El gobierno nacional evalúa la venta de parte de las más de 40 mil hectáreas que posee el INTA. Desde el gremio APINTA advierten a Elonce sobre la pérdida de autarquía, la centralización de decisiones y la amenaza al carácter federal de la institución.
El gobierno nacional se encuentra analizando el patrimonio territorial del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), con la posibilidad de desprenderse de una parte de las más de 40 mil hectáreas que posee el organismo. La discusión surge tras los cambios establecidos por decreto en el último tramo de facultades delegadas al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.
Ante esta situación, el secretario gremial de la Asociación del Personal del INTA (APINTA), Ernesto Massa, señaló que «no hay información fehaciente de que se trate de ese número de hectáreas», pero a Elonce manifestó su preocupación por las atribuciones que el nuevo decreto otorga al presidente del organismo, Nicolás Bronzovich, quien pasó a tener el rol de secretario, con mayores potestades y menor participación de los actores históricos.
«Se pierde la autarquía y se modifica la Dirección Nacional, que estaba compuesta por representantes de la Mesa de Enlace, de las universidades, del Ejecutivo y trabajadores de carrera del INTA. Todo eso garantizaba transparencia y federalismo en la definición de las investigaciones«, explicó Massa.
El dirigente sindical detalló que ya se concretó la venta de un edificio en Palermo y de tierras en Salta, lo que refuerza el temor a una desarticulación progresiva del organismo. «Nos vamos a quedar sin campos. Es una paradoja dolorosa porque trabajamos para mejorar la producción y el cuidado del ambiente, y ahora pueden vender las tierras donde desarrollamos esos estudios», alertó.
Massa también remarcó que muchas tierras del INTA fueron donadas específicamente para el desarrollo experimental y que esas cesiones podrían tener implicancias legales si se intentara su venta. Además, insistió en que el nuevo esquema centraliza decisiones y debilita los espacios de participación federal.
Desde el gremio anticiparon que se están evaluando recursos legales para frenar el avance del decreto presidencial, tanto a través de amparos judiciales como mediante la Bicameral del Congreso de la Nación que debe revisar las disposiciones tomadas por el Ejecutivo.
«La discusión no es solo laboral o patrimonial, es sobre el rol del Estado en la investigación, la extensión y la soberanía tecnológica», concluyó Massa. (Elonce)
