El presidente de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos, Gastón Bagnat, se refirió a la implementación de la reforma previsional recientemente promulgada por el gobernador Rogelio Frigerio y detalló el trabajo que encara el organismo en esta etapa de transición entre el régimen anterior y el nuevo sistema.
En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Bagnat explicó que la etapa que se abre ahora es la más compleja del proceso: «Ahora viene el trabajo duro, viene ahora de tallista, digamos, de reglamentar, de capacitar a la gente, de aplicar. Es un trabajo de back office que no se ve, pero que es muy duro». Para dimensionar los tiempos que insume este tipo de procesos, citó su propia experiencia previa en la Caja: «31 años después de que se sancionó el 8.732, seguí reglamentándola. Son trabajos que llevan mucho tiempo, que se van acomodando un poco al tiempo de los beneficios, de las presentaciones, de las visiones».
Sobre los plazos más inmediatos, precisó que la ley impone dos desafíos a corto plazo: la liquidación de la movilidad con los nuevos criterios, que deberá aplicarse en septiembre, y el cálculo de la edad inicial de 15 años para las presentaciones nuevas, que recién comenzarán a recibirse «a fines de octubre, en noviembre».
El corte del viernes y el «stock» de expedientes bajo el viejo régimen
Consultado sobre si continúan ingresando pedidos de jubilación al ritmo acelerado de las últimas semanas, Bagnat confirmó que hubo un corte formal: «El viernes fue un corte, el viernes que se publicó en el Boletín Oficial fue un corte, ahí fue donde se gestionaron los últimos turnos que van a estar amparados en el artículo 45 de la ley». Explicó que todos quienes hayan sacado turno, tengan constancia de turno o estén registrados en preinicio presencial hasta esa fecha, en cualquiera de las delegaciones o en la caja central, quedan amparados por ese artículo: si al momento de sacar el turno cumplían con los requisitos, se les aplicará la Ley 8.732 en su versión anterior a la reforma.
Sobre el volumen de trámites que restan resolver bajo ese régimen previo, fue preciso: «Hay dos mil y pico de trámites» pendientes. Aseguró que la Caja «viene bien» en su resolución: «Una vez que ya la ley estaba sancionada, ya aumentamos el ritmo operativo tendiente a agilizar lo que es más sencillo, lo que viene más fácil, más directo». Aclaró que todos los turnos solicitados a partir de ahora «ya van a ser caratulados con la ley nueva, con una caratula distinta y todo, para que también sea el trabajo mucho más exacto».
Refuerzo de personal y sistemas
Consultado sobre si la Caja precisó sumar personal de otras áreas del Estado para afrontar esta etapa, Bagnat confirmó que se está trabajando «hace una semana» en un programa específico para reforzar la planta. Explicó que el organismo, al igual que otros ministerios, sufrió una salida de personal por jubilaciones de agentes de edad avanzada, lo que obliga a reponer equipos, particularmente en el área de sistemas. La búsqueda de esos recursos humanos se realiza, según detalló, «primero obviamente dentro del Estado»: «Si en alguna parte del Estado hay una persona que el perfil da, obviamente la prioridad es convencerlo y tratar de que vea la Caja como un buen lugar de trabajo». Agregó que existe «una predisposición en general del Gobierno también y del ministro de Economía» para priorizar a la Caja en este proceso.
Emergencia previsional: aportes patronales diferenciados según situación de los municipios
Sobre la implementación de la declaración de emergencia del sistema previsional —vigente desde la promulgación de la reforma esta semana—, Bagnat adelantó que este mismo jueves se publicaría el decreto reglamentario del Ministerio de Economía que pone en marcha los artículos de aplicación inmediata. Entre ellos mencionó la retención de aportes por parte del Consejo General de Educación (CGE) correspondientes a los colegios, un tema que definió como «muy importante» y que calificó de «complicado» por la triangulación de actores involucrados, aunque confió en que la parte de aportes «quede rápidamente retenido y resuelto».
También detalló el mecanismo previsto para el 3% de aporte adicional a los trabajadores activos, que se aplicará por primera vez en la liquidación de septiembre. Explicó que la Caja trabaja en un protocolo con los municipios para informarles su situación de revista —cuáles resultan deficitarios y cuáles no— de manera que los deficitarios aporten como patronal «tres puntos más» y los no deficitarios «uno y medio». En el resto de los escalafones del propio Gobierno provincial que resulten deficitarios, la contribución patronal también subirá «tres puntos». Bagnat enmarcó estas medidas como «el primer número de contención» para poder sostener la resolución de los más de dos mil trámites pendientes y los desafíos que se vienen con la gradualidad de los regímenes especiales, que empezará a regir en un año y medio, y de las edades jubilatorias, que lo hará recién dentro de cinco años.
Sin sobresaltos en la demanda tras el corte
Consultado sobre si la intensidad de presentaciones bajará a partir de ahora respecto del pico registrado antes del corte, Bagnat compartió un dato que consideró revelador: contó que, ante la inminencia de la publicación de la ley, la Caja mantuvo una reunión de trabajo con el Colegio de Abogados por reclamos de asociados que no lograban sacar turno a través del sistema, por entender que estaba saturado. Se acordó que enviaran los turnos pendientes a los que no habían podido acceder antes del corte del viernes. El resultado fue menor al esperado: «Fueron 19 en total, o sea, de toda la provincia se recibieron nada más que 19 pedidos que habían quedado por ahí con la imposibilidad de concretar el turno en el sistema». Con ese dato, concluyó que la demanda represada «fue absorbida en su totalidad» y que, de ahora en más, la Caja debería volver a sus estadísticas históricas de «entre 150 y 200 personas por mes» que ingresan al sistema.
Sin presentaciones judiciales por inconstitucionalidad, por ahora
Consultado sobre si se registraron presentaciones judiciales cuestionando la constitucionalidad de la reforma, Bagnat fue tajante: «nada». Remarcó que desde la Caja están «alertas y preparados» para defender la norma: «Vamos realmente a defender lo que creemos que cumple absolutamente todos los requisitos, respeta absolutamente todos los derechos». Interpretó la ausencia de presentaciones como un signo de cautela por parte de los potenciales litigantes: «A veces las presentaciones en abstracto no son las que tienen éxito. Hoy también litigar contra la Caja tiene costo».
Sostuvo que el organismo ganó «todos los amparos o la mayoría de ellos», salvo excepciones vinculadas a errores de mora o cuestiones técnicas puntuales, y remarcó que una eventual presentación por inconstitucionalidad implica «un costo jurídico altísimo» y una situación particular, dado que «todo el sistema judicial es parte también de la Caja de Jubilaciones».
Según supo ANÁLISIS, un amparo cuesta 10 unidades y una presentación de inconstitucionalidad son 100 unidades, según la ley de Honorarios Judiciales. Eso se traduce en costas que debe pagar alrededor de $2.000.000 si el amparista lo pierde y si alguien que presenta una acción de constitucionalidad pierde el proceso, el costo que debe asumir es de $10.000.000.
El impacto de los aumentos salariales docentes en los haberes jubilatorios
Consultado sobre cómo se traducirá en los haberes jubilatorios el último aumento a los docentes, otorgado en distintos componentes del salario, Bagnat reconoció que se trata de «una buena pregunta» que la Caja irá resolviendo a medida que dé los primeros pasos de aplicación de la nueva ley. Expresó la expectativa de que las futuras negociaciones paritarias tengan en cuenta el impacto que generan en el sistema jubilatorio, y remarcó que desde la Caja el objetivo es «poner el foco en que todo sea precisamente un porcentaje sobre lo remunerativo», buscando unificar criterios que durante décadas se manejaron de manera dispar, con la finalidad última de mejorar el poder adquisitivo de los beneficiarios y trasladar correctamente esas mejoras al sistema previsional.
