“Este proyecto es para que el Consejo de la Magistratura funcione y lo haga de una manera más ágil, que todos los concursos que hoy están frenados puedan resolverse mucho más rápido y los jueces, fiscales y defensores tengan la independencia de criterios que se necesita para poder obrar de acuerdo a su saber y entender y a su conciencia, sin depender del poder de turno o de una persona que haya sugerido su nombre”, explicó.
De igual modo, distintos estamentos de la sociedad civil y de entidades ligadas a la abogacía y a la magistratura han puesto reparos al proyecto.
La primera voz que se levantó fue la de la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Entre Ríos a través de su presidente, el juez Alejandro Cánepa.
Señalaron los magistrados que «no solo se vuelve a modificar la integración del Consejo, sino que se legisla sobre aspectos que original y tradicionalmente quedaron bajo la órbita de cada estamento, en atención a la autonomía e independencia de cada uno de ellos frente al Poder Ejecutivo”.
“Así –indica-, sin explicación ni motivos expresos o siquiera aparentes, el proyecto interviene sobre los derechos electorales de los integrantes del estamento de la `magistratura y la función judicial´ (…), limitando la participación y la posibilidad de elegir a sus representantes en el Consejo, solo a determinados integrantes de tal sector: magistrados/as, fiscales y defensores/as; dejando sin derecho a voto a muchos otros que forman parte de la grilla de funcionarios/as del Poder Judicial y de los Ministerios Públicos, conforme las Leyes Orgánicas respectivas, y que podrían aspirar a cualquiera de aquellos cargos, tales como: secretarios/as, relatores/as, delegados/as y coordinadores/as, entre muchos otros”.
Sobre ese punto señalaron que “no hay razón para que luego de 20 años de integración y participación de este estamento en el Consejo, a través de representantes elegidos por todo el sector, veamos hoy limitada y parcializada la participación electoral solo a quienes ostenten algunos de aquellos tres cargos; a la vez que resulta -cuando menos- extraño, que al Poder Ejecutivo le interese intervenir directamente sobre nuestro estamento, limitando la legitimidad de nuestra representación y acotándola a solo una porción o parcialidad de la totalidad de funcionarios/as y magistrados/as del Poder Judicial y de los Ministerios Públicos; punto al que nos oponemos enfáticamente”.
Otro aspecto que cuestionaron es en relación al estamento académico, con la incorporación de las universidades públicas de la «región», aunque, resalta, “no advierte que al Consejo ya lo integran Universidades Públicas cuya `jerarquía´ no ha sido cuestionada ni desconocida; o por lo menos, no se expresa por qué razón las que actualmente lo integran no tendrían la `jerarquía´ suficiente como para representar acabadamente el estamento”. Cuestiona que se privilegie a la Universidad Nacional del Litoral (UNL) para el período 2027/2029, aun cuando para esa fecha la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) ya tendrá la carrera de Abogacía. Y observan críticamente la incorporación de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader), “ya que esta no dicta, ni proyecta dictar, la carrera de Derecho, ni ninguna otra afín”.
Desde el ámbito universitario, el consejo superior de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) expresó su preocupación hacia el proyecto del Gobierno y se manifestó en forma negativa hacia la iniciativa oficial y dijo que “el proyecto legislativo en trámite ha generado profunda preocupación en el seno de esta Institución dado que las razones por las que se habilitó su participación en dicho órgano provincial no solo se mantienen sino que, incluso, se han profundizado”.
En la UNER se analizó “detenidamente la cuestión, de resultas de lo cual -por unanimidad- declara, expresa e insta a las autoridades competentes Gobernador de la Provincia de Entre Ríos, Senadores y Diputados provinciales, integrantes del Consejo de la Magistratura y ciudadanía en general- a sostener la representatividad permanente de la Universidad Nacional de Entre Ríos en el Consejo de la Magistratura Provincial de acuerdo a los fundamentos que se explicitan seguidamente”.
Desde el Colegio de la Abogacía de Entre Ríos concluyeron que “la Ley del Consejo de la Magistratura merece una reforma. La misma se debe llevar a cabo a través de un amplio debate, que permita la participación activa de los diversos sectores involucrados, en pos de lograr que esta reforma permita el efectivo funcionamiento del Consejo de la Magistratura, para cumplimentar el mandato constitucional en la designación de magistrados y funcionarios del Poder Judicial. Sobre todo, en este debate, el Colegio de la Abogacía debe ser un actor fundamental, presentando un rol activo ya que, en definitiva, son los abogados que ejercen la profesión quienes tienen un mayor interés en que los magistrados y funcionarios revistan la idoneidad necesaria para desempeñar sus funciones e impartir justicia de la forma debida”.
La Asociación Vidaer (Víctimas de Delitos Aberrantes de Entre Ríos) fustigó la pretensión del proyecto oficial de digitar la selección de los representantes de la sociedad civil con intervención del Poder Ejecutivo en esas organizaciones.
La entidad mostró su preocupación por “la manera de denostar y avasallar la autonomía de las organizaciones sociales pretendiendo, a través de la letra de esta reforma dirigir el acto eleccionario, el escrutinio y la proclamación de los consejeros electos como si fuéramos parte integrante del Consejo como organismo en sí y así lo hemos visto reflejado en los últimos actos eleccionarios llevados a cabo en el año 2024 donde se nos impusieron desde el lugar y horario en adelante sin consulta previa y sin tener en cuenta nuestra opinión. De ninguna manera es aceptable tal despropósito. Las asociaciones y demás entidades no gubernamentales que estuvieron desde el inicio y aquellas que han formado parte en diversas etapas supimos organizar nuestro espacio de manera independiente a través de la Asamblea de la Sociedad Civil ante el Consejo de la Magistratura con un estatuto interno que nos regía y que, si bien es cierto que no se le dio un marco legal presentándola en la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas, nos ha nucleado de manera que pudimos dentro de ella llevar adelante nuestros actos eleccionarios de los cuales han surgido consejeros que nos representaron estando a la altura que la tarea requiere”.
Entre Ríos Ahora
