. La demanda social en las calles de Entre Ríos se mantiene firme bajo las consignas centrales del Observatorio «¡Ni una menos por el ajuste! ¡Ni una menos por la violencia machista! Nos mata el machismo, nos golpea la pobreza».
APF
