El 13 de noviembre de 2017 a las 11, el ex intendente de Rosario de Tala, Milcíades José Zuluaga, denunció en sede fiscal al entonces diputado del ex Frente para la Victoria, Juan Reynaldo Navarro. Si bien la denuncia penal fue por supuesta infracción a la Ley de Juego de la provincia, en sus considerandos se encontraban los fundamentos que luego, once meses después, estallarían en la muy promocionada Causa Contratos. La denuncia fue desestimada por el fiscal que debía investigarla.
El 13 de noviembre de 2017 a las 11, el ex intendente de Rosario de Tala, Milcíades José Zuluaga, denunció ante el procurador general de la provincia, Jorge García, al entonces diputado del ex Frente para la Victoria, que el peronismo hegemonizaba, Juan Reynaldo Navarro, por los presuntos delitos de Peculado, Enriquecimiento ilícito, Defraudación a la Administración Pública, Asociación ilícita e Incumplimiento de los deberes de funcionario público. Fue por supuesta contravención a la Ley de Juego legal de la provincia y “cualquier figura legal que pudiera corresponder”. Once meses después, el octubre de 2018, un avezado efectivo de la Policía de Entre Ríos informaba a sus superiores de extraños movimientos nocturnos de tres personas que manipulaban numerosas tarjetas y retiraban dinero de un cajero automático. Así comenzó a sustanciarse la causa que puso contra las rejas a la política entrerriana, fundamentalmente al peronismo.
La denuncia de Zuluaga solicitó que “por la presente se instruya Investigación Penal Preparatoria (IPP) contra el señor Juan Reynaldo Navarro”. Se basó en una denuncia periodística que dio cuenta de numerosos hechos que se podrían considerar delitos contra la Administración Pública. Así, instó el “esclarecimiento de los hechos denunciados” y “el posterior desafuero y condena del legislador por los gravísimos hechos denunciados”. El denunciante destacó que las mencionadas investigaciones periodísticas ya habían habilitado otras aperturas de causa.
Fuentes legislativas señalaron que la denuncia fue “desestimada y archivada por el fiscal Álvaro Piérola”. También añadieron que la entonces procuradora general adjunta en aquellos años, Cecilia Goyeneche, no había asumido aún en el inexistente cargo de fiscal anticorrupción, por ese motivo Zuluaga dirigió su denuncia al jefe de los fiscales.
Goyeneche fue destituida en mayo de 2022 por mal desempeño de sus funciones, específicamente por su rol en la Causa Contratos, pero el fallo de un órgano político como el Honorable Jurado de Enjuiciamiento de la provincia fue anulado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), que hizo lugar al pedido de la ex fiscal anticorrupción respecto a la presunta integración irregular del HJE y el apartamiento del Ministerio Público Fiscal (MPF), de la acusación en su contra. Nada dijo la Corte del fondo de la cuestión, es decir, los motivos por los que el Jurado de Enjuiciamiento entendió que correspondía el apartamiento de la ex funcionaria en el cargo que ocupaba.
Contratos I
La Causa Contratos en la Legislatura entrerriana investiga presuntos actos de corrupción en ambas Cámaras, Senadores y Diputados, ocurridos en el período comprendido entre 2008-2018. Respecto de la Cámara Baja aquel período se achica solo a siete por la falta de documentación de los movimientos contables en el período 2008-2011. Hasta el presente no se conoce que se haya iniciado de oficio una pesquisa para determinar el faltante de la documentación y las probables responsabilidades.
La Causa Contratos investiga el presunto daño a las arcas del Estado entrerriano durante una década mediante la sustanciación de contratos de obra en ambas Cámaras, por los que las personas que los firmaban sólo recibían un muy pequeño monto del total del contrato. Se presume, según la hipótesis fiscal que las millonarias sumas detraídas de la Administración Pública provincial se blanqueaban a través de inversiones inmobiliarias y ganaderas.
Contratos II
Las críticas a la investigación incluyeron, entre otras, un denunciado direccionamiento hacia los eslabones más débiles de una cadena de responsabilidades que, en un principio dejó fuera de proceso a las autoridades de las Cámaras. En este sentido, el procurador general anunció la sustanciación de una segunda etapa de la investigación, que periodísticamente se dio a conocer como Causa Contratos II y comprendería a las más altas autoridades. No obstante, hasta ahora solo se trata de la expresión de una voluntad que no estaría registrando movimientos en tal sentido.
Así, podrían ser citados los ex presidentes de la Cámara de Diputados y los vicegobernadores como Adán Bahl, José Cáceres, José Lauritto y Pedro Guastavino, que hasta ahora quedarían afuera de la investigación.
Datos
Dos años después del estallido de la causa, en ocasión de ampliar su declaración de imputado, el administrador contable de la Cámara de Diputados, Sergio Cardoso, declaró que por orden de la Presidencia, el contador Ariel Faure, integrante del estudio Integral Asesoría que fue allanado en el inicio de la investigación por su supuesto rol como estudio que administraba los cuestionados contratos, debía ser atendido personalmente y entregarle los cheques de los contratos, para su manejo. En el allanamiento al estudio se comprobó que funcionaba una terminal de Entre Ríos Servicios que sólo operaba para el pago de monotributos.
El empleado administrativo añadió que los aludidos pedidos también eran solicitados por los entonces diputados Leticia Angerosa, de Gualeguaychú; Navarro, de Tala; Daniel Ruberto, de Paraná; y Juan Carlos Darrichón, de Diamante. Todos negaron en sede fiscal -ante los fiscales Patricia Yedro e Ignacio Arramberry-, los dichos de Cardoso y que conocían a Faure.
Fuentes legislativas consideraron que “esta denuncia que se archivó es la muestra de que a Goyeneche nunca le interesó investigar la corrupción, de hecho la Causa Contratos truchos estuvo más preocupada en ver cómo tenía en el puño a los legisladores que por investigar la verdad, porque nunca llegaron a los Contratos II”.
También se precisó que en la denuncia, Zuluaga solicitó al fiscal Piérola que se “informe cuántos contratos tenía cada legislador, cómo se rendían, todo relacionado con el acceso a la información pública” y se añadió: ¿Qué hizo Piérola? La desestimó, la archivó enseguida a la causa. No le costaba nada mandar un oficio a la Cámara de Diputados, que estaba a pocos metros, y preguntar, porque meses después lo que se sostuvo en la denuncia encontró elementos en la Causa Contratos, pero la denuncia ya no provenía de la misma política sino que la conducía Fiscalía”. (APF)
