Un programa provincial lanzado en 2018 con las mejores intenciones de generar oportunidades laborales para jóvenes, habría sido utilizado para robar dinero del Estado por parte de exfuncionarios y algunos cómplices. La investigación de la causa «Jóvenes Emprendedores», que comenzó el año pasado, avanzó en los últimos meses identificando a decenas de damnificados y con una estimación del monto del desfalco en unos 250 millones de pesos. El fin de semana hubo nuevos allanamientos sobre los cómplices de los exfuncionarios del entonces Ministerio de la Producción durante la gestión de Gustavo Bordet, quienes habrían utilizado a personas pobres para beneficiarse.
Los procedimientos fueron realizados el sábado por la mañana por el personal de la División Delitos Económicos (Dirección Investigaciones) de la Policía de Entre Ríos, dispuestos por el fiscal que lleva adelante las causas por corrupción en Paraná, Gonzalo Badano. Tuvieron lugar en calles Catamarca, La Chamarrita, Urquiza, en el kilómetro 16 de la ruta nacional 12, y Antequeda. Se secuestraron dispositivos informáticos y documentación de interés para la causa.
Los exfuncionarios que están comprometidos en el caso son: el exsecretario de Desarrollo Económico y Emprendedor, Pedro Gebhart, quien tiene una escribanía pública en calle San Juan; el exdirector de Evaluación y Seguimiento de Proyectos, Cristian Klein; el exdirector de Políticas de Apoyo a Emprendedores, Tomás Osorio; y el actual funcionario que presta servicios en la Dirección de Administración Contable del gobierno entrerriano, Claudio Rosas Vicco (en Linkedin aparece como «Director Administrativo Contable de la Secretaría de Turismo de Entre Ríos»).
Cabe recordar que, como informó ANÁLISIS y el programa Cuestión de Fondo (Canal 9 Litoral) el año pasado, en marzo la nueva gestión detectó irregularidades y luego Fiscalía de Estado, tras analizar los numerosos informes del Tribunal de Cuentas, radicó la denuncia en Tribiunales. Badano analizó la documentación presentada y luego Delitos Económicos llevó adelante múltiples tareas que fueron poniendo en evidencia la maniobra de fraude al Estado.
El Programa Jóvenes Emprendedores consistía en el otorgamiento de créditos de parte de la provincia a personas de entre 18 y 23 años, para que pudieran encarar un proyecto laboral autónomo, con un año de gracia que luego se extendió a tres, y devolución en 24 cuotas. Los montos de los créditos varían. Algunos eran de 250.000 pesos y otros llegaban al millón de pesos.
Los investigadores, en los últimos meses, pudieron localizar a más de medio centenar de «beneficiarios» de esos créditos. Son personas jóvenes, muy carenciadas o con problemas de adicciones, que viven en distintos barrios marginados de Paraná. También hubo, el año pasado, personas que se presentaron a denunciar en Fiscalía cuando recibían intimaciones de pago de créditos que nunca pidieron.
Además, pudieron identificar a al menos a tres personas que habrían actuado como los «punteros» encargados de localizar a los prestanombres para el otorgamiento de créditos. Entre ellos se encuentra Alejandro Usatinsky, un hombre que tuvo numerosos inconvenientes en la época de la pandemia por organizar fiestas electrónicas en una quinta sobre la ruta 12. Pero podrían ser más, ya que se está a la espera de más documentación solicitada al Gobierno.
Estos punteros eran contratados por los exfuncionarios como «capacitadores». La idea era que capacitaran a los beneficiarios del Programa en el desarrollo de sus proyectos, en el diseño de un buen plan para llevar adelante cada emprendimiento.
Pero en realidad, según numerosos testimonios, les decían a los beneficiarios que debían presentar cierta documentación, firmar papeles y un CBU de una cuenta bancaria para cobrar una especie de ayuda social. Ellos se encargarían de fraguar el proyecto con la documentación requerida para su posterior aprobación. Luego, los acompañaban hasta un cajero automático para retirar el efectivo, les deaban un mínimo porcentaje y se quedaban con la amplia diferencia. Incluso, en algunas de estas ocasiones también se hacía presente uno de los exfuncionarios del Ministerio de Producción.
Extraoficialmente, se informó a ANÁLISIS que hasta propios amigos de los investigados aparecerían como beneficiarios de los créditos a emprendedores, pese a ser personas con recursos más que suficientes.
Del análisis realizado hasta ahora, se calcula un desfalco de unos 250 millones de pesos (a valores previos a las devaluaciones de los últimos años).
Un importante cúmulo de evidencias va demostrando en esta causa en qué consistía la maniobra defraudatoria y cómo se ejecutaba. Pero todavía restan por realizarse numerosas medidas en la investigación que lleva adelante el fiscal Gonzalo Badano. Por ahora, los exfuncionarios y sus cómplices se ven cada vez más complicados. Algunos fueron vistos vacacionando en Punta del Este el mes pasado. Habrá que ver, ante una eventual imputación formal, qué explicación brindan, si es que lo hacen.
Los sospechados desde el año pasado fueron allanados, en el mes de octubre, cuando salió a la luz esta investigación. Luego, fueron informados para que presenten un abogado que los represente en la causa.
Cabe recordar, a modo de ejemplo sobre cómo buscaban algunos apoderarse de cualquier manera de recursos del Estado, que el escribano Gebhart fue uno de los beneficiados a fines del año pasado por la gestión saliente con un puesto en la planta permanente del Senado de la provincia. Se trató de una de las designaciones irregulares que dio de baja la actual vicegobernadora Alicia Aluani. Y, según el listado publicado el año pasado por el Senado de la provincia, el «capacitdor» Usatinsky tuvo un contrato de obra en 2023.
El origen: cómo se detectó la irregularidad
La investigación surgió cuando la nueva gestión del Ministerio, ahora llamado «de Desarrollo Económico» intentó cobrar los créditos otorgados anteriormente y descubrió que algunas personas desconocían haber recibido un crédito, en otros casos recibieron solo un porcentaje, y en muchos, los supuestos emprendimientos no existían.
Si bien estaba prohibido por reglamentación otorgar un segundo crédito a personas que no habían devuelto el primero, las autoridades igualmente habrían resuelto otorgarlo, siendo que el grupo de emprendedores beneficiados con estos segundos créditos ni si quiera habían demostrado la inversión del primero, mucho menos devuelto.
Acá comenzaría a tener una figura preponderante Vicco quien se presume podría haber falsificado informes donde expresaba que esa persona no había tenido un crédito. Es decir, no solo que no informaba que tenía deuda, sino que directamente mentían diciendo que jamás se le dio un préstamo.
También al área que conducía Gebhart le habrían advertido en varias oportunidades que realicen las visitas o seguimiento a los emprendedores, más que nada a aquellos que no devolvían, ni informaban que hicieron con los fondos.
Análisis
