Esteban Scialocomo tiene todo listo para cerrar un juicio abreviado por tres años de prisión condicional. Además, se acuerda el pago de 6.000.000 de pesos. La jueza Marina Barbagelata tendrá que decir si lo homologa o no. De concretarse el juicio, serán 18 los imputados.
En un giro inesperado dentro de la causa Contratos Legislativos que involucra a Esteban Ángel Alberto Scialocomo, el Ministerio Público Fiscal (MPF) llegó a un acuerdo abreviado con la defensa del imputado que podría modificar sustancialmente su situación.
Según se informó en el programa Cuestión de Fondo que se emite por Canal 9 Litoral, Scialocomo había sido imputado por el MPF por los delitos de peculado reiterado en calidad de partícipe necesario y asociación ilícita en calidad de autor. En total, se le atribuían once hechos de peculado, con una escala penal que podía llegar hasta los 50 años de prisión. No obstante, en el marco del acuerdo abreviado, la condena propuesta se reduciría a tres años de prisión condicional, acompañada por el pago de seis millones de pesos.
El juicio abreviado es un reconocimiento de responsabilidad, o sea que la persona que lo firma reconoce que cometió un delito. En caso de aprobarse, a juicio llegarían 18 personas de las 32 iniciales, ya que durante la semana pasada 12 recibieron probation por tres años y una será sobreseída.
Según la investigación, Scialocomo habría desempeñado un papel activo en la logística del grupo delictivo, llevando a los cobradores hasta el banco, supervisándolos y transportando el dinero recaudado hasta sus superiores. En algunos casos, por órdenes directas de Hugo Rubén Mena o Alfredo Bilbao, él mismo habría entregado el dinero a este último.
Según describe el MPF en la remisión, Scialocomo, registra cobrados 178 cheques contra la cuenta de la Cámara de Diputados y 122 contra la Cámara de Senadores, por la suma de pesos 2.944.000 pesos y 2.291.000, respectivamente.
Bebu como se lo apoda no era una persona más dentro de la red delictiva, sino que era un hombre de confianza de Mena y Flavia Beckman. Además colocó a su madre y su hermana en la organización para saquear al estado entrerriano.
Entre los atenuantes considerados se destacan su juventud y la ausencia de antecedentes penales previos, factores que han sido tomados en cuenta para la reducción de la pena.
Inicialmente, el MPF había solicitado en la remisión de la causa a juicio una pena de siete años de prisión para Scialocomo, pero el acuerdo abreviado plantea una alternativa más benévola para el acusado. Sin embargo, la jueza Mariana Barbagelata aún debe evaluar la propuesta y decidir si la acepta o la rechaza, lo que podría alterar el rumbo de la resolución del caso.
El desenlace de este proceso judicial será clave para definir el impacto de esta causa en futuras investigaciones y acuerdos de la justicia penal.
El martes 22 de abril comenzará la extensa remisión a juicio. Está previsto que el lunes 21 o durante los días siguientes se presente el acuerdo que ya esta impreso. Otro dato que será de interés la semana que viene será el pedido de sobreseimiento que efectuará el MPF en favor del contador público, Gustavo Falco, quien era parte del estudio contable Integral Asesoría que funciona en calle Misiones.
De ese estudio el único que queda para ser juzgado el contador Pedro Opromolla, ya que el resto de los integrantes han logrado acceder a la suspensión de juicio a prueba. Entre ellos se encuentran el contador Guido Krapp, el martillero público Renato Mansilla y el Analista en Sistemas, Nicolás Beber.
Mena y Bilbao
Para Bilbao el MPF adelantó que pedirá una pena de 12 años, ya que considera que dentro de lo más destacado de su intervención en los hechos, constituyó el nexo entre los funcionarios públicos sustractores y los particulares que operaban por fuera de la administración pública. Era quien orquestaba la recaudación y distribución del dinero que recolectaba el grupo de imputados que encabezaba Hugo Rubén Mena, para quien fiscalía pedirá 10 años.
Además, Bilbao proyectaba las inversiones que emprendían con el resto de los coimputados del dinero sustraído. Mientras que Mena y su familia tenían el control de gran parte de la organización delictiva que perjudicó al estado entrerriano en unos 53.000.000 de dólares.
El funcionamiento de este saqueo al estado a través de la entrega de contratos a personas que en algunos casos recibieron migajas del monto total se realizó entre 2008 y 2018 utilizando las cámaras de Diputados y Senadores de la provincia de Entre Ríos.
Muchos de los captadores de personas vulnerables cobraban a través de contratos de los legisladores nacionales Guillermo Guastavino y Sigrid Kunath. Ahora
