Un proceso licitatorio impulsado por la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) para ejecutar obras en su sede de Paysandú quedó envuelto en una polémica luego de que empresas uruguayas y entrerrianas denunciaran haber sido excluidas de una visita técnica obligatoria, requisito indispensable para presentar ofertas.
La controversia se originó en dos licitaciones públicas binacionales abiertas por el organismo para la construcción de un muro perimetral y la remodelación de baños, vestuarios y la cocina-comedor del taller de mantenimiento de la sede de la CARU en la ciudad uruguaya de Paysandú.
Según publicó el portal uruguayo La Diaria, un grupo de firmas presentó una nota formal ante el organismo solicitando que se habilite una nueva visita de obra, al considerar que fueron impedidas de participar por un requisito administrativo que, a su criterio, no debió constituir una barrera para acceder a una instancia meramente informativa.
De acuerdo con el planteo de las empresas, concurrieron en la fecha prevista para relevar las características de los trabajos, pero no se les permitió ingresar al predio debido a la falta de una documentación exigida por el pliego. Si bien admitieron la omisión, sostuvieron que la finalidad de la visita técnica es permitir a los interesados conocer las condiciones de la obra para elaborar una propuesta acorde, y que la evaluación de la documentación empresarial debería realizarse en la etapa de análisis de las ofertas.
Las firmas reclamaron que se les otorgue una nueva oportunidad para realizar la inspección y recibir la constancia correspondiente, de modo de poder competir en igualdad de condiciones con el resto de los oferentes.
El requisito cuestionado
Según la información difundida por la CARU, para ingresar al predio era necesario presentar un certificado de la aseguradora con una cláusula de «no repetición» a favor del organismo. Como alternativa, las empresas podían presentar una «Declaración de Indemnidad para Visita de Obra», firmada por su representante legal y debidamente certificada.
Mediante ese documento, las firmas debían acreditar que su personal contaba con cobertura por accidentes laborales y asumir la responsabilidad ante cualquier eventualidad que pudiera ocurrir durante la visita, eximiendo de responsabilidades a la Comisión, salvo en casos de dolo o culpa grave atribuibles al organismo.
Los empresarios sostienen que la exigencia de esta documentación como condición previa para ingresar al predio restringió la participación de potenciales oferentes y redujo la concurrencia de empresas de la región.
También habría empresas entrerrianas afectadas
De acuerdo con las mismas fuentes citadas por La Diaria, entre las firmas que no pudieron participar de la visita técnica también habría empresas de la provincia de Entre Ríos, particularmente de la ciudad de Colón.
En ese marco, comenzaron a circular cuestionamientos sobre la conducción del proceso y sobre la decisión de impedir el ingreso a las empresas que no habían cumplido con los requisitos formales establecidos en el pliego.
La respuesta de la CARU
El secretario técnico de la Comisión, Gabriel Morando, explicó al medio uruguayo que las condiciones de las visitas de obra estaban expresamente previstas en el pliego licitatorio.
Según indicó, una de las cláusulas exigía que las empresas coordinaran la visita mediante un correo electrónico remitido con al menos 48 horas de anticipación. Las firmas que no cumplieron con ese requisito no fueron autorizadas a participar de la inspección y posteriormente presentaron notas solicitando una nueva instancia.
Morando señaló que los pedidos ya fueron analizados por el área jurídica y que la Comisión deberá resolver en los próximos días si habilita o no una nueva fecha de visita, decisión que será comunicada mediante una circular oficial.
Un conflicto en medio de tensiones internas
La polémica se desarrolla además en un contexto de diferencias entre las delegaciones argentina y uruguaya de la CARU.
Según consignó La Diaria, uno de los episodios recientes fue el rechazo de la delegación uruguaya a una propuesta argentina para destinar alrededor de 15 millones de dólares del organismo al reasfaltado de la Ruta Nacional 136, principal vía de acceso al puente internacional General Artigas desde Gualeguaychú.
La representación uruguaya entendió que una inversión de ese tipo excede los cometidos específicos de la Comisión y podría comprometer recursos previstos para otras tareas estratégicas, como el dragado del río Uruguay.
Mientras tanto, la CARU deberá definir si mantiene las condiciones originales de la Licitación Pública Binacional 01/26 o si accede al reclamo de las empresas, una decisión que podría ampliar la competencia entre oferentes de ambos lados del río y descomprimir una controversia que ya trascendió el ámbito administrativo.
