El conflicto más extenso y con mayor cantidad de puestos de trabajo en juego es el de Granja Tres Arroyos
Detrás de cada aviso de «reestructuración industrial» o «adecuación de la estructura productiva» que emiten las empresas cuando anuncian el cierre de una planta, hay una cadena de consecuencias que rara vez entra en los comunicados corporativos: familias enteras sin ingresos, trabajadores de 45 y 50 años sin perspectivas ciertas de reinserción laboral, economías locales que dependían de una sola fábrica para sostener el empleo formal, y sindicatos que denuncian maniobras de vaciamiento mientras litigan contra el reloj. Ese es el cuadro que, con matices y particularidades en cada caso, se repite en Entre Ríos desde diciembre de 2023.
El relevamiento de la consultora Politikon estimó en 1.074 el número de firmas que bajaron la persiana en la provincia entre diciembre de 2023 y el primer trimestre de 2026, de las cuales 437 lo hicieron solamente en los primeros tres meses de este año. La retracción del entramado empresarial entrerriano alcanzó el 6,3 por ciento en ese período, un deterioro que se profundizó especialmente al comienzo de 2026, cuando el ritmo de cierres se aceleró respecto de los dos años anteriores.
A esa fotografía estructural se suma el Mapa Federal de Empresas en Crisis que publicó el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) a fines de diciembre de 2025, un relevamiento elaborado a partir de denuncias sindicales, comunicados oficiales, cámaras empresarias y coberturas de medios locales. En ese conteo, Entre Ríos aparece con 21 casos críticos -entre despidos, suspensiones, cierres definitivos, quiebras y retiros voluntarios-, distribuidos en rubros tan diversos como el avícola, la construcción, los medios de comunicación, el comercio, la hotelería, los frigoríficos, el agro y la electrónica. Entre las firmas mencionadas en ese informe figuran Unilever, Carrefour y la propia Tres Arroyos.
Tres Arroyos, el más grave
El conflicto más extenso y con mayor cantidad de puestos de trabajo en juego es el de Granja Tres Arroyos, que supo ser la mayor empresa avícola del país y que mantenía en Concepción del Uruguay su planta «La China». La crisis de la compañía no es reciente: ya en diciembre de 2024 había solicitado ante la Secretaría de Trabajo de la Nación la apertura de un Procedimiento Preventivo de Crisis, el mecanismo legal que habilita a una empresa a negociar suspensiones o reducciones de personal antes de avanzar con despidos masivos.
El cuadro se agravó con sucesivos brotes de gripe aviar. En agosto de 2025 un nuevo foco provocó el cierre del mercado europeo para la carne aviar fresca argentina, lo que golpeó de lleno a la planta entrerriana; a comienzos de 2026 se sumaron nuevos episodios en otras provincias, lo que mantuvo bloqueadas las exportaciones durante meses y agravó la situación financiera de la empresa en Concepción del Uruguay. Recién el 28 de julio de 2026 la Comisión Europea formalizó la reapertura del mercado a través del Reglamento de Ejecución (UE) 2026/1813, que permitió a la Argentina retomar los envíos de carne aviar fresca desde el 17 de agosto, tras reconocer la recuperación del estatus sanitario del país como libre de Influenza Aviar Altamente Patógena.
Pero la normalización comercial llegó después de un largo derrotero de ajustes en la planta entrerriana. El 27 de mayo de 2026 la empresa había anunciado el cierre por tiempo indeterminado de «La China», una decisión que sorprendió a los trabajadores de Concepción del Uruguay y dejó en vilo unos 950 puestos de trabajo, en un contexto de crisis financiera, recortes operativos y una caída drástica en la faena diaria, que pasó de 700.000 a apenas 200.000 pollos. Menos de tres meses después, el 11 de agosto de 2026, la compañía despidió a 250 trabajadores más de esa misma planta industrial, atribuyendo la medida al desempeño exportador, la sobreoferta en el mercado interno y los costos operativos.
La Federación de Trabajadores de Industrias de la Alimentación (FTIA) repudió públicamente la decisión y calificó el accionar de la empresa como «artero e insensible» frente a la situación económica de los trabajadores entrerrianos, denunciando que la compañía avanzaba con despidos masivos que «no aportan soluciones y profundizan aún más la crisis». El gremio remarcó, además, que entre los despedidos había también delegados de personal, un dato que en el mundo sindical suele leerse como un intento de debilitar la representación gremial dentro de la planta en momentos de conflicto.
Unionbat y el costo humano
Si el caso de Tres Arroyos es el de mayor escala, el de Unionbat S.A., en Gualeguaychú, es el que con mayor nitidez retrató el costo humano del cierre de una planta industrial en el interior entrerriano. La empresa, una histórica fabricante de baterías que en 1981 había presentado la primera batería intercelda termosellada y de bajo mantenimiento producida en Sudamérica, y que en 2005 había sido la primera fábrica del país en producir baterías con aleación calcio-plata, decidió en junio de 2026 discontinuar su actividad productiva en la planta del Parque Industrial de Gualeguaychú para concentrar toda la producción en su establecimiento de San Martín, provincia de Buenos Aires.
La compañía comunicó que la medida formaba parte de «una adecuación de su estructura industrial, orientada a una operación más concentrada y eficiente», y que en Gualeguaychú permanecería únicamente una dotación mínima afectada a tareas de seguridad, custodia y mantenimiento del establecimiento. El resultado concreto fue el despido de 101 operarios entrerrianos, según precisó posteriormente el sindicato del sector.
El Sindicato del Personal de Industrias Químicas y Petroquímicas denunció que las cesantías se comunicaron de manera sorpresiva, durante el cambio de turno y, en algunos casos, mediante simples mensajes de WhatsApp. Los trabajadores despedidos montaron un acampe frente a la planta por tiempo indeterminado para impedir el retiro de maquinaria, que interpretaron como un intento de vaciamiento de las instalaciones, y reclamaron la intervención de la Secretaría de Trabajo de Entre Ríos.
Uno de los aspectos que más preocupación generó entre los propios trabajadores de Gualeguaychú fue el perfil de los afectados: el promedio de antigüedad rondaba los veinte años, con operarios de entre 45 y 50 años que además estaban próximos a acceder al régimen de jubilación anticipada previsto para actividades insalubres, debido a la exposición permanente al plomo durante el proceso de fabricación de baterías. «¿Dónde va a conseguir trabajo hoy toda esta gente?», planteó un dirigente sindical, al advertir sobre las escasas posibilidades de reinserción laboral de un grupo etario que, además, perdía de manera abrupta el beneficio previsional que estaba a punto de alcanzar.
La empresamanifestó su intención de abonar el cien por ciento de las indemnizaciones previstas en el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo, pero el reclamo de los operarios gualeguaychuenses apuntaba a otro objetivo, según resumieron desde el gremio: «La gente no quiere la plata, quiere trabajar». Pese a las audiencias de conciliación convocadas por las autoridades laborales provinciales, la última de ellas terminó sin que la empresa ofreciera una propuesta concreta para sostener los puestos de trabajo en el Parque Industrial.
Otros frentes
El deterioro del empleo formal en la provincia no se limita a la industria manufacturera. En el transporte urbano de pasajeros de Paraná, la concesionaria Buses Paraná dejó de prestar servicio el 6 de diciembre pasado, y desde entonces 237 trabajadores mantienen un litigio para lograr su transferencia a la nueva prestataria, la empresa San José, en un proceso que combina incertidumbre laboral, desidia sindical y manejos empresarios poco claros, con el propio funcionamiento del transporte público de la capital entrerriana.
El informe de CEPA también identificó un conflicto en la fábrica de baterías Fademi, en Larroque, departamento Gualeguaychú, donde trabajadores denunciaron el incumplimiento de compromisos previamente asumidos por la patronal, al punto de que uno de los operarios afectados llegó a señalar públicamente que «los amigos políticos» estarían intercediendo para sostener a la empresa por sobre los intereses de los trabajadores.
La caída en ventas
Los cierres de plantas y los despidos no son un fenómeno aislado del comportamiento del consumo popular en la provincia: son, en gran medida, su correlato. Los datos de ventas en supermercados de Entre Ríos, elaborados en base a la Encuesta de Supermercados del INDEC, muestran una caída sostenida y cada vez más profunda a lo largo de 2026.
Según un informe de la consultora Politikon, en abril de 2026 las ventas en supermercados de la provincia registraron una caída real interanual del 7,1 por ciento. La facturación de ese mes alcanzó los 50.543 millones de pesos corrientes. En el acumulado de enero a abril, las ventas sumaron 200.471 millones de pesos corrientes, con una baja real interanual del 6,8 por ciento.
En mayo la tendencia se mantuvo: las ventas en supermercados entrerrianos totalizaron 51.626 millones de pesos, con una caída real interanual del 3,7 por ciento. En el acumulado de los primeros cinco meses de 2026, Entre Ríos había facturado 252.098 millones de pesos, un retroceso real del 6,2 por ciento respecto de igual período de 2025.
Dos informes sucesivos del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), difundidos en mayo y julio, permiten dimensionar el fenómeno con una perspectiva de mayor plazo sobre la provincia. Según el primero, las ventas en supermercados entrerrianos durante el primer bimestre de 2026 quedaron un 26 por ciento por debajo de los niveles de 2023 y un 5,4 por ciento por debajo de 2025, incluso descontando la desaceleración inflacionaria de los últimos meses. El deterioro del consumo aparece directamente ligado a la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores entrerrianos: entre noviembre de 2023 y diciembre de 2025 cada empleado privado registrado en la provincia perdió hasta 3,7 millones de pesos de capacidad de compra, medidos con una actualización inflacionaria basada en la canasta de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares 2017/18, mientras que la pérdida total acumulada en Entre Ríos superó los 500 mil millones de pesos. Las ventas en supermercados de la provincia acumularon, en ese mismo lapso, una retracción de 237.676 millones de pesos.
El segundo informe de CEPA actualizó ese diagnóstico con datos hasta abril de 2026: las ventas entrerrianas acumuladas entre enero y abril de ese año mostraron una caída del 6 por ciento respecto de igual período de 2025, pero contra el mismo cuatrimestre de 2023 el retroceso llegó al 26,6 por ciento, y frente a 2022 la caída alcanzó el 16,6 por ciento. Traducida a pesos constantes de abril de 2026, la diferencia entre lo que facturaron los supermercados de la provincia en el primer cuatrimestre de este año y lo que facturaron en el mismo período de 2023 asciende a 75.754 millones de pesos menos, y la variación acumulada de las ventas entre noviembre de 2023 y marzo de 2026, medida a precios de marzo de 2026, llega a una caída de 308.624 millones de pesos.
La lectura conjunta de ambos informes no deja margen para matices: el consumo en los supermercados de Entre Ríos, luego de dos años y medio del actual esquema económico, todavía no logra recomponerse ni siquiera parcialmente. Se trata de una tendencia sostenida en el tiempo, y no de un fenómeno puntual de un mes o de una estacionalidad particular, que golpea de manera directa a las cadenas de supermercados y grandes superficies instaladas en la provincia, pero que también repercute en el comercio de cercanía y en la actividad económica general de Entre Ríos, en un círculo que retroalimenta los propios cierres de empresas y despidos relevados en esta nota: menos consumo presiona sobre la facturación de las firmas locales, que ajustan personal o directamente cierran, lo que a su vez retira poder adquisitivo de la economía provincial.
Análisis
