El Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas de Entre Ríos muestra una caída sostenida en nacimientos, defunciones, matrimonios y trámites de documentación entre 2023 y 2026, según pudo determinar ANALISIS. La Dirección de Inspección de Personas Jurídicas y Registro Público, por su parte, reconoce que desde 2024 archiva cada año más expedientes de períodos anteriores que de la propia cohorte del año, con una brecha que llegó a 3.253 casos en 2025.
El 6 de julio de este año se tramitó, desde ANALISIS, un pedido de acceso a la información pública ante el Ministerio de Desarrollo Humano. El 5 de agosto, ese Ministerio remitió el punto 5 del requerimiento a dos organismos que funcionan bajo la órbita de la Secretaría de Justicia de la provincia: la Dirección General del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas y la Dirección General de Inspección de Personas Jurídicas y Registro Público. La Secretaría de Justicia, en su rol de nexo administrativo, remitió el 28 de agosto de 2026 las dos respuestas completas, aclarando que el expediente físico original permanece archivado en el Ministerio de Desarrollo Humano, por ser el organismo que le dio origen.
La respuesta del Registro del Estado Civil lleva la firma de José Luciano Fettolini, quien aclara que su gestión al frente del organismo comenzó recién el 7 de agosto de 2025. El organismo está compuesto por cinco dependencias administrativas, el Archivo General y 96 oficinas delegaciones distribuidas en toda la provincia, donde se resguardan los ejemplares originales de todos los actos civiles de cada entrerriano.
El informe repasa la historia tecnológica del organismo: hasta 2016 toda la registración se hacía en papel; en 2017 comenzó la modernización e informatización; y entre 2023 y 2024 arrancó un nuevo Proyecto de Informatización y Digitalización, con dos objetivos declarados, resguardar la identidad de las personas e incrementar la eficiencia administrativa, apoyado en herramientas como el portal Mi Entre Ríos y el sistema Jujo.
Los números que aporta la respuesta, sin embargo, muestran una caída sostenida en casi todos los actos civiles que se registran en la provincia. Los nacimientos pasaron de 14.245 en 2023 a 12.751 en 2024 y a 12.569 en 2025; con el primer semestre de 2026 arrojando 7.643, la proyección para el año completo rondaría los 15.000, sin gran variación. Las defunciones, en cambio, treparon de 10.909 en 2023 a 12.022 en 2024 antes de bajar a 11.507 en 2025.
Los matrimonios, por su parte, cayeron de 3.560 a 3.481 entre 2023 y 2025, y las uniones convivenciales retrocedieron de 2.642 a 2.167 en el mismo lapso. O sea, una baja del 18%. El total de actos civiles registrados pasó de 31.446 en 2023 a 29.724 en 2025, una contracción del 5,5% en apenas dos años.
El detalle de nacimientos ocurridos en hospitales públicos, discriminado por ciudad, confirma la misma tendencia. Paraná, el distrito con más partos de la provincia, bajó de 2.192 nacimientos en 2023 a 2.118 en 2025. Concordia se mantuvo estable en 1.772 tanto en 2024 como en 2025; y localidades más chicas como Federal registran apenas 189 a 201 nacimientos anuales. El total provincial de nacimientos hospitalarios bajó de 6.940 en 2023 a 6.859 en 2025.
Más pronunciada aún es la caída en los trámites de DNI y pasaporte, que no dependen de la natalidad sino de la demanda ciudadana de documentación: de 132.283 trámites en 2024 se pasó a 118.390 en 2025, una baja del 10,5%. Y el primer semestre de 2026 arroja apenas 63.218, lo que proyectado a año completo (unos 126.000) representaría una leve recuperación respecto de 2025, aunque todavía por debajo de 2024.
El informe destaca como logro de gestión la reducción del tiempo que transcurre entre la recepción de un oficio judicial (divorcios, adopciones, restricciones a la capacidad) y su toma de razón: de un plazo superior a un año en 2023 se pasó a ocho meses en 2024 y a apenas 60 días en 2026, priorizando expresamente las inscripciones de adopciones, cambios de género y filiaciones «en virtud del respeto a los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes». El organismo aclara que a partir de 2025 comenzó a medir el tiempo del proceso desde la vinculación al expediente judicial hasta su finalización, lo que sugiere que la comparación entre 2023 y 2026 podría no estar midiendo exactamente lo mismo en ambos extremos.
El volumen de oficios judiciales recibidos también muestra una curva particular: 2.616 expedientes en 2023, un salto a 4.617 en 2024, y luego un cambio de metodología de conteo en 2025 y 2026 que empieza a discriminar entre expedientes generados y notificaciones por consultas varias desde la Mesa Virtual del Poder Judicial. En 2025 se registraron 16.000 notificaciones, de las cuales solo 4.189 generaron expedientes; en 2026, sobre 11.550 notificaciones, apenas 1.510 generaron expedientes.
La digitalización, a mitad de camino
Del total de aproximadamente 30.000 libros en papel que abarcan el período 1887-2016, el organismo reconoce que solo el 50% está totalmente digitalizado, aunque aclara que desde 2017 todos los actos registrales nuevos ya nacen digitalizados. Actualmente el trabajo de digitalización de material histórico se concentra en Paraná Ciudad, Concepción del Uruguay y Concordia, y hay 25 oficinas seccionales que ya operan completamente digitalizadas sobre un total de 96.
La presencialidad para retirar actas bajó del 100% en 2023 al 85% en 2024, al 50% desde septiembre de 2025 con la incorporación de la app Mi Entre Ríos, y se proyecta seguir bajando en el segundo semestre de 2026 con la implementación de firma digital en Concepción del Uruguay y Chajarí, sumándose a Concordia, Colón y Gualeguaychú. El organismo recibe actualmente más de 100 pedidos diarios de actas a través de la app, y aclara que las que ya están digitalizadas se entregan de forma prácticamente inmediata, mientras que las que requieren búsqueda manual demoran entre cinco y quince días.
En materia de equipamiento, el Registro Civil recibió cinco escáneres mediante un convenio con el Nuevo Banco de Entre Ríos y adquirió cuatro propios, además de 15 equipos biométricos completos del RENAPER y cinco impresoras. También se abrió una oficina nueva en Gilbert (departamento Gualeguaychú) y hay cuatro más en distintas etapas de apertura, en los hospitales de Nogoyá, Victoria y La Paz, y en Colonia Ayuí, todas atendidas con personal ya perteneciente a la planta permanente, sin incorporaciones nuevas.
La segunda respuesta lleva la firma de Rodrigo José Luti Guerrero, quien aclara que ejerce la dirección general del organismo desde el 9 de mayo de 2026, tras el paso de Livio Pablo Hojman, que a su vez había sucedido a Lisandro Amavet (hasta el 10 de diciembre de 2023). El propio funcionario advierte que dispone de información «más acabada» solo del último tramo del período analizado (2023-2026), con corte de información al 1° de julio de 2026.
El organismo controla, fiscaliza e inscribe asociaciones civiles, fundaciones, sociedades comerciales y fideicomisos en toda la provincia. Entre las novedades de gestión, la respuesta destaca la digitalización del archivo institucional desde el 22 de mayo de 2025, un convenio con la Agencia de Control y Recaudación para simplificar las obligaciones contables de entidades pequeñas (con ingresos que no superen la categoría G del monotributo), la incorporación del sistema DEOX para recibir oficios judiciales de la Justicia nacional, y un Acuerdo Marco de Reciprocidad con los organismos homólogos de Córdoba y Santa Fe para el reconocimiento mutuo de documentos entre las tres provincias de la Región Centro.
La plataforma Mi Entre Ríos, habilitada el 1° de mayo de 2026 solo para tres trámites (presentación de asambleas, domicilio electrónico y documentación complementaria), recibió 1.735 presentaciones digitales hasta el 21 de agosto, sobre un total de 2.731 presentaciones combinadas, es decir que, tres meses y medio después de su lanzamiento, la vía digital ya concentra el 63,5% de esos trámites puntuales, aunque el resto de los trámites del organismo todavía se tramitan de manera tradicional.
El dato central: el organismo archiva cada año más expedientes viejos que nuevos
El tramo más denso del informe, y el que más preguntas abre, es el que compara los expedientes administrativos iniciados por año contra los efectivamente archivados. Entre 2023 y julio de 2026 se iniciaron 18.708 expedientes; de ellos, 9.039 siguen en trámite y 9.669 ya fueron archivados, siempre contando cada expediente dentro de la cohorte del año en que se inició.
Pero existe una segunda manera de contar, que es cuántos expedientes se archivaron efectivamente durante cada año calendario, sin importar cuándo se habían iniciado. Y ahí aparece el hallazgo: en 2023 se archivaron 3.166 expedientes durante el año, una cifra similar a los 3.354 que le correspondían a la propia cohorte 2023 (diferencia de -188). Pero a partir de 2024 el patrón se invierte y no vuelve a corregirse: en 2024 se archivaron 4.443 expedientes durante el año, muy por encima de los 3.110 que correspondían a la cohorte 2024 (diferencia de +1.333). En 2025 la brecha se dispara a +3.253 expedientes (5.646 archivados durante el año contra apenas 2.393 de la cohorte 2025). Y en los primeros siete meses de 2026 ya se acumula una diferencia de +1.987. En total, a lo largo de todo el período, se archivaron 16.054 expedientes durante los años calendario, 6.385 más que los 9.669 que corresponden a sus propias cohortes de inicio.
La matriz de cruce entre año de inicio y año de archivo que aporta el propio organismo permite explicar el fenómeno con precisión: en 2024, el 49% de lo archivado ese año correspondía todavía a expedientes iniciados en 2023, por encima incluso del 42,7% que correspondía a la propia cohorte 2024. En 2025, el mayor peso pasó a la cohorte 2024 (49,4%), y la cohorte 2025 recién aportó el 30,7% de lo archivado ese año. El patrón se repite en todos los años de la muestra: la cohorte que más aporta al archivo de un año determinado casi nunca es la del propio año, sino la del año anterior. En otras palabras, según los propios datos que aporta el organismo, buena parte de la capacidad de trabajo de cada año se destina a resolver el rezago acumulado de años anteriores, y ese rezago, lejos de achicarse, creció de manera sostenida entre 2023 y 2025.
El organismo ofrece una explicación alternativa para parte de ese stock: de los 9.039 expedientes que siguen en trámite al momento del corte, 5.345 -el 59,1%- están reservados en Mesa de Entradas a la espera de que el propio ciudadano subsane o complete la documentación, y no de una acción del organismo. Es una aclaración relevante, pero no explica por sí sola la brecha creciente entre lo archivado por año y lo que corresponde a cada cohorte, que es un fenómeno distinto: mide expedientes que sí llegaron a resolverse, solo que tardaron más de un año en hacerlo.
Más allá del stock de expedientes en trámite, el informe cuantifica 1.140 inscripciones completamente finalizadas entre 2023 y julio de 2026, con una caída sostenida año a año: 462 en 2023, 376 en 2024, 237 en 2025 y apenas 65 en los primeros meses de 2026. Las sociedades de responsabilidad limitada (SRL/SC) y las sociedades por acciones simplificadas (SAS) concentran el 74% del total, con 436 y 411 inscripciones respectivamente, muy por encima de las sociedades anónimas (62), los fideicomisos (128), las personerías jurídicas (84) y las uniones transitorias de empresas (19).
En materia de denuncias, el universo identificado es de 54 casos en todo el período, con una concentración muy marcada: 50 corresponden a asociaciones civiles (92,6%) y apenas 4 a sociedades comerciales. De esas 54 denuncias, 30 siguen en curso y 24 ya fueron archivadas; entre las que continúan abiertas, el motivo más frecuente -19 de 30, el 63%- es la falta de documentación por parte de la entidad denunciada, no una demora del organismo. Entre las archivadas, la mayoría (11 de 24) se cerró por desestimación.
En cuanto al ejercicio del poder sancionatorio, la respuesta admite que durante 2026 hay una sola entidad intervenida, una con instrucción de sumario abierta y dos más bajo requerimiento, en instancia previa al sumario. El organismo aclara además que no lleva un registro consolidado de todas las presentaciones observadas o de las declaraciones de ineficacia o invalidez dictadas, lo que -según su propia respuesta- excedería lo que el pedido de informe puede exigirle en virtud del artículo 72 de la Ley 11.100.
Ambas respuestas comparten un mismo relato de fondo: transición hacia la digitalización, nuevas herramientas tecnológicas, convenios interjurisdiccionales y reducción de la presencialidad. El Registro Civil puede mostrar una mejora concreta y verificable en los plazos de toma de razón judicial, aunque conviviendo con una caída generalizada en la cantidad de actos civiles registrados y de trámites de documentación, que probablemente responda a factores demográficos y económicos más amplios y no solo a la gestión del organismo.
La Inspección de Personas Jurídicas, en cambio, aporta un dato que contradice en parte su propio relato de eficiencia: la brecha entre lo que archiva cada año y lo que le correspondería a la cohorte de ese mismo año no dejó de crecer entre 2023 y 2025, lo que es compatible con un organismo que arrastra una mora estructural creciente, más allá de que una porción de esa demora -los expedientes «reservados»- dependa de que el propio ciudadano complete su documentación. El director general, que asumió hace apenas cuatro meses, atribuye buena parte de la demora a la actuación del administrado y a la heterogeneidad de los trámites, pero los propios números que remite muestran que el fenómeno del atraso acumulado no es nuevo ni excepcional, sino una constante de los últimos tres años y medio.
Análisis
