El ministro de Economía se subió a un comentario del propagandista del Gobierno conocido como Gordo Pablo, que trabaja en el canal ultraoficialista Carajo.
El ministro de Economía, Luis Caputo, hizo una burla este jueves mientras hablaba sobre las personas con discapacidad. Esto después de que la Cámara de Diputados rechazara con dos tercios de los votos el veto del presidente Javier Milei contra la emergencia para el área que había salido por ley.
Todo pasó cuando el ministro de Economía y el titular del Banco Central, Santiago Bausili, desembarcaron en Carajo, el streaming ultraoficialista que tiene como figura al propagandista Daniel Parisini (conocido como Gordo Dan en redes), para el programa Las tres anclas.
De ese ciclo participan tres asesores del ministro -por eso el nombre-: Felipe Núñez, Federico Furiase y Martín Vauthier.
Mientras daba su visión sobre lo que pasó en el Congreso, el ministro intentó explicar que durante el kirchnerismo hubo falta de control en el otorgamiento de pensiones por discapacidad.
“En 2001 teníamos 75.000 personas con discapacidad. Y la Argentina tenía 36 millones de habitantes. Hoy tenemos 46 millones. Si lo hacemos proporcionalmente, hoy debería haber en la Argentina más o menos 97.000 discapacitados. ¿Cuántos hay?“, dijo, para pasar al cálculo, pero fue interrumpido por otro de los propagandistas libertarios, conocido como Gordo Pablo.
“¿Sin sumar los kukas?“, le dijo.
El comentario despertó las risas del ministro de Economía y del resto de la mesa. “Sin sumar los kukas, 1.250.000 [personas con discapacidad]″, sentenció Caputo, irónico, subiéndose a la acotación.
“Entonces, en vez de haber 97.000 hay 1.250.000″, comparó el funcionario de Milei y siguió: “De cada una de estas cosas han hecho una caja. Ese populismo que termina destrozando las cuentas públicas… Y ellos son los primeros que después, cuando son gobierno, los castigan. Los jubilados en el último gobierno kirchnerista perdieron 40% [de poder adquisitivo]. Con nosotros ya ganaron 15%, pero ellos quieren que recuperen el 40% mañana, que les sacaron ellos cuando eran gobierno. A ellos les agarra la sensibilidad social cuando no son gobierno”.
El miércoles, Diputados consiguió 172 votos para rechazar el veto de Milei a la emergencia en discapacidad, con el justificativo de que atenta contra el equilibrio fiscal. Sin embargo, todavía sigue firme porque se necesitan también los dos tercios del Senado para que la medida quede dada de baja.
La ley, sancionada a principios de julio, actualiza los aranceles de los prestadores y crea una pensión no contributiva equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio.
Además, dispone que las pensiones por invalidez laboral ya vigentes se transformen automáticamente en esta nueva pensión por discapacidad, con el acceso garantizado a un programa de atención médica. También apunta a regularizar las deudas que el sistema de salud mantiene con los prestadores.
El Gobierno objetó el costo fiscal de la medida. En el decreto de veto calculó que la ley implicaría desembolsos por más de $3 billones en 2025 (0,36% del PBI) y casi $6 billones en 2026 (0,59%).
Solo las nuevas pensiones demandarían en 2025 más de $2,1 billones (0,26% del PBI) y casi $4,7 billones en 2026 (0,47% del PBI). A eso se sumaría la incorporación de los beneficiarios al Programa Incluir Salud, con un costo adicional de $574.200 millones en 2025 y $1,2 billones en 2026, más una compensación de $278.323 millones por la actualización de aranceles en el primer año.
Los números, sin embargo y como contó LA NACION, no coinciden con los de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), que calculó un impacto más acotado, de entre $2,4 billones (0,28% del PBI) y $4,3 billones (0,51% del PBI). Según la OPC, si se aplicara únicamente la emergencia en discapacidad, sin los ajustes en la movilidad jubilatoria ni el pago de bonos adicionales, el costo se reduciría a un rango de entre 0,26% y 0,46% del PBI.
La Nación
